Uruguay Marcha Silencio genocidio

sáb 21-may-11, Red Latina sin fronteras <redlatinasinfronteras@yahoo.es> escribió: De: Amarelle <amarelle4@gmail.com> Asunto: Multitudinaria Marcha del Silencio/Crysol lamenta permanencia de la Caducidad y mantendrá puja/MÁS ALLÁ DE LA LEY DE CADUCIDAD, CAUSAS POR TORTURA INVADEN LOS JUZGADOS PENALES por Roger Rodriguez/Emiliano Cotelo entrevista a Garce y a Korzeniak sábado, 21 de mayo, 2011 La mejor respuesta: EN LA CALLE !! Multitudinaria Marcha del Silencio Miles de personas marcharon en el centro de Montevideo en la ceremonia anual con la que los familiares recuerdan a los detenidos desaparecidos; y que este año se desarrolló a horas del fracaso del texto interpretativo para anular la Ley de Caducidad Una multitudinaria Marcha del Silencio, de las de mayor convocatoria en los 16 años que se llevan realizadas, se desarrolló en la noche de este viernes en el Centro de Montevideo. La concentración, convocada anualmente por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos cada 20 de mayo, comenzó en la tarde de este viernes desde la Plaza de los Desparecidos, en Jackson y Rivera. Más de ocho cuadras plagadas de personas de un lado a otro de las veredas de 18 de julio marcan un muy marco de público masivo, en una edición de este año que está ineludiblemente marcada por la votación de la madrugada en Diputados, donde fracasó el texto interpretativo que buscaba anular la Ley de Caducidad. La larga columna tomó 18 de julio a la altura de Fernández. Al llegar al cruce con Ejido, se paró y se empezó a leer los nombres de los detenidos desaparecidos, seguido de un "presente" por cada uno. Luego la convocatoria seguirá su camino hasta la Plaza Cagancha. Al llegar a la Plaza se pasó a cantar el himno nacional, al que siguió un estruendoso aplauso. El iniciar la marcha, Santiago López Burgos, miembro de la organización de Familiares, había expresado a Canal 4 que el fracaso del proyecto de anulación significa "un golpe bajo", pero que no cambiará la lucha de la organización: "Esto es una lucha a largo plazo. La primera causa judicial fue en Argentina el año 83, y desde ahí hemos tenido muchas marcha atrás y adelante. Lo de ayer es un simple golpe debajo del cinturón, no afecta las ganas de pelear contra la impunidad. Es la parte legal, una partecita más. Lucharemos contra la impunidad sea como sea". De la manifestación participaron varios integrantes del Frente Amplio. Entre otros, se destaca la presencia del senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini y del presidente del FA, Jorge Brovetto.   Miles de personas se acercaron hata el Centro de Montevideo © Martín Cerchiari   Crysol lamenta permanencia de la Caducidad y mantendrá puja Tiempo de diligencias 20.05.2011 15:37 "No sabemos qué acuerdo o pacto tiene el presidente con los militares, pero Semproni le hizo un mandado", afirmó Baldemar Taroco, representante del colectivo Crysol, que agrupa a ex presos políticos. La Asociación Crysol de expresos políticos lamentó la permanencia de la Ley de Caducidad, por el fracaso de la iniciativa oficialista en la Cámara de Diputados, pero señaló que "redoblará" el esfuerzo en la búsqueda de su anulación. "Vamos a redoblar los esfuerzos y a seguir trabajando para anular la Ley de Caducidad", dijo a Efe Baldemar Taroco, uno de los voceros de Crysol. En la Cámara de Diputados, el diputado oficialista Víctor Semproni no acompañó la iniciativa de su partido y la falta de su voto fue decisiva para el fracaso de la ley interpretativa. La actitud de Semproni "no nos sorprendió porque ya tuvo varias jodidas (reprobables) después de salir de prisión", agregó Taroco. El diputado oficialista estuvo preso y sufrió torturas durante la dictadura militar. El vocero de Crysol también consideró "lamentable" la actitud del presidente José Mujica, que "cambió varias veces sobre la marcha". Mujica dijo que el tema de la Ley de Caducidad debía resolverlo el Frente Amplio y no el Gobierno, posteriormente en medio del camino legislativo del proyecto interpretativo se reunió con los legisladores oficialistas y les pidió que no lo votaran debido a los costos políticos que supondría para el partido y el jueves, poco antes de la sesión de Diputados, le solicitó a Semproni que acompañara al oficialismo aunque el legislador le desoyó. Mujica, que hoy cumple 76 años, y Semproni, de 74, fueron compañeros de armas en la década de los años 1960 y 1970 dentro del MLN-Tupamaros y el presidente también estuvo preso en duras condiciones durante la dictadura. "No sabemos qué acuerdo o pacto tiene el presidente con los militares, pero Semproni le hizo un mandado", afirmó Taroco. La Ley de Caducidad impide juzgar a los militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura pero otorga al Poder Ejecutivo la potestad de determinar qué casos están contenidos. El Gobierno de Tabaré Vázquez dejó fuera de la ley varios casos, lo que permitió juzgar a algunos de los "pesos pesados" del régimen de facto, entre ellos el exdictador Gregorio Álvarez actualmente preso. Macarena Gelman, hija de la detenida-desaparecida María Claudia García de Gelman y nieta del poeta argentino Juan Gelman, dijo a Efe desde Buenos Aires que prefiere "no hacer por ahora comentarios públicos" sobre la ocurrido con la Ley de Caducidad. Anunció, sin embargo, que viaja en la jornada a Montevideo para participar esta noche en la Marcha del Silencio por el centro de la capital uruguaya con la que cada 20 de mayo se recuerda a las víctimas de la dictadura. La fecha elegida se debe a que el 20 de mayo de 1976 fueron asesinados en Buenos Aires, donde se habían exiliado, el exsenador Zelmar Michelini, del Frente Amplio, y el exdiputado Héctor Gutiérrez Ruiz, del Partido Nacional o "Blanco" y dos militantes de izquierda en un caso nunca aclarado. Fuente: EFE Edición Nº 505 20/05/2011 Derecho contra la inhumanidad MÁS ALLÁ DE LA LEY DE CADUCIDAD, CAUSAS POR TORTURA INVADEN LOS JUZGADOS PENALES Tras el debate parlamentario de ayer (y más allá de su resultado) y una vez que se acalle el silencio que hoy retumbará en 18 de Julio, Uruguay ingresará a otro debate sobre los derechos humanos ante la presentación de una serie de denuncias penales vinculadas a casos de tortura, el crimen de lesa humanidad que intentaba ocultar la ley de caducidad y sobre el cual se debate hoy a nivel internacional. Serán citados José Mujica, Eleuterio Fernández Huidobro y el Goyo Álvarez, entre otros testigos e indagados. ROGER RODRÍGUEZ rogerrodriguez@adinet.com.uy Mientras los medios de comunicación seguían las alternativas de la ley interpretativa de la ley de caducidad, los dichos y contradichos de legisladores, dirigentes del gobierno, voceros del oficialismo, personajes de la oposición, constitucionalistas y juristas y hasta de militares en retiro o actividad, la Suprema Corte de Justicia se pronunció en un aspecto importante del tema de los derechos humanos, al considerar que los desaparecidos del "segundo vuelo" de Orletti no debían tipificarse como tales, como pedía la fiscal Mirtha Guianze, y darle la razón al juez Luis Charles, quien había condenado a militares y policías por un delito de homicidio especialmente agravado. El punto, fue interpretado erróneamente como una definición en contra