Dibujo: Manuel Emiliano González (Mordortoys)
Los amos de la Sociedad Interamericana de Prensa
Normalmente, los grupos mediáticos hablan de la SIP
(Sociedad Interamericana de Prensa) como si
fuera un organismo consultivo válido, una organización
internacional como la ONU, la OEA o una ONG de derechos
humanos que defiende la «libertad de prensa». Nada de eso.
La SIP es un cartel de los grandes dueños de medios de
comunicación del continente, un conglomerado de empresarios
mediáticos que nació en el marco de la 2ª Guerra Mundial
y se moldeó al calor de la Guerra Fría, para protagonizar
una historia de defensa de intereses oligopólicos, alianza
con los poderes imperiales y atentados contra la soberanía
de los pueblos latinoamericanos.
La acción de la SIP, en ese sentido, está debidamente
documentada y se ha basado en el empleo de esquemas de
desestabilización que, al resultar exitosos, han sido
repetidos y son repetidos todavía hoy, en toda la región
latinoamericana. En estas páginas reunimos algunos
ejemplos, estudiados por periodistas latinoamericanos, de
cómo este grupo de propietarios de los medios ha
implementado una tradición de presión contra gobiernos
democráticos, con resultados nefastos.
Presentamos aquí los orígenes de la organización
empresarial y su vinculación temprana con la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), así como casos puntuales de
desarrollo de propaganda negra por parte de la SIP contra
los gobiernos que han promovido la libertad y progreso de
sus pueblos, en contraste con el silencio y la complicidad
mostrados con regímenes dictatoriales de la región,
disimulando incluso el encarcelamiento y asesinato de
periodistas.
En la última parte, intentamos exponer las manipulaciones
que han permitido a la SIP no sólo continuar usurpando la
representación del periodismo en la región, sino también
abrogarse derechos que corresponden a las organizaciones
sociales y no sólo a un puñado de poderosos propietarios
de los medios. Para ello, hemos contado con la guía de
dignos periodistas latinoamericanos que han luchado por
rasgar las máscaras del poder mediático y han denunciado
las perversiones de la actuación de la SIP, que han
colocado a la gran prensa a espaldas de los pueblos.
Esperamos que este sea un aporte, entre muchos otros, al
desarrollo de la necesaria conciencia crítica en contra de
las manipulaciones y desinformaciones de los amos de la
prensa.
La SIP y el panamericanismo
imperial
El germen de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hay
que buscarlo en el concepto del panamericanismo. Pero no en
el panamericanismo bolivariano del Congreso Anfictiónico de
Panamá, sino en el panamericanismo imperial.
En la primera conferencia panamericana, celebrada en
Estados Unidos (EEUU), en 1889, se moldeó un aparataje
orientado a organizar reuniones de gobiernos, con la
intención, según sus creadores, de incentivar la
comunicación y la colaboración entre los países, en
condiciones de igualdad. Sin embargo, estas reuniones
respondían en realidad a la preocupación de Estados Unidos
por delinear las manifestaciones de control imperial, en
vinculación con las oligarquías locales.
Este panamericanismo, de hecho, es entendido como una
continuación de la famosa Doctrina Monroe de 1823, impuesta
bajo el lema «América para los americanos», a través de
la cual Estados Unidos declaraba que no permitiría a
ninguna potencia no americana intervenir en el continente.
Bajo tal signo ideológico, fueron celebradas estas
conferencias en distintos países de la región y en 1923,
en la Quinta Conferencia Panamericana, en Santiago de Chile,
se planteó la necesidad de organizar una reunión sobre la
prensa.
Esa primera conferencia sobre la prensa se realizó
finalmente en Washington, tres años después, y aun cuando
los historiadores oficiales de la SIP insisten en señalar
que se trataba de un congreso de periodistas, era
esencialmente una reunión de empresarios. Así lo resalta
el investigador Juan Gargurevich, en su libro A golpe de
titular. CIA y periodismo en América Latina, cuando
afirma que aquella era la primera vez que se reunían tantos
propietarios de periódicos de América Latina. No está de
más recordar que los temas tratados por las diferentes
mesas (de la conferencia) no incluyeron los problemas de los
periodistas mismos. A los norteamericanos les interesaban
los dueños, no los empleados, escribe Gargurevich.
Luego de esta conferencia inicial, se continúan efectuando
reuniones en varios países, sin concretarse la creación de
la organización, hasta que en 1943, en La Habana, tiene
lugar la conferencia que funda la SIP.
En ese momento gobierna en Cuba el famoso tirano Fulgencio
Batista. El planeta estaba estremecido por la Segunda Guerra
Mundial, y Estados Unidos y la Unión Soviética hacían
sociedad para derrotar el fascismo. Este clima histórico,
permeado por la existencia de un frente antifascista,
permite que al fundarse la SIP se incluyan entre sus
miembros, aunque de manera minoritaria, algunas
publicaciones progresistas y de izquierda, entre ellas el
órgano de prensa del Partido Comunista cubano, el diario
Noticias de Hoy, fundado en 1938.
Desde esa primera reunión de la SIP, las voces
minoritarias progresistas intentan impulsar la unidad de los
trabajadores de la prensa en la región y asumen el papel de
denunciantes, en contra del papel jugado en América Latina
por las grandes agencias de noticias, que actúan como
reproductoras del mensaje imperial.
Sin embargo, la historia cambia al finalizar la guerra. Ya
en 1947 ha comenzado la Guerra Fría que enfrenta a los
antiguos aliados -EEUU y Unión Soviética- se perfila el
maccartismo en Estados Unidos y se crea en ese año la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), hecho que tendría un
papel fundamental en lo que el periodista cubano Ernesto
Vera llama el golpe CIA-SIP [1].
Este golpe, que se consumó en el año 1950, fue promovido
un año antes en Quito, en el V Congreso Interamericano de
Prensa, por la delegación estadounidense, integrada por
tres personajes claves: un representante del Departamento de
Estado, Tom Wallace, y dos altos oficiales de la CIA, Joshua
Powers y Jules Dubois. El trío era encabezado aparentemente
por Wallace, pero en realidad el personaje central, como se
demostraría luego, fue siempre Dubois, quien coordinó
durante 15 años después la labor de la CIA-SIP en América
Latina.
