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Piden juicio oral para Maria Di Mattia acusada por apropiacion de niña nacida en cautiverio en 1977 + Juicio a represion en norte santafesino + Laguna Paiva: reanudan investigacion en campo de exterminio + La desaparicion de 19 estudiantes.
Es María Di Mattia, que recibió la beba de manos de un jefe de la Armada
Piden juicio oral para acusada por la apropiación de una niña nacida en cautiverio en 1977
La Unidad Fiscal para crímenes de lesa humanidad de La Plata pidió la elevación a juicio de la causa en la que una mujer está imputada por la apropiación de la nieta
recuperada María Natalia Suárez Nelson, hija de María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson, víctimas de la última dictadura. María del Luján "Mora" Di Mattia fue considerada por los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira coautora del delito de "alteración del estado civil de un menor de diez años, en concurso ideal con falsead ideológica de instrumento público (Acta de Nacimiento) y en calidad de partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de instrumento público (Certificado de Nacimiento), todos estos últimos en concurso ideal".
Además, "los delitos atribuidos, concurren a su vez, materialmente, con el delito de retención y ocultamiento de un menor de diez años". María Elena Isabel Corvalán y Mario César Suárez Nelson militaban en Montoneros y vivían en una casa de la calle 8 de La Plata.
El 10 de junio de 1977, Isabel salió a hacer compras y Mario se quedó en la casa, momento en que tropas de la Armada cercaron la vivienda y se originó un tiroteo en el que murieron Suárez Nelson y un integrante de la fuerza naval. Isabel Corvalán, que cursaba un avanzado embarazo, fue capturada al regresar a la casa y trasladada al centro clandestino de detención La Cacha, donde permaneció hasta agosto de 1977, cuando fue llevada para que diera a luz a su hija, a la que llamó
Lucía, para luego ser devuelta al mismo lugar.
El entonces jefe de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada, Juan Carlos Herzberg, entregó a la niña al matrimonio conformado por Omar Alonso y María del Luján Di Mattia, quienes no podía concebir naturalmente.
El 8 de agosto de 1977, Alonso y Di Mattia recibieron a Lucía y la inscribieron como hija biológica, para lo cual se valieron de certificados de nacimiento apócrifos.
La imputada "no sólo co-intervino en la realización de los hechos con su esposo sino que a su vez sostuvo esta situación durante los más de treinta años en los cuales se mantuvo oculta la verdadera identidad de la víctima", señaló el requerimiento de elevación a juicio.
En 1985, el abogado Ramón Torres Molina, de Abuelas de Plaza de Mayo, denunció judicialmente el caso de la hija del matrimonio Corvalán-Suárez Nelson y en el marco de esa causa se dispuso la detención de Alonso y Di Mattia, pero ambos huyeron a Paraguay con la niña.
A mediados de los '90, Alonso y Di Mattia fueron apresados y recién en 2005 la justicia ordenó obtener elementos que contuvieran el ADN de la joven y realizar con ellos el cotejo genético, con el que se probó su verdadera identidad y la falsa inscripción como hija de Alonso y Di Mattia, mediante certificado de constatación de nacimiento expedido por el médico Francisco Bosia.
En 2007, la justicia declaró la nulidad del acta de nacimiento apócrifa y ordenó su inscripción como hija de Corvalán y Suárez Nelson, tras lo cual el Ministerio Público Fiscal requirió la declaración de cosa juzgada írrita respecto de Alonso y su detención e indagatoria, junto con la del oficial Herzberg.
Posteriormente, la Unidad Fiscal platense amplió el requerimiento de instrucción respecto de Di Mattia y el médico Francisco Bosia, al tiempo que solicitó la escisión del trámite para que Alonso y Herzberg fueran enjuiciados.
Ambos fueron condenados en 2010 por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Recibieron 15 años de prisión tras la revisión del fallo realizada en 2013 por porte de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó agravar las penas de diez años impuestas en la instancia anterior.
Tras reiterados pedidos, en 2010 finalmente se indagó a Di Mattia y Bosia, cuyo procesamiento dispuso el juez federal Manuel Blanco, por los delitos de supresión de identidad, retención y ocultamiento de una menor de 10 años y falsedad ideológica de instrumento público.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó parcialmente el procesamiento de Di Mattia y dictó la falta de mérito respecto al médico, que falleció poco después.
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Represor MULASANO
EL RELATO DE UN PERVERSO
Este martes 29 de agosto fue el último día de las testimoniales en la "Causa Mulassano Noce", que se tramita en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, presidido por el Dr José Escobar Cello..
