viernes, 19 de mayo de 2017

Jujuy y Santiago del Estero Juicios en marcha + Neuquen Se elevo a juicio oral 5º tramo causa La Escuelita + Salta Justicia de la dictadura: Se allana el camnino para que ex juez federal Lona sea juzgado: el fracaso de los argumentos

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viernes, 19 de mayo de 2017 07:48 a.m.

Jujuy y Santiago del Estero: Juicios en marcha + Neuquen:Se elevo a juicio oral el quinto tramo de la causa La Escuelita + Salta: Justicia de la dictadura: Se allana el camnino para que ex juz federal Lona sea juzgado: el fracaso de los argumentos de sus

 

 

ENTERVIENEN LA FISCAL SUBROGANTE JULIETA SOUILHE Y EL FISCAL GENERAL CARLOS AMAD

JUJUY SE INICIO JUICIO A A SEIS EX POLICIAS POR SECUESTROS, TORTURAS Y HOMICIDIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO

Se inicio el debate del quinto juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, en el que se ventila la causa ""Morales Rubén Arturo, Guzmán Oscar y otros, sobre privación ilegal de la libertad", en la nueva sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF), en Senador Pérez 182, ante un fuerte operativo de la Policía de la Provincia.

El tribunal está presidido por Federico Díaz, e integrado por María Alejandra Cataldi, Mario Juárez Almaraz y Gabriel Casas. El Ministerio Publico Fiscal está representado por Carlos Amad y Julieta Soulie. La querella está integrada por la abogada Paula Alvarez Carrera, la Secretaria de Derechos Humanos de Nación esta representada por María José Castillo y Andrea Lupiañez. El Ministerio Público de la Defensa representado por Matías Gutiérrez Perea, Maximiliano Ponce y defensa particular Ricardo Vitellini.

Se dio lectura a la requisitoria de elevación a juicio a seis imputados que pertenecían a la Policía de la Provincia: Arturo Rubén Morales, Ramón Sánchez, Francisco Díaz, Oscar Guzmán, Virgilio Aldana y Aída Ruiz por privación ilegítima de la libertad, tortura y violación de domicilio, entre otros delitos, resultando víctimas Jenny Exeni, Delmira Garnica, Juan Carlos Valenzuela, Víctor Segura y Antonio Díaz.

Los hechos que se ventilan en esta causa son tres operativos con una diferencia temporal, realizados en San Pedro, en los que las víctimas fueron llevadas a la Seccional 9§ donde padecieron torturas, vejámenes. Victor Segura es la única víctima detenida desaparecida asesinada, en diciembre de 1976.

En las cuestiones preliminares el fiscal Amad adelantó que en la requsitoria de elevación a juicio hay cuatro imputados que cometieron el delito de violación a una menor y no está la calificación en este juicio, y trabajarán para demostrar el delito y ampliar el requerimiento. A esta solicitud adhirieron las querellas.

En tanto la defensa pidió la nulidad de la elevación a juicio, y el apartamiento de las querella de la Secretaría de Ddhh. El TOF rechazó las nulidades esgrimidas por la defensa y dio lugar a declarar a los imputados. El que lo hizo fue Francisco Díaz, quien se desligó de la acusación y dijo que en la época de los operativos trabajaba en la capital y no en San Pedro. (Mariana Mamaní,El Tribuno)

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Megacausa III: en el primer día del juicio, el TOF rechazó varios planteos de defensores

En una sala colmada por familiares de víctimas del terrorismo de Estado como también de los imputados, comenzó en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santiago del Estero el juicio de la Megacausa III por delitos de lesa humanidad.

La primera audiencia fue maratónica: comenzó a las 9.30 y finalizó a las 22, con un cuarto intermedio de dos horas y media. La jornada comenzó y terminó de la misma manera: con planteos de los defensores que fueron rechazados en su totalidad por el TOF.

De este modo, empezó nuevamente el juicio que había sido declarado nulo el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, que también había removido al anterior tribunal por "faltas de garantías" de imparcialidad.

Al principio, el TOF se pronunció en contra de los planteos de los defensores de los 12 imputados: expolicías, entre ellos el ex jefe de la Side local Musa Azar Curi (purga cuatro condenas a prisión perpetua, tres por crímenes de lesa humanidad y una cuarta por delitos en democracia); exmilitares y civiles.