Este trío plantea en Quito que la próxima reunión de la
SIP tenga lugar en Estados Unidos, ya que los anteriores
encuentros habían tenido como sede capitales
latinoamericanas: México, La Habana, Caracas, Bogotá y
Quito. Un grupo de latinoamericanos, entre ellos el
periodista peruano Genaro Carnero Checa, se levantó contra
la idea de escoger a Estados Unidos como país sede,
asegurando que la discriminació n racial y política en ese
país no permitía que existieran las garantías necesarias
para celebrar allí un Congreso.
La delegación norteamericana, luego de aceptar que la
discriminación en su país era bochornosa, se comprometió
a brindar las seguridades para la participación de todos
los delegados, con independencia de sus ideas políticas.
Finalmente, la propuesta se impuso y se aprobó que la
reunión del año siguiente se realizara en Nueva York.
Al regresar a Estados Unidos, Wallace entregó un informe
al Departamento de Estado, titulado Background of
previous Interamerican Press Meeting, en el cual queda
al descubierto la maniobra. En ese documento, Wallace
resaltaba que en la reunión de Quito habían alcanzado el
éxito en los dos objetivos planteados por la delegación
norteamericana: trabajar por una nueva constitución de la
organización original y procurar que la próxima reunión
se hiciera en suelo estadounidense bajo los auspicios
privados de las publicaciones de Estados Unidos:
«Tuvimos éxito en ambos propósitos sin tener que
provocar la creación cismática de otra organización y
dejar de esa manera en descubierto que la prensa de Estados
Unidos había tenido que provocarla por no poder controlar
la organización», explicaba Wallace a sus jefes, en el
informe citado por Gargurevich. De esta manera, había
comenzado a gestarse el secuestro de la organización.
Las historias del tesorero
Según la historia oficial de la SIP, 1950 fue el año más
importante para la organización. Fue precisamente en ese
año cuando se refundó la SIP y quedó conformada tal y
como la conocemos ahora, sin la participación de las pocas
publicaciones progresistas que inicialmente habían sido
incluidas en la Sociedad. A partir de ese año, se hacen
claros los objetivos que la CIA conferirá al funcionamiento
de la SIP en América Latina.
Pese a las garantías ofrecidas en Quito, los
representantes de los órganos de prensa progresistas no
fueron invitados a la reunión de ese VI Congreso
Interamericano de Prensa. A algunos se les negó la visa de
entrada a Estados Unidos bajo la acusación de ser
comunistas. Cuando se quejaron ante los organizadores,
Wallace les ignoró, indicándoles que la visa había sido
negada por el gobierno y por lo tanto debían quejarse al
gobierno.
Hubo incluso quienes llegaron hasta el aeropuerto de
Idlewild, sólo para ser detenidos y devueltos por las
autoridades de Estados Unidos, previo interrogatorio del
FBI. Tal fue el caso del cubano Carlos Rafael Rodríguez,
quien representaba al periódico Noticias de Hoy,
pero era además el tesorero de la SIP, reelecto por tercera
vez consecutiva, y por esta misma condición viajaba con
pasaporte especial.
En una narración sobre este suceso, titulada «Crónica de
una New York entrevista», Rodríguez cuenta cómo fue
retenido en Ellis Island, tildado de peligroso por su
ideología, considerado inadmisible en Estados Unidos,
ignorado por la comisión organizadora del congreso y
depositado por el FBI en una aerolínea venezolana que lo
devolvería a Cuba. En esa crónica, Rodríguez describía
con detalles las razones por las cuales a los gestores de la
nueva SIP no les interesaba su presencia:
«¿Por qué se me excluyó del Congreso?
»Se sabía muy bien que yo iba a New York a denunciar
todos los casos de violación de la libertad de prensa en
América. Los organizadores norteamericanos, obrando al
dictado de Washington, querían condenar sólo a un grupo,
cargando la mano a aquellos gobiernos que no tienen el
beneplácito del State Departament. Para mí Videla es igual
a Perón, y la Junta Militar Venezolana no es menos culpable
que Prío.
»En segundo término se temía -y hacían bien en temerlo-
que yo utilizara la tribuna del Congreso para protestar
contra la vergonzosa intromisión del embajador de Estados
Unidos en México, Mr. Thurton, en la libertad de prensa
mexicana, a la que pretendió dictar una política de
sometimiento a los intereses de Washington.
»Estos hechos han sido denunciados por el ilustre
periodista don Martín Luis Guzmán y por más de sesenta
escritores mexicanos.
»Por último no se quería que yo pusiera de nuevo en
debate la tesis mantenida en Quito: la libertad de prensa en
Estados Unidos no es más que formal. En el fondo la prensa
norteamericana es un instrumento monopolista de las grandes
empresas. Estas son las conclusiones a que arribó desde
1947 una comisión de expertos nombrada por la Universidad
de Chicago, y pagada por el ultraconservador Henry R. Luce,
de la revista Time, y por la Enciclopedia Británica.
Cuando dije estas cosas en Quito, Mr. Tom Wallace -que
presidió el Congreso de New York- me contestó airado que
quienes tal cosa decían eran un manojo de tontos. De esa
manera calificaba nada menos que a Robert Hutchins,
canciller de la Universidad de Chicago; a Archibald Mc.
Leish, subsecretario de Estado; al profesor de Economía en
Columbia, John M. Clark; al profesor Arthur M. Schlesinger,
de Harvard, y a otros conocidos intelectuales yanquis. Pero,
como le repliqué a Mr. Wallace: puede pensarse que los
investigadores universitarios son tontos; sin embargo,
aunque sabemos que en el Senado de Estados Unidos hay una
buena dosis de tontos, no son tantos como para formar
mayoría. Y fue la mayoría la que en el informe de la Small
Plants Comité, corroboró las ideas de que son verdaderos
monopolios los que rigen la prensa americana.
»Para impedir que se plantearan estas cosas se me retuvo
en Ellis Island. Pero además, los organizadores yanquis
tenían un propósito adicional. Pensaban dar -y dieron- un
golpe de estado. Reformaron los Estatutos de la SIP de modo
ilegal. Establecieron -arbitrariamente- el voto por
publicaciones dando una artificial mayoría norteamericana.
Arrebataron a Cuba la sede permanente de la Sociedad para
radicarla en New York. Han destruido, en resumen, la
Sociedad Interamericana de Prensa como entidad
independiente, transformándola en un simple aparato
político al servicio de los objetivos internacionales de
Estados Unidos. Para hacer esto les estorbaba la presencia
de algunos delegados. Yo les resultaba especialmente
indeseable. (Rodríguez, 1950).»
