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García y su tropa en la picota .
La Municipalidad de Vicente López en la mira de la Oficina Anticorrupción
Enrique "Japonés" García.
Ese órgano nacional promovió una denuncia penal que recayó en el Juzgado Federal del Dr. Claudio Bonadío. Se investigan incumplimiento de deberes del funcionario público, peculado, defraudación al Estado nacional y negociaciones incompatibles con la función pública. Se descubrieron numerosas concesiones sin autorización previa, a la vez que se destacó que los precios y cánones de las mismas no se compadecen con la extensión e importancia de los terrenos entregados.
VICENTE LÓPEZ-BUENOS AIRES, Julio 07 (Agencia NOVA) De acuerdo a información aportada al portal InfoBAN por los denunciantes del escandaloso caso, la Oficina Anticorrupción de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, promovió una grave denuncia ante la Justicia Federal para investigar la conducta de varios oficiales del Ejército Argentino, de funcionarios de la Municipalidad de Vicente López y concejales locales, y de empresarios vinculados con concesiones cuestionadas.
La Oficina que investiga en casos de presunta corrupción hizo suya la denuncia previa presentada por la Asociación Civil Pro Vicente López, todo dentro del marco de la ordenanza Nº 20.663 sobre el Batallón Militar de Villa Martelli, melliza de la ordenanza del shopping de la costa y otras nacidas en la sesión efectuada durante la recordada madrugada de la Nochebuena del 2004.
La Oficina Anticorrupción pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado, defraudación al Estado nacional y negociaciones incompatibles con la función pública.
Se descubrieron numerosas concesiones sin autorización previa, otorgadas sin licitaciones y sin intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación, a la vez que se destacó que los precios y cánones de las mismas no se compadecen con la extensión e importancia de los terrenos entregados.
La Oficina Anticorrupción entiende que un convenio celebrado entre la Municipalidad y autoridades del Ejército, más la aludida ordenanza, "hizo posible la celebración de los contratos en las condiciones expuestas".
Entre las contrataciones cuestionadas se encuentran la de una concesionaria de automotores, una estación de servicio, expendio de combustibles y minimercado, espacio para antenas radioeléctricas, comercios de corralón de materiales, tornería mecánica y otros talleres.
"El caso más notable es el negocio de venta y exposición de automotores de una marca alemana, contrato por 9 años, superficie de 7.500 metros cuadrados. Se construyó un edificio para esa empresa sin las autorizaciones de las jerarquías del Ministerio de Defensa. El Concejo Deliberante de Vicente López pretendió blanquear la situación aprobando una posterior ordenanza, luego de terminada la obra que no se pudo inaugurar debido a la denuncias promovidas por nuestra Asociación", explicaron los denunciantes.
Entre los párrafos salientes de la denuncia de la Oficina Anticorrupción, se destaca que: "Sin perjuicio de las diversas hipótesis plausibles a lo largo de la investigación, considero que el desconocimiento de la normativa ya mencionada en forma reiterada en el proceso de urbanización arrendamiento y concesión del predio correspondiente a la guarnición militar de Villa Martelli que se han analizado, configuraría en una primera instancia el delito de violación de los deberes de funcionario público previsto en el art. 248 del Código Penal".
En el mismo expediente que trascendió esta semana, se agrega que "tal es el caso bajo análisis puesto que, con ineludible intervención, de diversas autoridades del Estado Mayor General del Ejército, se ha permitido realizar importantes construcciones civiles dentro del predio que el Estado nacional tiene en propiedad en la localidad de Villa Martelli, sin observar los preceptos que consagran las normas nacionales precedentemente aludidas en cuanto a edificación y autorización para construir en esa zona".
Por otro lado, y ahondando en las irregularidades que ahora la Justicia deberá investigar, el expediente detalla: "Pero, además de acreditarse los extremos básicos de esta denuncia, habría que evaluar también la adecuación de la conducta al tipo penal más grave de peculado, previsto por el art. 261 del Código Penal, que sanciona la conducta del funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo".
Respecto del rol de los ediles locales y el Ejecutivo del municipio de Vicente López a cargo del intendente radical K Enrique "Japonés" García, la denuncia elevada al Juzgado del Dr. Bonadío instruye que "habrá que evaluar la adecuación de la conducta de las autoridades de la comuna de Vicente López intervinientes en todo este proceso".
En los argumentos que elevaron el expediente a la jurisdicción del Dr. Bonadío se denotan actos de los responsables del Ejército que carecen de lógica en la ecuación económica, explicada como una "llamativa relación existente entre los cánones mensuales fijados en los contratos y las superficies concedidas en cada caso, la inexistencia de antecedentes que indique las razones por las cuales se celebraron los convenios con las firmas que surgen de los instrumentos y de elementos que justifiquen por qué se hizo excepción mediante contrataciones directas al procedimiento de licitación impuesto por las normas que rigen la materia; entendemos que deberá analizarse también la eventualidad de que las conductas encuadren en el tipo de administración fraudulenta o bien en el de negociaciones incompatibles con la función pública".
Todo lo expuesto, y en el marco legal vigente, tuvo como resolución el último párrafo: "Con fundamento entonces en todo lo expuesto, y teniendo en consideración que los hechos relatados se encuentran comprendidos dentro del objeto y ámbito de aplicación previsto en el Art. 1º del Decreto 102/99 para esta Oficina, y que la conducta que se habría desplegado está comprendida, además, dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Ley 24.759, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por Ley 26.097, cuya aplicación es tarea de esta Oficina Anticorrupción, en virtud del Decreto 466/07, estimo que corresponde formular denuncia penal".
La denuncia identifica a los oficiales cuestionados: un general de División, dos generales de Brigada y tres coroneles. La causa, impulsada originalmente por Pro Vicente López, encabezada por el Dr. Miguel Quintabani y Santiago Jelenic, tramita bajo el Nº 7705/07.
En estos momentos el Dr. Claudio Bonadío se encuentra considerando las primeras medidas para profundizar la investigación. ¿Será Justicia? (Agencia NOVA)
