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Enviado el: lunes, 19 de junio de 2017 07:20 a.m.
San Juan: Juez Caballero Vidal: Nuevos testimonios de su participacion en la dictadura + Mendoza: Inicio del sexto juicio + Marl del Plata: Procesaron a nueve imputados por crimenes de lesa humanidad + Detienen a dos secuestradores de Rocio Martinez, edit
Lesa humanidad
Caballero Vidal: otro testigo lo acusa de no haber investigado el caso de una víctima del proceso
Se trata del abogado Carlos Bula, quien aseguró que el cortista le reconoció que no investigó la muerte de Alberto Carvajal.
Ayer miércoles, el abogado Carlos Bula declaró en el juzgado que conduce Leopoldo Rago Gallo, y ante el fiscal Francisco Maldonado, que Caballero Vidal mientras se desempeñaba como juez de primera instancia, en plena dictadura militar, ordenó la autopsia de Alberto Carvajal, por pedido del entonces jefe del RIM 22, pero no había enviado el resultado de la pericia forense a la Justicia Federal.
Ahora el juez Rago Gallo, junto al fiscal Maldonado, llevan adelante la investigación contra el actual ministro de la Corte de Justicia provincial, quién está en la mira por haber formado parte del apartado represivo del proceso y está imputado por seis delitos de lesa humanidad.
Este nuevo elemento que reúne la Justicia Federal para indagar a Caballero Vidal no es nuevo, ya que Bula había dado datos cuando fue citado en el primer megajuicio por delitos de lesa humanidad, en el 2012.
El abogado explicó que fue contactado por la madre y los familiares de Carvajal, en el año 1983, tras el retorno de la democracia, para investigar cómo falleció en 1977, en un caso que fue emblemático ya que las autoridades militares trataron de hacer pasar que se había suicidado al ahorcarse en su celda, pero luego trascendió que fue por las torturas que padeció en el Penal.
En sus declaraciones, el abogado señaló que los familiares tenían esa certeza, por lo que comenzó las averiguaciones en el Juzgado Federal. Fue así que acudió a los Tribunales provinciales y buscó el juzgado que estaba de turno el 18 de agosto del '77, fecha en la que falleció Carvajal. Resultó ser que el juzgado de turno en ese momento, era el de Sexta Nominación a cargo del hoy cortista, y en el libro de expedientes encontró uno que señalaba "Con motivo de un pedido de colaboración". Al conseguirlo, el mismo indicaba que era la solicitud de la autopsia a Carvajal por parte del coronel Juan Bautista Bueno Menvielle, jefe del RIM 22.
En sus declaraciones, Bula manifestó que Caballero Vidal ordenó la medida, la cual se realizó, pero que el magistrado le reconoció que "no investigó el caso", ya que sólo "cumplió el pedido".
Además, el abogado expresó que "tampoco las remitió al Juzgado Federal, porque no hay ninguna constancia de eso para que se prosiguiera la investigación desde la causa originaria".
Las acusaciones contra Caballero Vidal apuntan a que a pesar de que era juez, omitió llevar a cabo investigaciones sobre los delitos que sufrió Héctor Cevinelli, quien fue secuestrado y torturado, al que además le robaron. Como si fuera poco, según la imputación también amenazó al abogado de la víctima, Pedro Bayugar. (Tiempo de san juan)
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MENDOZA. VI JUICIO. TESTIMONIOS SOBRE SENDOS ASESINATOS DE ESTUDIANTES DE PERIODISMO
En la sala de audiencias de los Tribunales Federales de Mendoza se escucharon seis testimonios sobre los secuestros y asesinatos de Víctor Romano Rivamar (abril de 1975) y Zenón Amadeo Sánchez Andia (junio de 1975), este último llegado desde Perú para estudiar periodismo. El primero en dar testimonio fue el hermano de Amadeo, Juan Sánchez Andia, quien dijo que se enteró en San Juan por un amigo que su hermano había sufrido un accidente cuando el ómnibus en el que viajaba hacia la ciudad de Córdoba perdió el control en la localidad de La Paz, por lo que Amadeo había sido trasladado, herido, al Hospital Regional San Martín. "Llegue a la madrugada a visitar a mi hermano internado y me llamó la atención que había un policía de guardia; horas después, ya en la noche, se cortó la luz e irrumpieron en el hospital tres o cuatro personas con armas largas, me golpearon, me tiraron al piso y se llevaron a mi hermano", dijo Juan.
Luego el tribunal llamó al cabo enfermero del Hospital Regional San Martín, Gilberto Domingo Pérez (81), quien contó que aquella noche ingresaron tres o cuatro personas encapuchadas y se llevaron a Amadeo en una ambulancia, según le había contado el telefonista del hospital.