de la tipificación de crimen de lesa humanidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura y como una confirmación de que en noviembre próximo todos los casos no denunciadas hasta el momento habrían prescripto. Sin embargo, la propia fiscal Guianze explicó –sin que se le diera mayor repercusión- que había pedido una aclaración a la Corte de Justicia ya que el homicidio también puede ser considerado un crimen de lesa humanidad imprescriptible. La respuesta aún no ha llegado y el tema no se ha definido. El escenario judicial también se conmovió con otro inesperado episodio en la guerra desatada contra la jueza Mariana Mota, a cargo de varios de los más importantes casos de violaciones a los derechos humanos, cuando el Colegio de Abogados realizó un pronunciamiento en su contra (siguiendo la campaña que habían iniciado el ex fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre), que determinó una desafiliación pública al gremio por parte de la fiscal Ana María Telechea, quien acusó a la Colegiatura de convertirse en un tribunal de alzada y no defender a jueces y fiscales afiliados que son sometidos a una presión política. Precisamente, la jueza Mota y la fiscal Telechea, prometen ser las protagonistas de los tiempos judiciales que se avecinan en la medida que serán quienes deban instruir una serie de casos en los que se juzgará el delito de tortura, como ya ocurrió con el caso de Nybia Sabalsagaray (excluido de la caducidad por decisión de la Suprema Corte que consideró inconstitucional la ley) donde el juez Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze decidieron el procesamiento con prisión del general en actividad Miguel Ángel Dalmao y del coronel retirado José Chialanza como cómplice de la muerte por torturas en 1974 de la joven militante comunista. En el juzgado penal de 7º turno, a cargo de Mota y Telechea, se sustancia el caso caratulado como "Organizaciones de Derechos Humanos denuncian" que implica a 19 casos de muertes por tortura durante el período dictatorial encabezado por Juan María Bordaberry, a quien jueza y fiscal condenaron por crímenes de lesa humanidad. Sobre esos casos, la semana pasada un equipo de investigación de la Fundación Mario Benedetti entregó un informe en el que se aportan nuevos datos y testimonios para colaborar con el trabajo de la justicia. La jueza Mota y la fiscal Telechea también intervendrán en la denuncia presentada por el colectivo de ex presos políticos Crysol sobre torturas sufridas en el mismo período en la base aérea Boiso Lanza, a la que prometen sumarse otras denuncias similares por parte de los presos políticos que sufrieron apremios físicos en el Regimiento de Caballería Nº 9, en los cuarteles de infantería Nº 2 y Nº 3 y en otras unidades militares cuyas víctimas se vienen reuniendo para realizar las denuncias en forma conjunta. También la jueza Mariana Mota recibió días atrás una denuncia de Antonio Viana Acosta, militante tupamaro secuestrado en Argentina en febrero de 1974 y primer trasladado a Uruguay donde fue torturado en Montevideo y Rocha. El caso, patrocinado por el abogado Pablo Chargonia determinará que entre los múltiples testigos que comenzarán a ser citados en junio, deban comparecer el propio presidente de la República, José Mujica, y el ex senador Eleuterio Fernández Huidobro, quienes estaban en el cuartel de Rocha cuando fue torturado el "pantera". También quedaría implicado el dictador Gregorio Álvarez que fue uno de los que torturó a Viana Acosta. El tema de la tortura, en debate internacional cuando se apologizan la base de Guantánamo, la cárcel de Abu Ghraib, las guerra en Afganistán e Irak o los métodos para encontrar y ejecutar a Osama Bin Laden, será también el eje de un seminario regional, impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, en el que personalidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay expondrán sobre éste imprescriptible crimen de lesa humanidad, en los días previos al próximo 27 de junio, cuando se cumplirán treinta y ocho años del golpe de Estado de 1973. 5 presidentes y la tortura Desde el 10 de diciembre de 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Estado uruguayo, uno de los 48 países firmantes, se comprometió a cumplir el artículo 5º que estableció que "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes". Desde entonces la tortura implicó una violación al derecho internacional. "Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados", subrayaba en su artículo 30º aquel compromiso de La Haya. Semejante crimen de lesa humanidad también fue prohibido –aún en situación de guerra interna- en el Convenio de Ginebra aprobado el 12 de agosto de 1949 y ratificado en Uruguay (Ley 13.683) el 17 de setiembre de 1968 (con la firma del presidente Jorge Pacheco Areco y de los ministros del exterior Venancio Flores y de Defensa, general Antonio Francese). En el artículo 3º se estableció que "las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad (…) Al respecto, se prohíben en cualquier tiempo y lugar (…) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, los tratos crueles, la tortura y los suplicios…" El 27 de diciembre de 1985, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, Uruguay también ratificó la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes" (Ley 15.798) que tipificaba: "se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia". Bajo la presidencia de Luis Alberto Lacalle, el 11 de agosto de 1992, Uruguay ratificó la "Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura" (Ley 16.294) que rezaba: "se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica". El 13 de junio de 2001, con la firma del presidente Jorge Batlle, Uruguay ratificó (Ley 17.347) la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Naciones Unidas en 1968, donde se impone que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad (definidos en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945 y confirmado por resoluciones de Naciones Unidas de 1946, 1948 y 1949, "son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido" Y durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el 25 de setiembre de 2006, se aprobó la Ley 18.026 que incorporó a la normativa uruguaya lo establecido por la "Corte Penal Internacional en materia de lucha contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad", y se tipificó que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles (Art. 7º) y que "no podrán declarase extinguidos por indulto, amnistía, gracia, ni por ningún otro instituto de clemencia, soberana o similar, que en los hechos impida el juzgamiento de los sospechosos o el efectivo cumplimiento de la pena por los condenados" (Art. 8º). Roger Rodríguez La Marcha del silencio se realizó en un clima muy especial 20.05.2011 | 19.03 El Espectador Este viernes los manifestantes marcharon desde la esquina de Rivera y Jackson, en la Plaza de los Desaparecidos, hasta la Plaza Libertad en el marco de la 16ª Marcha del Silencio. La marcha recordó a los detenidos desaparecidos en dictadura y clamó por una respuesta para conocer el paradero de sus seres queridos. Imagen 1 de 2 La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos llevó adelante esta manifestación, como todos los años. Además, convocó