| Senado uruguayo vota anulación de la Ley de Caducidad. Por Camila Queiroz. (*) El Senado uruguayo aprobó con 16 votos a favor y 15 en contra, el proyecto de anulación de la Ley de Caducidad de la Prevención Punitiva, que concede amnistía a los militares y policías acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985). Para la anulación definitiva de la norma, el proyecto necesita ser aprobado nuevamente por la Cámara de Diputados, que ya había dado su parecer positivo en octubre del año pasado. En la sesión, que duró 12 horas, el senador Oscar López Goldaracena, del Frente Amplio (FA), afirmó que era el momento de optar "entre la arbitrariedad y los derechos". Con bastante expectativa, los movimientos sociales siguieron de cerca la votación. En la ocasión, Eduardo Volpe, miembro de la Crysol (Asociación de Ex-Presos Políticos), declaró que la anulación de la ley de amnistía "va a abrir la puerta para conocer la verdad en muchos casos". El Frente Amplio espera que la ley se anule completamente antes del 20 de mayo, fecha en que el país recuerda a los muertos y desaparecidos de la dictadura, estimados en cerca de 200 personas. La Ley de Caducidad, promulgada inmediatamente después del fin de la dictadura, se constituye en un impedimento de la investigación y castigo de los culpables por las violaciones a los derechos humanos, ya fue declarada inconstitucional tres veces por la Suprema Corte de Justicia uruguaya. En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluó, la semana pasada, que la ley "carece de efecto jurídico" y es un "obstáculo" en la búsqueda de la verdad. Dentro de ese contexto, la CIDH consideró al Estado uruguayo culpable por la muerte de la militante política María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, determinando que los responsables sean castigados. Temor Las controversias sobre la anulación de la Ley de Caducidad se mantienen a causa de dos plebiscitos, celebrados en 1989 y en 2009, en los que el mantenimiento de la norma fue aprobada por la población. Este argumento ha sido utilizado principalmente por los militares, temiendo las muchas investigaciones que podrían realizarse con la caída de la ley de amnistía. Un grupo llegó a contactar al presidente José Mujica, la semana pasada, para tratar acerca de sus preocupaciones. También hace pocos días, el comandante del ejército uruguayo, Jorge Rosales, admitió que "hay un nerviosismo muy grande" de parte de oficiales jubilados. Con la anulación de la ley, aún los delitos que ya prescribieron serán investigados. Actualmente, hay pocos militares condenados por delitos de la dictadura; solamente las "cabezas", como es el caso del ex-presidente Juan María Bordaberry (1973-1976), que cumple detención domiciliaria, y del entonces canciller, Juan Carlos Blanco, ambos condenados por desapariciones forzadas. El caso de Argentina refuerza aún más el temor de los militares uruguayos. En el país vecino, con la revisión de la amnistía a los militares, más de 200 oficiales fueron condenados y otros 800 fueron procesados por torturas y homicidio.+ (PE/ADITAL) (*) Periodista de ADITAL. Agencia de Noticias Prensa Ecuménica
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