Mucho más que simples
colaboradores
El rol del poder económico, corporizado en Martínez de Hoz y los
grupos financieros, detrás de decisiones fundamentales de la dictadura. Cómo se
armaron y discutieron las leyes económicas que instalaron un nuevo país. Raul
Delatorre
José
Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura. Articulador de
las fuerzas que provocaron el golpe y luego le sacaron provecho.
Entre la amplia documentación hallada en el Edificio Cóndor, del
Ministerio de Defensa, proveniente de los archivos de la dictadura, se
encontraron elementos que permiten reconstruir, en una parte sustancial, cómo
fue el proceso de elaboración y construcción final de dos leyes fundamentales
en la estructura económica que empezó a delinearse en aquellos años: la Ley de
Inversiones Extranjeras y la Ley de Entidades Financieras. Los proyectos
originales, la forma en que fueron modificados antes de convertirse en ley,
algunas transcripciones taquigráficas de los debates entre integrantes del
equipo económico comandado por José Alfredo Martínez de Hoz y miembros de las
Fuerzas Armadas, así como apuntes de las propias fuerzas con comentarios y
objeciones a parte del articulado, dan cuenta de cómo se fue trazando un camino
que derivó en el proceso de concentración económica y extranjerización que
ocurrió en los años posteriores. La defensa irrestricta, por parte del equipo
económico de la dictadura, así como de directivos empresarios convocados y
consultados para la elaboración de estos proyectos, dejan ver además que el
papel de los grupos económicos dominantes de la época no fue el de simples
“colaboradores”, sino que fueron los auténticos mentores del proyecto económico
que representó (junto al implantado por la dictadura de Augusto Pinochet en
Chile) el primer avance del modelo neoliberal en la región.
La dictadura encabezada por Jorge Rafael Videla había creado, en
1976, un cuerpo conformado por las tres armas, denominado Comisión de
Asesoramiento Legislativo, la CAL, que cumplía las funciones de organismo
“legislativo”, elaborando proyectos de leyes para ser promulgados por el Poder
Ejecutivo. En oportunidad de la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras,
convocó a consulta a diversas organizaciones empresarias del sistema para que
dieran su aporte. Los bancos de la época estaban agrupados en tres entidades
gremiales: Adeba, ABRA y Abira. Quienes concurrieron para “colaborar” en la
redacción por cada una de estas entidades fueron Benedicto Bianchi, Luis María
Gotelli y Pablo Terán Nogués. Además, por el sector de las compañías
financieras participó Rodolfo Guido Martelli. Todos ellos habían sido
propuestos y nombrados por resolución del ministro de Economía, José Alfredo
Martínez de Hoz, como integrantes de la “comisión ad hoc” que asesoraría al
Ejecutivo en esa tarea. Todos ellos constituían la más auténtica representación
del poder financiero.
En la documentación encontrada en el mes de octubre de 2013 en los
archivos del Edificio Cóndor consta el rol que cumplieron estos “asesores”,
coordinados por el secretario de Programación Económica y viceministro,
Guillermo Walter Klein, incluso enfrentando en algún caso la opinión de los
representantes de las Fuerzas Armadas. En la discusión por la nueva Ley de
Entidades Financieras, entre septiembre de 1976 y primeros meses de 1977, los
representantes de la banca privada acordaron que el Banco Central mantuviera el
rol de autoridad monetaria, pero hicieron oír su queja porque consideraban que
el sistema beneficiaba a la banca oficial en desmedro de la privada. Esto
originó un intercambio de opiniones con los militares que participaban de estos
encuentros, quienes argumentaron que la banca privada gozaba del derecho
otorgado por el Estado de “trabajar con fondos de terceros, captar fondos del
público y prestarlos, ejerciendo una actividad comercial sumamente
privilegiada” y, sin embargo, “pretende mostrarse a la actividad privada como
perjudicada, cuando no es así la realidad”.
En ese debate, terció la posición del Ministerio de Economía,
representada por Guillermo W. Klein, claramente a favor de los bancos,
exigiendo además que no se hiciera ningún tipo de distinción entre banca local
y extranjera. El funcionario defendió la idea de generar un sistema lo
suficientemente “flexible”, para facilitar la concurrencia del capital privado
y la conformación de un sistema basado en “entidades solventes”. De ese debate,
surge un proyecto definitivo de ley en el que no sólo elimina restricciones o
condiciones que originalmente se le imponían al capital extranjero para
participar en las entidades financieras locales, sino que además se avanza en
la eliminación de entidades menores mediante su obligación de convertirse en financieras
o bancos, o desaparecer.
Se favorecen, en el articulado definitivo, las entidades
financieras “de amplio campo operativo” y de mayor patrimonio, limitándose la
especialización y facilitando la expansión de las entidades “integrales”.
También quedan relegadas las instituciones financieras regionales, al
eliminarse los requisitos o las ventajas para atender ese segmento del mercado.