En efecto, antes de la conferencia del año 50, los
estatutos de la SIP estipulaban que cada país tenía un
voto dentro de la Sociedad, independientemente de la
cantidad de órganos de prensa afiliados. El cambio de
estatutos permitió tumbar el esquema un país, un voto y
sustituirlo por cada publicación, un voto.
En un intento por maquillar este golpe, la historia oficial
de la SIP señala que hasta ese año, las conferencias de la
organización se celebraban bajo los auspicios del gobierno
del país anfitrión, con lo cual las delegaciones se
limitaban a sentarse y a votar por países, y los miembros
no siempre eran periodistas. De acuerdo con el lenguaje
oficial, fue entonces, para evitar estos patrocinios y
hacerse independientes, cuando se tomó la decisión de
modificar los estatutos. Sin embargo, lo cierto es que en
términos prácticos Estados Unidos pasó de un voto a 424 y
se alzó con la mayoría [2]. Es de suponer que estos 424
votos componen el pequeño grupo de editores y directores de
periódicos estadounidenses que se habían sumado a la SIP
en 1946, de acuerdo con los historiadores oficiales de la
patronal.
Por eso Vera, en una entrevista ofrecida recientemente
insiste en que, desde 1950 hasta nuestros días, hay una
libertad de prensa secuestrada por el poder del dinero, de
los recursos, y lógicamente sobre la base de una estrategia
imperial: «Por eso digo que hay una mentira organizada y
hay una verdad dispersa. Hay una mentira organizada, porque
hay una estrategia imperialista y no hay una verdad
organizada porque no tenemos todavía una estrategia
antiimperialista. Eso funciona milimétricamente» .
Voces dignas contra la SIP
El golpe CIA-SIP generó malestar en Latinoamérica.
Mientras la SIP repetía que representaba a los periodistas,
cada vez se hacía más evidente el perfil de la
organización, integrada por los grandes medios impresos
conservadores de la región -marcadamente
proestadounidenses- y guiada por intereses imperialistas y
empresariales, pero no periodísticos.
Este malestar incubado en América Latina se puso de
manifiesto en la conferencia siguiente, celebrada en 1951 en
Montevideo, Uruguay, donde representaciones del país
anfitrión, Brasil, Chile, Perú y Argentina proclamaron su
abandono de la SIP y suscribieron el Acta de Montevideo, en
la que denunciaban que los propietarios de los medios se
habían abrogado la función de determinar donde había o no
libertad de prensa, cuando los que tienen derecho a ello,
además de la sociedad, son los periodistas.
Tras manifestarse en contra de este secuestro, el Acta de
Montevideo indicaba que era preciso el nacimiento de una
organización que agrupara verdaderamente a las asociaciones
de periodistas, a fin de evitar que sus funciones siguieran
siendo usurpadas por los dueños de los grandes medios [3].
En su libro Breve historia de la SIP [4], el
periodista Gregorio Selser registra entre las voces que se
alzaron contra la SIP en 1951 al escritor y periodista
venezolano Miguel Otero Silva, propietario de El
Nacional de Caracas. En esa ocasión, Otero Silva
reclamó que el cambio de estatutos aprobado en Nueva York
violaba las normas más fundamentales de la organización,
«dándole el carácter que ahora tiene: una entidad
exclusivamente patronal de intercambio comercial,
estrictamente controlada por los vendedores de papel, las
agencias noticiosas y los buscadores de avisos que residen
en Estados Unidos. Nada más inoportuno en ese ambiente que
un periodista».
Otero Silva denunció además como tendencioso un informe
de la SIP en el cual, mientras se le dedicaba 80 o 90 por
ciento de su contenido a relatar minuciosamente los
atropellos cometidos por Perón contra la libertad de
expresión, se tendía un piadoso y cómplice manto sobre
las dictaduras latinoamericanas.
En ese mismo informe, continuaba Otero Silva, aparecía el
tirano nicaragüense Anastasio Somoza como un ángel tutelar
de la libertad de pensamiento y se colocaban como arquetipos
de la democracia al chileno González Videla y a los
dictadores bolivianos. Mientras tanto, daba vergüenza ver
en aquella asamblea de Montevideo a los esbirros
intelectuales de Rafael Leónidas Trujillo bramando en la
tribuna para decir que Perón era un tirano y que en su
país, en cambio, se disfrutaba de una absoluta libertad de
pensar, afirmaba indignado el escritor venezolano.
En este libro de Selser, citado por el periodista José
Steinsleger, aparece otro testimonio de denuncia contra la
SIP, proveniente de sus propias filas. De acuerdo con
Selser, en 1958 uno de los ex presidentes de la SIP, el
mexicano Miguel Lanz Duret (1909-1959), director de El
Universal, renunció a la organización cuando supo que
la SIP había solicitado su inscripción como corporación,
dando como sede la ciudad de Dover, en Estados Unidos. Con
esta acción, para Lanz Duret, la SIP iría a depender, a
todos los efectos jurídicos y legales, de las leyes
norteamericanas, desmintiendo así su supuesta independencia
y desvirtuando en los hechos la recomendable
extraterritorialida d que le confería, por ejemplo, una sede
anual móvil, distinto de la norteamericana.
Más recientemente, en el año 2000, una posición similar
tuvo que ser adoptada por el diario uruguayo La
República y la revista Posdata, los cuales
hicieron pública su renuncia a la organización empresarial
al enterarse de que el antiguo director de prensa de la
dictadura militar en ese país (1973-1985), Danilo Arbilla,
había sido nombrado presidente de la SIP.
La carta de renuncia a la SIP, firmada por el director de
La República, Federico Fasano Mertens, y fechada el
24 de octubre de 2000, reprochaba que la designación de
Arbilla como presidente de una entidad que tenía entre sus
principales objetivos declarados defender la libertad de
prensa, constituía un insulto a la conciencia democrática
de los pueblos americanos. «Su designación al frente del
organismo que pretende velar por la libertad de prensa
equivale a poner al zorro a cuidar el gallinero. Por todo lo
antes dicho, el diario La República tiene el alto
honor de renunciar, formal y públicamente, como miembro de
esta Sociedad mientras el impostor continúe a su frente»,
concluía la misiva.
