Levanta temperatura el debate sobre seguridad y derechos humanos
Timerman denunció que Macri envía policías a cursos en dudosas academias digitadas por EE UU. Otras fuerzas de seguridad también concurren. Sigue el “gatillo fácil” policial. ¿Y la democratización, para cuándo?
EMILIO MARÍN
Los hechos producidos en el Parque Indoamericano, con tres muertos producto de la represión de la Policía Federal manejada por el gobierno nacional y la Policía Metropolitana de Mauricio Macri, tuvieron como consecuencia una ardua discusión sobre cómo democratizar las fuerzas de seguridad.
En eso reaccionó mejor la administración kirchnerista al crear un nuevo ministerio y colocar allí a una personalidad democrática como Nilda Garré, fogueada en lides similares en Defensa. Se dieron órdenes de no reprimir con armas de fuego a las manifestaciones y otras instrucciones, al mismo tiempo que se mandaron al retiro a más de una veintena de comisarios.
Sin embargo, continuaron en la institución añejas costumbres difíciles de erradicar y otros tantos cuadros superiores y simples “federicos” permeados por la historia de Ramón Falcón. Y peor aún, siguieron en su lugar doctrinas represivas como cría de la Seguridad Nacional.
Lo de Macri fue aún peor, porque siguió reclamando más represión en el asunto del Indoamericano y Club Albariño, afiliado a la línea de “orden” que clama su aliado Eduardo Duhalde.
Supuestamente la Metropolitana está para prevenir usurpaciones de espacios públicos o erradicación de vendedores ambulantes, según recordó Garré. Sin embargo por segundo año consecutivo el jefe de gobierno porteño envió oficiales de esa fuerza a cursos antiterroristas en una academia norteamericana emplazada en El Salvador.
La denuncia de Timerman pegó de lleno en el plexo macrista y también hirió de costado a la propia administración Obama y a su embajadora en Buenos Aires, Vilma Martínez, quienes cursaron las respectivas invitaciones para la ILEA (sigla inglesa de la International Law Enforcement Academy).
Horacio Rodríguez Larreta, en vez de justificar el envío a esos cursos, optó por pedir la renuncia de Timerman y alegar que otras fuerzas policiales también concurren. Esto último fue confirmado por Ricardo Casal, mano derecha del también derechoso Daniel Scioli: la Bonaerense también fue de la partida en la ILEA, lo mismo que oficiales de la Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Córdoba.
El argumento formal del gobierno nacional es que la Federal, Gendarmería y Prefectura sí tienen a cargo tareas que justifican esos cursos y no así la policía supuestamente vecinalista del PRO. Pero tal explicación alimenta el debate político. Después de la triste experiencia de oficiales y policías del Proceso “educándose” en la Escuela de las Américas y con el FBI respectivamente, ¿todavía el gobierno democrático de Argentina cree que esos cursos son positivos para las fuerzas de seguridad? ¿Qué pueden enseñar de provechoso los responsables y autores de horribles torturas en Guantánamo y Abu Ghraib y en tantas otras cárceles secretas de su país y de aliados como Egipto? Lo más preocupante de la historia es que Timerman y Garré se quedaron muy solos en su denuncia. La presidenta y el resto del gabinete hicieron un llamativo mutis por el foro.
¿Forman parte de esos cursos?
En simultáneo con esos debates políticos hubo otros hechos que les dieron enmarque y perspectiva.
Por ejemplo, en José León Suárez se produjo un descarrilamiento del tren Nuevo Central Argentino, concesionado para Aceitera General Deheza, aparentemente provocado por vecinos con ánimo de saquear la carga. Tal supuesto no está confirmado. Como fuere, producido el accidente, y cuando vecinos comenzaban a tomar los repuestos transportados, la Bonaerense llegó al lugar y disparó con armas de fuego. Dos jóvenes murieron y un tercero está grave.
Dos preguntas para Scioli y Casal. ¿La policía de ambos no respeta la orden de no ir armados para enfrentarse con la gente, aún a la que comete delitos como saqueo o usurpación? Y la segunda, ¿dónde aprendió estas técnicas la Bonaerense, acaso en la ILEA o con el FBI?
También en la semana se divulgaron profusamente las filmaciones donde aparecían penitenciarios de Mendoza torturando a un preso atado con sus brazos a la espalda y que se quejaba de tener una costilla rota. La policía de ese distrito ya tenía una triste fama con desapariciones y torturas previas al asesinato del joven Sebastián Bordón. Y los penales cuyanos no le iban en zaga, con muertes de presos en una proporción más alta que sus similares del país, lo que motivó una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los pagos de Julio Cobos y ahora Celso Jaque compiten con Scioli para ver quién es el más represivo e inhumano en materia carcelaria y policial.