El testigo siguiente fue precisamente el telefonista de aquella noche, Hugo Simón Muñoz, quien coincidió con los otros testimonios en la cantidad de personas que ingresaron encapuchadas y amenazaron con armas largas y dijo: "Lo subieron a la ambulancia y se llevaron a un enfermo, un tal Sánchez, y a la ambulancia la dejaron a unas cuadras del hospital", concluyó.
El cuarto testigo fue Arnaldo Aníbal Romano Rivamar, hermano de Víctor, secuestrado en abril de 1975, quien relato al tribunal: "A las 3 de aquel día policías encapuchados rompieron e ingresaron a la vivienda y se llevaron a mi hermano. Luego, en el mes de junio, lo encontraron muerto, sin cabeza y con poca piel a un costado de la ruta 7".
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Procesaron en Mar del Plata a nueve imputados por crímenes de lesa humanidad
Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se trata de ex agentes de inteligencia, en el marco de una causa en donde se investigan delitos cometidos en la llamada Subzona 1/15 que abarcó, entre otras localidades, Balcarce, Necochea y General Lavalle
El Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, decretó los procesamientos con prisión preventiva de personas imputadas por delitos de lesa humanidad, que revistieron cargos en el Ejército Argentino, más específicamente en el área de inteligencia. La resolución se dicto en el marco de la causa nº 5.664 (y sus conexas), caratulada "Subzona 1/15 s/ privación ilegal de la libertad", en donde se investigan los procedimientos de secuestro de personas en el territorio que abarcó la Subzona 1/15 que comprendía las localidades de General Lavalle, General Juan Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, General Pueyrredón, Lobería, Necochea y San Cayetano.
Los procesamientos con prisión preventiva fueron dictados contra: 1) Carlos Alberto Suárez, 2) Hugo Ernesto Pabon; 3) Emilio Guillermo Nani; 4) Rubén Enrique Miguel Fernández; 5) Carlos Víctor Milanese; y 6) Enrique Horacio Capella, por ser miembros en el delito de asociación ilícita, figura que concurre en forma real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas lo que a su vez concurre materialmente con imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos, en concurso real con los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia y amenazas e imposición de tormentos agravada por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos y homicidio calificado (arts 45, 55, 210, segundo párrafo, 144 bis inc. 1º y último párrafo –ley 14.616– en función del art. 142 incs. 1º y 5º –ley 20.642–, 144 ter, 1° y 2° párrafo –ley 14.616–, arts. 80 inciso 6º del Código Penal, y arts. 306 y 312 del C.P.P.N).
También se dispusieron los procesamientos de Jorge De Malmayne Duppa; Julio Efraín Irizarri y Juan Ramón Goicochea por considerarlos miembros de la asociación ilícita (artículo 210 del C.P.), disponiéndose a su respecto una caución personal, la que una vez cumplida, permitirá que ambos recuperen la libertad.
A todos ellos, se les fijó un embargo de tres millones de pesos.( cij)
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CABA
Otro intentó suicidarse; un cuarto se entregó y un quinto ya estaba preso
Detienen a dos secuestradores de Rocío Martínez
Rocío Ángela Martínez Borbollla nació en Gijón, Asturias y llegó a la Argentina en la adolescencia, junto a su padre exiliado. A los 33 fue raptada junto a su compañero Pedro Oscar "Tato" Martucci en su hogar, un departamento en los monoblocks del barrio Envión III de Haedo, el 13/6/76. Con ellos vivían los niños Bárbara y Camilo García, hijos del primer matrimonio de Rocío, que fueron dejados a vecinos. Exactamente 41 años después, el martes pasado, dos de sus secuestradores fueron detenidos. Un tercero se entregó el miércoles, un cuarto se pegó un tiro en el pecho el jueves y un quinto ya se hallaba detenido por otra causa, según pudo reconstruir Télam a partir de lo publicado en el diario asturiano "El Comercio" y el sitio web "Nac&Pop"...
... editado por Martín García -quien presidió esta agencia y es el padre de los hijos de Rocío, y de un diálogo telefónico con Pablo Llonto, abogado de ellos. Todos los militares detenidos integraron un "grupo de tareas" del Regimiento de Infantería Mecanizada 6 (RIM6) y la causa por 32 desapariciones, entre ellas las de Rocío y Tato -vinculadas a la cruenta caída de una imprenta del PRT-ERP en San Andrés tres días antes- la tramita el juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó las capturas.
El martes, cuando se cumplián 41 años de la desaparición de Rocío -docente, cofundadora de CTERA y editora del periódico clandestino "El Combatiente" (del Partido Revolucionario de los Trabajadores) fueron detenidos el teniente coronel (R) Luis Felipe Fernández Bustos (que era al momento de producirse los hechos el segundo jefe del RIM6) y el capitan (R) y ex diputado nacional (por el extinto MODIN riquista) Emilio Pedro Morello.