Dichos planteos estuvieron referidos a recusaciones en contra del nuevo tribunal compuesto por Domingo Batule, Abel Fleming, y Carlos Julio Lascano; como también nulidades. Tampoco se hizo lugar al pedido de desacumulación de imputaciones en contra de uno de los civiles. Además, denegaron el recurso de casación de las defensas, quienes solicitaron reserva de caso federal (ante la Corte Suprema).

Los imputados deberán responder por lo sucedido a 45 víctimas del terrorismo de Estado desde marzo de 1976 a diciembre de 1983, entre los que hay 34 casos de secuestros y desaparición forzada de personas.

Luego de que los magistrados deliberaron (la cuarta jueza, suplente, Gabriela Catalano -de Salta- siguió la audiencia por videoconferencia) y se pronunciaron acerca de los requerimientos de las defensas técnicas, comenzó la lectura de la acusación que formuló la fiscal general, Indiana Garzón, quien comparte la representación de la Fiscalía con sus pares Carlos Gonella y Federico Carniel. Además, por pedido de las defensas, se dio lectura al auto de elevación a juicio en contra de algunos de los imputados.

Al final de la jornada, las defensas hicieron nuevos planteos de nulidad: entre ellos a la requisitoria fiscal y al mismo juicio, por entender que se estaba produciendo un doble juzgamiento de los acusados. Pero el TOF, los rechazó.

Por otra parte, el tribunal informó que entre hoy y el lunes arribarían peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia para evaluar física y psicológicamente a los acusados, algunos de los cuales argumentaron no estar en condiciones de estar presentes en la sala durante las audiencias.

Al final de la jornada, las defensas hicieron nuevos planteos de nulidad: entre ellos a la requisitoria fiscal y al mismo juicio, por entender que se estaba produciendo un doble juzgamiento de los acusados. Pero el TOF, los rechazó.

Por otra parte, el tribunal informó que entre hoy y el lunes arribarían peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia para evaluar física y psicológicamente a los acusados, algunos de los cuales argumentaron no estar en condiciones de estar presentes en la sala durante las audiencias.

La segunda audiencia tendrá lugar el próximo jueves 1 de junio, debido a que la semana próxima, el jueves es 25 de mayo, fecha patria, en la que se esperan los primeros testimonios ( El Liberal) 

 

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Se elevó a juicio oral el quinto tramo de La Escuelita

Hay veinte víctimas que fueron trasladadas a Bahía Blanca. Las torturas y desapariciones fueron antes de que se pusiera en marcha el centro clandestino de Neuquén.

 

El juez Gustavo Villanueva elevó a juicio la "causa Alvarez", el último tramo para los juicios "La Escuelita" con un agrupamiento de 20 víctimas que padecieron la tortura y que conforman la lista de desaparecidas de la zona, tras haber sido trasladadas en avión a Bahia Blanca.

 

 

El V Juicio fue reclamado por los denunciantes y los querellantes como una deuda pendiente de la justicia, a casi 10 años del primer debate por delitos de lesa humanidad, en 2008.

Con estas denuncias no sólo se llevara a cabo uno de los últimos procesos por los secuestros, desapariciones y torturas, en la zona sino que por primera vez se planteará la violación como delito de lesa humanidad.

Esto ocurrirá por el planteo de una sobreviviente al "operativo Cutral Co" por las vejaciones padecidas tras el secuestro, lo que pondrá en el tapete otras violaciones denunciadas por desaparecidas y por los sobrevivientes que las testimoniaron, pero que nunca tuvieron un juzgamiento por esta figura en la zona.

Cuando llegue el V Juicio se abordará por primera vez la responsabilidad del piloto que trasladaba en forma clandestina a los secuestrados del Alto Valle a Bahia Blanca.

Los jóvenes bajaban tabicados y engrillados e iban directamente a "La Escuelita" bahiense, bajo una paliza infernal.

Hace tres años, los sobrevivientes a los traslados aéreos realizaron una "inspección ocular" en el lugar donde la edificación que se usó para la tortura fue derrumbada.

Lo hicieron junto con el juez Villanueva, y no sólo incluyó la zona del hangar en Bahia y los caminos internos del batallón en el V Cuerpo, sino la ubicación exacta que logró el equipo de antropología forense de "La Escuelita" .

