EL PARLAMENTO APROBÓ UNA LEY PARA IMPEDIR LA IMPUNIDAD
En Uruguay esta vez se pusieron las pilas y no habrá caducidad
La semana pasada Uruguay revirtió una larga racha en contra de revisar los crímenes de la dictadura cívico-militar. Al fin Diputados aprobó calificar esos delitos como de lesa humanidad e interrumpir su inminente prescripción.
EMILIO MARÍN
Con las declaraciones del ex presidente Tabaré Vázquez a los alumnos de un colegio del Opus Dei, los televidentes de las dos orillas entendieron que a su gobierno lo preocupaba más una delirante hipótesis de conflicto armado con Argentina por las pasteras que defender los derechos humanos.
El oncólogo anduvo sondeando a sus Fuerzas Armadas para saber si podía contar con ellas, era claro que ni soñaba con impulsar leyes contra la impunidad reinante. Los cuarteles se habrían vuelto en su contra...
En tierra charrúa y en otros países, con el “Plan Cóndor” de represión ilegal coordinada por las dictaduras del Cono Sur en los años ´70, hubo numerosos ciudadanos uruguayos desaparecidos. Más de 70 fueron asesinados en su terruño y 200 lo fueron en países vecinos. En Argentina fueron ultimados los legisladores Zelmar Michelini (Frente Amplio) y Héctor Gutiérrez Ruiz (Partido Nacional).
La nuera del poeta Juan Gelman, capturada a los 19 años en Buenos Aires, embarazada de siete meses, fue llevada a Uruguay. Allí dio a luz, le robaron la criatura (Macarena, entregada a un policía e identificada recién en el 2000) y finamente la desaparecieron.
Justamente por este expediente María Claudia García Goyena de Gelman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había fallado en marzo último contra Uruguay. Le reclamó que investigara y castigara la desaparición de esa joven y el robo de su bebé, a pesar de la negativa “ley de Caducidad”. Esta, mejor conocida como de Impunidad, fue aprobada en diciembre de 1986 por un congreso hegemonizado por Colorados y Blancos, con la oposición del Frente Amplio. La norma anulaba la pretensión punitiva del Estado en la persecución penal de aquellos delitos cometidos por agentes de la dictadura en el período 1973-1985, como nuestra conocida “Punto Final”.
El apremio de la CIDH en marzo rindió sus frutos, no la primera vez en mayo pasado pero sí en la segunda, en octubre.
Es que en mayo hubo un proyecto para anular la Caducidad que tanto había favorecido a los represores. Aprobada en primera instancia por la Cámara Baja, también pasó el examen del Senado uruguayo, que le hizo modificaciones. De regreso a Diputados y luego de varias horas de debate, el 20 de mayo la votación arrojó un empate en 49 entre la bancada del Frente Amplio y las opositoras del Partido Colorado, Nacional e Independiente. El FA tenía un voto 50, que habría desempatado, pero el senador Víctor Semproni se retiró y no votar, a sabiendas que mandaba al muerte el proyecto. En la marcha de ese día los manifestantes escarcharon a Semproni con el “Adagio en mi país”, de Alfredo Zitarrosa: “Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes”. La segunda vez, el 27 de octubre, la iniciativa parlamentaria tuvo un final feliz.
Pobres argumentos
La caída en desgracia de la impunidad en Uruguay ocurrió al día siguiente que en Buenos Aires un Tribunal Oral condenara a 18 genocidas de la ESMA. ¿Casualidad? ¿Influencia positiva de los derechos humanos en uno y otro lado del río? Ese mismo río llevó y trajo los cuerpos de los prisioneros políticos arrojados en “los vuelos de la muerte”; los tiraban los grupos de tareas de la Armada argentina y aparecían en nuestra costa o del lado charrúa.
Los senadores Pedro Bordaberry y Luis A. Lacalle, colorado el primero y blanco el otro, tanto en mayo pasado, cuando vencieron “a lo Pirro”, como la semana pasada, cuando perdieron, emplearon un pobre argumento. Decían que anular la “ley de Caducidad” era inconstitucional porque desacataba a los referendos de 1989 y 2009, cuando los votos no alcanzaron para anularla.
