From: Equipo Nizkor
Mex - Es sistematico el asesinato y desaparicion de periodistas
Mex - La persecución sistemática, asesinatos y desapariciones de periodistas afecta a la libertad de pensamiento y a las libertades civiles sin que exista una acción gubernamental acorde a la gravedad de la situación.
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En México, 103 periodistas han sido asesinados de 2000 a 2015. Veracruz y Chihuahua destacan como las entidades con mayor número de homicidios de comunicadores, con 16 cada uno. El año con el más número de casos fue 2010, cuando se reportaron 13 decesos. En Veracruz, el incremento se concentra de 2010 a la fecha, durante la gestión del gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa. De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de la República (PGR), durante su mandato se reportaron tres homicidios en 2013, cinco en 2012, uno más en 2014, más los ocurridos este año. Sin embargo, medios nacionales y locales han dado cuenta de un mayor número de casos. Durante la administración de Duarte Ochoa se contabilizan 14 comunicadores asesinados y cinco desaparecidos. Algunos de los casos son los de Armando Saldaña Morales, localizado sin vida en mayo pasado en Cosolapa, Oaxaca, municipio que colinda con Veracruz; el de Octavio Rojas Hernández, corresponsal de El Buen Tono, periódico local, que fue ultimado el 11 de agosto de 2014 y su cuerpo también fue hallado en Cosolapa. También están los de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión; Noel López Olguín, colaborador de los semanarios locales Horizonte y Noticias de Acayucan; Miguel Ángel López Velasco, del diario Notiver, asesinado el 20 de junio de 2011 junto con su esposa y su hijo; Misael López Solana, fotógrafo de Notiver e hijo de López Velasco. Además Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, asesinada en julio de 2011; Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Xalapa, cuyo cuerpo se localizó el 28 abril de 2012 en su domicilio; Guillermo Luna Varela, agencia fotográfica Veracruz News, y Gabriel Huge Córdova, de Veracruz News. Esteban Rodríguez, fotógrafo del diario AZ de Veracruz; Víctor Manuel Báez Chino, reportero y editor de la sección policiaca de Milenio, El Portal de Veracruz; Juan Mendoza, de El Dictamen, y Gregorio Jiménez, reportero de Notisur y Liberal del Sur. De acuerdo con el informe estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, hasta junio pasado la región sureste del país, que incluye a Veracruz, Guerrero -el tercer estado con más periodistas asesinados-, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, reportaba la tasa más alta de homicidios, con 36 casos, lo que corresponde a 34.9 por ciento de las muertes. En cuanto al número de periodistas desaparecidos, suman más de una veintena, que alcanzó los 25 casos, de acuerdo con la fiscalía especial, y 23 conforme a los registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las entidades con mayor número de periodistas desaparecidos son Veracruz, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila.
[Fuente: La Jornada, México DF, 02ago15]
Pese al presupuesto millonario asignado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la Procuraduría General de la República (PGR), este año sólo destaca tres "acciones relevantes" a nivel nacional, una para Veracruz, la cual no responde a las demandas en la gestión de Javier Duarte a los ataques perpetrados contra la prensa. Si bien los presupuestos totales asignados a la Fiscalía en los últimos cinco años son: 695 mil 419 pesos (2010), 636 mil 740 pesos (2011), 3 millones de pesos (2012), 38 millones 84 mil 788 pesos (2013), 39 millones 13 mil 777 (2014), 28 millones 891 mil 583 pesos (2015), además de lo contemplado para comisiones ministeriales, las acciones de dicha instancia dejan que desear. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) ha advertido del fuerte déficit que tiene el Estado mexicano en ofrecer resultados en las investigaciones de las agresiones sufridas por periodistas, esto se refleja, para empezar, en que a la Feadle se le redujo 25.94 por ciento de recursos para este año. Previamente, el IMDHD acusó que "el destino de los recursos para 2015 permite decir que los derechos humanos no son una prioridad para la política gubernamental. Sí lo es la seguridad, pero no bajo una perspectiva de seguridad ciudadana, donde las personas y sus derechos son el centro y el parámetro, sino bajo el viejo enfoque de seguridad pública donde el Estado -es decir la clase política y sus intereses- es lo que se debe proteger". De este modo sólo son tres las "acciones relevantes" de la Feadle presume en su página al octavo mes de 2015, una de ellas en Veracruz. La Fiscalía expone que el 29 de abril de 2015 se consignó la indagatoria 22/FEADLE/2015 por los delitos de portación de arma de fuego exclusivo del Ejército, armada o fuerza aérea, relacionado con los hechos de privación ilegal de la libertad y posterior homicidio del reportero del semanario La Unión de Medellín. Indica que dicho expediente le tocó conocer al Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Mixta en el estado de Veracruz, pendiente en librar orden de aprehensión. Asimismo, en 2014 la PGR enlistó 12 acciones, de las cuales la décima corresponde a Veracruz: el 29 de noviembre de 2014, dentro de la averiguación previa 056/FEADLE/2014, se ejerció acción penal en contra de dos policías municipales de Tancoco, como probables responsables del delito de abuso de autoridad agravado, cometido en contra de un periodista del diario Presente, de la ciudad de Poza Rica, cuando éste se encontraba voceando y vendiendo dicho medio de comunicación. Esta consignación fue manejada por el Juzgado Octavo de Distrito en el estado, con residencia en Tuxpan, Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión en la causa penal 84/2014, determinando el 16 de diciembre de 2014, librar la orden de aprehensión solicitada. Sobre esta aclara que fue "información que se obtuvo de manera particular y sólo en el caso de interés, derivado del seguimiento que fue realizado al caso en concreto por la Subdirección de Averiguaciones Previas perteneciente a esta Unidad Administrativa; lo anterior, en razón a no contar con un área especializada de registro, control y seguimiento a proceso". En ambos años refiere que "con estas acciones la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, ratifica su compromiso de hacer valer el Estado de Derecho y dará puntual seguimiento a las investigaciones de los delitos cometidos contra algún periodista, persona o instalación, que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta". Sin embargo, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, (Cepad); Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios (CAUSA); Centro de Análisis e Investigación (Fundar); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Propuesta Cívica; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos", (RED TDT) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) han denunciado y documentado la ineficacia del Estado Mexicano y los mecanismos locales para brindar justicia sin que se ejerzan nuevas medidas. Estas organizaciones, agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social en México, señalan en el informe "Derechos Humanos y Protesta Social en México" que la criminalización de las manifestaciones va de la mano con el abuso y la violencia ejercida contra los medios de comunicación. "La finalidad de los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas que cubren las protestas radica en la reprobación que los cuerpos de seguridad tienen hacia quienes documentan los actos de violaciones a derechos humanos, pues generan materiales en su mayoría audiovisuales que posteriormente son usados para presentar quejas o denuncias por violaciones a derechos humanos", señalan. Su reporte advierte de la brutalidad policiaca en el desalojo de la plaza Lerdo de Tejada, acontecimiento que el fotoperiodista Rubén Espinosa (quien fue identificado sin vida el día de antier en la colonia Narvarte de la Ciudad de México) se encontraba cubriendo y por la cual presentó una denuncia contra la administración de Javier Duarte. Estos aciagos antecedentes de agresión policiaca, y las amenazas que lo condujeron al autoexilio, fueron la antesala de su homicidio, y aun cuando el día de ayer la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) confirmó que las víctimas estaban marcadas por "una herida en la cabeza por disparo de arma de fuego", es decir que presentaban el tiro de gracia, la PGR informó que la Feadle no atraerá el caso, únicamente abrió un acta circunstanciada y dará seguimiento hasta que, de ser necesario, la autoridad local dé parte. Según el informe estadístico, al 30 de junio de 2015 la Feadle registró nueve averiguaciones previas en Veracruz, colocándolo en el primer puesto a escala nacional; Distrito Federal (DF) le sigue con ocho; y Estado de México en tercer lugar con siete. Durante 2015 la Feadle no atrajo (con motivo de la entrada en vigor de la reforma a la ley secundaria, reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 constitucional) ningún delito de Veracruz cometido contra periodistas relacionado con amenazas, abuso de autoridad, daño en propiedad ajena, homicidio, lesiones, privación ilegal de la libertad, robo, tentativa de hurto o tentativa de homicidio. En México existen más de 17 leyes generales promulgadas para la protección de los periodistas, apoyadas en tres leyes orgánicas, cuatro códigos, siete reglamentos y 16 convenios internacionales, no obstante los resultados están sobre la mesa: Rubén Espinosa, la última víctima, es la prueba de que la aplicación de los instrumentos que garantizan la seguridad de los comunicadores no funcionan. Arrebatan libertad con asesinatos Con cada comunicador asesinado en el país, se transgrede cada vez más la libertad de la propia ciudadanía; Veracruz es el peor lugar de la República para ejercer el periodismo, a los veracruzanos se nos subyuga y esclaviza ante la privación del derecho a estar informado. El punto 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, "así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada". La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte. El artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado". Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo de los periodistas o comunicadores deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares. Apenas el mes de abril el organismo Freedom House colocó a México en su informe anual entre los países "no libres" de un total de 190 naciones evaluadas, por el contexto de coacción y violencia sistemática contra la prensa. Con todo, Rubén Espinosa, compañero y amigo de La Jornada Veracruz, ya no está con nosotros y hoy se suma a la lista de sangre e impunidad que prevalece en la entidad, por lo que sociedad y medios de comunicación urgen a las autoridades federales atraer su caso y frenar la ola de atropellos perpetuados ante la indiferencia.