Mis amigos, los dictadores
Como dice el periodista cubano Ernesto Vera, el terrorismo
mediático tiene muchas manifestaciones. Aunque la mayoría
de las veces se manifiesta en la acción de la SIP y sus
afiliados, en no pocas ocasiones se manifiesta en la
omisión. Los silencios de la SIP son igual de elocuentes,
sobre todo cuando cubren sus alianzas con regímenes
dictatoriales.
En el año 2005, este denunciado ex presidente de la SIP,
Danilo Arbilla, cargó contra el gobierno del entonces
presidente Néstor Kirchner, a quien acusó de «manejar la
publicidad de manera selectiva» y «tratar con
desconsideración» a los medios de comunicación. Kirchner
refrescó entonces el historial de Arbilla y recordó
además al subdirector del diario argentino La
Nación, Claudio Escribano, su complacencia con las
atrocidades cometidas en Argentina durante la dictadura
militar en ese país.
Esta vinculación de los dueños de la gran prensa con los
regímenes dictatoriales latinoamericanos ha sido
suficientemente documentada y citada en numerosas ocasiones,
para demostrar que las preocupaciones de la SIP no se
dirigen a la defensa de las libertades, sino a la
preservación de intereses empresariales y oligárquicos.
En el caso Arbilla, éste había sido jefe de prensa de la
última dictadura militar en Uruguay, que torturó y
asesinó a ciudadanos uruguayos. De acuerdo al diario
uruguayo La República, Arbilla fue designado en el
cargo por el presidente Juan María Bordaberry y continuó
desempeñando esas funciones luego de que el mandatario
eliminara las instituciones republicanas contando con el
respaldo militar, e incluso después de instaurada
plenamente la dictadura.
Así, el diario recuerda que Arbilla fue cómplice del
decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que prohibía
expresamente la divulgación por la prensa de todo tipo de
información que "directa o indirectamente mencione o
se refiera a lo dispuesto por el presente decreto
atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo, o
pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos";
durante su gestión entre 1973 y 1976, se clausuraron 173
medios de comunicación -14 de estas clausuras fueron
definitivas- y se intervino la Asociación de la Prensa
Uruguaya (APU), la organización sindical de los
periodistas. También fue desaparecido el subdirector del
semanario Marcha, Julio Castro, y fueron encarcelados
y torturados decenas de periodistas.
Un personaje parecido, el dominicano Germán Ornés, era el
presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP
que dirigía cartas preocupadas al presidente chileno
Salvador Allende por falsas violaciones a la libertad de
prensa. Este mismo Ornés fue señalado por investigadores
de distintas nacionalidades de haber actuado como adulador
del dictador de República Dominicana, Rafael Leonidas
Trujillo.
Otro ejemplo de la actuación de la SIP frente a las
dictaduras lo encontramos en sus denuncias en el año 1974,
cuando de acuerdo con la organización empresarial el peor
enemigo de la libertad de prensa en el continente era el
gobierno nacionalista peruano de Juan Velasco Alvarado,
debido a las medidas de expropiación de la gran prensa.
Mientras tanto, la brutal represión y el amordazamiento en
las dictaduras de Chile, Argentina y Uruguay eran
prácticamente ignorados por los amos de la prensa.
Los golpes de la SIP
En paralelo a su relación con gobiernos dictatoriales, la
historia del cartel de la gran prensa americana registra un
buen número de agresiones en contra de gobiernos
constitucionalmente constituidos, en consonancia con los
intereses imperialistas en la región. En este sentido,
Gargurevich destaca la temprana conformación de un eje CIA,
SIP y agencias de noticias, como parte de la estructura de
dominación estadounidense, formando un poderoso aparato
para los planes desestabilizadores en América Latina [5].
Quizás el caso más emblemático de acción
desestabilizadora de la SIP, haya sido el de su campaña de
propaganda sucia contra el gobierno de Salvador Allende en
Chile, derrocado en 1973 por la combinación de fuerzas
reaccionarias chilenas y la CIA, a partir de la
implementación de una fuerte guerra psicológica.
El periodista chileno Hernán Uribe asegura que a lo largo
de toda la historia de Chile, no hubo un período en el que
reinara una libertad informativa de tal magnitud que incluso
cayó en el libertinaje y en claras violaciones a la ética
profesional, como en el período presidencial de Allende. El
propio presidente Allende, en 1970, declaró a la agencia
Prensa Latina que su gobierno estaría a favor de una
irrestricta libertad de prensa, pero también propiciaría
que todos los actores sociales y corrientes ideológicas
tuvieran acceso a la opinión.
«Actualmente, esos derechos están consagrados
formalmente, pero su ejercicio en la práctica aparece
restringido a sectores minoritarios que tienen una
situación prominente desde el punto de vista financiero»,
señalaba Allende, según un recuento hecho por el también
periodista Ernesto Carmona. Sus palabras, obviamente, no
podían gustar a los magnates mediáticos. Menos cuando
Allende apuntaba hacia un tema central, al indicar que los
medios en los regímenes capitalistas se convierten no en
instrumentos de información, sino en instrumentos de
desinformación de los intereses populares.
Guiados por la CIA, los medios opositores chilenos, con el
diario El Mercurio a la cabeza, no podían responder
a la petición de Allende de informar en forma objetiva y
mantener con hidalguía sus puntos de vista. Por el
contrario, se dedicaron a difundir falsedades y a intentar
dar una imagen de persecución a la prensa, echándole leña
al fuego en el que cocinarían la dictadura pinochetista. De
allí que Allende reclamara, el 12 de febrero de 1973: «Nos
hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral
y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la
Sociedad Interamericana de Prensa. No nos inquieta la
crítica. No sólo la aceptamos, sino que la reclamamos».
Uribe resalta también que fue la CIA la encargada de
manejar a la gran prensa chilena y a los afiliados de la SIP
en una campaña de propaganda negra contra Allende, hecho
corroborado por papeles desclasificados en Estados Unidos.
En este marco, el diario El Mercurio, propiedad de
Agustín Edwards, quien fungía como vicepresidente de la
SIP, recibió los dólares suficientes para su campaña
contra Allende, y llegó incluso a dejar de circular durante
un día, alegando amenazas, «con el objetivo de armar un
escándalo desinformativo que clamara `por el cierre' de
El Mercurio».
De acuerdo con el periodista chileno, las falacias fueron
tales que la campaña denunciaba que se agrediría a la
prensa cortándole el suministro de papel, cuando en
realidad el gobierno no tenía relación en el negocio del
papel, pues el productor monopólico de ese elemento era una
empresa privada.