Del lado oficialista, donde se ubicaban la bancada frenteamplista pero también los gremios del PIT/CNT, los organismos de derechos humanos, etc, se les replicó que aquellos crímenes eran delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Y que esas materias fundamentales no pueden ser sometidas a plebiscitos.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay, en cambio, había fallado en mayo de este año que los crímenes eran “ilícitos comunes” e iban a prescribir el 1 de noviembre pasado. Esta suerte de ultimátum terminó favoreciendo que las filas frenteamplistas y de derechos humanos impulsaran el proyecto de ley aprobado el 27 de octubre y promulgado al día siguiente por José Mujica.
Sin autocrítica, esta vez el presidente y su protegido de mayo, Semproni, actuaron en defensa del proyecto, lo que aseguró la victoria por 16 sobre 31 en el Senado y 50 sobre 40 en Diputados, al cabo de 10 horas de debate en una cámara y de 12 en la otra.
Los colorados y blancos en realidad estaban defendiendo a los represores de antaño y también a sus propios partidos, socios y cómplices del golpe de Estado. Juan María Bordaberry fue la figura civil que encabezó ese proceso militar y antes de fallecer en julio de este año fue uno de los pocos condenados junto al ex dictador Gregorio Álvarez. Su hijo Pedro Bordaberry fue candidato presidencial en 2009 y es senador. Colorados, blancos y represores se protegían mutuamente, junto con banqueros y empresarios. Ahora cayó el andamiaje jurídico de esa impunidad y se crea una buena situación política.
Lo que viene
Pepe Mujica promulgó la ley declarando imprescriptibles los crímenes de la dictadura. Esta es muy clara en sus breves cuatro artículos, uno de los cuales “restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985, comprendidos en el artículo 1 de la Ley 15.848, del 22 de diciembre de 1986”. Disipando dudas, aclara que “No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1 de esta ley”.
Los militares retirados están furiosos y dijeron que cuando uno de ellos sea citado por la justicia, interpondrán recursos de inconstitucionalidad. También denunciarán a ex Tupamaros para que “respondan por sus crímenes”, en una expresa defensa de “la teoría de los dos demonios”. Los represores que actuaron con el corpus doctrinario de Adolfo Hitler ahora dicen que irán hasta la CIDH porque la nueva norma “afecta los derechos humanos y los derechos adquiridos”. Así lo manifestó el presidente del Centro Militar, coronel Guillermo Cedrés.
La lucha política en Montevideo y el resto del país dirá, con sus correlaciones de fuerza, si las demandas de Memoria, Verdad y Justicia pueden avanzar o no. En principio hay una situación más favorable.
En pocos días hubo centenares de denuncias contra represores. Veintiocho mujeres denunciaron a cien militares por delitos sexuales y torturas. El Partido Comunista Uruguayo y su Juventud, trajo a colación la represión sufrida (“Operación Morgan”). En las comisarías de Montevideo hubo 170 denuncias en sólo dos días. Las imputaciones estarían listas contra 30 ex militares.
El mismo día que el Congreso uruguayo lavaba su honra y votaba la ley favorable a los derechos humanos, el juez Pedro Salazar procesaba con prisión a cinco militares por el homicidio de la nuera de Gelman. Salazar dispuso procesar a José Nino Gavazzo, José Ricardo Arab, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira Quesada y Ricardo José Medina, quienes ya se encuentran presos por otras causas. Y al reo Manuel Cordero, por quien el magistrado se dirigió a las autoridades de Brasil, que hace tiempo habían autorizado la extradición del militar hacia la Argentina, donde cumple prisión.
En este tiempo, en vez de “plan Cóndor” represivo hay una comunicación de justicia a justicia: Cordero debe ser retornado a Brasil y de allí a Uruguay.
Con ese paso trascendente de la nueva ley, Uruguay dejó en el fondo de la tabla a Perú, donde los crímenes de centenares de presos de Sendero Luminoso y MRTA durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori no se han castigado. Y a Brasil, que recién en días pasados decidió formar una Comisión de la Verdad sin derecho a enjuiciar a ningún militar: ni por los 60 desaparecidos de la guerrilla de Araguaia ni por otros crímenes contra militantes populares.
En esas posiciones de rezago también anda Chile, con el pesado lastre del pinochetismo y el derechista Sebastián Piñera en el gobierno, aunque puntualmente algunas causas han avanzado. Pocas pero hay.
El que puntea los Juegos Latinoamericanos de Derechos Humanos es Argentina, con 802 represores procesados y 262 condenados por crímenes de lesa humanidad. Los países que vienen atrás, dicho sin soberbia, deberían apurar el paso.