[Fuente: La Jornada de Veracruz, Veracruz, 03ago15]
"¿Están todos bien?", preguntó Indalecio a sus cuatro hijos. Diego, el mayor de 12 años, no contestó. Recibió parte de las balas que iban dirigidas a su padre, fundador de una estación de radio comunitaria en el municipio de Luvianos, Estado de México. Indalecio Benítez no recibió ninguna amenaza previa al atentado que sufrió el 2 de agosto de 2014, pero la barra de programación de su estación de radio incluía un noticiario en el que denunció los abusos de los policías del Estado de México y señaló actividades del crimen organizado. Luvianos, su tierra natal, conocida como "el triángulo de las brechas", separa al Estado de México de Michoacán y Guerrero. Al regresar a su casa después de cenar antojitos mexicanos, vio a hombres encapuchados salir del inmueble: "Le dije a mis hijos, 'agáchense, nos van a atacar'. Y los tres que iban atrás se agacharon. Yo le di el acelerón al coche y escuché los disparos. Se escuchó como hueco; eso fue todo. Me doy a la fuga y me interno en la Marina [retén más cercano a su casa]. Les preguntó: '¿Vamos bien?', y me dicen 'sí'. Pero nunca me concentré en mi otro hijo. Y al llegar a la Marina me dice uno: 'Papá, Dieguito se desmayó'. Bajo y lo agarro, y me percato que está muerto", recuerda. Después del entierro de su hijo, Indalecio Benítez y su familia se refugiaron con su propio dinero en la ciudad de México. Buscaron ayuda de distintas organizaciones no gubernamentales (ONG), las cuales lo representaron para obtener posteriormente la protección de la Secretaría de Gobernación (Segob). Él es uno de los cinco periodistas que vive "en el exilio" y bajo la cobertura del llamado Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, operado por la dependencia federal. De 2012 a la fecha, la Segob ha atendido 172 solicitudes de periodistas para obtener dicha protección. En lo que va de este año [enero a julio] 41 se inscribieron al mecanismo. En 2012, únicamente cuatro personas solicitaron la protección, pues la ley que creó el instrumento era reciente. En 2013 se registraron 54 solicitudes y en 2014 fueron 73 . El reporte más reciente del mecanismo muestra que hay cinco periodistas y sus familias trasladados de su estado natal al DF. De los cinco, dos son originarios de Veracruz, uno del Estado de México; otro de Guerrero y uno más de Baja California. Sin embargo, existe una cifra negra, porque la mayoría de los reporteros determinan no solicitar la ayuda de Segob y sólo reportan su caso a distintas ONG o tramitan una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o ante los organismos locales. Precisamente, datos de la CNDH públicos en la Recomendación general no. 20 sobre agravios contra periodistas en México y la impunidad imperante, muestran que los ataques contra este gremio aumentaron 700% entre 2000 y 2013, al pasar de 13 a 98 casos documentados por este organismo. Y calcula un índice de impunidad de 81% en las investigaciones relacionadas con la agenda de la libertad de expresión. Tensión en el gremio l reciente asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa en el DF, días después de que señaló públicamente al gobierno de Javier Duarte por presionar y amenazar a periodistas críticos, generó "mucha tensión" entre representantes de medios de comunicación inscritos en el mecanismo de la Segob y otros refugiados en la capital con ayuda de las ONG. La coordinadora ejecutiva nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, Sara Irene Herrerías Guerra, confirmó que la muerte de Espinosa despertó la preocupación de los periodistas veracruzanos en la capital. "El fin de semana, ellos mismos nos buscaron [los periodistas de Veracruz radicados en el DF]. Además, estuve en contacto con otros casos y con la CNDH y la Comisión del DF. Todos estamos avocados en ello (atendiendo esta preocupación), y estamos trabajando en conjunto", explicó la funcionaria. Distintas ONG --integradas en Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio_ OSC)-- estiman que hay 48 periodistas "desplazados" de su lugar de origen, y de éstos, al menos nueve veracruzanos que habían sido trasladados al DF como medida de seguridad pidieron ser reubicados nuevamente por el temor de ser encontrados. Esta cifra es independiente a los cinco casos de exilio que opera Segob. Las organizaciones trabajan programas de apoyo que incluyen atención sicológica, registro en redes de apoyo, instalación de cámaras y plan de reacción inmediata. Como Indalecio Benítez, quienes solicitan formalmente protección de la Segob o de una ONG, ejercen la actividad del periodismo y algunos también la defensa de derechos humanos. El principio jurídico bajo el que son protegidos es la defensa del derecho a la libertad de expresión en todas sus dimensiones. Los registros de Gobernación muestran que Guerrero, Veracruz, Estado de México, Oaxaca y Chiapas concentran el mayor número de reporteros en riesgo. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez (PRD), quien representa a la Cámara Alta en la Junta de Gobierno del Mecanismo operado por Gobernación, identificó la "impunidad" y la complacencia de los gobernadores como los mayores obstáculos para garantizar la seguridad de los representantes de medios. "La policía estatal está coludida. Hay algunos gobiernos estatales que actúan con una cínica --es una expresión dura, pero exacta--, con una cínica actitud de que no les importa lo que estén sufriendo los periodistas y defensores de derechos humanos, porque están actuando de manera reactiva frente a la omisión o frente a la posible comisión de posibles delitos", comentó De la Peña. En México, el crimen organizado no es la única amenaza para los periodistas. Se estima que 48% de las amenazas y presiones provienen de autoridades de los tres órdenes de gobierno, según Espacio_OSC. "El mecanismo siempre está en una situación reactiva, y lo que tenemos que buscar es que resuelva un problema, pero también que se prevengan más casos, y eso no lo estamos logrando. ¿Por qué? Por la impunidad que permanece en las entidades: gobernadores que no controlan, presidentes municipales que muchas veces están involucrados, o gobernadores que actúan con aquiescencia", dijo. Ninguna sentencia condenatoria Del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013 se integraron en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH 842 expedientes de queja relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de periodistas y medios de comunicación. La recomendación general número 20, emitida en 2013 y la más reciente sobre el tema, reporta en ese mismo periodo el asesinato de 85 periodistas, presumiblemente, por razón de su trabajo, y al corte de la revisión se había detectado la desaparición de 20, así como 40 atentados a instalaciones de distintos medios de comunicación, hechos ocurridos en 24 entidades. En el Segundo diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, elaborado por Espacio_OSC, advierte que "las amenazas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores rara vez son investigados efectivamente por autoridades federales y estatales, lo que genera un ambiente de impunidad que favorece la repetición de los ataques y ponen en entredicho la voluntad política del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones". Al respecto, Alan Mayo Flota, coordinador jurídico de la organización Propuesta Cívica, que participa en el mecanismo de protección federal y que concentra el mayor número de casos de defensoría legal de periodistas en riesgo, explicó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) requiere más personal y presupuesto. Al 30 de abril de 2015, la FEADLE inició 690 averiguaciones previas, de las cuales se derivaron consignaciones en 78 casos, sin que a la fecha exista reporte de alguna sentencia condenatoria. Esta fiscalía trabaja con 12 agentes del Ministerio Público para los casi 700 expedientes en la República y con un presupuesto anual de apenas 30 millones de pesos. La fiscalía detectó que el sureste de México, principalmente Veracruz y Oaxaca, es la región con mayor riesgo para ejercer la libertad de expresión, al concentrar 35% de los homicidios de periodistas ocurridos entre 2000 y 2015. Mayo Flota identificó como ambientes adversos para el trabajo de los periodistas las coberturas de manifestaciones, marchas, mítines o plantones y las actividades de las fuerzas de seguridad pública. La legisladora perredista De la Peña alertó que es necesario articular nuevas acciones, porque ahora al dictar una medida como trasladar a las personas en riesgo de una ciudad a otra tiene como consecuencia eliminar su participación y su actividad en su entorno y esto da como resultado que quienes lo amenazan logren el objetivo de "acallar" su voz. Tengo sed de justicia Indalecio acepta hablar públicamente: "No les tengo miedo", dice. Actualmente colabora en una revista de corte político y ha logrado que en Luvianos, jóvenes de la comunidad mantengan al aire la estación de radio. "Yo perdono a los que me hicieron esto porque mi creencia religiosa y la herencia de mis padres me han enseñado que para que mi hijo pueda descansar se requiere el perdón. Pero eso no quiere decir que no tenga sed justicia. Voy a buscar la justicia".
