microeconomia Por
Horacio Verbitsky
Un extraordinario estudio de la Procuración General de la Nación
puso en evidencia el trasfondo económico del asesinato en 1977 del abogado
laboralista Carlos Alberto Moreno, quien defendía a los trabajadores mineros de
la empresa Loma Negra. Por los juicios en aplicación de la ley de contrato de
trabajo que Moreno le ganó por enfermedades ocupacionales y reclamos por la
implementación de medidas de seguridad e higiene, la cementera que entonces
pertenecía a Amalia Lacroze de Fortabat incluyó en sus estados contables una
previsión de pérdidas para el pago de indemnizaciones, que se redujo en forma
drástica luego del secuestro y asesinato del abogado. Del mismo modo cayó el
costo laboral de la empresa y se incrementaron sus utilidades. Pocas veces las
razones profundas de la complicidad del poder económico con la dictadura
quedaron expuestas con mayor claridad y nunca antes una oficina del Estado las
había investigado con semejante voluntad y capacidad técnica.
El estudio fue realizado por la Oficina de Investigación Económica
y Análisis Financiero de la Procuración (OFINEC), una de las innovaciones
impulsadas por su titular, Alejandra Gils Carbó, quien la creó el 12 de marzo
de este año, para “mejorar la actividad persecutoria en casos de criminalidad
organizada y otros fenómenos delictivos de relevancia institucional con
complejidad técnico-investigativa en materia económica”. Gils Carbó designó
allí a la contadora Judith König, que desde 1984 se especializa en el estudio
de las dimensiones económicas de los crímenes de lesa humanidad. Ese año,
recién egresada, integró el equipo de la Fiscalía ante la Cámara Federal de la
Capital que trabajó en el histórico juicio a Videla, Massera & Compañía. La
resolución 341/14 de la Procuración estableció que la nueva oficina colaboraría
con varias de las Procuradurías especializadas que también creó Gils Carbó: de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), de Narcocriminalidad
(Procunar), de Violencia Institucional (Procuvin), de Combate de la Trata y
Explotación de Personas (Protex) y de Crímenes contra la Humanidad.
En abril de 2005, Fortabat y su hija Inés Lafuente vendieron
el paquete de control de Loma Negra al grupo brasileño Camargo Correa Cimentos,
que pagó por esas acciones 1025 millones de dólares. La ex propietaria falleció
en febrero de 2012, luego de colocar los fondos recibidos por la venta en un
fideicomiso financiero para el que contrató como administrador al actual
diputado republicano Alfonso de Prat Gay.
Al mes siguiente de la muerte de Fortabat, los jueces Roberto
Falcone, Mario Portela y Néstor Parra del Tribunal Oral Federal de Mar del
Plata, que juzgó esta causa en Tandil, condenaron a prisión perpetua a los
coroneles retirados Julio Tommasi y Roque Pappalardo y al suboficial José Luis
Ojeda por la privación ilegal de la libertad, los tormentos agravados y el
homicidio de Moreno, y a 15 y 11 años de prisión a los hermanos Emilio y Julio
Méndez, en cuya chacra en las afueras de Tandil funcionó el centro clandestino
de concentración en el que el defensor de los trabajadores de Loma Negra fue
torturado y asesinado. Tommasi era jefe del Area 121 y del Batallón Logístico 1
de Tandil. Pappalardo condujo el secuestro y Ojeda persiguió a los tiros a
Moreno cuando logró escaparse. Emilio Méndez era gerente del Banco Comercial de
Tandil y vicepresidente de la Usina Popular y su hermano administraba campos.
Para el tribunal existe “la posibilidad de que estemos frente a un crimen por
encargo o por codicia”. Las condenas fueron confirmadas en agosto por los
jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos
Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y desde febrero de este año están
a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Los camaristas reseñaron la
actuación de Moreno en la Juventud Peronista cuando estudiaba en la Facultad de
Derecho y su “profundo compromiso social que se cristalizó en la decisión que
tomara al finalizar sus estudios de defender los intereses de la parte obrera”,
lo cual lo convirtió en “una molestia para el poder económico de aquella
época”. El fallo incluyó la orden de investigar al directorio de Loma Negra,
por la sospecha de que haya inducido los crímenes cometidos, al ex ministro de
Gobierno Jaime Smart y a quienes integraban entonces la Suprema Corte de
justicia bonaerense. Uno de los testigos decisivos fue el ex juez Carlos
Pagliere, quien investigó en aquel momento la desaparición de Moreno. Cuando
pidió ayuda a la Suprema Corte, sus integrantes le aconsejaron que se apartara
del expediente y, luego de un llamado de Smart, le informaron que Moreno había
muerto en un enfrentamiento con fuerzas militares, según un comunicado del
Cuerpo I de Ejército. Sin embargo, quedó establecido que el comunicado
castrense se elaboró en el tribunal supremo de la provincia de Buenos Aires.
A raíz de estas resoluciones, el fiscal federal de Azul Walter
Romero solicitó a la empresa la documentación contable de aquella época, que
fue entregada por Camargo Correa. König y las contadoras Magalí Bausset y
Eleonora Feser trabajaron en la Fiscalía sobre 118 libros contables del período
1975-1983. Luego de un estudio a fondo de esa documentación elaboraron un
Análisis de la Rentabilidad de la empresa y del Costo Laboral durante el
período analizado. Para profundizar el análisis la OFINEC pidió a Romero que
obtuviera los Libros Sueldos y Jornales y diversos legajos de personal. Dadas
las fluctuaciones de la moneda en ese período, las cifras fueron actualizadas a
valores de noviembre de 2013, de modo de poder realizar comparaciones entre
distintos años. En el balance que cerró en la semana del golpe de Estado, el 31
de marzo de 1976, Loma Negra tuvo pérdidas, situación que se revirtió a partir
del año siguiente, con un pico de ganancias en el ejercicio que cerró el 31 de
marzo de 1981, como se observa en el gráfico 1. No fue algo que tomara de
sorpresa a Fortabat: en la Asamblea General Ordinaria del 4 de junio de 1976,
el Directorio expresó que confiaba “en el país y en nuestros conciudadanos” y
creía que “en el futuro ha de mejorar la situación actual, permitiéndonos
obtener la rentabilidad adecuada”.