Amnistía Uruguay, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Ielsur (Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay), Feuu, Sedhu, Pit-Cnt y Frente por Verdad y Justicia, entre otras organizaciones. Lo que tuvo de particular esta marcha es que no fue –como se pretendía– la primera marcha sin la ley de Caducidad, luego que en la madrugada de este viernes no se aprobara la ley interpretativa de la ley. La consigna impresa en pancartas fue la de siempre: "Por verdad y justicia: juicio y castigo a los culpables". El presidente José Mujica no asistió al masivo encuentro, aunque vale la pena recordar que, en otros momentos se sumó a la marcha. En diálogo con El Espectador Milka González de Prieto, madre de Ruben Prieto González, desaparecido en Buenos Aires el 30 de setiembre de 1976, se refirió a las expectativas que había sobre la anulación de la ley de Caducidad. "Esa era una expectativa que teníamos, pero no nos cambia mucho. En el sentido que todos los 20 de mayo nos acompaña la gente y esperemos que hoy la gente nos acompañe también. Jurídicamente todavía se puede seguir trabajando. Esperemos que se pueda llegar de alguna u otra forma a sacar esa ley infame", dijo. Oscar Urtazún, quien no concurrió a la Marcha del Silencio en Montevideo porque acompañó una similar que se hizo en San José. Urtazún dijo que cuando planificaron esta marcha, lo hicieron sin especular con el resultado de la votación en Diputados: "Permítame no ser muy objetivo pero para mí va a ser la más grande de la historia. Nosotros tuvimos un discurso de que fuera cual fuera la respuesta del Parlamento nosotros íbamos a convocar a la Marcha del Silencio. Porque esto está por encima del resultado de la votación. Me hubiera agradado que la respuesta del Parlamento fuera afirmativa pero nosotros convocamos a la marcha como tal en honor a los asesinados y los desaparecidos y mostrándole al pueblo uruguayo y al mundo que este problema está sin resolver". Cuando habló de la más convocante, Urtazún calculó cerca de 60.000 personas, 14 cuadras de gente en procesión silenciosa. El año pasado fueron 50.000 a lo largo de 12 cuadras. Urtazún, que es hermano del desaparecido José Luis Urtazún (desde el 13 de agosto de 1978 en Buenos Aires), dijo que no era optimista a propósito de la ley considerada en la Cámara de Representantes. "Ese partido ya estaba jugado pero igual uno espera el milagro. El milagro hubiera sido de que Semproni se hubiera apiadado de toda la gente que estaba expectante de su voluntad". De todos modos, Urtazún indicó que hallarán la forma de derogar la ley de Caducidad.  "Siempre estamos a la expectativa de que surjan alternativas. El problema de la ley es muy complicado pero algún resquicio va a haber para que la justicia se represente y que se siga trabajando sobre la verdad. Estamos procurando que el Poder Ejecutivo nos de la bolilla suficiente como para armar la Comisión de Seguimiento. Más que nada hubiera sido bueno que se haya derogado por lo menos para ganar un poco de dignidad". La consigna dice: "En un año con significativos hechos en el acontecer político y judicial, hacen que redoblemos nuestro compromiso con las Madres. Incansables luchadoras que nos han enseñado el camino por la búsqueda de la verdad. Este año comenzamos con situaciones que produjeron alarma pública desde los mismos estamentos militares del pasado, reviviendo debates que solo confunden ex profeso a la ciudadanía y cargan de angustia a las víctimas del terrorismo de Estado". Vale recordar que este viernes 20 de mayo se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, quienes fallecieron un 20 de mayo de 1976. Adolfo Garcé: "El liderazgo de Mujica, que pudo haber muerto hoy, tiene una gran oportunidad" 20.05.2011 | 16.27 El Espectador Anoche, durante la votación del proyecto interpretativo que pretendía dejar sin efecto la ley de caducidad, el diputado oficialista Víctor Semproni se retiró de sala, con lo cual la iniciativa no logró los votos necesarios y no se aprobó. Consultado por En Perspectiva, el politólogo Adolfo Garcé sostuvo que "Semproni le hizo un enorme favor" al presidente José Mujica, ya que si el Parlamento hubiera aprobado el proyecto su liderazgo "habría estado herido de muerte". En ese sentido, dijo que el primer mandatario tiene "la gran oportunidad de tender puentes a la oposición para tratar de recorrer el camino de la derogación de la ley de caducidad", alternativa que calificó de "políticamente ideal y posible". Con respecto a la relación entre el Gobierno y el Frente Amplio de cara al futuro, manifestó: "Hay sectores que están molestos, lo han declarado públicamente. Sin duda la gobernabilidad está bajo tensión".   (emitido a las 10.18 Hs.) EMILIANO COTELO: La Cámara de Representantes rechazó esta madrugada el proyecto del Frente Amplio (FA) que procuraba dejar sin efecto la ley de caducidad y que ya había sido aprobado en el Senado el mes pasado. El resultado fue un empate, 49 a 49, que se desencadenó debido a la salida de sala del diputado del Espacio 609 Víctor Semproni, quien mantuvo la postura que había anunciado en los días previos: iba a argumentar en contra del proyecto y en el momento de la votación se retiraría. Semproni desoyó, entonces, el mandato que había emanado del Plenario Nacional del FA, que había sido confirmado el fin de semana anterior. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con la discusión sobre la ley de caducidad? Pero ¿qué pasa en general en el tablero político? ¿Qué pasa con el Gobierno? ¿Qué pasa con la relación Gobierno-oposición? ¿Qué pasa con el FA por dentro? De estas cosas vamos a conversar en los próximos minutos con Adolfo Garcé, magíster en ciencia política, investigador de la Universidad de la República. Estaba mirando la columna que escribiste para el diario La Nación. Se titula "La última fuga de Mujica", y te centrás en el presidente José Mujica. ¿De algún modo se puede entender que Mujica ganó, que Mujica consiguió lo que quería, aunque por un camino largo, sinuoso y desgastante? ADOLFO GARCÉ: En cierto modo, sí. Mujica desde que asumió la Presidencia viene impulsando una política de reconciliación nacional. Recordemos el discurso frente a los militares en Durazno al principio de su Gobierno, recordemos cuando dijo que él no quería ver viejitos presos. Mujica no estaba de acuerdo con esta ley, aunque permitió, por esas cosas un poco misteriosas y difíciles de interpretar que tiene el liderazgo de Mujica, que su canciller impulsara la ley interpretativa el año pasado. Mujica no esta de acuerdo con esta ley, y quedó clarísimo que esto era así, sobre todo en los últimos 15 días, en las últimas tres semanas, cuando muy activamente intentó impedir que se votara en Diputados. En ese sentido es un triunfo, porque su política de reconciliación nacional se habría hecho añicos si el Parlamento esta madrugada hubiera votado la anulación de la ley. Su política de reconciliación nacional no está muerta, habría estado muerta si se hubiera votado la ley. EC - ¿Por qué, entonces, tú utilizas el término "fuga"? AG - Porque estaba en un callejón sin salida y se escapó. Mujica se escapó dos veces entre el 71 y 72 de la misma cárcel, de Punta Carretas, primero en "El Abuso", el 6 de setiembre