[Fuente: Por Elena Michel, El Universal, México DF, 08ago15]
Registro de homicidios de periodistas
Enero de 2000 al 30 de junio de 2015
1. Comunicado de Prensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Registro de homicidios de periodistas por entidad federativa y año
Enero de 2000 al 30 de junio de 2015
Este informe recoge información estadística sobre los homicidios de periodistas entre el año 2000 y el 30 de junio de 2015. Su texto completo se encuentra disponible en: http://www.derechos.org/nizkor/mexico/doc/periodistas33.html Ojos inyectados. Mirada extraviada. Labios entreabiertos. Orejas para atrás igual que las aguzan los perros al acecho. El ceño adusto tras las gafas y una gorra de policía. Las lonjas colgadas sobre el cinturón. Los botones de la camisa con su nombre bordado amenazan con salir disparados. La foto de Rubén Espinosa Becerril resultó implacable con el Gobernador veracruzano. Javier Duarte retratado de pies a cabeza: autoritaro, rencoroso, desconfiado, rabioso, felón.
En interiores un reportaje sobre los homicidios de periodistas en Veracruz y las complicidades de los funcionarios para no esclarecerlos; otro para el tercer aniversario del asesinato de Regina Martínez, impune; y uno más de priistas que van por la vida lanzando incienso al duartismo. Imágenes con técnica y composición para ilustrar los reportajes que describieron la miseria, la tragedia y la corrupción campante en Veracruz. Pero ni una como la de Rubén Espinosa. Por eso ganó la portada. Don Manuel Buendía -asesinado por la espalda durante sexenio de Miguel de la Madrid- decía que la crítica no molestaba tanto a los poderosos, como dejarlos al desnudo con ironía y un refinado sentido del humor. Así lo hizo Rubén Espinosa en Proceso 1946; pero con la lente.
Proceso 1946 arribó a Xalapa y Veracruz tal vez el sábado por la tarde para que estuviera circulando el domingo tempranito; pero grupos de personas, jóvenes ante todo, en coches particulares y camionetas, comenzaron a comprarlas por montón. "Me da la Proceso donde sale Duarte Gordo" se preguntaba en los estanquillos, "ya no hay, se las llevaron todas", decían los voceadores, y así en cada puesto Proceso había sido "levantada". Circuló en menor medida en los restaurantes de cadena en donde habitualmente se vende. El operativo contra la revista no era novedad: Durante el sexenio pasado se recogían por pilas cuando publicaban reportajes contra Fidel Herrera Beltrán. También pasó cuando el Cártel de Jalisco Nueva Generación dio muerte y abandonó los cadáveres de más de 30 personas en la vía pública, en Boca del Río. Con la portada de la Proceso 1946 Rubén Espinosa quedó en la mira. Habrían de venir otras agresiones, el acoso desde el Palacio de Gobierno por medio de una horda de orejas. Tenían consigna. Le tomaban fotos en las protestas y ruedas de prensa de quienes exigían justicia o denunciaban algún abuso desde el poder. A principios de junio pasado resultó agredido física y verbalmente por encapuchados que aprovecharon para hacer desmanes en Xalapa durante una marcha de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) tras la golpiza a ocho alumnos, a la sazón de las elecciones federales pasadas. A Rubén Espinosa lo encaran los "anarquistas", tapados de la cara, le increpan y empujan. En 2013 la vio cerca durante el desalojo violento por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a maestros que protestaban en Plaza Lerdo o Regina contra la Reforma de Educativa. Duarte necesitaba la plaza despejada para celebrar, con acarreados de la periferia, el Grito de Independencia, y un baile con la banda El Recodo. Apasionado de las protestas ciudadanas y de las causas sociales, se había enterado del posible desalojo y se fue a la plaza para aguardar. A la una AM, policía acreditable ingresaba por docenas y en cuestión de minutos corrieron a todos. Rubén tomó las fotos y de inmediato se marchó a su casa para guarecerse. En el camino fue interceptado por policías que le exigieron borrar las imágenes. Después de eso se desapareció durante varias horas, perdió el teléfono y no había comunicación. Los amigos le buscaron con denuedo pues lo pesaban detenido en las masmorras de Arturo Bermúdez, en San José, junto a maestros reprimidos. Horas después apareció con bien y sobre todo con varias fotos en las cuales se miraba a los policías armados con toletes eléctricos y con los cuales aporrearon a los mentores. Rubén Espinosa documentó una de las peores noches para los movimientos sociales en Veracruz, pues la golpiza la recibieron los maestros y docenas de jóvenes identificados con la causa que también estaban en la resistencia. Duarte no dudó en madrear a dos generaciones distintas. Su muerte, un golpe más duro para esas nuevas generaciones que admiraban su trabajo y prácticamente le tenían como un símbolo. "Las protestas eran su especialidad", cuenta Aarón Gaona, quien recuerda que Rubén Espinosa Becerril era originario del Distrito Federal (Tacubaya) y llegó a Veracruz en 2009 con otro equipo de profesionales para trabajar en el portal Elgolfo.info, propiedad de José Othón González Ruiz, que manejaba una línea a favor del gobernante en turno. Al tiempo, Rubén Espinosa sale de El Golfo y comienza a definirse por las causas sociales y las manifestaciones, "yo creo que porque venía de una familia de trabajo. No le gustaba mucho seguir órdenes. Las hacía; pero siempre buscó hacer lo que a él le gustaba, su forma de ser era medio irreverente. El clásico chilango que va a la provincia con sus ondas muy marcadas". "Como fotógrafo era bueno. Buscaba mucho tener una buena composición. Nunca era egoísta con lo que sabía" define. No había protesta o demanda social en Veracruz, o manifestación en Xalapa, que no haya documentado desde su salida de El Golfo para trabajar en medios como Multigráfica, AVC Noticias y APRO. Araceli González, de Colectivo por la Paz, donde se agremian madres que buscan a sus hijos desaparecidos en situaciones de violencia, lo describe como un tipo convencido de la realidad de Veracruz y que eso lo llevaba en sus valores. Raro era verle siguiendo al gobernante. Rubén Espinosa "se identificaba con esa indignación porque buscaba cambios desde el trabajo que hacia; le indignaba la inseguridad, la violencia las injusticias". "Siempre era amable. En las manifestaciones o conferencias de prensa nos saludábamos. Tomaba fotos y se iba", cuenta la también encargada de la organización Equifonia, en pro de los derechos de mujer. Gabriela Martínez, promotora de los derechos de los animales, lo ubica como "una de las personas más auténticas que he conocido. Era uno de los pocos periodistas que entendían las causas, las luchas sociales. Era muy objetivo y sus pensamientos eran filosofía pura". "Era una piedrota en el zapato", define. Rubén Espinosa Becerril fue encontrado sin vida en un departamento de la colonia Narvarte. En la escena había también cuatro víctimas más, mujeres, maniatados de pies y manos con cinta. Con señales de tortura y disparos de arma de fuego. Rubén Espinosa se exilió de Veracruz porque era acosado por desconocidos. Sintió miedo después de que sujetos sospechosos daban cuenta de sus pasos al trabajo, casa y amigos. Esto comenzó luego de sus acciones, con otros periodistas, para cambiar el nombre a la plaza Lerdo a Plaza Regina Martínez -también corresponsal de Proceso-. La placa con el nombre de Regina fue retirada horas después de su colocación por parte de periodistas. Los reporteros la compraron nueva y la montaron otra vez. Rubén Espinosa tomó cemento blanco para fijar el trozo de metal a la escalinata, pero ni así la respetaron y a los pocos días la sustrajeron. Después de ese evento lo comenzaron a seguir desconocidos. Por eso se marchó al DF, desde donde sentenció: "La muerte escogió a Veracruz como su casa y allí decidió vivir". En abril de 2013, la directiva de Proceso, la revista en donde colaboraba Rubén Espinosa, denunció la existencia de un plan tramado desde Veracruz para que un grupo de policías de ese estado viajaran al DF a ejecutar acciones hostiles contra Jorge Carrasco, quien estaba asignado por la revista para investigar el homicidio de Regina Martínez dentro de las propias pesquisas del semanario. El plan contemplaba ubicarlo, acopiar información personal y emprender acciones hostiles en su contra. La denuncia de Proceso fue retomada por organismos internacionales defensores de los derechos humanos y se brindó seguridad inmediata al periodista. Carrasco se tuvo que exiliar del país un tiempo y hasta la fecha sigue bajo resguardo. En este tenor, el fin de Rubén Espinosa hace preguntarse a muchos periodistas por la posibilidad de que el poder hubiera retomado ese plan para adaptarlo al fotógrafo asesinado en la Colonia Narvarte.