En la investigación realizada por Gargurevich, se
demuestra que esta campaña de desestabilización en el
Chile de Allende incluía el deterioro de la imagen del
gobierno de la Unidad Popular, tanto interna como
externamente. Ese «frente externo» estaba conformado por
los diarios miembros de la SIP. Las noticias eran redactadas
por la CIA, difundidas por las grandes agencias de prensa y
publicadas por los afiliados sipianos.
La SIP llegó incluso a reunirse en Santiago de Chile en
octubre de 1972, reunión a la cual Allende no se negó, a
pesar de la oposición de diversos sectores chilenos,
conocedores de las intenciones de la organización. Aquella
reunión en la que de nuevo se «defendía la libertad de
prensa» tuvo, por supuesto, una amplia repercusión
mediática.
El trabajo de la SIP y sus asociados en el derrocamiento
del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, ocurrido en 1954,
también ha sido develado por documentos de la CIA,
desclasificados en 1999, y recogidos en el libro La CIA
en Uruguay del historiador Roberto García [6].
La investigación histórica hecha por García prueba que
las prioridades propagandísticas establecidas por la CIA en
contra de Arbenz eran de inmediato reflejadas por la prensa
de derecha de Uruguay. Medios como El País y El
Día publicaban editoriales sobre la «infiltración
comunista» elaborados por la CIA, incluso con errores de
traducción del inglés y descaradamente destacados por
ambos periódicos con un solo día de diferencia.
Las pruebas se encuentran en documentos como «CIA,
Guatemala General Plan of Action» (Doc. Nº 135875, 12
November 1953), que establece los contenidos esenciales del
plan de desinformació n continental contra Arbenz; y «CIA,
Hemisphere Support of PBsuccess» (Doc. Nº 913376, 16
February 1954), que detalla los apoyos hemisféricos para el
plan de desinformació n.
Toda esta operación estaba coronada por la infaltable
denuncia de la SIP sobre violación de la libertad de prensa
en Guatemala. En su publicación oficial Press of the
Americas (Num. 25, Vol. 1, marzo 1º de 1954), la SIP
apoyaba sus preocupaciones en una conferencia de prensa
ofrecida por Jules Dubois, presidente del Comité de
Libertad de Prensa de la SIP, luego que el presidente Arbenz
alertara que la prensa estaba fomentando una intervención
extranjera en su país.
De la misma manera, Gargurevich establece en su
investigación los paralelismos entre la operación puesta
en marcha para derrocar a Allende en Chile con la campaña
que logró la derrota del primer ministro de Jamaica,
Michael Manley, en las elecciones de octubre de 1980,
acusadas de fraudulentas. Manley había sido señalado por
Estados Unidos de inclinarse hacia el comunismo -con todo lo
que eso significaba en el marco de la Guerra Fría-, tras
establecer relaciones diplomáticas con Cuba, sumarse a los
no alineados, elevar los impuestos a empresas
transnacionales y declarar que su país se encaminaba hacia
un socialismo democrático.
En este caso, el papel que jugó El Mercurio en
Chile fue adjudicado a The Daily Gleaner, que en 1979
fue acusado por la Asociación de Prensa de Jamaica de
asumir una conducta no profesional, y cuya feroz campaña
contra el gobierno de Manley fue ampliamente reproducida por
los diarios afiliados a la SIP.
Es conocida también la vinculación CIA-gran prensa contra
el gobierno sandinista en Nicaragua, denunciada en 1981 por
los periodistas nicaragüenses; y en general contra los
gobiernos nacionalistas, socialistas, progresistas en la
región que tomen medidas que puedan afectar a los intereses
de las oligarquías locales y de Estados Unidos.
La propaganda negra continúa
Luego de probar con éxito estos esquemas de propaganda
negra contra gobiernos democráticos y populares, el eje
CIA-SIP continúa aplicándolos en América Latina, siendo
obvia su utilización en el caso de Cuba, Argentina, con la
presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner; Bolivia, con el gobierno de Evo Morales; Ecuador,
con el presidente Rafael Correa; y Venezuela, con la
Revolución Bolivariana impulsada por el presidente Hugo
Chávez.
En el año 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo
Arbilla, denunciado por su vinculación con la dictadura
uruguaya, cargó contra el gobierno del presidente Néstor
Kirchner, al cual acusó de «manejar la publicidad de
manera selectiva» y «tratar con desconsideración» a los
medios de comunicación. La queja de Arbilla iba dirigida a
la disposición del gobierno argentino de distribuir la
publicidad oficial con criterio de equilibrio, entre los
medios pequeños, medianos y grandes.
Contra Evo Morales, en el año 2006, la SIP señaló que en
Bolivia estaba en peligro la libertad de prensa ante el
propósito de apoyar la formación de una red de medios
comunitarias, a pesar de que estos medios constituyen una
herramienta para la democratización de las comunicaciones,
a través de la gestión de las propias comunidades.
En cuanto al gobierno de Rafael Correa, el periodista
ecuatoriano Alberto Maldonado ha denunciado que la SIP ubica
al presidente Correa como «hostil a la prensa», sólo por
sus expresiones para calificar a determinados medios y
representantes de la prensa, frente a acusaciones y
calificativos que estos han usado en su contra sin ninguna
discreción.
Sobre Venezuela, la SIP ha vertido numerosas acusaciones a
lo largo del gobierno del presidente Hugo Chávez,
reiterando el modelo de propaganda negra, según el cual
estaría en peligro la libertad de expresión.
En el caso de la aprobación de la Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión -conocida como Ley Resorte- en
el año 2004, la SIP, fiel a su precepto de que «la mejor
ley de prensa es la que no existe», afirmó que esta
legislación estimulaba la censura previa, cuando en
realidad buscaba promover el derecho del pueblo a una
información oportuna y veraz. Sin embargo, en abril de
2002, la SIP avaló el golpe de Estado contra el gobierno
legítimo de Venezuela y no se pronunció sobre el black
out informativo de los canales privados el 13 de abril,
ni sobre el cierre de Venezolana de Televisión durante el
efímero gobierno de facto.
Por otra parte, el lazo de la patronal de la prensa con los
intereses de Estados Unidos ha quedado de nuevo en
evidencia, como lo destaca Steinsleger, cuando el 13 de
octubre de 2003, la entonces consejera de seguridad
nacional, Condoleezza Rice, ordenaba en teleconferencia a la
Asamblea General de la SIP que apoyara al gobierno de
Gonzalo Sánchez de Losada, cuya dimisión pedían los
bolivianos luego de una intensa represión policial.