Los costos disminuyeron en forma marcada, lo cual se reflejó en un
incremento de la ganancia bruta sobre ventas. Dentro de los costos son
significativos los sueldos y jornales de los trabajadores. El aumento de la
facturación fue acompañado por un descenso en los costos, como se observa en el
gráfico 2 sobre las ventas. En el período 1974/75 los costos representaban un
66 por ciento de las ventas, proporción que al finalizar la dictadura sólo era
del 55 por ciento del total de ventas. Esto equivale a decir que Loma Negra
mejoró su margen de rentabilidad durante la dictadura a través de una reducción
de costos, entre ellos, el costo laboral que refiere a los sueldos y jornales
de los trabajadores vinculados con la producción.
El monto imputado en los libros bajo la denominación Sueldos y
Jornales representa el valor de la mano de obra para la empresa. La Ofinec
comparó este costo laboral con el resto de los costos (de las Mercaderías
Vendidas y de los Gastos de Administración y Comercialización. En ambos casos
la disminución fue notable a partir del golpe de 1976. Al 31 de marzo de ese
año el costo laboral representaba un 21 por ciento de los costos y gastos de
Loma Negra pero un año después había caído al 14 por ciento, nivel en el que se
mantuvo en los años siguientes. La variación fue aún mayor cuando se comparó la
incidencia del costo laboral sobre todos los resultados positivos de la
empresa, que se desplomó del 19 por ciento al 9 por ciento entre puntas. Esa
reducción del 53 por ciento de la participación de los trabajadores en los
ingresos de Loma Negra durante la dictadura se aprecia en el gráfico 3.
“Debe tenerse en cuenta que esta involución de la participación de
los asalariados en el total de ingresos de la empresa se dio en el contexto de
persecución gremial, que incluyó el secuestro y posterior asesinato del abogado
laboralista Moreno que presentaba las demandas judiciales contra la empresa
Loma Negra SA”, dice el informe preliminar. Este incremento en la explotación
laboral se produjo también a nivel nacional, con una merma en la participación
de los asalariados en el Producto Bruto Interno (PBI) sin antecedentes. “Los
asalariados perdieron el equivalente a 13 puntos porcentuales del PBI, en
circunstancias en que este último permaneció prácticamente constante”, agrega
la Ofinec.
Acaso lo más relevante para la causa judicial originada por el
calvario de Moreno sea la evolución de la cuenta contable que en los libros de
la empresa se identifica como Previsión Ley 20.744. Allí constan los importes
que Loma Negra preveía que debería afrontar en el futuro en concepto de
indemnizaciones por aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. Según la
doctrina contable citada en el informe, de esa previsión “nace un pasivo
contingente, que puede o no llegar a suceder; de ocurrir el hecho para el cual
fue creado, pasa a convertirse en un Pasivo Cierto”. El golpe cívico-militar de
1976, la reforma de facto de la ley de contrato de trabajo y la supresión del
molesto abogado laboralista Moreno fueron las herramientas idóneas para
disminuir en forma abrupta ese pasivo contingente destinado al pago de juicios
laborales (ver Gráfico 4). En el ejercicio cerrado en 1975 reservó 15 millones
de pesos para hacer frente a este tipo de juicios, cifra que se redujo cinco
veces, hasta menos de 3 millones, durante el ejercicio que cerró el 31 de marzo
de 1978, aquel durante el que ocurrió el asesinato de quien llevaba los juicios
de los trabajadores contra Loma Negra. Esta disminución en la previsión
contable liberó a la empresa de un importante costo laboral y mejoró sus
resultados positivos.
a Ofinec también analizó la evolución de los impuestos pagados por
Loma Negra en relación con sus ingresos por ventas. En el ejercicio 1975/76 los
impuestos representaron un 8 por ciento de las ventas, en el ejercicio 1982/83,
sólo un 3 por ciento, como muestra el gráfico 5. Esta disminución de la presión
fiscal forma parte de los actuales reclamos patronales y es acompañada por la
mayor parte de las fuerzas políticas de oposición, con vistas a la campaña
presidencial del año próximo.
En las conclusiones preliminares, el informe sostiene que la
abrupta caída en los ingresos de los trabajadores, que se ve reflejada en los
Estados Contables al analizar el costo laboral en comparación con los ingresos
facturados, es la que permite un incremento de la ganancia empresaria. Durante
esos años el sostenido aumento de la facturación no fue acompañado ni por un
incremento proporcional en el total de costos de la empresa, ni por un
incremento del costo laboral. Esto permitió un aumento notable en la
rentabilidad de Loma Negra SA y en el resultado del ejercicio que pasa de ser
negativo al 31 de marzo de 1976 a un resultado positivo que superó los 150
millones de pesos en el período finalizado el 31 de marzo de 1981. Pero este
incremento en la ganancia empresaria no se vio reflejado en la carga
impositiva. Por el contrario, la presión fiscal se redujo en forma igualmente
salvaje.
Fuente:
Página 12