del 71, y después en el año 72. Yo digo que con este tema de la ley de caducidad también se escapó dos veces, se escapó el año pasado cuando parecía que la ley se iba a aprobar, había sido votada en Diputados y no se votó en el Senado, y se escapó ahora, hoy de madrugada, cuando Semproni les hizo un enorme favor a Mujica, al mujiquismo y probablemente al FA. En ese sentido, Mujica no sé si ganó, pero al menos estoy convencido de que habría perdido mucho, mucho, mucho si se hubiera votado la ley hoy de mañana. EC - En esa nota, también jugando con aquellos paralelismos, tú te detenés en los amigos que le facilitaron esas fugas a Mujica, de la cárcel en aquel momento y estas dos fugas en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Puedes desarrollar esa otra idea? AG - No conozco los detalles de la segunda fuga de Mujica, pero en la primera es clarísimo que los tupas que estaban afuera en "El Abuso" fueron fundamentales para permitir que se concretara ese escape cinematográfico. El año pasado [Eleuterio] Fernández Huidobro y [Jorge] Saravia, dos senadores electos por el mujiquismo, fueron fundamentales, los amigos lo salvaron, los amigos en aquel momento en el Senado evitaron que la política de reconciliación nacional de Mujica muriera. Y hoy de mañana un amigo, Semproni, un extupa, también alguien de la familia, hizo lo mismo, le tendió la mano. En el fondo lo que quiero decir entrelíneas es que probablemente lo hacen con el okay de Mujica, están el amigo que te tiende la mano y vos que tomás esa mano. EC - ¿Pese a que Mujica decía, como dijo ayer y varias veces esta semana, que prefería, aunque estaba en desacuerdo con este proyecto, que se cumpliera con el mandato de la disciplina partidaria y que Semproni votara? AG - Sí, es muy difícil de interpretar. Mujica hoy debe de estar contento, pienso que debe de estar contento, porque no murió su política, y no desapareció lo poco que quedaba y lo poco que queda del capital de liderazgo presidencial. El liderazgo presidencial de Mujica habría estado herido de muerte si el Parlamento hubiera votado esta madrugada la ley anulatoria. Entonces Mujica debe de estar contento. EC - Una interpretación posible es que esos amigos a los que tú aludes, Jorge Saravia en el Senado, y también Fernández Huidobro, pese a que votó y luego renunció, en un gesto simbólicamente muy fuerte, y ahora Semproni en Diputados retirándose de sala en el momento de la votación, sustituyeron el veto presidencial que Mujica quizás habría querido interponer pero que como está comprometido a no usar esa herramienta no iba a usar. De hecho terminó teniendo una forma de veto a mano. AG - Por eso la votación de hoy de madrugada, lo que pasó, no sé si es un triunfo, pero al menos no coloca a Mujica en el peor de los escenarios. EC - De todos modos, Mujica sale herido, maltrecho, con su imagen alterada, deteriorada, porque para muchos acá hubo una señal de desgobierno. AG - Por supuesto. Desde mayo del año pasado hasta ahora, en el último año, no hemos visto otra cosa que el desgaste, la erosión del liderazgo presidencial y de la imagen de Mujica. Las encuestas lo revelan bastante sistemáticamente, es así. Pero sería todo un poco peor si hoy de madrugada el FA hubiera votado la anulación de la ley de caducidad. Por eso digo, salvaron lo poco de plata que le quedaba en el banco, se la salvó Semproni. Si no lo hubiera hecho Semproni –no me importa decirlo–, quizás lo tendría que haber hecho otro diputado, no me imagino al MPP dejando a Mujica solo, solito y desautorizado por toda la bancada. Lo hizo Semproni, pero si no lo hacía Semproni lo tendría que haber hecho algún diputado o algunos diputados del Movimiento de Participación Popular (MPP), para salvar a Mujica, salvar el Gobierno de Mujica y salvar el mujiquismo. EC - Lo terminó haciendo un diputado que no pertenece al MPP, que sí está en el Espacio 609, pero con su agrupación propia, el Congreso Frenteamplista, que casualmente no ha sido admitido de manera formal en el FA. Un diputado que con esta actitud sin duda corrió un riesgo enorme, fue sometido a unas presiones brutales… AG - ...Se inmoló. EC - Se inmoló, pero que tal vez tenía menos costos a pagar que otros, o que el propio MPP, si era el MPP el que jugaba este partido. AG - Por supuesto. Imaginate que el MPP hubiera decidido desobedecer al Plenario del FA para salvar a Mujica, salvar el Gobierno de Mujica, salvar el mujiquismo… La crisis de gobernabilidad estaba a la vuelta de la esquina, era un hecho. ¿Con qué autoridad podían después el MPP y el presidente de la República reclamarle disciplina y solidaridad al resto de las fracciones? Hoy el MPP puede decir "nosotros no desobedecimos al plenario del FA", así como Mujica dijo "se nos escapó el canciller" la 609 puede decir "se nos escapó Semproni". EC - De todos modos, el MPP, junto con Asamblea Uruguay (AU) y la Alianza Progresista (AP), el sábado pasado en el Plenario exigió que antes de que se votara la moción que terminó saliendo, se votara una que proponía un camino alternativo a este proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad, que era el camino de Mujica, el que el presidente había estado impulsando en los últimos días. La senadora Topolansky lo decía cuando la entrevistamos el lunes aquí En Perspectiva: "Lo hicimos porque queríamos marcar votos, queríamos que quedara claro quiénes estaban en ese momento respaldando al presidente". AG - Exacto. Una de las preguntas que quedan abiertas es qué va a pasar con ese camino alternativo ahora que el camino preferido por la mayoría del plenario del FA está muerto. EC - Los oyentes preguntan. Dice Fernando: "Yo estoy muy desconcertado. ¿A cuál Mujica se refieren? ¿Cuál dice Garcé que ganó? ¿El que fue a firmar hace dos años porque estaba podrido de que lo citaran a los juzgados?, ¿el que dijo que no le iba a enmendar la plana al pueblo?, ¿el que le ordenó al canciller que redactara el proyecto de ley?, ¿el que dijo que el canciller se le había escapado?, ¿el que pidió a los diputados que no votaran el proyecto?, ¿el que pidió a los diputados que lo votaran?". AG - Es complicado, seguirle los amagues al Pepe Mujica es muy complicado, lo admito. En mi opinión, más allá de los amagues, de las guiñadas, de los gestos político-electorales –porque mucho de esto que menciona inteligentemente el oyente son señales político-electorales y no mucho más que eso–, hay un Mujica más esencial, más de largo plazo, más estructural, que es el Mujica que desde hace años trabaja por tender puentes hacia los militares, por la reconciliación nacional. Es un Mujica que pública y notoriamente, como otros dirigentes del viejo MLN, no quiere, nunca quiso anular la ley de caducidad. Ese es el verdadero Mujica, en mi opinión. EC - ¿Qué consecuencias tiene lo que acaba de ocurrir? Por ejemplo, vayamos a lo directamente en el tapete, la ley de caducidad y su futuro. AG - Se abre una oportunidad, el liderazgo de Mujica, que viene erosionado, desgastado, que pudo haber muerto hoy de madrugada, tiene una oportunidad, el liderazgo presidencial de Mujica tiene una gran oportunidad. La gran oportunidad es, después de esta fuga cinematográfica de hoy de madrugada, tender puentes a la oposición para tratar de recorrer el camino de la