En esta jornada declaró como víctima de los sufrimientos padecidos en el cuartel de la Guardia Rural Los Pumas, el ex integrante de las Ligas Agrarias Santafesinas Orlando Stechina (Villa Ocampo), mientras que otro de ellos, Alcides Picech (La Sarita), no lo pudo hacer ya que el Tribunal decidió que no expusiera para no "revictimizarse", una decisión en la que la querella y NorteAmplioDDHH no estuvieron de acuerdo, pues nunca Picech pudo sentarse allí a relatar lo que nunca podrá olvidar.
Oreste Pividori, otro de los convocados agrarios, está en reposo allí en Santa Fe con delicados problemas de salud, por lo que tampoco fue de la partida. Hasta último momento quería sentarse ante los jueces para soltar su pasado con el testimonio reparador.
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Frente al Tribunal (de izquierda a derecha): Pablo Rolón (DDHH Amsafe Obligado), Orlando Stechina y Alcides Picech |
Por la defensa lo hizo el testigo de Juan Antonio Mulasano, Julio Niemiz, quien no lo dejó bien parado al policía. Los testigos de Noce fueron dados de baja por el defensor del mismo, Dr.Gonzalo Miño, ya que poco pueden aportar en defensa del torturador. Tras ellos expusieron los represores Omar Noce, quien fue breve, y el propio Mulasano, quien realizó una extensa alocución tratando de desacreditar a cada una de las víctimas de su accionar durante la dictadura, que lo acusaron, con un libreto de mentiras cuidadosamente preparado.
Al mejor estilo Etchecolatz al ingresar se colocó un rosario en el cuello, agradeció a los juecesEscobar Cello y Santiago Lauría "haberlo visitado en la cárcel" y tras ello y con un ayuda-memoria escrito fue hilvanando su relato, seguramente ayudado en esta puesta en escena por su compinche de cárcel, el ex juez federal Víctor Brusa. Por dar un ejemplo de lo escuchado en la sala, el represor sostuvo que el "desaparecidoHéctor José Sartor vive en Colombia"; que el ex obrero aceitero Ramón Gavirondo "cuando fueron a detenerlo en la fábrica donde trabajaba se halló en su cofre personal una bomba hecha con una lata de aceite que no alcanzó a explotar allí"; ídem con Juan Carlos Domínguez a quien relacionó con el ex diputado Antonio Riestra (Toni) y con quien Domínguez nunca tuvo ningún tipo de contacto. Injurió cruelmente al testigo-víctima Oscar Lencina y su historia familiar. Extenso relato de un perverso que justifica el porqué está donde está.
Mulasano, quien estaba en la brigada de explosivos de la policía santafesina en el departamento Obligado, narró tantas "desactivaciones de bombas" digna de comparar con alguna ciudad europea durante la segunda guerra mundial. En una ciudad donde este tipo de atentados fueron casi inexistentes. Eso sí, no recordó sobre el artefacto explosivo que sí le colocaron al auto del médico Ángel Canaro a fines de 1976, donde las sospechas recaen sobre él y la patota represiva.
Alegatos y fallo
El Tribunal decidió que el lunes 4 de septiembre comiencen los alegatos de la Fiscalía (Dr. Martín Suárez Faisal) y de la querella (Dr Iván Bordón con apoyo de la Dra Cecilia Sotelo), mientras que el martes 5 lo harán las defensas. Y determinó que el día para conocer la sentencia sea el próximo viernes 8 de septiembre.
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Reanundan investigación en campo de exterminio
Con huellas del pasado Por Juan Carlos Tizziani
Es cerca de Laguna Paiva en donde en 2010 se encontró una fosa con restos de ocho desaparecidos. La pesquisa se reactivó esta semana con una inspección judicial.
Desde Santa Fe.
La justicia reanudará las investigación en un centro de exterminio del Ejército cerca de Laguna Paiva, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense descubrió en 2010 una fosa común con los restos de ocho militantes montoneros secuestrados en Rosario, en 1977, dos de ellos aún sin identificar. La pesquisa se reactivó con una inspección judicial al Campo San Pedro ‑como se lo llama‑, en la que participaron el fiscal Martín Suárez Faisal, el secretario del Juzgado Federal Nº 2, dos integrantes del EAAF, las abogadas querellantes Nadia Schujman y Alejandra Romero Niklison y el investigador y denunciante en la causa, Hugo Kofman, del Foro contra la Impunidad y por la Justicia. En las tres horas que demandó el procedimiento, un testigo clave que conoce predio militar desde los años de la dictadura identificó algunos lugares que fueron marcados por los antropólogos, quienes ahora tienen quince días para presentar un plan de trabajo ante el juez a cargo del expediente, Francisco Miño. "Son hipótesis. Lugares que antes no habían sido contemplados", explicó Kofman ante una consulta de Rosario/12.