[Fuente: Sin Embargo, Provincia, México DF, 03ago15]
Este ensayo fue escrito hace poco más de dos semanas, para la versión impresa de agosto, cuando aún no ocurría el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres. En esta revisión sobre aciago gobierno de Javier Duarte se hace mención al autoexilio de Espinosa Becerril. Esta casa editorial informará oportunamente, sin sesgos informativos, cómo van las investigaciones, que esperamos que las autoridades ofrezcan pronto. El 1 de diciembre de 2015, Javier Duarte de Ochoa cumplirá cinco años como gobernador del estado.
El grupo político al que pertenece Duarte ha depauperado al estado durante la última década sin que existan visos de que habrá justicia en algún momento. La impunidad en Veracruz es gigantesca, descarada y dolorosa. A su amparo, varios funcionarios y exfuncionarios de la anterior y la actual administración se han enriquecido brutalmente. Algunos acaparan la prestación de servicios para el gobierno. Otros se convirtieron, de la noche a la mañana, en magnates de los medios de comunicación. Todos, se mudaron a vivir a residencias faraónicas. En medio de esto, Veracruz no crece, vive en el atraso a pesar de contar con riquezas naturales como ninguna otra entidad de la República Mexicana. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social federal, 52% de la población vive en condiciones de pobreza laboral y 1.1 millones vive en pobreza extrema. El 25.8% está en condiciones de rezago educativo, 25.7% no tiene acceso a servicios de salud y 68.5% no cuenta con seguridad social. Dos millones 218 mil 900 habitantes del estado presentan carencias por acceso a la alimentación. Ese es apenas un atisbo de la realidad de un estado que ha sido saqueado por sus gobernantes, y que con Javier Duarte, llegó niveles extremos de opacidad, disposición arbitraria de recursos y malversación, que tienen a la entidad en la quiebra, con graves problemas para cubrir su propia nómina cada quincena y que incluso ha cometido ultrajes al nivel de retener sus pensiones a los trabajadores jubilados. Duarte ha hecho de la felonía un "arte" macabro. Y lo aplica hasta a sus mismos correligionarios, a quienes con la mano en la cintura ha traicionado incumpliendo acuerdos en aras de mantener en el poder al grupo al que pertenece, que es comandado por su antecesor, Fidel Herrera Beltrán. Convertido en un dictadorzuelo, Duarte de Ocho ha pretendido controlarlo todo, restringir todo. Y para ello no ha dudado en torcer la ley y en intentar enmendarla a su antojo y conveniencia. Reformó la Constitución del Estado para reducir la próxima gubernatura a un periodo de dos años, en los que la entidad vivirá una parálisis aún mayor que la actual ante la ausencia de certidumbre para cualquier inversionista. Intentó criminalizar a las redes sociales y sus usuarios acusándolos de terroristas, y más recientemente, los calificó como "tóxicos". Y para enderezar una venganza personal contra una periodista crítica de su gestión, le aplicó todo el poder del Estado y la mantuvo en prisión durante nueve meses de manera arbitraria e ilegal. Difícilmente alguien podrá disputarle a Javier Duarte un título que desde ahora le pertenece solamente a él. Es el peor gobernador de la historia de Veracruz. I.- El estado de los "frutsis y pingüinos" El 15 de octubre de 2014, el gobernador declaró a los reporteros que en el estado "antes se hablaba de balaceras, de asesinatos, de participación de la delincuencia organizada. Y hoy hablamos de robos a negocios, a que se robaron un frutsi y unos pingüinos en un Oxxo. Es parte de la dinámica que hemos venido fortaleciendo, hemos avanzado de manera significativa". Con este burdo comparativo, Duarte quiso explicar que se había registrado una baja en los índices de inseguridad que asolaron de manera sangrienta a Veracruz los primeros tres años de su administración, cuando la disputa entre los cárteles de la droga lo convirtió en un campo de guerra. El capítulo más espeluznante de aquellos días fue el del 20 de septiembre de 2011, cuando sicarios del cártel "Jalisco Nueva Generación" arrojaron 35 cadáveres de presuntos "Zetas" en una de las principales avenidas de Boca del Río, mientras cerca de ahí se celebraba una reunión nacional de procuradores de justicia. La infiltración de la delincuencia organizada no era algo nuevo. Se comenzó a sentir desde la administración de Miguel Alemán Velasco. Incluso un capo de mediana fuerza, Albino Quintero Meraz, vivía en Costa de Oro, en el mismo fraccionamiento de lujo que el entonces mandatario, y donde fue aprehendido por el ejército. Pero fue en el sexenio siguiente, el de Fidel Herrera Beltrán, cuando el narcotráfico se apoderó de Veracruz y comenzaron los secuestros, las extorsiones, el pago de derecho de piso y, por supuesto, la proliferación de estupefacientes. Amplias franjas del estado de pronto se convirtieron en tierra de nadie, en territorios controlados por los grupos delincuenciales, que se dieron el lujo de instalar antenas clandestinas de radiocomunicación, a los ojos de las autoridades, que fueron, al menos, omisas. La violencia se disparó desde 3 de marzo de 2007, cuando una carrera de caballos celebrada en Villarín -una congregación del puerto de Veracruz- terminó en una balacera en la que cayó abatido uno de los líderes del cártel de los "Zetas", Efraín Teodoro Torres, alias el "Zeta 14". En esa misma carrera participaron caballos del empresario tuxpeño Francisco Colorado, preso actualmente en una cárcel de Texas por lavar dinero para el cártel de "Los Zetas" a través de la compra de caballos pura sangre, y quien ha sido señalado como financiero de las campañas a la gubernatura de Fidel Herrera y Javier Duarte. Las balaceras comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Pero cuando comenzó la administración de Duarte salieron de control. A plena luz del día, los sicarios se enfrentaban entre sí o contra la policía, que resultó estar infiltrada por los grupos criminales. Ante su incapacidad manifiesta para hacer frente a la escalada de violencia, Javier Duarte le entregó al Gobierno Federal -en ese entonces todavía en el sexenio de Felipe Calderón- la responsabilidad de la seguridad en el estado, que en un abrir y cerrar de ojos, se militarizó. El empoderamiento de Arturo Bermúdez Si hay un funcionario poderoso en Veracruz, ese es Arturo Bermúdez Zurita. Al grado de que el propio Javier Duarte ha llegado a declarar que primero se va él del gobierno, que su subalterno. La carrera pública de Bermúdez tomó vuelo en el sexenio de Miguel Alemán, en el que fungió como secretario particular del subsecretario de Finanzas y Planeación, Sergio Maya Alemán, sobrino del gobernador. Bermúdez dio el salto al gobierno de Fidel Herrera y ahí se desempeñó como director del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), la oficina de inteligencia del gobierno estatal. Inició la administración de Javier Duarte como subsecretario de Seguridad Pública, hasta que el titular de la dependencia, el general Sergio López Esquer, renuncia tras ser víctima de un atentado perpetrado por un grupo armado, en julio de 2011. A partir de ese momento, Bermúdez Zurita se empodera. Es el único inamovible. Tanto por agradecimiento -impidió el secuestro de los hijos del gobernador cuando estos salían de la escuela, a punta de pistola y con un saldo indeterminado de muertos-, como por el nivel de información que posee. Por recomendación suya, Duarte desmanteló a varias de las corporaciones policíacas municipales por su colusión con las bandas criminales. En su lugar, se creó primero la Policía Estatal Acreditable, y más recientemente la Fuerza Civil de Veracruz, un grupo de élite cuyas funciones duplicarían las de su entidad hermana. Pero la inseguridad no mengua. El operativo Veracruz Seguro, la instalación del Mando Único con elementos castrenses y los "blindajes" de las principales ciudades del norte, centro y sur del estado no han apaciguado la violencia, osea los secuestros, extorsiones y amenazas. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2014, en Veracruz se reportaron 957 homicidios con averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas; 142 secuestros y 216 extorsiones. De enero a mayo de 2015, la incidencia delictiva fue de 19 mil 497 presuntos delitos. Esos son los casos denunciados. Los que no se hacen del conocimiento de las autoridades pueden llegar a duplicarse. Escuela del crimen Tras una solicitud de información dirigida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública bajo el folio 2210300038515, en la que se requirió la relación de policías evaluados, aprobados y reprobados del estado de Veracruz y sus municipios, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación dio a conocer que de enero de 2010 a diciembre de 2014 fueron evaluados 19 mil 332 policías estatales. Pero los resultados de la evaluación hablan por sí solos. Del total de elementos policiacos estatales examinados, siete mil 786 reprobaron. Y en el caso de los policías municipales, de seis mil 458 evaluados, dos mil 663 han reprobado. De un total de 25 mil 790 elementos de las corporaciones de seguridad pública en Veracruz, a 10 mil 449 se les han negado los certificados de control de confianza. Solamente 59.48% del total de los policías de Veracruz han logrado pasar los exámenes correspondientes. Por ello no extraña que existan una gran cantidad de denuncias en las que se señala a los policías como responsables de cometer delitos incluidos el secuestro, la desaparición forzada y el homicidio. De acuerdo con el organismo no gubernamental Colectivo por la Paz Xalapa, de enero a agosto de 2013 se documentó que 40 personas fueron "levantadas" por elementos policiacos en ciudades como Veracruz, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. Un caso emblemático del proceder de la policía veracruzana es el del participante del concurso televisivo "La Voz México", Gibrán Martiz, quien en enero de 2014 fue sacado de su domicilio a la fuerza por policías estatales junto con un menor de edad que se encontraba con él. Ambos aparecieron muertos dos semanas después, con signos de tortura y armas "sembradas" junto a los cadáveres. El 10 de junio de 2015, la CNDH emitió una recomendación al gobernador a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado por la "detención arbitraria, desaparición forzada y una inadecuada procuración de justicia" en este caso. En una entrevista vía Skype para el programa de televisión por Internet Medios con M, concedida a la periodista Eirinet Gómez, el padre del malogrado cantante, Efraín Martiz, acusó a los policías que detuvieron a su hijo y a otros dos jóvenes de haberlos asesinado. Uno de los jóvenes, José Eduardo de la Cruz Caballero, quien permanece en calidad de desaparecido, "parece que se metió con el hijastro del secretario de Seguridad Arturo Bermúdez, por un tema de pleito de cantina. Este muchacho le da un aventón a mi hijo para ir al estudio, y en el trayecto del departamento al estudio, lo paran, porque ya le habían reconocido el carro, y ahí es donde comienza toda esta historia", manifestó Efraín Martiz, quiendebió abandonar el país al temer por su integridad física. "Así me lo dijeron gente de la misma policía, señor, no iban contra su hijo, iban contra el otro muchacho que ya traía problemas con el secretario, pero desgraciadamente su hijo vio cuando lo mataron y como ellos no quieren testigos, pues su hijo, lamentablemente, y el otro menor, tuvieron que también matarlos (sic). Así me lo dijeron'", afirmó Efraín Martiz, quien agregó que vía geolocalización, comprobaron que el teléfono móvil de Gibrán estuvo en la Academia de Policía de "El Lencero". Cortado con la misma tijera que su jefe, amigo y protector, Arturo Bermúdez, cuestionado en el sur de Veracruz sobre la creciente ola de inseguridad, respondió con otra frase que se volverá emblemática de esta administración y que los muestra tal como son: "debemos hacer una acción nosotros de inversión en un candado, en una alarma, que ahora son muy baratas, tener hasta un perro que pueda acreditar la seguridad de la casa". Por cierto, uno de los múltiples negocios particulares de Arturo Bermúdez es el de la venta de alarmas. II.- Duarte a los periodistas: "pórtense bien" "Pórtense bien", dijo Javier Duarte a los reporteros de Veracruz que lo acompañaron a celebrar la "libertad de expresión", el 30 de junio de 2015. Mientras los reporteros degustaban un plato defrijoles, Duarte los agredía en su propia casa, lanzando amenazas: "todos sabemos quiénes de una u otra manera tienen una vinculación con estos grupos (criminales). Que nos hagamos como que 'la virgen nos habla' es otra historia, pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa. Pórtense bien por favor". Y todavía remató. "Vamos a sacudir el árbol, y se van a caer muchas manzanas podridas", dijo el gobernador con absoluta ligereza, en uno de los desplantes que lo caracterizan. Dos días después la madrugada del jueves 2 de julio, fue hallado muerto, tirado sobre el asfalto de la autopista Veracruz-Ciudad Cardel, el reportero Juan Mendoza Delgado, quien había sido reportado por su familia como desaparecido, precisamente, desde el 30 de junio. Una macabra "coincidencia". Por expresiones irresponsables como esa el periodismo en Veracruz vive la mayor crisis de inseguridad y vulnerabilidad de su historia. La situación de indefensión en la que los trabajadores de la información desarrollan su labor ha sido propiciada por el propio gobierno estatal, cuyo titular desprecia a los periodistas, a menos que sean sus amanuenses. A esos, hasta les paga viajes al extranjero, les pone medios de comunicación, o de perdida los mantiene a raya con el "cochupo" o "chayo" correspondiente. Pero en el estado que tiene al gobernador al que la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos premió por su "defensa de la libertad de expresión", ya van 13 reporteros asesinados en menos de cinco años. Es la entidad de la República más letal para el ejercicio del periodismo. Tan solo en lo que va de 2015, tres reporteros han sido ultimados en Veracruz: Armando Saldaña en Tezonapa, y Moisés Sánchez y Juan Mendoza en Medellín. En los tres casos, al igual que en los diez anteriores, el gobierno de Javier Duarte se ha negado a investigar que los homicidios se deban a la actividad profesional de las víctimas. Con uno de ellos, Armando Saldaña, incluso se desentendió de investigar de oficio, con el pretexto de que su cuerpo fue hallado en territorio oaxaqueño, a pesar de que el reportero de la Ke-Buena de Tierra Blanca trabajaba para varios medios veracruzanos más y vivía en el municipio de Tezonapa, que es colindante con Cosolapa, en el estado de Oaxaca. Caso similar al de Octavio Rojas Hernández, corresponsal de El Buen Tono de Córdoba, también muerto en Cosolapa el 11 de agosto de 2014. A fuerza de recibir presiones y críticas dentro y fuera de Veracruz, Duarte le "reconoció" a Moisés Sánchez su calidad de reportero, luego de que al principio se refirió a él solo como taxista -oficio que también desempeñaba para ayudarse a sobrevivir- con tal de desvincular su secuestro y posterior asesinato de su labor informativa. Pero la justicia tampoco ha llegado para Moisés, quien editaba el periódico y el blog La Voz de Medellín. Quien fue señalado como presunto autor intelectual de su ejecución, el alcalde hoy desaforado Omar Cruz Reyes, está prófugo. Y existen serias dudas sobre la veracidad de la declaración del autor material del homicidio. Con Juan Mendoza, el gobierno estatal llegó a extremos de indolencia. Soltó en las redes sociales y en los medios tradicionales, a través de sus corifeos, que la causa de su muerte había sido por atropellamiento. Horas más tarde, todavía sin los resultados de la necropsia de ley, la Fiscalía General del Estado dio por buena esa versión y declaró el caso como "esclarecido". En efecto, al haberse encontrado el cuerpo de Juan Mendoza en medio de una autopista, éste presentaba señales de haber sido arrollado por vehículos, lo que resulta lógico por el simple hecho del lugar donde se encontraba. Pero la Fiscalía General del Estado no contaba con que se filtrarían imágenes del cadáver en medio de la carretera, justo como lo encontraron, y donde se le aprecia con una venda en la cabeza y un punto rojo en medio, que da la impresión de ser un tiro de gracia. Jamás se dio explicación alguna sobre esto. Fue tan burda la versión de la Fiscalía, que hasta la ComisiónEstatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) que -desde su origen se ha caracterizado por su docilidad al gobierno estatal-, condenó el homicidio, justamente en esos términos, y exigió dar con los responsables, lo cual la administración de Javier Duarte ignoró junto con los llamados en el mismo sentido que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El comisionado de la CEAPP Jorge Morales Vázquez expresó en un artículo sus preocupaciones respecto de una nueva manera de silenciar a los periodistas veracruzanos.
"Desde el asesinato de Moisés Sánchez Cerezo, que detonó una reacción virulenta del gremio periodístico y de la opinión pública, exhibiendo al gobierno de Veracruz y al gobernador Javier Duarte de Ochoa, atisbé y así se lo comenté a varios cercanos, sobre la posibilidad de que los criminales planearan encubrir el próximo asesinato de un periodista en Veracruz, para reducir el costo político y mantener el perfil bajo. Por eso lo ocurrido a Juan Mendoza prende las alarmas. La versión oficial sobre las causas de su muerte lejos de dar tranquilidad, preocupa.
"Hablando con compañeros de Juan Mendoza supe que él no daba servicio en carretera federal por no tener los permisos y por el temor a la inseguridad (meses antes de su muerte ya había sido asaltado). El miércoles, cuando fue hallado su cuerpo sobre la carretera federal, no portaba ningún documento de identificación ni se localizó el taxi, por lo que fue remitido al forense en calidad de desconocido. Y como colofón, ¿de dónde salió y quién le puso la venda que portaba en la cabeza y que aparece en fotografías mientras su cuerpo permanecía en la carpeta asfáltica? Juan Mendoza no fue víctima de un simple accidente, como se quiere hacer creer. Es urgente que una instancia externa y con credibilidad, ajena a la Fiscalía de Veracruz, realice una autopsia del cadáver e investigue el caso", sentenció Morales Vázquez.