derogación de la ley de caducidad, camino que hasta ahora el FA se ha negado a recorrer. Esa es la gran oportunidad que tiene Mujica. EC - La derogación, no la anulación. AG - La derogación, por medio de un pacto multipartidario, que tiene problemas, obviamente. EC - ¿A la derogación no se le puede oponer el mismo argumento que se ha manejado con la anulación, que hay un pronunciamiento popular, el del año 1989, el del referendo que fue contra la derogación? Porque ahora en el 2009 lo que se rechazó, lo que no tuvo andamiento fue la anulación, pero en el 89 lo que estaba en juego era la derogación. AG - Es muy bueno que hagas esa precisión. Efectivamente va a ser así, si Mujica intentara recorrer este camino de conseguir un pacto multipartidario para la derogación, uno de los problemas es que seguramente chocaría contra este obstáculo, que hay muchos discursos hechos, muchas argumentaciones hechas, las que escuchamos ayer y las que venían de antes, en el sentido de que no se viola solo el pronunciamiento popular de octubre de 2009, sino también el del 16 de abril del 89. EC - ¿Cómo se arregla eso? AG - Quizás se pueda arreglar. Antes de ir a cómo se puede arreglar, hay que tener presente que el país sigue teniendo un problema. EC - Estás aludiendo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Gelman. AG - Exactamente, el tema de la ley de caducidad no es un problema del FA, es un problema del país. El FA ha intentado solucionarlo de un modo acaso excesivamente radical, no lo pudo solucionar, pero el problema subsiste. ¿La oposición se va a hacer la desentendida, va a hacer como que el pronunciamiento de la CIDH no existe? EC - Hay una tesis que incluso maneja el MPP, esta fórmula alternativa que va a presentar cuando empiece a reunirse la comisión que nombró el Plenario, la del doctor Alberto Pérez Pérez, que sostiene que la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Poder Judicial puede hacerse cargo por sí solo de aplicar en los hechos el mandato de la CIDH. Esa es una fórmula. El propio Pérez Pérez es un frenteamplista y la ha esgrimido. Supongo que tiene como inconveniente para quienes han estado embanderados en contra de la ley que no suena a algo satisfactorio el hecho de que la ley quede, que ni siquiera se la derogue supongo que no es fácil de aceptar. Supongo que para los sectores más identificados con estos temas que quede todo librado al Poder Judicial no debe de ser una salida aceptable. AG - Sería un poco absurdo –yo le escuchaba este argumento al doctor [Julio María] Sanguinetti y me parece muy claro– que algo que no decidió la ciudadanía en octubre de 2009, que no pudo resolver el Parlamento en la madrugada de hoy, termine siendo resuelto por el Poder Judicial o el presidente por actos administrativos. No se pueden anular los efectos de la caducidad tan alegremente por el lado del Poder Judicial o por el lado del Poder Ejecutivo cuando ni el Legislativo ni el pueblo convocado en su oportunidad para pronunciarse sobre el asunto lo hicieron. Es asunto complicado. El camino políticamente ideal y posible es la derogación de la ley de caducidad por medio de un pacto multipartidario que solo sería posible si los líderes partidarios además se pusieran de acuerdo en someter nuevamente a la opinión pública, a consideración de la ciudadanía, esta cuestión. EC - Hoy más temprano, el senador Pedro Bordaberry hacía un llamado al presidente José Mujica para que realizara una convocatoria a todos los partidos políticos a efectos de manejar este asunto de ahora en adelante. Tomaba como base lo que fueron en su momento el Gobierno de Sanguinetti, el Gobierno de [Jorge] Batlle y el gobierno de Vázquez, en la medida que se plantearon consignas que unían: el "cambio en paz" de Sanguinetti, la Comisión para la Paz de Jorge Batlle y el "nunca más" de Tabaré Vázquez. Decía "sobre esas bases podemos conversar". Y hasta habló de una Comisión para la Paz II. AG - Sí, el presidente Mujica debería recoger esas señales que están llegando desde el Partido Colorado (PC), probablemente haya señales similares en el Partido Nacional (PN). Y probablemente la opinión pública, que no acompañó la idea de la anulación, acompañe el camino de la derogación de la ley de caducidad, creo que existe cierto acuerdo en la opinión pública en que el tiempo de la ley de caducidad ya pasó. EC - Tiene que liderar el presidente, que hasta ahora estuvo en la otra posición: que ese era un tema del Parlamento. AG - Sí, estuvo en la otra posición hasta que la sangre llegó al río y se vio obligado a actuar, como vimos en las últimas dos o tres semanas. El presidente está obligado a liderar en este tema. Suscribo lo que ha dicho en estos días mi maestro querido Jorge Lanzaro: el presidente tiene una oportunidad de ejercer, de reconstruir su liderazgo presidencial y de convocar a un pacto multipartidario. Cuando fracasó la papeleta rosada, después de la elección yo me pasé un mes diciendo que el próximo Parlamento tenía una gran oportunidad de llegar a un acuerdo y derogar –no anular– por un pacto multipartidario la ley de caducidad. No se hizo en aquel momento, cuando habría sido más fácil, ni bien instalado el Gobierno, cuando el presidente tenía 70, 72 % de popularidad. De todas maneras, esa oportunidad reaparece ahora. Y además de una oportunidad es una necesidad para el país, porque la ley de caducidad sigue siendo un problema, sigue siendo una piedra en el zapato de todo el sistema político. EC - El problema es que la derogación solamente actúa de ahora en adelante. ¿Qué pasa con los efectos de la ley hacia atrás? AG - Que lo discutan los juristas, no me pronuncio sobre el asunto. Desde el punto de vista político el mejor camino posible para dar vuelta la página es la derogación mediante un pacto, pero no podrá ser sin consulta popular, y ahí también los juristas de todos los partidos tendrán en el mejor de los casos mucho para opinar. EC - ¿Y qué pasa con la gobernabilidad más en general? De hecho, el presidente Mujica logró ganar la pulseada, por lo tanto frustró con sus jugadas de los últimos días el proyecto que iba a dejar sin efecto la ley de caducidad que impulsaban sectores como el Partido Comunista (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP). ¿Qué va a pasar ahora cuando Mujica y sus proyectos de ley requieran los votos de esos grupos de su partido? AG - Es todo un problema. EC - ¿Se la van a cobrar? AG - Y sí, hay sectores del FA que están molestos, lo han declarado públicamente. Sin duda la gobernabilidad está bajo tensión, ya sabemos que la gobernabilidad en este segundo Gobierno del FA es más complicada que en el primero, porque el presidente –los politólogos estamos cansado de decirlo– no es el líder del partido, fue su candidato, lo que no es poca cosa, pero es menos que ser el líder. Entonces la gobernabilidad está bajo tensión. De todas maneras, la gobernabilidad habría muerto si hubiera sido el MPP el que por salvar al presidente, por salvar el Gobierno, por salvar el proyecto mujiquista, no hubiera acompañado el mandato del Plenario. Por eso digo, el escenario es complicado, pero pudo ser bastante peor. EC - ¿Y la relación con el PIT-CNT, por ejemplo? AG - Otra que está bajo tensión. Además, y un poco acarreando agua para tu