La SIP defiende el viejo orden
La Sociedad Interamericana de Prensa no sólo ha desatado
campañas en contra de gobiernos legítimos, sino que ha
tocado también a organizaciones internacionales del propio
sistema de Naciones Unidas, que se han puesto al lado de los
pueblos latinoamericanos en la lucha por la democratización
de las comunicaciones. Así ocurrió en los años setenta
contra la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), cuando ésta
promovía el derecho de los Estados a establecer políticas
comunicacionales.
En esa década, los países no alineados iniciaron un ágil
movimiento exigiendo la creación de un Nuevo Orden
Económico Internacional (Noei) que superara las injusticias
del orden que prevalecía hasta el momento. Aparejado a este
Noei, el Movimiento de los No Alineados, en su Declaración
de Argel de 1974, proclamó la necesidad de un Nuevo Orden
Mundial de la Información y la Comunicación (Nomic), que
contribuyera a la democratización de las comunicaciones,
utilizando entre otras fórmulas, la definición de
políticas nacionales de comunicación. Denunciaba el Noal
al sistema informativo existente como un instrumento de
dominación.
La respuesta de Estados Unidos contra esta propuesta fue
inmediata y constituyó una cerrada defensa a la doctrina
del libre flujo de la información [7], en lo cual de nuevo
la SIP actuó como su aliada. A esa doctrina, los países
del llamado Tercer Mundo oponían la exigencia de un flujo
equilibrado, a través de la reestructuración de los
sistemas de información y comunicación, contra la
unidireccionalidad de los mensajes y la concentración
mediática.
Las denuncias contra ese «libre flujo» encontraron una
aliado en el informe «Un solo mundo, voces múltiples»,
presentado en 1980, resultado del trabajo de una comisión
nombrada por la Unesco y presidida por el Premio Lenin y
Premio Nobel de la Paz, Sean MacBride. En ese documento,
conocido como Informe McBride, se exponía el desequilibrio
del flujo informativo y se planteaba la necesidad de mayor
justicia en el intercambio de información, así como de
menor dependencia en relación a las corrientes de
comunicación.
La SIP se convirtió en una de las más feroces voces
opositoras al Nomic y a la implementación de políticas
nacionales de comunicación (PNC), en una actitud
reaccionaria de lucha contra cualquier posibilidad de
democratización de la comunicación, que lógicamente
atentaría contra los intereses de los poderosos grupos
mediáticos.
El argumento central que alzaron en su ofensiva contra el
Nomic fue el más trillado de toda la época de la Guerra
Fría: ese nuevo orden olía a conspiración comunista y
estaba impulsado por la Unión Soviética.
Para frenar cualquier acción gubernamental que favoreciera
la democratización comunicacional, la SIP se unió a otra
patronal regional, la Asociación Interamericana de
Radiodifusión (AIR). Ambas atacaron además en otro frente,
al descalificar la acción de la Unesco, organismo que bajo
la conducción del senegalés Amadou M'Bow había
decidido impulsar el Nomic, estableciendo el vínculo entre
comunicación y desarrollo. El acoso contra la Unesco no
cesó hasta que Estados Unidos e Inglaterra anunciaron su
retiro del organismo, denunciando la politización de este
foro; y se obtuvo el nombramiento del español Federico
Mayor Zaragoza, una figura considerada mucho más dócil
ante los intereses dominantes. De allí que el investigador
venezolano Oswaldo Capriles concluyera:
«El castigo sufrido por Unesco es una de las principales
lecciones que pueden sacarse en cuanto a la terrible fuerza
que las organizaciones de agencias y medios noticiosos
occidentales, en especial estadounidenses, tienen, no
solamente en cuanto a capacidad específica para influenciar
opinión a través de la tergiversación de la información,
sino en cuanto a la capacidad para presionar directamente
los gobiernos y obtener resultados políticos de tal
gravedad en la escena de los organismos del sistema
internacional de las Naciones Unidas». (1996, p. 42)
Los encargados de esta campaña fueron principalmente
The New York Times, las agencias de noticias AP, UPI
y AFP, y sobre todo la SIP y la AIR.
La acción de la SIP fue particularmente fuerte en 1976 en
contra de la Conferencia de San José de Costa Rica, donde
los gobiernos latinoamericanos se reunieron para debatir
sobre políticas nacionales de comunicación. La SIP, al no
haber solicitado el estatus de observador en la Unesco, no
fue invitada a la reunión; sin embargo, la patronal
emprendió una campaña asegurando que al no invitarla se
rehuía el debate y, en un golpe de efecto, anunció una
reunión paralela en San José, «bajo la gritona dirección
de un periodista dominicano, ex portavoz del fenecido
dictador Trujillo», como señalaba Capriles.
En un análisis detallado de la campaña de la SIP y la AIR
contra la Unesco, Capriles indica que ambas patronales
lograron inundar la prensa del mundo con una guerra de
opinión en la cual se impuso la idea de la existencia de
una «tesis Unesco», inspirada por la «extrema izquierda»
y atentatoria contra la libertad de expresión.
Adicionalmente, los ataques se concentraban contra aquellos
países que apoyaban la conferencia, mientras que en los
grandes diarios disminuían las noticias negativas sobre los
países que se mostraban dispuestos a colaborar.
Los comunicados emitidos por la Unesco no eran publicados
por casi ningún periódico, mientras que cualquier
documento emitido por el llamado Comité para la Defensa de
la Libertad de Información, creado por la SIP y por el
International Press Institute (IPI) como uno de sus frentes
de batalla, era reproducido en todos los medios afiliados.
La campaña de la SIP era repetida en Estados Unidos por los
periódicos del grupo Hearts y el New York Times [8].
Entretanto, desde El Noticiero de la SIP, se
mezclaban hechos sin conexión, acusaciones de
antisemitismo, denuncias de maniobras de la «aplanadora
rusa-Tercer Mundo» para arremeter contra la Unesco.