El mandatario mendocino, conocidos ahora los hechos del año pasado, procedió con celeridad a ordenar la detención de cinco guardias involucrados en el vergonzoso hecho y suspender al jefe de seguridad del penal de San Felipe.
Pero a falta de una reforma de fondo, tales cortes de elementos tan brutales pueden tener un efecto árbol: tras la poda, los gajos vuelven más fuertes.
Cuando desapareció Julio López, el testigo platense del juicio contra Miguel Etchecolatz, hubo muchas promesas oficiales de que sería el último. Que nunca más un desaparecido ni un crimen de esa índole cometido según todos los indicios por uniformados amigos de aquel condenado.
Sin embargo acaba de cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del joven Luciano Arruga en Lomas del Mirador, que estuvo en la mira policial. Y antes fue el albañil Andrés Núñez. Y antes el estudiante Miguel Bru. Y antes el joven Walter Bulacio. Y así de seguido. Mientras tanto, los restos de López fueron buscados sin éxito durante tres días con todos los medios técnicos en la estación de Parque Iraola. La denuncia recibida por Scioli fue hasta ahora falsa.
Y en estos años los oficiales policiales y de seguridad tuvieron cursos dentro o fuera del país acorde al libreto estadounidense de la ILEA.
Todo eso ameritaría la refundación de las instituciones policiales sobre bases completamente nuevas y democráticas. Para graficarlo: la Federal tendría que tener como jefe un civil como Hebe de Bonafini. Sólo así se podrá creer que empezó una etapa de corte total con el pasado.
También lo que vuela
¿Acaso la falta de consistencia democrática es un drama limitado a las estructuras policiales? No parece.
La causa tramitada en España a raíz de un vuelo con casi una tonelada de droga casi con seguridad cargada en el aeropuerto de Morón y que salió de allí sin mayores controles, deja constancia de que al menos en la Aeronáutica y en ciertos aeropuertos hay chequeos relajados. Al menos cuando se trata de hermanos de un alto jefe en funciones e hijos del titular de la fuerza en tiempos menemistas.
La Fuerza Aérea y esos aeropuertos en tiempos de la dictadura están en la mira del fiscal Federico Delgado, que acaba de certificar que de allí salieron numerosos vuelos de la muerte para arrojar prisioneros políticos al mar. Ese tráfico criminal fue moneda corriente en los años del terrorismo de Estado, pese a lo cual hay un solo militar de esa fuerza condenado por la justicia.
Se sabe que los vuelos para desaparecer prisioneros fueron parte de las enseñanzas que los militares norteamericanos dieron a sus alumnos sudamericanos en los numerosos cursos de “formación” impartidos al socaire de la doctrina de la Seguridad Nacional.
Hasta 2003, cuando una fuerte oposición popular frustró el inicio del operativo conjunto “Aguilas III” en Mendoza, los aviadores argentinos y estadounidenses confraternizaban en ese tipo de ejercicios. Los foráneos habían comenzado en 2001 la guerra contra Afganistán y en marzo de ese año debutado con bombardeos sistemáticos contra la población civil y blancos de todo tipo en Irak. ¿Qué se podría aprender de esos maestros?
¿No habrá llegado el momento que el gobierno de Cristina Fernández rompa con esas ataduras castrenses que subordinan a las fuerzas armadas y de seguridad con el imperio? Ya que tan bien andan las relaciones con Brasil, tal como lo mostró la exitosa visita de Dilma Rousseff a la Casa Rosada a principios de semana, esa podría ser una alternativa válida para los dos países.
Tanto Brasil como Argentina tienen una deuda pendiente con Haití y con las respectivas poblaciones sudamericanos: su participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah).
La misma fue pedida justamente por George W. Bush a los entonces presidentes Lula da Silva y Néstor Kirchner. El contingente total abarca a 8.651 soldados de varios países (más de 600 son argentinos) y 3.146 policías, más 470 funcionarios internacionales, 1.222 funcionarios nacionales y 226 voluntarios de la ONU.
Las máximas autoridades son un diplomático guatemalteco, uno de Estados Unidos y otro de Canadá. La mano de obra militar está a cargo de un general brasileño, Luiz Guilherme Paul Cruz. Y la policía tiene jefe argentino, el comandante de Gendarmería Gerardo Chaumont, que en 2003 no supo explicar la contratación irregular del polígono de tiro “El Centinela Sociedad Anónima”.
Ya es hora que esas tropas regresen de Haití. Y que la Gendarmería, que según admitió Garré concurre a los cursos tan cuestionados, quede libre.
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