El traslado de los primeros desaparecidos de la región se hizo a Bahia Blanca porque en Neuquén aún no funcionaba a pleno la estructura que luego se acondicionó como centro clandestino en el batallón neuquino. Las torturas se aplicaron a los primeros detenidos en el sótano de la delegación de la Federal, para luego ser devueltos a las celdas en la U9.

Seis de las secuestradas no volvieron de ese trágico traslado. En este juicio se debatirán las instancias del secuestro, el seguimiento en la universidad, en las aulas universitarias y la centralidad de la triple A en la zona como inteligencia previa a la dictadura.

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Se allana el camino para que el exjuez Lona sea juzgado

De a poco se está despejando el camino para que, finalmente, el exjuez federal Ricardo Lona pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad en las dos causas que está procesado. El primer paso se dio la semana pasada con la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones N§ 2 de confirmar la designación del juez federal de primera instancia de Tucumán, Daniel Bejas, para que pueda iniciar el proceso de juzgar a Lona por la "masacre de Palomitas"

Se trata de la causa más complicada que deberá afrontar el exmagistrado, no solo por el peso específico del caso, sino por el grado de responsabilidad que se le imputa: "Partícipe necesario". Fernando Poviña, otro juez de Tucumán, fue el que lo procesó. En esta causa Ricardo Lona será juzgado con el sistema del viejo Código de Procedimiento Penal en el que intervendrá un solo juez, y todo el procedimiento del juicio se instruirá por escrito.

Distinto será el juicio por el secuestro y desaparición del exgobernador Migueo Ragone en el que Lona está imputado de encubrimiento por no haber promovido la persecución de los autores de ese crimen. Para esta semana se aguarda que la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación designe al tercer juez y que el Tribunal Oral Federal N§ 2 pueda iniciar cuanto antes el juicio oral y público. Ya están confirmados Gabriela Catalano y el tucumano Gabriel Casas.

Las dificultades para integrar este tribunal surgieron por las sucesivas excusaciones de 4 magistrados. Los primeros fueron los vocales Abel Fleming y Domingo Batule. Luego hicieron lo propio Federico Díaz (Santiago del Estero) y Marta Liliana Snopek (Jujuy). En todos los casos las excusaciones estuvieron bien justificadas, de acuerdo con lo resuelto por el camarista Casas al que se designó para que analizara esta cuestión.

"En la región no hay jueces disponibles para completar el tribunal, por lo que será necesario buscar alguno en Córdoba o más al sur", expresó una fuente judicial. La falta de magistrados ha sido una constante todas las veces que se tuvo que ventilar juicios de lesa humanidad en Salta y ésta no fue la excepción.

Las artimañas

Desde el comienzo del proceso Lona ha recurrido a diversas artimañas para demorar el proceso a como dé lugar. En 2014 intentó suspender una indagatoria con el argumento de que no se iba a someter al interrogatorio de "fiscales foráneos". Se refería a la intervención del jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber--delincuencia (UFECI), Horacio Azzolín. En el caso del juez Bejas, la defensa de Lona cuestionó el procedimiento de su designación dejando entrever que la Cámara Federal de Casación lo eligió a "dedo". Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones no solo rechazó el planteo sino el pedido de que se haga un sorteo y confirmó al magistrado tucumano.

 

Otro detalle que no deja de llamar la atención es el hecho de que Ricardo Lona haya contratado, paradójicamente, los servicios de exjueces que dictaron condenas en casos emblemáticos del terrorismo de Estado. Este es el caso de Ricardo Gil Lavedra, quien integró el tribunal que en 1985 juzgó y sentenció a los militares que gobernaron el país a partir del golpe de 1976. Ya en 2003 Lona había recurrido al jurista Andrés D'Alessio, otro de los reconocidos excamaristas que participó del denominado "Juicio a las Juntas". En este caso fue por el jury de enjuiciamiento que afrontó por encubrimiento del fusilamiento de los 11 presos políticos en Palomitas en julio de 1976, del que resultó absuelto ( Ruben Arenas, El Tribuno)

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Desaparecidos en la UNSa: "Una actitud activa frente a la memoria"

El acto por los 24 docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta que fueron víctimas del terrorismo de Estado sumó el

Esta vez es para el docente Pablo Bigi, quien fue director de la Sede en Tartagal y luego tuvo que salir de la provincia huyendo de la persecución política, que lo alcanzó en Buenos Aires en 1976. Desde entonces está desaparecido.