Aunque una de las estrategias aplicadas por la SIP fue
insistir en un supuesto complot contra la libertad de
expresión orquestado por gobiernos de extrema derecha y de
extrema izquierda, lo cierto es que como revela Capriles:
«En los países de gobierno dictatorial
existió de hecho un acuerdo tácito entre gobiernos y
medios difusivos sobre la base de situaciones previas de
entendimiento, lo que demuestra de paso que los medios
comerciales no estaban exigiendo democracia o libertad, sino
defendiendo privilegios oligopólicos para su actividad
publicitaria, actividad que en cambio consideraban amenazada
en aquellos países de régimen de democracia formal, por el
hecho de ser en estos -o al menos en algunos de ellos- donde
se había planteado el tema de las políticas de
comunicación, como elemento necesario para un avance o
perfeccionamiento de la democracia». (Capriles, 1996, p.
57)
Algunos de los acuerdos de esa reunión de Costa Rica
consistían en crear una agencia latinoamericana y caribeña
de noticias, establecer formas de cooperación para el
desarrollo de las comunicaciones rurales, formar un consejo
latinoamericano de comunicación social, exigir una
circulación equilibrada de comunicación e información en
el plano internacional y reconocer el derecho a la
comunicación como derivado del derecho universal de
expresión. Sin embargo, todos estos propósitos fueron
abandonados por los gobiernos ante la fuerte presión
mediática.
Particularmente en Venezuela, la SIP encontró el apoyo de
la patronal Fedecámaras, que el 3 de agosto lanzó una
declaración en la cual hablaba sobre la necesidad de
salvaguardar la libertad de expresión y alertaba contra el
peligro totalitario.
Desde entonces hasta ahora, la SIP se ha mantenido actuando
contra los intentos de reivindicación del derecho a la
comunicación y a la información veraz. Es por ello que a
finales de los noventa, acusó al gobierno de Rafael Caldera
de tener tentaciones totalitarias, buscando impedir que
presentara su propuesta del derecho a la información veraz
en la VII Cumbre Iberoamericana, reunida en la isla de
Margarita, en 1997.
En aquella cumbre, a pesar de la violenta oposición de la
SIP, se aprobó por primera vez un párrafo que habla sobre
garantizar el derecho a la información veraz, en el acuerdo
38 de esa conferencia, que aún está vigente. Este
principio encontró luego caminos más firmes en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que
consagra en el artículo 58 el derecho a la información
oportuna, veraz e imparcial.
El lenguaje de la SIP. ¿Libertad de prensa o libertad de
empresa?
En su lenguaje oficial, la SIP se esmera en utilizar
conceptos que legitiman su comportamiento y la autoerigen en
un referente a la hora de definir qué es la libertad de
prensa y de decidir quién respeta esta libertad y quién
no. No obstante, cuando hace esto, está incurriendo en la
usurpación de un derecho colectivo de los pueblos y oculta
en nombre de quiénes actúa verdaderamente esta
organización patronal. Veamos algunos ejemplos:
* La SIP se empeña en hablar como representante de los
periodistas, pero como hemos visto, se trata de una
organización empresarial que sólo representa a los dueños
de los medios. Por lo tanto, no puede hablar en nombre del
gremio periodístico, como lo han denunciado periodistas de
todo el continente.
* La SIP se abroga el derecho de decidir quién viola y
quién respeta la libertad de expresión. Como advierte el
periodista Ernesto Vera, la libertad de expresión es un
derecho individual, del cual se deriva la libertad de
prensa, pero en el tiempo de los medios masivos se convierte
en un derecho colectivo. Es entonces un derecho de la
sociedad y no de los dueños de la gran prensa. Dejarlo
efectivamente en sus manos, es como si confiáramos que el
derecho a la salud fuera defendido y definido sólo por las
grandes clínicas privadas.
Oswaldo Capriles, en su libro Poder político y
comunicación, señala también que la SIP utiliza la
libertad de prensa para presionar en la opinión pública.
Al presentarse como los encargados de definir en cuáles
países hay libertad de prensa y en cuáles no, consiguen
mantener presionados a los gobiernos y presentarse ante la
opinión pública con un valor que no tienen. Recuerda
además que se nos oferta la concepción dominante de la
libertad de expresión como un exclusivo privilegio de los
dueños de los medios.
En definitiva, ¿quién tiene derecho a la libertad de
expresión, sino la sociedad? Es por eso que se denuncia con
frecuencia la pretensión de la SIP de fusionar la libertad
de prensa con la libertad de empresa, que no es más que la
defensa de su capacidad de realizar negocios, tal y como lo
expresa la Felap:
«Siendo esta sociedad una agrupación nucleada
con base en propietarios y editores de periódicos, la
libertad de prensa que dice defender no puede ser otra que
la libertad de empresa que necesitan sus miembros para
participar en el comercio de la prensa y utilizar la noticia
con una mercancía u objeto de consumo» (2006, p. 28).
* La SIP pretende definir, sin la participación de otras
instancias de la sociedad, qué es la libertad de
expresión, un derecho que no les ha sido otorgado y del
cual se han apropiado a partir de su poder económico. Esta
pretensión de la SIP es muy clara en su Declaración de
Chapultepec, en la cual se expresa una apología de un
concepto de libertad de prensa que pretende una prerrogativa
de los medios de difusión. La organización empresarial
inició el proyecto de Chapultepec en 1994 y actualmente
asegura que los diez puntos establecidos en la Declaración
se han establecido como «el estándar reconocido mediante
el cual el hemisferio mide la libertad de prensa y
expresión». De hecho, aseguran que a partir de 1994, se ha
tomado «un concepto abstracto», como el de libertad de
expresión y se le ha dado una configuración que ha
permitido que la gente ya no dé respuestas «confusas,
esporádicas e incoherentes» cuando se le pregunta qué es
libertad de expresión.
* La SIP invariablemente se presenta como la defensora de
la prensa independiente. Vistos los cuantiosos ejemplos de
manipulación y desinformación, habría que preguntarse,
¿esa prensa es independiente de qué? Independiente de los
intereses populares; dependiente de los dueños del dinero y
del poder.
* La SIP se opone duramente al concepto de información
veraz, alegando que si lo aceptan tendrían que rendirles
cuentas a los gobiernos, y que estos podrían censurar a la
prensa al ser los que definan qué es la información veraz.
Es esta una falsa dicotomía, porque es la sociedad la
encargada de denunciar a los medios cuando mienten. El
dilema no es SIP vs. Gobierno, sino SIP vs. Sociedad.