molino, tu argumento respecto a las tensiones a las que quedaría sometida la gobernabilidad, aparte de la ley de caducidad hay otros temas en la agenda. Está el tema tributario, a principios de año se abrió un debate que parecía estar cerrado pero que parece que ahora se reabre acerca de hacia dónde va la política tributaria. Los sectores que se han sentido agraviados por las decisiones de Mujica en el tema derechos humanos, como el PCU o el PVP, pueden aumentar la presión en otros escenarios, tras cosechar una derrota en unos asuntos, pueden ir por una victoria en otros. EC - Dos palabras sobre el futuro del FA. AG - Se refuerza la discusión sobre la reestructura. Ahí mi pronóstico es bastante pesimista, es muy difícil que el FA pueda cambiar su estructura, porque los sectores beneficiados por la actual estructura no van a querer apoyar cambios que los perjudican. Y respecto al futuro electoral del FA, concuerdo con lo que han dicho muchos colegas en estos días, es muy prematuro para hacer pronósticos definitivos, pero yo sigo pensando que el FA, a pesar de todos los problemas, a pesar de la muy mala imagen que ha dado durante el último año en particular en este tema, imagen de partido dividido, contradictorio, que va y que viene y que no tiene ideas claras, sigue siendo el favorito para la próxima elección, porque tiene potencialmente el mejor candidato posible, que es Tabaré Vázquez –con eso no invento nada, no hay dos opiniones sobre este tema, y digo potencialmente porque no es seguro que lo sea–, la economía vuela, el FA sigue gobernando para los pobres y los votos que pueda perder en unos sectores de la población los puede recuperar en otros, y además está el capítulo de la estrategia de la oposición. Yo sigo pensando que la oposición no teje una estrategia para construir un proyecto alternativo, colorados y blancos están muy entretenidos en disputarse el segundo lugar y hacen poco por generar una alternativa al Gobierno del FA. Transcripción: María Lila Ltaif Korzeniak: proyecto interpretativo de la ley de caducidad "puede ir a la Asamblea General" 20.05.2011 | 16.28 El Espectador Ante el empate en Diputados en la votación de la iniciativa que impulsó el oficialismo y que busca dejar sin efecto la ley de caducidad, el proyecto fue rechazado. Sin embargo, el doctor José Korzeniak, catedrático de Derecho Constitucional, explicó a En Perspectiva que "cuando viene un proyecto de una cámara con modificaciones, que fue lo que ocurrió en este caso, la otra cámara vota por sí si las acepta y si no puede ir a la Asamblea General". El exsenador señaló que hay otras formas jurídicas para cumplir el cometido del Plenario del Frente Amplio: desde la derogación de actos administrativos por parte del Ejecutivo hasta "presentar una iniciativa popular de ley".   (emitido a las 08.36 Hs.)   EMILIANO COTELO: Revisamos las tapas de los diarios, que hoy salieron tarde. "Semproni evitó que el Frente Amplio anulara la caducidad", dice el titular principal en Últimas Noticias. Agrega que "el proyecto fue rechazado a las 5.31 al no contar con el voto del legislador frenteamplista".   La República tiene este enfoque: "Por 49 a 49 sigue viva la caducidad. El Frente Amplio no alcanzó los 50 votos para aprobar el proyecto interpretativo de la caducidad y los efectos de la ley se mantienen. Oficialismo y oposición protagonizaron un debate que superó las quince horas. Hoy es la Marcha del Silencio".   El País titula: "Aislado y con custodia, fue presionado hasta el final", refiriéndose a Víctor Semproni. "Escasa movilización, votación en la madrugada a propósito de la ley de caducidad".   La Diaria publica: "Pese a todo, hoy se realiza la decimosexta Marcha del Silencio con perspectiva incierta para los esfuerzos por lograr verdad y justicia". El título es acompañado de una foto que a su vez muestra fotos de desaparecidos, colgadas afuera del Palacio Legislativo anoche, durante la sesión de la Cámara de Diputados.   El Observador tiene este titular: "El Frente no se resigna a la derrota. El diputado Víctor Semproni rompió la disciplina partidaria y el proyecto de anulación de la ley de caducidad fracasó. Sin embargo, el Frente Amplio adelantó que buscará otras vías para dejar sin efecto la norma. Se abre paso el camino de la derogación. Paradójicamente, la derrota del partido de gobierno termina por darle aire al presidente José Mujica, quien se opuso a la anulación y propuso en su lugar la vía administrativa".   ¿Cómo fue el desenlace? Como ya mencionamos, ocurrió sobre las 5.30 de la mañana. En realidad, en ese momento todavía había quienes pensaban que la sesión se iba a prolongar un buen rato más. ¿Por qué? Porque había una moción para que la votación fuese nominal, o sea, para que se recogiese uno por uno el voto de los 98 legisladores presentes. Lo que a su vez daba pie a la posibilidad de que, en el momento, cada uno de ellos agregara algo más a lo que ya podían haber señalado en las intervenciones que habían tenido lugar en la tarde, en la noche y en la propia madrugada. Esa moción no prosperó, por lo tanto se procedió a votar simplemente a mano alzada.   (Audio Cámara de Diputados)   "  49 en 98, empate. Léase por secretaría el artículo 81 del reglamento.   Artículo 81: Si resulta empatada la votación, se reabrirá el debate. Si el empate se reproduce, se abrirá una última discusión y, si se empata nuevamente, se proclamará negativa la votación.   Se está votando nuevamente el proyecto de resolución presentado por la mayoría. 49 en 98, empate, se está votando nuevamente el proyecto de resolución presentado por la mayoría. 49 en 98, no se han aceptado las modificaciones introducidas por el Senado. Se comunicará al Senado y a la Asamblea General. Se levanta la sesión".   (Fin del audio)   Estamos en comunicación con el doctor José Korzeniak, catedrático de Derecho Constitucional, exsenador del Partido Socialista, Frente Amplio (FA).   ¿Qué análisis hace usted de los escenarios que se abren de ahora en adelante? Para empezar, ¿efectivamente cabe todavía la posibilidad de convocar a la Asamblea General después de este resultado?   JOSÉ KORZENIAK: Si el proyecto que vino del Senado es el proyecto que había ido de Diputados y fue modificado en el Senado, no solo cabe sino que es lo que dice la Constitución. Ustedes lo leyeron hace un instante.   EC – Sí.   JK – Es la resolución que se leyó de la Presidencia de la mesa de Diputados. Cuando la segunda cámara no acepta las modificaciones introducidas por una cámara, se convoca a la Asamblea General. En términos formales es así.   EC – Sí, el texto dice "si no las hallare justas", si no hallare justas las modificaciones…   JK - …Bueno, "si no las hallare justas" quiere decir que no las aprueba…   EC - …"Si no hallare justas las modificaciones e insistiese en sostener su proyecto tal cual lo había remitido al principio, podrá, en tal caso, por medio de oficio, solicitar la reunión de ambas cámaras".   JK – "Podrá". Por lo tanto, debe suponerse, con un criterio pragmático, que si no había votos en Diputados tampoco va a haber en la Asamblea General si se reproduce la asistencia más o menos total de todos los legisladores.   