La comisión directiva de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), que año tras año recuerda a los docentes y estudiantes de esta casa de estudios que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar, convocó "a tener una actitud activa frente a la memoria". En el acto hubo críticas para el fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2x1 para genocidas. 

En este contexto el gremio consideró "imprescindible (...) reivindicar la figura de nuestro compañeros desaparecidos y recordar la consigna histórica de cárcel común a los genocidas". 

Durante el acto hablaron el secretario general de ADIUNSa, Jorge Ramírez; Nora Leonard, por la Asociación de derechos humanos Lucrecia Barquet; Elena Rivero, de la Asociación Coca Gallardo; la poeta Kuky Herrán; la hija de la docente Gemma Fernández Arcieri de Gamboa, Mariana Gamboa; Elia Fernández, de HIJOS; la hija del docente desaparecido Jorge Bigi; y el periodista Sergio Ortiz, de la Comisión de Homenaje.

Luego se hizo el habitual recorrido por las aulas que llevan los nombres de desaparecidos. "Como el trabajo por la memoria es un trabajo constante", en palabras de ADIUNSa, este año se descubrió una placa nueva, "homenajeando al compañero Jorge Bigi, quien fue director normalizador de la Sede Regional Tartagal, desaparecido por el terrorismo de Estado en 1976".

Bigi también fue reconocido en el acto realizado en Tartagal, en el que también se homenajeó a Fernández Arcieri, Fernando Ochoa y Silvia Blanc, y al estudiante de Roberto Vega.

http://www.nuevodiariodesalta.com.ar/noticias/salta-1/desaparecidos-en-la-unsa-una-actitud-activa-frente-a-la-memoria-8505

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LA PLATA

El cadáver de Hugo Dinotto, destrozado, fue arrojado en el barrio donde militaba 

La Plata / CNU: La testigo Barón aportó detalles sobre un horroroso raid criminal de la CNU

 

Una mujer secuestrada en abril de 1976 por un grupo operativo de la CNU (Concentración Nacional Universitaria) relató hoy que la experiencia "es una pesadilla que ya dura 41 años". Lo hizo al declarar en el juicio que se sigue en La Plata a Castillo y a Pomares, dos integrantes de esa organización parapolicial. Ursula Adelaida Barón de Pastorino y su pareja se salvaron porque uno de los asesinos conocía a su hermano. Pero el cadáver de Hugo Dinotto, aparecido junto al de su compañera Graciela Martini en el barrio donde militaban "tenía como 50 disparos y antes de matarlo lo habían abierto, no sé con qué, pero su cuerpo estaba abierto", reveló Daniel Pastorino.

La privación ilegítima de la libertad y las torturas que sufrió Adelaida Úrsula Barón son algunos de los delitos por los que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar esta semana a Carlos "el Indio" Castillo y Juan José "Pipi" Pomares, acusados también por otros cinco secuestros y por cuatro homicidios.

Castillo está acusado por el secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez y el secuestro de Roberto Fiandor, perpetrados el 12 de febrero de 1976, y por el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, el 19 de abril del mismo año, en ambos casos con robo y violación de los domicilios de las víctimas. También por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y de Graciela Herminia Martini, y por el secuestro de Adelaida Barón y Daniel Pastorino, entre el 3 y 4 de abril de 1976.


En el caso de "Pipi" Pomares, llegó al juicio oral y público acusado por su participación en el caso que abarca a estas últimas cuatro víctimas. "Vivimos con el miedo instalado de esta pesadilla que no duró ese instante (el del secuestro) sino que dura hace 41 años", expresó Barón y dijo que le "llevó años entender cómo un ser humano podía torturar a alguien de esa manera".

Barón junto a quien era en esa época su marido, Daniel Pastorino, fueron secuestrados la noche del 3 de abril de 1976 junto a Néstos Dinotto y Graciela Martini, una pareja amiga, todos militantes de la Juventud Peronista, cuando circulaban por una calle de la localidad de Villa Elisa, próxima a La Plata.