"La muerte escogió a Veracruz" Entre los reporteros que recientemente fueron agredidos está el fotógrafo Rubén Espinosa, quien trabajaba para la agencia AVC Noticias y en la corresponsalía de Proceso y Cuartoscuro. El comunicador veracruzano decidió exiliarse tras sufrir acoso e intimidaciones de parte de hombres con apariencia de militares o policías, que lo hostigaron fotografiándolo y dejándose ver delante y detrás suyo durante sus recorridos de trabajo y afuera de su domicilio particular. Rubén Espinosa participó en la cobertura de todas las protestas por las agresiones a la prensa en Veracruz, así como en la doble colocación de una placa para nombrar de manera simbólica "Plaza Regina Martínez" al zócalo de la capital de Veracruz, exactamente enfrente del palacio de gobierno. También dio cobertura a la brutal agresión de un grupo armado a jóvenes universitarios que casi pierden la vida en ese ataque, perpetrado dos días antes de las elecciones federales intermedias del pasado 7 de junio. Fue exactamente tras estos últimos hechos que se recrudeció el hostigamiento, lo que obligó a Rubén Espinosa a salir de la entidad antes de convertirse en una cifra más de las estadísticas, el 9 de junio de 2015. Ya fuera de Veracruz, Espinosa fue entrevistado por la periodista Shaila Rosagel para el portal Sin Embargo, a quien le dijo que "me molesta mucho que una persona decida el rumbo de mi vida. Que por un capricho, una necedad, una inmadurez a todas luces notable, tenga que salirme de un estado al cual quiero muchísimo". Señaló que "viene una represión muchísimo más grande que la que tenemos hoy en día. Y recordemos que Javier Duarte, al inicio de su mandato dijo que era admirador de (Francisco) Franco. Es un referente al que la gente no puso mucha atención y lo están viviendo los veracruzanos. Sólo le pido a la gente, a la sociedad y a los periodistas que volteen a ver a Veracruz, porque nos están matando toda libertad de expresión". Rubén Espinosa no pierde la esperanza de regresar a Veracruz, pero eso sucederá "cuando el estado dé condiciones para poder trabajar, no quiero que exista un número 13 y 14. Es triste pensar en Veracruz, no hay palabras para decir lo mal que está ese estado, ese gobierno, la prensa, y lo bien que está la corrupción. La muerte escogió a Veracruz, la muerte decidió vivir ahí". Veracruz, mortífero para los periodistas El 3 de julio pasado Reporteros Sin Fronteras se prnunció respecto de los más recientes asesinatos de comunicadores en México y destacó que Veracruz se encuentra "entre los más mortíferos para los periodistas" en el país, y que "la presencia de numerosos cárteles y la corrupción de ciertos funcionarios locales han generado un elevado nivel de inseguridad". A su vez, Artículo 19 documentó que tan sólo en el primer semestre de 2015, en Veracruz se cometieron 23 agresiones contra miembros de la prensa, colocando a la entidad en cuarto lugar nacional. De estas, nueve fueron contra mujeres periodistas, siendo en este rubro la número uno del país. En lo que va del sexenio de Duarte, suman más de 200 ataques contra trabajadores de la información. Y es que en Veracruz, cualquiera mata periodistas. III.- Escupir para arriba El 22 de junio de 2015, el gobernador convocó a una rueda de prensa -o más bien, a un monólogo, porque no se permitieron preguntas- en la que dio a conocer que, como por arte de magia, habían quedado solventadas todas las observaciones que le hiciera la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades financieras que equivalen a más de cinco mil millones de pesos. Dichas irregularidades fueron detectadas por el órgano fiscalizador en la revisión de las cuentas públicas del gobierno de Veracruz en los ejercicios 2012 y 2013, aunque también se arrastraban observaciones desde el gobierno anterior, que no habían sido aclaradas. Los señalamientos más graves corresponden a la falta de comprobación del uso y destino de los fondos federales ministrados al estado para el programa del Seguro Popular y para el fortalecimiento de la educación básica y normal. Estos recursos, rigurosamente etiquetados por la SHCP, no fueron aplicados en lo que debieran. Y por si fuera poco, se depositaron en una cuenta bancaria diferente a la que las reglas de operación de dichos fondos establecía, en una práctica conocida como la "licuadora", en la que se mezclan recursos de diferente procedencia para borrar su origen y la "etiqueta" que indica su destino final. Adicionalmente, cuando el Gobierno Federal requirió el dinero de los fondos para salud y educación, el gobierno veracruzano lo devolvió. Pero solo para obtener los comprobantes de depósito y de inmediato, retirar nuevamente de las cuentas bancarias esos recursos. Ello le valió que en noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación presentara denuncias ante la PGR contra funcionarios y exfuncionarios de la pasada y la actual administración. Pero nada pasó. La PGR no ejerció acción penal contra esos servidores públicos, a pesar de que incluso recibió un exhorto de parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para que apresurara las investigaciones. Esto le dio todo el espacio al Gobierno de Veracruz para enderezar una respuesta acorde con sus propios intereses. En su mensaje del 22 de junio, Javier Duarte dijo que las denuncias de hechos presentadas ante la PGR por peculado, desvíos y sustracción indebida de recursos públicos federales habían quedado "sin materia, al comprobarse la correcta aplicación de los fondos federales citados". Pero no presentó una sola prueba pública de sus dichos. Lo único que mostró ante la prensa fueron unas carpetas en las que supuestamente estaba soportada toda la solventación de las irregularidades detectadas, cuyo contenido nadie pudo revisar, así como un papel que sostenía en alto, en el que, también según él, se acreditaría el cumplimiento de los requerimientos de la ASF. Nadie pudo acceder a ese documento. Lo que sí hizo Javier Duarte fue cargarle la culpa a otros. El 23 de junio el contralor general del estado, Ricardo García Guzmán, divulgó que habían iniciado procesos administrativos contra una decena de ex funcionarios, quienes podrían recibir desde un apercibimiento hasta una inhabilitación para ocupar cargos públicos que podría abarcar diez años. Los exfuncionarios de mayor rango involucrados en la "cacería de brujas" duartista fueron el exsecretario de Finanzas, excontralor y exauditor general del estado Mauricio Audirac Murillo, y el extesorero y exsubsecretario de Egresos Carlos Aguirre Morales, bajo la débil acusación de que "no entregaron la información que acreditaba la correcta aplicación de los recursos federales en el momento que debieron haberlo hecho". En cambio, dejó a salvo a otros dos personajes señalados documentada y ampliamente como defraudadores del erario a su paso por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Finanzas, indistintamente: Gabriel Deantes y Edgar Spinoso. A mediados de 2014, ambos funcionarios se enteraron de su cese fulminante a través de una nota sin firma, a ocho columnas, en el Diario de Xalapa, de la Organización Editorial Mexicana, en la que se les endilgaban los epítetos de "desleales" y de "haberle fallado a Veracruz". A pesar del escarnio público, meses después Duarte los "perdonó". A Deantes lo nombró secretario de Trabajo y Previsión Social. A Spinoso lo hizo candidato a la diputación federal apoyándolo con todos los recursos del estado, incluido el uso de helicópteros oficiales para su campaña proselitista. Por supuesto, "ganó". La deuda eterna El 17 de febrero de 2015, el Gobierno estatal contrató un crédito por mil 338 millones de pesos. Este empréstito fue inscrito ante la SHCP el 19 de marzo. Ni la Secretaría de Finanzas y Planeación ni el Congreso del Estado le notificaron a los veracruzanos de este nuevo crédito. Literalmente, se lo "pasaron de humo" a los contribuyentes. Y lo hicieron porque en la Ley de Ingresos del Gobierno de Veracruz para este año, la LXIII Legislatura local le extendió una patente de corso al Ejecutivo para seguir endeudándose, sin rendir cuentas, "hasta por un monto equivalente al 5.0% del total de los ingresos ordinarios que se estiman obtener en el ejercicio fiscal de 2015", lo que equivale a aproximadamente cinco mil millones de pesos, "para ser destinado a inversión pública productiva". Precisamente, lo que en cinco años no ha hecho este gobierno, pues en su mayoría, los recursos recibidos los ha utilizado en el refinanciamiento de deudas y para fondear el pago de la nómina y las pensiones del estado. De acuerdo con el último reporte de la SHCP, el Gobierno de Veracruz debe, ya considerando el último empréstito contratado, poco más de 35 mil 929 millones de pesos. Aunque este cálculo solo abarca lo contratado con instituciones bancarias, financieras y de gobierno, que desde 2008 suman al menos 27 empréstitos, 25 de éstos pedidos durante este sexenio. Aparte se tendría que agregar lo que se le debe a proveedores y contratistas desde el sexenio pasado, así como el servicio por la bursatilización del impuesto a la tenencia vehicular cuando Duarte era secretario de Finanzas y Planeación en la administración de Fidel Herrera. Sumadas esas variables, la deuda del estado es cercana a los 100 mil millones de pesos. En su semáforo económico estatal sobre deuda pública, la asociación civil "México ¿Cómo vamos?", coloca Veracruz en el color rojo, debido a que el porcentaje de su deuda (4.4%) es mayor al porcentaje de deuda nacional en relación con el PIB. El "hoyo" financiero El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, José Francisco Yunes Zorrilla, dio a conocer el 10 de junio de este año que existe en Veracruz un déficit estructural mensual de cerca de 800 millones de pesos, lo que representa un grave desequilibrio financiero.
