.
Denuncian vínculos de Aznar Jr. con los fondos buitre que compraron pisos sociales en Madrid
Alejandro Torrús
19/05/2015
La Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS y la Asociación de Lucha Contra la Corrupción han presentado ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional una laboriosa investigación en la que pone en conocimiento de la unidad policial que la empresa de la que es consejero José María Aznar Botella, el hijo del expresidente y Ana Botella, y que preside Juan Hoyos Martínez de Irujo, el íntimo amigo de infancia del expresidente, "está directamente relacionada" con el fondo buitre Blackstone y las sociedades instrumentales que compraron las 1.890 viviendas públicas que vendió Ana Botella como alcaldesa de Madrid a través de la EMVS por 128,5 millones de euros en noviembre de 2013.
Pero la investigación no se queda ahí. El mismo escrito presentado por las asociaciones ciudadanas asegura que los miembros del Consejo de Administración de las sociedades instrumentales del fondo Blackstone crearon un entramado de sociedades "que durante años fueron adjudicatarias de promociones de vivienda joven del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre".
De esta manera, en caso de poder certificar la denuncia presentada por las asociaciones, existiría un más que complejo entramado empresarial que estaría siendo beneficiado tanto de la construcción de vivienda pública, como de su gestión y de su enajenación en la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular desde 1995.
"Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral Empresas, la empresa de la que es consejero el hijo de Aznar, ha mantenido vínculos con las sociedades vinculadas a los miembros del Consejo de Administración de Blackstone", denuncian en conversación telefónica con este medio desde la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil.
Cabe destacar que la investigación realizada por estas dos asociaciones ciudadanas también podría salpicar a Esperanza Aguirre. Según apunta el escrito -aunque admite que no está en condiciones de afirmarlo- la inmobiliaria Aguirre & Newman Madrid S.A., propiedad de Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, podría estar relacionada y mantener vínculos con la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pagó 2,2 millones de euros para "asesoramiento e intermediación inmobiliaria" durante la venta de las 1.890 viviendas.
Esta relación se establecería a través Patricia Sáinz Sanz, gerente única de esta empresa intermediaria, que sería socia, según diversas informaciones, del hermano de Esperanza Aguirre. No obstante, fuentes de la investigación aseguran que este extremo no ha podido ser confirmado, por lo que ruegan a la Udyco que investigue este punto.
Cuando los fondos buitre compraron las viviendas públicas del Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Botella no dudó en señalar que se garantizaría "los contratos y condiciones de los inquilinos actuales". "Lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor, en vez de la EMVS será el nuevo propietario de los inmuebles", aseguraba Botella.
La palabra de Botella, sin embargo, no tuvo ninguna validez. Los inquilinos han denunciado reiteradamente que los precios del alquiler se han incrementado un 41% y que están desahuciando a los vecinos que tienen problemas para pagar su recibido debido a la falta de ingresos en el domicilio.
Asimismo, otra diferencia importante entre los contratos que ofrecía el Ayuntamiento y el que ofrece ahora el fondo de inversión es que los primeros tenían una duración de dos años que se prorrogaba obligatoriamente, siempre y cuando persistieron las condiciones que hicieron al inquilino merecedor de la vivienda pública. Por contra, el contrato del fondo de inversión tiene una duración de un año que se renovará año a año con un máximo de "tres anualidades".
Aznar, citado en el juzgado por decir que el chavismo financió a Podemos
EP
21/05/2015
El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid ha citado este jueves a Podemos y al expresidente del Gobierno José María Aznar para que comparezcan a un acto de conciliación motivado por la demanda que la formación de Pablo Iglesias interpuso contra el exmandatario al considerar que había dañado su honorabilidad.
El expresidente del Gobierno aseguró a mediados de febrero en una entrevista al «Diario Las Américas» que «Podemos es un movimiento político que defiende modelos totalmente autoritarios y postulados populistas y que ha sido financiado, al igual que sus dirigentes, por el régimen de chavismo».
Según denunciaba la formación «morada» en el texto de la demanda, Aznar realizó estas declaraciones con la «determinación» de que éstas «tuvieran la máxima difusión», por lo que «no es posible aceptar, ni siquiera dentro de la más amplia percepción de los límites de la libertad de expresión, la difamación con acusaciones como la de cobrar de un país extranjero».
«Las manifestaciones que hace Aznar en un medio reproducen las falsedades que últimamente vierten una campaña de descrédito hacia Podemos sobre el tema de la financiación ilegal. Consideramos que sólo tienen como objetivo calumniar e injuriar a Podemos y desde luego atentar contra la buena reputación de Podemos», lamentó la responsable del equipo legal de Podemos, Gloria Elizo, tras registrar la demanda de conciliación.
Con esta demanda, Podemos pretende que Aznar se retracte y reconozca «la falsedad» de sus acusaciones y «la intención injuriosa de haberlas vertido públicamente». También piden una indemnización de 100.000 euros por los «daños morales y perjuicios» que ha causado a la «honorabilidad» del partido.
«Se trata de darle la oportunidad al señor Aznar para que rectifique sus palabras», afirmó tras registrar la demanda la secretaria de Análisis Social y Político de Podemos, Carolina Bescansa, que este jueves acudirá junto a Elizo al acto de conciliación con Aznar.
González viajará a Venezuela en junio si se confirma el juicio de Leopoldo López
EP
21/05/2015
El expresidente del Gobierno Felipe González ha avanzado este jueves que, aunque aún es «relativamente incierto», el juicio al opositor venezolano Leopoldo López puede celebrarse a primeros de junio, así que en tal caso será entonces cuando viaje a Venezuela para asistir a la vista oral.
Según ha dicho, está previsto que viajen también a Caracas otras personalidades y expresidentes latinoamericanos, «gente muy probada en luchar por las libertades y con un compromiso democrático muy firme».
En declaraciones a la Cadena Ser, González ha evitado valorar si el Gobierno de Nicolás Maduro ha influido en que se retrase el juicio a López, previsto inicialmente para esta semana. Eso sí, cree que Maduro hizo una reflexión «un poco absurda» cuando le reprochó que planeara viajar a Venezuela en plena campaña electoral española. «Ya dije que nosotros no habíamos señalado la vista», ha respondido.
El expresidente ha relatado que tanto López como el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, «lo están pasando mal». En concreto, ha relatado que López —que lleva más de un año en prisión— no puede recibir últimamente ni visitas de su mujer en la prisión militar de Ramo Verde. «No sé por qué está en este castigo, que es un poco absurdo, por encima de la situación de preso político», se ha lamentado.
En cuanto a Ledezma, ha relatado que después de pasar por una operación se encuentra en arresto domiciliario, con su casa «tomada por los servicios de inteligencia» y sin que pueda entrar o salir nadie.
Por otro lado, González ha dicho no tener información sobre las investigaciones de fiscalías estadounidenses por presunto tráfico de drogas a varios altos cargos venezolanos —encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello— y ha dejado claro que él respeta la presunción de inocencia, «cosa que ellos no hacen cada día».
A su juicio, es normal que el Gobierno venezolano haya reaccionado, aunque cree que la reacción debería ser abrir su propia investigación para saber qué hay de cierto en esas sospechas.
González ha insistido en su llamamiento al diálogo entre Gobierno y oposición para resolver la actual situación de «gravísima crisis económica» y de seguridad, unida a la «campaña» contra los medios que tienen libertad, que vive el país.
 | El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus. |