El vehículo en que viajaban debió detenerse a causa de disparos efectuados por un integrante de la CNU y fueron obligados a ascender a otros dos automóviles que los condujeron a un paredón de Camino Centenario y 422, donde los sometieron a un simulacro de fusilamiento.

Luego los llevaron a otra casa camino a la localidad de Punta Lara, donde los golpearon y "picanearon" a Dinotto y Martini.

Barón y Pastorino fueron liberados horas más tarde en 3 y 32 de La Plata, al parecer porque uno de sus captores conocía al hermano de la mujer, mientras que la otra pareja fue asesinada y sus cuerpos arrojados en la calle 11 del Barrio los Porteños, en la localidad de City Bell.

"Cuando nos van a liberar, el hombre que nos llevaba se dio vuelta, nos miró y nos dijo: 'de este hecho y de esta cara, olvídense o son boleta', y tiempo después supe que era Antonio De Jesús Domínguez (alias "Tony"), que no está imputado en este juicio, pero si participó", afirmó la testigo sobreviviente. "Nunca nos exiliamos pero vivimos con el miedo instalado", relató la sobreviviente y recordó en particular su embarazo en 1979.

La testigo reconoció a Castillo como una de las personas que participaron en el secuestro de las dos parejas en abril de 1976, igual que Daniel Pastorino, que también brindó su declaración testimonial en la misma audiencia, lo mismo que Anamaría Bossio (viuda de la vìctima Leonardo Micelli) y que Silvia Domínguez (hija del gremialista Carlos Domínguez, asesinado por la CNU).

"Les aplicaban picana y los interrogaban", apuntó DanielPastorino y recordó que al día siguiente, cuando la pareja amiga apareció asesinada en una calle del barrio donde militaban los cuatro, el cuerpo de Dinotto "tenía como 50 disparos y antes de matarlo lo habían abierto, no sé con qué, pero su cuerpo estaba abierto". (Telam)


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El Episcopado dio a conocer el protocolo para la consulta de archivos del período 1976-1983


Buenos Aires (AICA): La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dio a conocer el "Protocolo para la consulta del material archivístico relativo a los acontecimientos argentinos (1976-1983) conservados en la CEA, en la Nunciatura Apostólica y en la Secretaría de Estado de la Santa Sede". "Podrán solicitar información: las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores", puntualizó.


La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), tal como lo anunciara en la última Asamblea Plenaria, dio a conocer el "Protocolo para la consulta del material archivístico relativo a los acontecimientos argentinos (1976-1983) conservados en la Conferencia Episcopal Argentina, en la Nunciatura Apostólica y en la Secretaría de Estado de la Santa Sede".

Además del Protoloco, la Secretaría General de la CEA adjuntó el modelo de carta para la solicitud de la respectiva información.

En este sentido, recordó que el 25 de octubre pasado, a través de un comunicado conjunto de la Conferencia Episcopal y la Santa Sede, se anunció que habían finalizado "los trabajos de catalogación y digitalización del material de archivo".

En aquella comunicación se especificaba que en una reunión realizada en el Vaticano el 15 de octubre entre las autoridades de la Comisión Ejecutiva de la CEA y la Secretaría de Estado se constató "que este proceso de organización y digitalización, llevado a cabo en conformidad con las decisiones e indicaciones del Santo Padre y que supone la continuación de un trabajo ya iniciado años atrás por la Conferencia Episcopal Argentina, ha terminado".

La tarea se desarrolló "teniendo como premisa el servicio a la verdad, a la justicia y a la paz", según se especificó.

"Con este protocolo se inicia la posibilidad de consultas y, de acuerdo a lo anunciado oportunamente, podrán solicitar información: las víctimas, los familiares de los desaparecidos y detenidos y, en caso de eclesiásticos y religiosos, sus respectivos obispos y superiores mayores", puntualizó.

Asimismo, se especificó que la consulta de los archivos eclesiásticos de ese período se realizará sobre el material donde aparece mencionada la persona sobre la cual se busca información.

Las solicitudes de información son recibidas en la sede de la CEA, Suipacha 1032, barrio porteño de Retiro, de lunes a viernes de 9 a 17.

Informes: www.episcopado.org

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