"Este desequilibrio financiero significa una presión mensual en el sistema pensionario de alrededor de 160 millones de pesos; que hay un desajuste en el tema de los recursos destinados a educación por modificaciones a las fórmulas de la Ley de Coordinación Fiscal; que existe un desequilibrio por la magnitud del servicio de deuda que tiene que encararse con gasto corriente.
"Si se suman, esto va generando una presión mensual de entre 700 y 800 millones de pesos que el gobierno tiene que tomar de alguno de los fondos, que es lo que está observando la Auditoría Superior de la Federación y de lo que ya dio vista a la PRG", expuso el legislador federal priista, quien refirió que urge una reestructura administrativa en la entidad. "El grave problema del estado en el ámbito público es financiero-económico", sostuvo.
Pero antes que un verdadero reordenamiento del gasto, para tapar el "hoyo" financiero el gobierno estatal optó por despedir personal a través de un "decreto de austeridad" publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 7 de julio de este año. En sus "Lineamientos generales que establecen las políticas del ejercicio del presupuesto, modernización de la gestión administrativa y austeridad del gasto público para los ejercicios fiscales 2015 y 2016", la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General definen las directrices para adelgazar la nómina gubernamental pues "rebasa la capacidad de pago mensual de compromisos del estado". De tal suerte que dispusieron que las dependencias y entidades "continuarán con las medidas para eliminar duplicidad de puestos, funciones y procesos innecesarios; eliminar o extinguir órganos administrativos o fideicomisos innecesarios que impliquen costo y no generen acciones de gobierno eficaces; y racionalizar las plantillas de personal". Asimismo, se instrumentará un Programa de Retiro Voluntario en razón de la disponibilidad financiera, y "las dependencias y entidades deberán realizar un diagnóstico y estudio de cargas de trabajo, de las plazas destinadas al apoyo de actividades administrativas, a fin de eliminar o transferir a funciones sustantivas y aquellas que no resulten indispensables para la operación". O lo que es lo mismo, la estructura gubernamental en Veracruz es elefantiásica. E insostenible. A pesar de que cada quincena el gobierno sufre para completar la nómina de sus empleados y de todas las instituciones públicas que dependen de las ministraciones de la Secretaría de Finanzas, incluida la Universidad Veracruzana, Javier Duarte habla de un Veracruz de ensueño, con disciplina financiera y transparencia en el uso de los recursos públicos. Y cuidado y alguien lo contradiga, pues en automático se está "hablando mal de Veracruz". IV.- El "generalísimo" Duarte Durante su campaña a la gubernatura en el año 2010, Javier Duarte fue cuestionado acerca del personaje histórico al cual admiraba más. Sin empacho, y sin el menor asomo de duda, contestó, en más de una ocasión: "el generalísimo Francisco Franco. Era un gran estratega".
Y empezó con el gremio al que más desprecia, el de los periodistas. A través de su primera coordinadora de Comunicación Social, Gina Domínguez Colío, buscó ejercer un férreo control no solo sobre lo que se difundía en los medios, sino incluso sobre lo que los reporteros publicaban en sus redes sociales personales, al grado que varios perdieron su empleo luego de las quejas que la funcionaria, otrora respetada periodista, profería ante los jefes de éstos o con los mismos dueños de los medios, que para no contrariar al "señor gobernador" ni poner en riesgo sus convenios publicitarios, cortaban el hilo por lo más delgado. Con la escalada de violencia criminal de los primeros años de su mandato, creció también la intolerancia de Duarte a la crítica. Tanto, que para escarmentar a una usuaria de redes sociales que lo vapuleaba, le inventó cargos por terrorismo y la encarceló, hasta que las condenas internacionales lo obligaron a devolverle su libertad. Fue el mismo caso de la periodista María Josefina Gamboa Torales, a quien indebidamente mantuvo en prisión durante ocho meses luego de que ella, accidentalmente, atropelló y privó de la vida a un tatuador, lo que de acuerdo con la legislación vigente en ese momento le permitía enfrentar su proceso en libertad tras el pago de una fianza, derecho que le fue negado a manera de venganza por las duras críticas que ha realizado contra los abusos del gobierno estatal. Para frenar los señalamientos de ineptitud contra su gobierno en los momentos de la crisis de violencia, en septiembre de 2011 reformó el Código Penal para imponer penas de uno a cuatro años de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo a quienes fueran acusados de terrorismo, sabotaje y propagación de información falsa desde las redes sociales. En 2013, la Suprema Corte declaró inconstitucional esta norma. El acto represivo que sin duda marcará a su administración fue el violento desalojo y agresión a estudiantes, maestros, activistas y periodistas la madrugada del 14 de septiembre de 2013, cuando la policía estatal atacó a hombres, mujeres y ancianos a punta de toletazos eléctricos para despejar el zócalo de Xalapa, la capital del estado, para que al otro día el gobernador pudiera dar el "grito" de Independencia ante contingentes de acarreados. Como un dictadorzuelo. "Aunque me hagan memes" La más reciente andanada de Javier Duarte contra las redes sociales, su "coco" durante todo el sexenio, es una campaña propagandística oficial" impulsada principalmente por su esposa Karime Macías Tubilla, en la que pugna por un uso "responsable" de las mismas, aunque la intención es satanizarlas, desacreditarlas e inhibir su uso. El propio Duarte protagonizó un video donde llama a la población a unirse a este propósito, diciendo que a él y a su esposa "nos encanta Internet, aunque me hagan memes". Lo cierto es que los detesta. El afán de control llegó a tal punto, que promulgó a escondidas un reglamento para la Ley de Tránsito y Seguridad Vial abiertamente inconstitucional, que pretendía sancionar hasta por cuál lado de la acera debían caminar los peatones y establecía la obligación de portar una identificación oficial con fotografía en la que se indicara el domicilio de los ciudadanos. Simplemente aberrante. Ante la inminente condena mundial hacia una norma que rayaba en el nazi-fascismo, la tuvo que derogar. Pero sin duda, el generalísimo habría estado orgulloso de su pupilo.
[Fuente: Por Aurelio Contreras Moreno, Etcétera, México DF, 04ago15]
¿El procurador Ríos, quien dijo que sólo venía a buscar trabajo? ¿Los que dicen que andaba de fiesta? ¿Quienes aseguran que como había una muchacha colombiana seguro estaba el crimen organizado? ¿Los que les importa poco que haya habido un baño de sangre en un departamento? ¿Los que ven como absolutamente natural que a los cinco los hayan torturado? ¿Los que están acostumbrados a las violaciones de mujeres? ¿Los que se imaginan sin inmutarse cómo uno a uno les fueron dando el tiro de gracia? ¿Los que justifican que eso les pasa a los periodistas por andarse metiendo en donde no les importa? ¿Los que piensan que es el precio natural por desafiar al poder? Porque en este país, es donde más matan y desaparecen periodistas. Más de 100 de 2010 a la fecha. Sólo que aquí los matamos dos veces. Porque de víctimas los hacemos criminales. Sospechosos de ligas con delincuentes. Y en el mejor de los casos, protagonistas de líos pasionales o "desviaciones sexuales". Como si eso fuera justificación para matarlos. Todavía no sabemos qué pasó exactamente en la colonia Narvarte, pero no falta quien justifica el crimen múltiple. Como si no importara el escenario de medio millar de expedientes en la CNDH o la documentación de 326 agresiones a periodistas nada más en 2014, según el reporte de Artículo 19. Que quede muy claro: tenemos testimonios tan respetables como los de Lydia Cacho, Pedro Valtierra y Rafael Pineda Rape que dan cuenta puntual y emotivamente que Rubén Espinosa fue acosado, golpeado y amenazado en Veracruz. Y que su trabajo, comprometido con las causas sociales opositoras al gobierno estatal motivó ese acoso. Y que por eso vino al DF, a preservar su vida y hasta a pedir consejos para mantener su equilibrio emocional. A ver: no es un crimen extraordinario por tratarse de un periodista o fuera de lo común porque los periodistas seamos más importantes que las decenas de mexicanos que son "abatidos" cada día en ciudades, cerros y pueblos. No. Lo que ocurre es que estos crímenes prueban la intolerancia y la ferocidad que desde los poderes oficiales y fácticos se ejerce contra la libertad de expresión y sus oficiantes. Y esto a la vez nos descubre como un México bárbaro y cavernario, cada vez más sangriento y cada vez menos civilizado. Por eso, la ejecución de Rubén Espinosa debe alarmar al gobierno federal, porque ya la propia ONU, medios y organismos internacionales vuelven a señalarnos como territorio Comanche. También debe alertar al gobierno del DF, que se consideraba hasta ahora como un espacio seguro y privilegiado en medio de un país estremecido a diario por la violencia. No es nada más un asunto de Ministerio Público, es un asunto de moral pública. En entrevista con Sin Embargo, Rubén Espinosa dijo que su trabajo molestaba al gobierno de Veracruz y que le habían hecho saber que era un "fotógrafo incómodo". Yo sólo tengo tres preguntas para Javier Duarte: ¿por qué les dijo a los periodistas veracruzanos: "todos sabemos quiénes están metidos con el hampa; así que pórtense bien"? ¿Por qué no denunció o publicó una lista de narcoperiodistas, según él? ¿Y a qué se refería con eso de que "vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas"?