* La SIP siempre se ha manifestado en contra de las leyes
de prensa, defendiendo en su lugar el concepto de
autorregulación. Sin embargo, el hecho de que alguien tenga
dinero para poseer un medio de prensa que alcanza a
centenares de miles o millones de personas, no lo coloca
sobre la sociedad o al margen de la sociedad; igual debe
responder y asumir una responsabilidad ética y social; si
no, estaríamos ante la paradoja de un poder
antidemocrático que actúa como contralor de otro poder,
este sí democráticamente constituido, sin tener que rendir
cuentas y sin posibilidad de ser cambiado.
Habría que recordar, como lo hace Vera, que la prensa se
apoya para su existencia en preceptos constitucionales que
no se compraron con dinero, sino con el sacrificio y la
sangre de todos los que lucharon por tener independencia.
Poderosos, pero no todopoderosos
A pesar de este historial de alianzas imperialistas,
manipulaciones y desinformación, en los últimos tiempos
gobiernos progresistas, de izquierda o revolucionarios, han
logrado obtener victorias en procesos electorales en
América Latina, aun en contra de la voluntad y la posición
de los grandes medios de prensa, lo cual representa una
derrota para los poderosos de la SIP. Esto evidencia, sin
duda, un crecimiento de la conciencia crítica de los
pueblos, aun cuando las campañas de propaganda negra
continúan haciendo daño e intentando doblar la voluntad
popular de avanzar hacia la transformación de nuestras
realidades.
Una idea defendida por Ernesto Vera, luego de años en el
ejercicio del periodismo, es que los dueños de los medios
son poderosos, pero no todopoderosos. Y su punto débil
radica precisamente en que su mensaje ofende la inteligencia
humana y no se identifica con la realidad de la inmensa
mayoría de los destinatarios. Es por ello que aun con menos
recursos, tecnológicos y financieros, es preciso insistir
en la tarea de desarrollar la conciencia crítica sobre lo
que significan esos medios y sobre quiénes son sus dueños,
y los dueños de esos dueños.
[1] Las informaciones y reflexiones aportadas por el
periodista cubano Ernesto Vera surgieron de una entrevista
personal realizada para este trabajo. Vera es presidente
honorario de la Federación Latinoamericana de Periodistas
(FELAP) y profesor del Instituto Internacional de Periodismo
José Martí.
[2] En 1950, la SIP tenía un total de 778 miembros, 424
eran estadounidenses, 314 eran latinoamericanos y 22
canadienses y europeos.
[3] Para dar respuesta a este llamado, pasarían 25 años,
pues fue sólo en 1976 cuando se creó la Federación
Latinoamericana de Periodistas (Felap), bajo el principio de
apoyar siempre el derecho de los pueblos a la información
veraz. Para fundar la Felap fue fundamental la acción del
combatiente periodista peruano Genaro Carnero Checa, quien
logró que el presidente de México para ese entonces, Luis
Echeverría, le diera apoyo al nacimiento de la
organización. Hoy en día, las acciones y declaraciones de
la Felap continúan siendo silenciadas por los grandes
medios.
[4] Las citas sobre este libro de Selser están recogidas
por el periodista José Steinsleger, en el artículo «SIP:
Mordaza de libre presión», publicado por el diario
mexicano La Jornada, el 15 de octubre de 2006. Sobre
este tema de la SIP, Selser también es citado con
frencuencia por Juan Gargurevich. Steinsleger anota que si
la SIP fuese una entidad realmente comprometida con la
libertad, la independencia y la democracia, el edificio que
en Miami alberga su sede debería llamarse Gregorio Selser
(1922-1991), en lugar de Jules Dubois.
[5] El investigador venezolano Oswaldo Capriles, en un
libro titulado Poder político y comunicación, puntualiza
que sin duda las agencias de seguridad estadounidenses han
estado involucradas en la conformación de la SIP, aunque
los dueños de los medios no necesiten mucha presión para
mantener posiciones coincidentes con el complejo
industrial-político-militar estadounidense, dado su lugar
dentro de las élites dominantes. De allí se explica la
tendencia ultraconservadora que otorga a la SIP.
[6] Las notas sobre el libro de García fueron publicadas
en el diario uruguayo La República, el 20 de agosto
de 2007, bajo el título «La CIA ordenaba; El País
y la SIP ejecutaban». La reseña del diario recuerda que
Arbenz encabezó el segundo gobierno de lo que se llamó la
primavera democrática en Guatemala y fue derrocado el 27 de
junio de 1954, por una invasión de un ejército libertador
organizado, financiado y armado por EEUU. «La operación de
la CIA para derrocar a Arbenz se denominó 'Sucess'
y fue la primera que incluyó la implementación de un
aparato de construcción de opinión a nivel continental
según la definición propia de los EEUU. La operación fue
autorizada por el presidente de EEUU, Dwigth Einshower e
instrumentada por el entonces canciller John Foster Dulles,
y su hermano Allen, director de la CIA. Los hermanos Dulles,
eran accionistas de la United Fruit Company, propietaria de
enormes latifundios y plantaciones en Guatemala, afectados
por la Reforma Agraria emprendida por Arbenz para darles
tierra a los miles de campesinos e indígenas privados de
ella».
[7] Ya en la Conferencia Interamericana de Chapultepec,
realizada en 1945, Estados Unidos había impulsado la
aprobación de una resolución relativa a la libre
circulación de noticias. Como destaca el periodista
venezolano Eleazar Díaz Rangel, en su libro La información
internacional en América Latina, estas resoluciones podían
ser inobjetables en la letra, pero en la práctica «sólo
beneficiarían al único país en capacidad de hacer
circular todo tipo de mensajes comunicacionales, consciente
del poder de la información». Un año después, en 1946,
el Departamento de Estado informaba que un subsecretario de
Estado se ocuparía de los asuntos de comunicación, con la
función expresa de romper las barreras que se oponían a la
expansión de los medios estadounidenses en el planeta,
asumiendo la libertad de prensa como parte de la política
exterior estadounidense.
[8] La reportera del New York Times, Deidre Carmody,
sostenía los argumentos de la SIP y se quejaba de la
imposibilidad de presentar los alegatos de la UNESCO
afirmando que no había sido posible contactar a ninguno de
sus funcionarios en la conferencia de Costa Rica, cuando
luego quedó al descubierto que no sólo no estaba
acreditada como corresponsal para el evento, sino que
tampoco se encontraba en San José.
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Fuente original: http://www.pcv- venezuela. org/index. php?option= com_content& task=view& d=5905&Itemid= 1
