PRESIDENTE CORREA CON FALLO A FAVOR CONTRA “EL UNIVERSO”
SIP y CIDH, con aliento de Washington, quieren derrotar a Correa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analiza una visita a Ecuador. Sería parte de la campaña conjunta (SIP, OEA y Departamento de Estado) para jaquear al presidente Correa.
EMILIO MARÍN
Rafael Correa es el presidente de Ecuador. Goza de suficiente apoyo popular pues ha ganado las últimas seis elecciones, contando las presidenciales, las de reforma constitucional y el plebiscito sobre reformas judiciales.
Pero debe ser por eso que no lo dejan en paz. Algunas multinacionales de hidrocarburos, están entre los principales afectados por ciertas disposiciones de la “revolución ciudadana”.
En junio pasado se nacionalizó la estadounidense Noble Energy y su controlada Energy Development Company (EDC). A fines de 2010 el gobierno convirtió las concesiones petroleras en contratos de prestación de servicios: el dueño del petróleo y el gas pasaba a ser el Estado, que pagaba a las extractoras un precio fijo por cada barril, tomando en cuenta el costo y un margen de ganancia. Noble Energy-EDC no aceptó esas reglas de juego y Correa regateó un precio para que se fuera del campo de hidrocarburos “Amistad”, pagando 74 millones de dólares.
Con matices esa es la política hidrocarburífera de Hugo Chávez y Evo Morales; no así de Cristina Fernández y Dilma Rousseff. De allí que haya tanta bronca de las petroleras, el Departamento de Estado y el establishment empresarial de Quito y Guayaquil contra Correa y esos otros dos presidentes del ALBA (Alianza Bolivariana de Nuestra América).
Esa campaña de desestabilización llegó a su máxima cota el setiembre de 2010, cuando en Quito hubo una rebelión policial disfrazada con reivindicaciones supuestamente “gremiales”. Esa cortina de humo disimulaba un golpe de Estado contra el presidencial palacio de Carondelet. Correa fue tomado prisionero por los golpistas y fue rescatado al costo de cinco muertos. En total, en la asonada, murieron diez personas y el presidente se salvó “raspando”.
Otra vez las similitudes. Chávez enfrentó un golpe de Estado en abril de 2002 y también tuvo la fortuna de no ser ultimado en la isla de Orchilla. Evo sufrió el putsch en setiembre de 2008, motorizado por la ultraderechista Santa Cruz, que casi lo saca finado del Palacio Quemado.
Todos esos eventos desestabilizadores, del que también formó parte el lock out de la Mesa de Enlace de Argentina, tuvieron un ejército mediático. Desde las “tribunas de doctrina” y muchos medios que presumían de “independientes” se justificaba la rebelión policial de Quito y similares sudamericanas.
En tren de decir barbaridades contra el jefe de Estado, los medios de Ecuador no fueron menos que Clarín y “La Nación”. Correa era un “tirano” clonado de Chávez y Fidel Castro. Pasado el putsch, El Universo de Guayaquil aseguró que Correa era un dictador y en el futuro podría ser demandado por delitos de “lesa humanidad”.
Todos a Miami
Emilio Palacio, entonces jefe de Opinión de ese matutino, el de mayor tirada nacional, publicó el 6 de febrero de 2011 su artículo “No a las mentiras”. Allí acusaba al presidente de haber ordenado, aquel 30 de setiembre de 2010, “fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”.
La verdad es que Correa estaba preso en ese lugar, en poder de los golpistas, y los que dispararon contra el público y contra quienes fueron en rescate del presidente, fueron los efectivos policiales violadores del orden constitucional.
En julio de este año hubo un primer fallo favorable al presidente, cuando el juez Juan Paredes condenó a tres años de prisión a los tres dueños del diario, Carlos, César, Nicolás Pérez, y al columnista Palacio, así como a pagar una indemnización de 40 millones de dólares al injuriado.
Deducida la apelación por la parte empresaria, un fallo de segunda instancia confirmó el 20 de setiembre aquella sentencia. La línea de defensa de los cuatro sentenciados se había bifurcado. Palacio se exilió en Miami el 24 de agosto, aduciendo que “en los últimos días, la dictadura redobló de tal modo su persecución en mi contra que debí concluir que mi seguridad corre peligro”.