[Fuente: Por Ricardo Rocha, El Universal, México DF, 05ago15]
La antropóloga Nadia Vera Pérez, de 32 años, tenía un diagnóstico preciso de la crisis de violencia e impunidad que sufre Veracruz, el estado donde había estudiado la universidad y donde vivía aunque era originaria de Comitán, Chiapas. "Aquí la mercancía eres tú", le dijo a los autores del reportaje "Veracruz: la fosa olvidada", elaborado y estrenado en noviembre de 2014 por la organización de televisión por internet Rompeviento para documentar las desapariciones en aquella entidad.
Su cadáver fue encontrado el pasado viernes 31 de julio junto con los de otras tres mujeres y el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril -de 31 años y también residente de Xalapa- en un departamento de la calle Luz Saviñón, en la colonia Narvarte de esta ciudad. Tanto Rubén como Vera se destacaron en Veracruz por sus denuncias públicas sobre la violencia y la impunidad desatada sobre todo a partir de 2010, cuando asume el gobierno del estado Javier Duarte de Ochoa. "Y también hay que entender el contexto de quién es Javier Duarte de Ochoa: tú dale un poquito de poder a un ignorante, y es lo que sucede. Porque ni siquiera tiene conciencia del costo político de nada. A Regina Martínez la mataron, y no pasó nada. Acaban de matar también a Gregorio Jiménez, otro periodista, y no pasó nada. Llevamos cuántos periodistas asesinados, y no ha pasado nada", comentó Vera en la entrevista. Con chalina al cuello, lentes de sol sobre la cabeza, la antropóloga cuestiona de manera contundente ante la cámara el clima de violencia que, al parecer, terminó alcanzándola a ella y a su amigo Rubén Espinosa en el DF. "¿Cuántos defensores, activistas, defensores de derechos humanos han sido asesinados, levantados, desaparecidos. O sea, tenemos un nivel de desaparecidos impresionante, pero tiene que ver también con el personaje que tenemos gobernando, y todavía se está levantando el cuello que es el estado más seguro ahorita. Creo que no tiene un poquito de vergüenza", agregó. Recientemente, había denunciado la agresión a machetazos registrada el pasado 5 de junio en Xalapa contra ocho estudiantes de la facultad de Humanidades y activistas de la Universidad Veracruzana reunidos en una vivienda de aquella capital y por la cual la comunidad académica responsabilizó al Secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez. "#Xalapa Estudiantes de la UV brutalmente atacados x grupo de choque #FueElEstado #SiTocanAUnoNosTocanATodos", escribió Vera en su cuenta de Twitter ese día junto a las ligas de las notas que reportaron los hechos. Este ataque contra los estudiantes fue el detonante de la persecución que empezó a notar el fotógrafo Rubén Espinosa, que también le dio seguimiento a la noticia y que, el 9 de junio, tuvo que dejar Xalapa ante la presencia de personas sospechosas en el exterior de su casa. De acuerdo con información difundida ayer por el medio veracruzano e-Consulta, Nadia había formado parte también de la Asamblea Estudiantil de Xalapa y, en 2012, participó con el movimiento #YoSoy132 -formado en todo el país para repudiar al hoy Presidente Enrique Peña Nieto -que, ese año, fue víctima de una golpiza por parte de policías estatales en una manifestación. El medio agrega que Nadia había también realizado trabajo social en el Centro Cultural Casa Magnolia y, a la fecha, se dedicaba de manera profesional a la promoción cultural y, en mayo pasado, dirigió el festival de arte escénico Cuadro x Cuadro. "Es necesario accionar en este momento, porque nos están aniquilando. Es necesario que nosotros sí hagamos algo", agregó la antropóloga en la entrevista con Rompeviento. En su cuenta de Twitter, Nadia tenía una imagen de una pinta en la que se leía:
"En tiempos de crisis mantener la sonrisa es un acto revolucionario".
Y, en efecto, en su foto oficial aparece con una gran sonrisa. La versión del GDF en duda Rafael Rodríguez Castañeda, director del semanario Proceso, dijo que es preocupante que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) haya dicho que el fotoperiodista Rubén Espinosa arribó a la capital en busca de oportunidades, aún cuando hay diversos testimonios que han dicho que dejó el estado de Veracruz porque temía por su seguridad. "Yo creo que la investigación debe radicar inicialmente en la ciudad de Xalapa donde salió huyendo Rubén", comentó el director de la revista en la que colaboraba Espinosa al periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula. Rodríguez Castañeda dijo que más que especular, hay que exigir resultados a las autoridades. Indicó que es necesario que la Procuraduría General de la República (PGR) participe en las investigaciones. En el mismo espacio, Pedro Valtierra, director de la agencia fotográfica Cuartoscuro, dijo que Rubén "venía muy asustado" de Veracruz. "El comento que venía muy mesurado, me dijo que en verdad tenía miedo". Valtierra recordó que Rubén le comentó en varias ocasiones a sus compañeros que aún en la capital lo venían persiguiendo. "Qué es lo que pasó para que le hicieran tanta saña a un joven". El día de ayer, en conferencia de prensa, el Procurador de Justicia del DF, Rodolfo Ríos Garza aseguró que Rubén "tenía dos meses en el Distrito Federal donde buscaba nuevas oportunidades de trabajo". De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia, los cuerpos de Rubén, Nadia y otras tres mujeres fueron encontrados en las recámaras y uno más en el baño. Cada uno, dijo el Procurador Rodolfo Ríos, presentaba una herida de bala en la cabeza, de arma calibre 9 milímetros, "así como algunas escoriaciones en diversas partes, presuntamente originadas por el forcejeo previo al sometimiento al que fueron expuestas". Fuentes consultadas por este medio agregan que los cadáveres presentaban señales de haber sido torturados de manera prolongada. En los alrededores, sin embargo, ningún vecino reportó haber escuchado los disparos. La mayoría se mostró renuente a dar información y, entre los habitantes del edificio, al parecer, los agentes ministeriales dieron la orden de que no se concedieran entrevistas. Espinosa, de acuerdo con los relatos de sus amigos, había considerado volver a Veracruz, sobre todo por la falta de ingresos fijos. En DF, además, empezó a notar que incluso aquí estaba siendo perseguido. "Me comentó que en una entrevista que le estaban haciendo en un café, llegó un hombre y de pronto le dijo: 'tú eres el reportero de Veracruz que está perseguido", narró a este medio una defensora de periodistas en el exilio. Pese a las circunstancias, Espinosa habría tomado en sus últimas horas la decisión de quedarse en la Ciudad de México y, en esta semana, confirmaría su ingreso de planta a la agencia Cuartoscuro. "Hablé con él como a las 11:30, el jueves, le contesté y me dijo que se iba a quedar", dijo a SinEmbargo Moisés Pablo Nava, editor de la citada agencia. "La idea era reunirnos el martes, para concretar su entrada", agregó el periodista. Esa noche del jueves 30, Espinosa se encontraba en una reunión en el departamento 401 del edificio ubicado sobre Luz Saviñón y decidió quedarse, le dijo a sus amigos y colegas Nicolás Tavira y Alejandro Meléndez, para evitarse el traslado hasta Santa Fe, a casi una hora de distancia de la colonia Narvarte, donde visitaba, creen sus amigos, sobre todo a la activista y productora cultural Nadia Vera.
[Fuente: Sin Embargo, México DF, 03ago15]
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informó el Museo “ ERNESTO CHE GUEVARA ” de Caballito, CABA
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