https://www.pagina12.com.ar/60520-con-huellas-del-pasado
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La desaparicion de 19 estudiantes: el alegato de la Fiscalía en el juicio por los crímenes en el Circuito ABO
Desde hace 2 semans el MPF expone la prueba sobre los 352 casos de víctimas que llegaron a juicio por los crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Aquí se presentan 19 hechos de desaparición forzada perpetrados en la Capital Federal en febrero de 1977, que tuvieron como víctimas a jóvenes militantes de la UES de entre 16 y 20 años de edad, y el caso de una mujer secuestrada junto a sus niño
"Y esa noche infernal seguían cazando a los chicos de la UES de 16, 17, 18 años", describió la fiscal ad hoc Gabriela Sosti, durante el abordaje de la prueba de los 352 casos que componen el objeto procesal del juicio por los crímenes en el circuito de centros clandestinos de detención (CCD) Atlético, Banco y Olimpo (ABO). La alusión fue sobre a los frenéticos operativos de secuestro llevados a cabo entre el 16 y el 18 de febrero de 1977, cuando 19 militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) fueron llevados al Atlético para ser asesinados y desaparecidos.
Hace dos semanas, la Fiscalía, integrada por el fiscal general Alejandro Alagia y por Sosti, viene exponiendo su alegato en este proceso. Culminará el próximo martes, tras analizar la responsabilidad de los nueve acusados y pedir finalmente pena.
El debate va a cumplir un año de audiencias orales y públicas: comenzó el 16 de septiembre del año pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal.
El caso de los 19 militantes de la UES secuestrados en apenas 48 horas en el verano de 1977 fue expuesto por Sosti con la hilvanación de testimonios prestados en la audiencia y documentos incorporados al debate, desde legajos de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) hasta declaraciones prestadas en juicios anteriores.
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La Pampa
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa culminó este jueves al mediodía la lectura de la acusación que hizo la fiscalía que llevó adelante la investigación y la elevó a juicio. Se conoció la cantidad de víctimas por las que cada imputado deberá responder, imputados de los delitos de asociación ilícita, secuestros y torturas.
En la tercera jornada, se terminó la lectura de la acusación de la fiscalía que llevó adelante la investigación. El papel del médico policial, el represor que manejaba la picana eléctrica y apodaban "Carnicero", y las personas cuya vida estuvo en manos de Baraldini.
El juicio se reanudará recién el miércoles 13 de setiembre a las 8.30. Podrían declarar algunos de los imputados, si no eligen mantener el silencio, y luego comenzará la ronda de testigos, alrededor de 300. En la tercera jornada del debate, no estuvo el acusado Roberto Fiorucci, que sufrió un pico de glucemia y fue internado, en principio, por cinco días
Los nuevos casos que se ventilan en el juicio son personas secuestradas entre 1975 y 1982, sometidas a interrogatorios con los ojos vendados en la mayoría de las oportunidades, bajo torturas con picana eléctrica, golpes, amenazas de muerte, simulacros de fusilamiento y vejaciones. Hay estudiantes, docentes de la universidad y de colegios secundarios, gremialistas, funcionarios justicialistas del Gobierno Provincial, dueños de constructoras que hacían obras públicas, militantes de izquierda y peronistas, periodistas y siloístas.
El exjefe de Inteligencia del Regimiento de Toay y exjefe de la Policía de La Pampa, Luis Enrique Baraldini, está imputado por asociación ilícita, secuestros y torturas de 214 personas. Fue el principal responsable de la ejecución del plan represivo. Operó como amo y señor de la libertad de las víctimas. Encabezó detenciones y participó de interrogatorios bajo tortura, pistola en mano.
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Juicios históricos
Lesa humanidad: un testigo mencionó a una gloria del deporte
En la audiencia por la megacuasa por delitos de lesa humanidad habló un testigo que tiró un apellido referente de un club centenario de la provincia.
El desfile de testigos tuvo su momento de recordar algunos pasajes de lo que vivieron durante la década del setenta. El que más llamó la atención fue Pedro Alanís, quien mencionó a una gloria del fútbol sanjuanino como uno de los policías que lo detuvieron ilegalmente.
Entre ellos estuvo Alberto Conca, detenido; Gambetta, del lado de los que estuvieron detenidos. Mientras que el matrimonio Peña, ex policías, también dieron su versión de algunos casos y Vicente Leiva, quien cerró el desfile de testigos en el entrepiso del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan de la Universidad Nacional de San Juan.
La audiencia tuvo dos momentos importantes. Uno de ellos cuando Conca ubicó a Graci Susini, jefe de Policía en la gobernación de Eloy Prospero Camus dentro del Penal de Chimbas recorriendo los pabellones de detenidos políticos en la época de democracia.
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IMAGENES DE LAS MARCHAS EN CHUBUT POR SANTIAGO
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