Por su parte los tres hermanos dueños de la editorial adujeron que no era una empresa ecuatoriana neta, sino mitad y mitad con capitales estadounidenses con sede en la isla Gran Caimán. A partir de ese dato antes oculto y negado, los empresarios solicitaban la aplicación de normas de defensa del capital en el marco del Tratado Bilateral de Inversiones. ¡Ecuatorianos para mentir, estadounidenses para procurarse impunidad!
Los calumniadores tuvieron desde Miami la defensa incondicional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una colateral de la OEA y el Departamento de Estado. Como en casos similares contra Chávez, Evo y la propia presidenta argentina por la ley de medios, la cloaca de Miami rebalsó en contra del gobierno de Ecuador.
No lo hizo no sólo por defender los intereses de El Universo sino en general de la corporación mediática conservadora. Es que Correa tiene presentado al Congreso un proyecto de ley de medios, más democrática, que busca poner límites al poder concentrado de las comunicaciones. Los enemigos dicen que está copiada de la ley de responsabilidad de los medios impulsada por Chávez en Caracas, donde también éstos podían decir cualquier cosa, incluso alentar el magnicidio. El reciente plebiscito ecuatoriano aprobó crear un Consejo “para establecer límites a los contenidos racistas o discriminatorios”. Lo había hecho antes Evo en el altiplano y los medios opositores lo tildaron de “censor”.
Pelea no cesa
La última asamblea anual de la SIP fue hace diez días en Lima. Allí el titular saliente de la entidad, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, y el nuevo directivo de la Comisión de Libertad de prensa, el uruguayo Claudio Paolillo, dispararon contra el presidente ecuatoriano por el caso de El Universo. La Resolución de las patronales gráficas criticó a Ecuador y advirtió que “muchos gobiernos intolerantes y autoritarios intentan conseguir el mismo objetivo de enmudecer a los medios”.
Algo bueno debe haber hecho Correa para que ese órgano tan desprestigiado en el continente lo haya colocado como el enemigo público número 1.
El principal motivo de ese enojo es la política del gobernante partido Alianza País para con los medios. Además de lo ya comentado, el gobierno ecuatoriano decidió transmitir Telesur por señal abierta en el estatal Canal 48, que se moverá a la grilla del 7. El operativo estará listo a mediados del año próximo, según declaró a la Radio del Sur el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. A propósito, una parte de la población argentina también está aguardando que el gobierno de CFK ponga Telesur en la Televisión Pública, por canal de aire, las 24 horas.
¿Qué hará Correa con los 40 millones de dólares, si finalmente los cobra por el juicio? Ha dicho que los donará al fondo ecológico que recauda para la iniciativa Yasuní ITT. Se trata de un parque amazónico donde existen reservas petroleras, que Ecuador se compromete a no explotar, a cambio de ayuda internacional por la mitad de los ingresos que tendría si ese crudo es explotado. El clima saldría ganando y la caja estatal también. Debe ser por eso que hasta ahora la colecta mundial anda flojita, pese a tantas declamaciones preocupadas por el cambio climático…
El presidente no ha descartado renunciar a ese cobro, una vez que quede firme la sentencia contra los empresarios periodísticos que lo calificaron de dictador y genocida.
El viernes 28 los diarios ecuatorianos publicaron que una misión de la CIDH podría visitar el país, preocupada por la situación legal de esos empresarios. Estos confían que la comisión repudie a Correa y que sus disposiciones “garantistas” se pongan por sobre el ordenamiento jurídico local. Si no fuera grave, sería cómico leer que este lobby conservador alega con el artículo 424, de la nueva Constitución impulsada por Correa, que dice: “la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos, más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”. Quieren zafar por ese lado, con aval de la SIP, Adepa, Clarín y la runfla monopólica, más el Departamento de Estado de Hillary Clinton (http://www.eluniverso.com/2011/08/10/1/1355/diarios-ecuador-libre-expresion.html).
Este jueves Correa anunció en Riobamba que en cuatro años erradicará la desnutrición infantil, un flagelo nacional. Los medios detractores no dieron mayor espacio a la noticia, empeñados como están en derrotar al presidente y que la corporación salga indemne de Tribunales. Seguramente mañana en Paraguay, en la Cumbre Iberoamericana, Correa dirá lo suyo. La pelea va para largo y no está claro quién vencerá a quién.