Decenas de cajas de crédito, sociedades de ahorro y préstamo, o de crédito y
consumo, desaparecieron o debieron fusionarse en compañías financieras o bancos
que apenas pudieron durar uno o dos años más, para caer finalmente bajo el peso
de la concentración financiera que sucedió a la aplicación de la ley.
Prohibido
prohibir
La posición del Ministerio de Economía, absolutamente afín a los
intereses de los grupos financieros más concentrados, quedó prolijamente
expresada en la Exposición de motivos que acompañó la ley que aprobó el
Ejecutivo. Allí quedaron transcriptos los criterios contrapuestos con los que
el equipo comandado por Martínez de Hoz iba a considerar a las entidades
menores (cajas de crédito) y a los bancos comerciales, llamados a ser los
artífices de la concentración y actores principalísimos del proceso de valorización
financiera que se ponía en marcha. En dicha Exposición puede leerse (facsímil
en esta página):
Cajas de Crédito (Título II Capítulo 7)
“De las operaciones de esta clase de entidades se ha suprimido la
facultad de recibir depósitos a la vista puesto que, como se ha expresado, el
rol de intermediarios monetarias debe quedar reservado para los bancos
comerciales.”
Operaciones prohibidas y limitadas (Título II Capítulo 9)
“Las operaciones prohibidas y limitadas a las entidades
financieras (banca comercial) han sido reducidas a las que se consideran
realmente incompatibles con su actividad. En consecuencia, queda implícitamente
autorizado, por ejemplo efectuar inversiones en inmuebles que no sean de uso
propio o que lo sea sólo parcialmente. De este modo, se atiende a una realidad
sin hacer necesarios la búsqueda de complejas figuras. Además, previa
autorización del Banco Central, las entidades autorizadas podrán ser titulares
de acciones de otras entidades financieras, cualquiera sea su clase, con lo cual
se promueve la coparticipación, la interacción y en definitiva la integración y
concentración de entidades.”
Es, precisamente, lo que ocurrió en los años siguientes a la
promulgación de la ley: un fuerte proceso de concentración del sistema bancario
que posibilitó que las entidades más poderosas y con participación de capital
extranjero, absorbieran a las entidades más nuevas que se formaron producto de
la transformación de cajas de crédito o bancos regionales que habían intentado
adaptarse al nuevo régimen.
Puertas
abiertas
Este proceso, además, se vio favorecido por otra victoria obtenida
por el equipo económico de Martínez de Hoz en la puja que se dio en la
confección, en paralelo, de la Ley de Entidades Financieras y la de Inversiones
Extranjeras: la pelea por la flexibilidad de acceso al capital extranjero.
Según consta en los archivos hallados en octubre pasado, el 17 de
enero de 1977 tuvo lugar una reunión entre el ya mencionado Guillermo Walter
Klein y representantes militares de la CAL, en la que se dio un fuerte cruce de
opiniones en torno de las facultades del capital extranjero. De esa reunión se
encontró una copia de la transcripción taquigráfica, en la que consta la
preocupación del coronel Ernesto J. Tacchi, miembro de la CAL, por la posibilidad
de que por vía de testaferros, empresas que aparecían como de capital nacional
pudieran ser manejados por capitales extranjeros. Sostenía, en tal sentido, la
necesidad de llevar un “registro rubricado” de quiénes asistían a las asambleas
de accionistas y qué acciones representaba, y proponía su inclusión en la Ley
de Inversiones Extranjeras. Este planteo fue rechazado por Klein con un
argumento que, con los años, se transformó en un clásico del neoliberalismo: la
inseguridad jurídica. El número dos de Martínez de Hoz le respondió al coronel
Tacchi, según versión taquigráfica, que “la autoridad de aplicación (el
Ministerio de Economía) no va a hacer distinciones o discriminaciones, no se va
a aliar con el capital nacional para disminuir la proporción que tengan los
accionistas extranjeros en las sociedades locales. Reitero que el fundamento no
está en la Ley de Inversiones Extranjeras, sino en nuestra legislación
nacional, y hace al principio de seguridad jurídica y a la justicia en materia
patrimonial a que tienen derecho los inversores extranjeros para mantener sus
posiciones relativas en los capitales de las empresas”. El texto definitivo
quedó como pretendían Klein y Martínez de Hoz, a quien David Rockefeller
llamaba familiarmente “Joe”.
Tal cual como plantea acertadamente un documento preliminar
elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la CNV, que participa en la
clasificación y análisis de los documentos hallados por el Ministerio de
Defensa, la defensa de los criterios a favor de la concentración económica y la
apertura al ingreso del capital extranjero que levantaban como estandartes el
equipo económico y entidades privadas representantes del poder económico y
financiero, incluso enfrentándose a representantes de las Fuerzas Armadas,
revela el rol central que jugaron estos intereses en el proceso “refundacional
y reorganizador” de la última dictadura. Un proceso cuyo objetivo final no era
otro que imponer una lógica de acumulación asociada a los intereses de los
sectores hegemónicos del capital internacional, con consecuencias “que perduran
hasta nuestros días”.
Documentos y borradores rescatados
por el Ministerio de Defensa.
Por Diego Martínez