Al día siguiente se entregó a la justicia el mayor (R) Guillermo Eduardo Cogorno (quien sería hijo del general de brigada post mortem Oscar Lorenzo Cogorno, fusilado por la "Revolución Libertadora" el 10 de junio de 1956).
El jueves al mediodía, en su domicilio de Gonnet -sobre la calle 23 entre 480 y 490- el coronel (R) Alberto Francisco, también requerido por el juez Rafecas, vistió su uniforme blanco de gala y se disparó en el pecho con un revólver Colt Cobra 38. Gravísimo fue internado en el Hospital San Roque de aquella localidad platense.
Un quinto imputado, el coronel (R) Serapio Eduardo del Rio, ya había sidio detenido en Tucumán en octubre del 2015 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "el Vesubio".
"Que los hayan arrestado es un hecho único, nadie lo puede creer", dice Bárbara García, que desde los dieciséis años no ha dejado de indagar acerca del paradero de su madre. La noticia del arresto, agregó, fue una sorpresa para la familia por "los momentos políticos que vive el país" ya que "no se nos ha facilitado nada, ni bases de datos ni ADN".
La detención de los cuatro militares, "personas fuertes y privilegiadas, sigue diciendo Bárbara, forma parte de una causa abierta hace cuatro años, cuandon un ex conscripto que cumplió el servicio militar "tuvo un infarto y cuando salvó la vida quiso contar todo lo que había visto", a partir de lo cual "se fue armando el rompecabezas".
Así, la familia García se enteró de que el departamento de Haedo fue el primer lugar al que se dirigió el "grupo de tareas" del RIM6, que entonces estaba en la ciudad de Mercedes (a unos cien kilómetros del Congreso de la Nación y hoy está en Toay, provincia de La Pampa) y que a partir de allí fueron a otros sitios.
Pablo Llonto puntualizó que los militares habían llegado hasta allí luego de haber asaltado una finca de la localidad de San Andrés, en el partido bonaerense de San Martín en la que se imprimían los periódicos "El Combatiente", del PRT, y "Estrella Roja", del ERP.
En ese lugar también se encontraba secuestrado en una "cárcel del pueblo" el vicecomodoro Roberto Moisés Etchegoyen.
Hubo un tiroteo en el cual resultó muerto uno de los moradores, Jorge Arancibia, mientras otro fue secuestrado.
Se informó oficialmente que en los fondos de la casa los militares encontraron el cadaver aun tibio de Etchegoyen.
Bárbara García, que tiene hoy 50 años y le hace la prensa al ex vicegobernador bonanerense Gabriel Mariotto, dice que el principal motor que tuvo su hermano Camilo para ser presentador de televisión fue ver "si mamá estaba viva y lo reconocía".
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Un militar y 4 policías serán juzgados por las muertes de Piccoli y Estigarribia
Confirman procesamiento de 5 imputados por asesinato de 2 dirigentes de Ligas Agrarias
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de cinco represores de la dictadura imputados por el asesinato de dos dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco, entre otros crímenes cometidos durante la última dictadura, y de un sexto acusado por el secuestro de tres trabajadores rurales. El teniente coronel (RE) Tadeo Bettolli (afectado a Inteligencia del Ejército), el subcomisario Francisco Rodríguez Valiente y otros tres miembros de la Policía del Chaco serán juzgados por los homicidios de Carlos Servando Piccoli y Raúl Eduardo Gómez Estigarribia, dirigentes de las Ligas Agrarias, informó hoy oficialmente el Ministerio Público Fiscal.
El sexto represor cuyo procesamiento confirmó la Casación es el comisario general retirado Eduardo Wischnivetzky, imputado por el secuestro y los tormentos que sufrieron tres trabajadores rurales.
Los jueces Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani ratificaron el procesamiento recurrido al considerar que satisface la "doble conformidad" o derecho al recurso reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos y también en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La defensa se había limitado a objetar los fundamentos por los cuales la Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento dispuesto en primera instancia por la jueza federal Zunilda Niremperger en diciembre de 2015.
Los jueces de la Cámara Federal señalaron en esa resolución que la prueba reunida confirmó la persecución sistemática a integrantes de las Ligas Agrarias, mediante delitos como secuestros, torturas "o, como en el caso que nos ocupa, simulada su muerte como un enfrentamiento armado inexistente".
En las sucesivas instancias, los jueces consideraron de gran valor probatorio las conclusiones de las autopsias realizadas en 2016 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) sobre restos de los dos dirigentes campesinos asesinados, exhumados a pedido de los fiscales Carlos Amad, Diego Vigay y Patricio Sabadini.
La agencia de noticias de DH se edita desde 2007. Marcho con tu rostro y llevo en mi memoria tu proyecto politico