EC – Se lo preguntaba porque más temprano el senador Pedro Bordaberry decía que no, que en la medida que no había existido una comunicación formal de que no se hallaba justa las modificaciones y de que se insistía en sostener el proyecto tal y cual lo había remitido al principio…   JK - …No es así. Primero, ¿qué quiere decir hallar justas o no hallar justas, cómo se hace eso? Está previsto en el reglamento. El reglamento de cada una de las cámaras dice que cuando viene un proyecto de una cámara con modificaciones, que fue lo que ocurrió en este caso, la otra cámara vota por sí si las acepta y si no puede ir a la Asamblea General. Eso lo dice el reglamento, no hay una votación por la ley ni nada. En este caso, las modificaciones serían las que le hizo el Senado al proyecto de Diputados, que fueron muy pocas por otra parte.   EC – Y en el caso de que se convoque a la Asamblea General, las posibilidades entonces son tres: considerar el proyecto original salido de Diputados, el proyecto con las modificaciones que hizo el Senado…   JK – ...La Asamblea General tiene todas las posibilidades, la Constitución dice que se diriman las diferencias entre las dos cámaras y hasta se puede aprobar un proyecto distinto.   EC – Requiere dos tercios. JK – Los dos tercios de los votos de sus componentes, no de los presentes. La gente que no conoce la Constitución habla de presentes porque lo confunde con el caso del levantamiento de un veto, ahí sí son tres quintos de los presentes.   EC – Sí, pero estoy mirando y dice dos tercios de sufragios.   JK – Sí, sufragios, pero cuando no se dice nada es dos tercios.   Lo que quiero decir es que en este caso, lo que he oído –yo estoy viviendo en La Aguada y no participo en las reuniones de la vida política diaria– es que la Asamblea General no se va a convocar para esto, que no hay interés puesto que se supone que se va a reproducir este resultado negativo de la aprobación del proyecto de ley que vino del Senado.   EC – ¿Qué otros caminos tiene el FA? Se lo pregunto porque usted es catedrático de Derecho Constitucional y analizó críticamente este proyecto que se estaba votando.   JK – Sí, pero no analicé críticamente la intención. Es más, ayer escribí un artículo muy extenso en el cual hablé de una coherencia total, global de los partidos en materia de la ley de caducidad. El Partido Nacional y el Partido Colorado la aprobaron, la votaron todos con algunas excepciones –Carlos Julio Pereyra, Luis J. Martínez, etcétera– y el FA votó en contra. Hoy día es exactamente la misma posición. Los partidos tradicionales quieren que siga la ley de caducidad y el FA quiere que se vaya la ley. Así que hay una coherencia global absoluta. Yo diría que pocas veces en tantos años existió la misma coherencia.   Donde no hay coherencia es dentro de los partidos, incluso dentro de los partidos tradicionales. Pero dentro del Frente hay contradicciones que son de tipo jurídico, por lo menos por lo que yo leo, veo y oigo: si se puede o no se puede echar abajo una ley cuando fue aprobada, ratificada o no derogada en un plebiscito es una discusión; si existe la posibilidad de que las leyes penales sean retroactivas... La gente habla de la retroactividad porque es un tema que le gusta con locura, pero en realidad en materia penal el tema no es la retroactividad, es la ley más benigna, sea o no anterior o posterior. Cuando a una persona le cabe la posibilidad de aplicarle dos leyes, la regla del Código Penal es aplicar la más benigna. Lo que ocurre es que eso tiene rango legal, no rango constitucional. Quiere decir que otra ley puede derogarlo, cambiarlo. Para este caso no hay aplicación de la ley más benigna, y justamente esto es lo que dicen los organismos internacionales, que en materia de derechos humanos básicos no rige ese principio. Otras discrepancias: desde cuándo se cuenta la prescripción extintiva del delito o de la pena. Esas han sido las discusiones –según yo interpreto– de buena fe, y no hay una sola excepción de alguien que diga que es partidario de la ley de caducidad, no la hay.   EC – Pero entonces, ¿qué alternativa tiene el FA ahora si quiere continuar procesando mecanismos para, por ejemplo, salvar inconvenientes que la ley de caducidad todavía puede interponer a las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos?   JK – Yo hice un catálogo de esas posibilidades a pedido del compañero presidente del Frente, [Jorge Brovetto], en noviembre del año pasado. Hice un catálogo y creo que eran cinco, pero hoy día, pasado el tiempo, le puedo decir cuáles quedan. Una, que sería ortodoxa pero que lleva tiempo, que consiste en presentar una iniciativa popular de ley, que está en el artículo 79 inciso 2º junto con el referéndum contra las leyes¬. El referéndum contra una ley se ha ejercitado en el Uruguay varias veces, pero la iniciativa popular de ley, que también necesita un 25 % de adhesiones, nunca se ha ejercitado. Una vez el FA estuvo por plantear una, pero eran tantas las cosas que querían ponerle que al final el Frente no lo planteó.   Esa iniciativa popular de ley consiste en que el 25 % de los ciudadanos –obviamente no hay plazo, es el día que se junten las adhesiones, el día que quieran– presenten un proyecto al parlamento. Por supuesto hay que contar las firmas, ver si son auténticas, y el parlamento o la aprueba íntegramente o la somete a un plebiscito. La Constitución en el artículo 79 inciso 2º no dice que la somete a un plebiscito si no la aprueba, pero tampoco dice que cuando se presenta un recurso de referéndum hay que someterlo a plebiscito. Lo que pasa es que la iniciativa popular justamente se define –a diferencia del derecho de petición– o aprobándose o sometiéndola a un plebiscito. Ese es un camino que yo aconsejé hace dos o tres años, ahí era con tiempo y me parecía bueno.   Aclaremos que no estoy hablando de caminos que yo esté impulsando, estoy hablando de posibilidades jurídicas. El Frente tiene que insistir en esto porque, entre otras cosas, Uruguay está obligado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a eliminar este obstáculo y otros que pueda haber. La ley de caducidad es un obstáculo, hay que eliminarlo…   EC - …¿Cuáles serían entonces otras posibilidades?   JK – Hay otra, que era muy pragmática y también la propuse. La Suprema Corte de Justicia ha declarado que los artículos 1°, 3° y 4° de la ley de caducidad son inconstitucionales, sobre todo el de la impunidad, el que dice que los militares, policías, equiparados, asimilados no tienen que responder por los delitos que cometieron durante la dictadura. Yo había propuesto que el Frente, en lugar de preocuparse de normas, nombrara una comisión públicamente que se encargara, en cada caso, de tramitarle la inconstitucionalidad a un denunciante, siempre que viera que tiene alguna razón. Porque no se puede generalizar para cualquiera que viene a denunciar que le tiraron una piedra durante la dictadura o algo así. Una comisión que gratuitamente le hiciera la acción de inconstitucionalidad, que se gana fácilmente y en pocas semanas, porque la Corte ya tiene una jurisprudencia pacífica, constante, unánime por los cinco miembros. Y además todo va reforzado por el hecho de que es una jurisprudencia reciente y que ha abarcado una cantidad de casos. [La idea es tener] una comisión a disposición de la gente que lo quiera hacer. Esa era una postura que yo propuse en noviembre del año pasado, que tiene efecto concreto en cada caso y no echa abajo la ley. Aparecida la sentencia de la CIDH, ésta puede considerar que eso no elimina drásticamente el obstáculo de la ley de caducidad.   EC – Pasemos a las otras fórmulas. JK – Otra fórmula es la ya ensayada enmienda constitucional. A mí no me parece demasiado ortodoxa pero jurídicamente es posible. Así como se andan recolectando firmas para bajar la edad de imputabilidad –que es un tema que no está en la Constitución porque los 18 años de imputabilidad están en la ley, y están levantando firmas para meterlo en la Constitución– o así como también se hizo recientemente y se perdió ese plebiscito, se puede intentar hacer esto nuevamente por la vía de la Constitución.   Y también quiero dar otro procedimiento que a mí me llamó mucho la atención. Fue un procedimiento visto con buenos ojos por aquellos que se oponían en el Senado, y a raíz de eso el compañero Brovetto me pidió que lo puliera un poco y le diera forma de proyecto de ley. Es la exposición que hizo el doctor [Martín] Risso, en la cual proponía, por un lado, derogar la ley; no entrar en la discusión de que si se va para atrás, para adelante, que si anula o no anula, sino derogarla. A lo cual yo le agregaba el tema de la prescripción. Si al justamente impedido no le corre término, un denunciante se puede haber visto impedido porque sabe que su denuncia no progresaba y establecer –esto no lo dijo Risso pero estaba implícito- que la prescripción comienza a correr una vez que la ley no esté. Mientras estaba era un impedimento justo para accionar por un denunciante…   Junto con eso, el doctor Risso había planteado una cosa muy ingeniosa: que el Poder Ejecutivo derogara, en un decreto, en varios o analizando cada caso como ha dicho Mujica, aquellos actos administrativos de los anteriores poderes ejecutivos. Me refiero a los de [Luis Alberto] Lacalle y [Julio María] Sanguinetti, porque Tabaré Vázquez no tuvo esa misma posición y por eso están presos unos cuántos de los principales torturadores, además de [Juan María] Bordaberry y [Juan Carlos] Blanco. Porque la ley, en uno de sus artículos declarado inconstitucional, dice que el juez, si recibe una denuncia, le tiene que preguntar al Poder Ejecutivo si ese caso está comprendido en la ley de caducidad. Y cuando gobernaba el Partido Nacional o el Partido Colorado invariablemente contestaban que sí, que estaban comprendidos.   EC – Esa idea ya la está manejando el presidente Mujica y ya ha empezado a revocar…   JK - …Empezó haciendo lo mismo que hizo Tabaré Vázquez, porque todos los militares que están presos están por eso. [Desde el Gobierno] del presidente Vázquez, por interpretación de la ley hecha por Gonzalo Fernández –excelente interpretación–, las leyes que establecen determinados privilegios o desigualdades son de interpretación restrictiva. De manera que, por ejemplo, lo de [Zelmar] Michelini y [Héctor Gutiérrez] Gutiérrez Ruiz –aunque era el colmo que se dijera que eso estaba amparado por la ley de caducidad–, que fueron asesinatos en Argentina... La ley no se aplica en Argentina, ya ahí hay un motivo para decir que este caso no está comprendido en la ley de caducidad. O un bebé que le quitaron a una madre, ahí también la propia ley prevé que los casos de intereses económicos están excluidos.   Y una interpretación bien restringida de la ley permitió a la administración Vázquez dejar afuera y decirle al juez que determinados casos no estaban comprendidos. Por eso hay unos cuántos militares presos, entre ellos [Gregorio] "Goyo" Álvarez y alguno que se fugó como [Jorge] Tróccoli, [José] Gavazzo, [Manuel] Cordero, y otro cuya extradición todavía no salió.   Estas serían las posibilidades jurídicas. Creo que a esta altura nadie puede sostener que la ley de caducidad se mantiene para mantener la paz. Yo creo que el tema de la paz ya se terminó hace mucho.   Y lo que no deben pensar ni siquiera los denunciantes es que eliminada la ley de caducidad todos los militares vayan a ir presos, porque ahora si no le prueban la culpabilidad nadie más va preso. Ni tampoco que los militares estén en peligro si no hay ley de caducidad. Eso es una versión apocalíptica que hay que rechazar absolutamente, no solo desde el punto de vista jurídico sino porque ningún juez procesa a nadie si no tiene elementos probatorios que constituyan por lo menos la semi plena prueba para procesar. Así lo dice la Constitución. Mujica espera encontrar datos sobre desaparecidos Haberlo dicho antes... Portada - FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS EN COLONIA Mujica espera encontrar datos sobre desaparecidos El presidente se mostró confiado en que en el futuro habrá mecanismos para encontrar la información sobre el destino de las víctimas + Claudio Romanoff - 20.05.2011, 16:11 hs Texto: -El Observador     El presidente José Mujica manifestó que lo más importante en cuanto a las pasadas violaciones a los derechos humanos durante la dictadura es encontrar los restos de los desaparecidos para entregarlos a los familiares. En declaraciones realizadas en Colonia, donde almorzó para festejar su cumpleaños junto al director del hospital de Tacuarembó, Ciro Ferreira, y su familia, el presidente también se mostró confiado en que en el futuro habrá mecanismos para encontrar la información sobre el destino de las víctimas. Mujica no quiso opinar al voto de rechazo a la anulación de Caducidad emitido por el diputado Víctor Semproni, quien hizo naufragar el proyecto impulsado por el Frente Amplio, pero sin el respaldo presidencial. El presidente está descansando en la estancia presidencial de Anchorena, donde permanecerá hasta el domingo. "Es una pena que no se haya redondeado la decisión, pero lo imposible cuesta un poco mas, será un tema pendiente", dijo el presidente en declaraciones a Subrayado. Consultado sobre el futuro del diputado Víctor Semproni, que no votó el texto y con eso provocó el fracaso del proyecto interpretativo, el primer mandatario indicó: "Serán cuestiones que discuta la fuerza política. Hice lo posible para que acompañara la decisión de la fuerza política, pero no fue posible". "Yo creo que alguna respuesta se va a dar", dijo Mujica acerca del futuro del tema Caducidad. "La respuesta que más me preocupa son los familiares, que hace muchos años pelean por saber dónde están sus huesos queridos. Eso el país lo tiene que tratar de suturar de alguna manera". En este sentido, en declaraciones a Canal 4, el presidente afirmó: "De alguna forma pienso que el pueblo uruguayo tiene que ceder". Sobre los motivos de Semproni, Mujica indicó que "razones puede haber muchas, cualquier proyecto que se presente puede ser difícil, puede haber muchas cosas. Pero a mi me preocupa la unidad de acción de la fuerza política, que no quiere decir que todos piensen igual. Una fuerza libre tiene que tener libertad de opinión. Pero llega un momento que cuando se toma la decisión hay que acompañar. Y no quisiera que se quiebre eso". Finalmente, Mujica descartó la crisis interna en la fuerza de gobierno tras este tema pueda llevar a un quiebre. "Pienso que no, tenemos el grado de madurez suficiente", expresó.

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