foto: golpistas genocidas Videla y MasseraEL REPRESOR LUIS PATTI QUIERE SER CANDIDATO TESTIMONIAL
Pasos adelante y hacia atrás en las causas por violaciones a los derechos humanos
Desde la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se reabrieron muchos juicios por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo los que llegaron a juicio oral son pocos; ídem los condenados.
EMILIO MARÍN
Néstor Kirchner y Cristina Fernández suelen plantear que uno de los atributos fundamentales de sus respectivas administraciones fue y es la política de derechos humanos.
Y está a la vista que, comparado con otros gobiernos, hubo avances en esa materia. Claro que no todos los méritos se pueden adjudicar a esos gobernantes porque tuvo muchísimo que ver el empuje de los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y legisladores democráticos que venían abogando por la anulación de esas leyes de la impunidad.
Uno de los mayores logros fue el juicio y condena en julio del año pasado al represor Luciano B. Menéndez, ex general a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército, y siete ex militares.
Pero ese elemento positivo tiene su reverso. Uno de los condenados, Hermes Rodríguez, ha sido beneficiado por la Cámara de Casación a ser llevado a su domicilio, para lo cual sería trasladado desde el penal de Bouwer, donde está junto a Menéndez. El argumento es que tiene más de 70 años y la condena emitida por unanimidad por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba “no está firme”.
Rápido de reflejos, el propio ex comandante de ese cuerpo pidió la prisión domiciliaria porque también tiene más de 70 años. Estas chicanas legales de los genocidas, como las que se emplearon en diciembre del año pasado para disponer la libertad de Alfredo Astiz, Jorge Tigre Acosta y una veintena de represores de la ESMA, van a provocar una explosión de indignación en los argentinos que aprecian los derechos humanos. Esa ola de repudio ya se produjo cuando Casación dispuso el fallo a favor de los ex marinos, lo que –junto a las apelaciones del caso- impidió que se consumaran esas libertades.
Así como Menéndez, por uno de cuyos centros de exterminio pasaron 2.500 desaparecidos, argumentaba razones de edad, en el caso de Astiz se pretextaba que había superado el límite previsto para la detención preventiva.
¿Pero de quiénes es la culpa de que esos procesados estén tanto tiempo detenidos –la mayor parte en lugares VIP- sin llegar a la etapa de juicio oral?
Se conjugaron varios factores: complicidad manifiesta de la justicia, vacilaciones del gobierno y Congreso que no depuraron Tribunales y, finalmente, chicanas, apelaciones y recusaciones de los letrados de los genocidas para demorar al infinito.
Un ejemplo claro del perfil de justicia favorable a los represores lo da Alfredo Bisordi. Fue presidente de Casación Penal y durante tres años cajoneó la causa ESMA, hasta que fue denunciado ante la Magistratura y se jubiló. Ahora es el abogado particular de Luis Patti, el subcomisario acusado de crímenes y torturas en la causa Diego Muñiz Barreto, que por fin fue elevada a juicio esta semana por el juez de San Martín, Juan Manuel Yalj.
La justicia tarda…
Aunque los medios opositores, verbigracia “La Nación”, sólo llamaran la atención sobre los candidatos testimoniales del kirchnerismo, hay otros reciclados políticos que intentan algo parecido. Patti, por ejemplo, pese a que desde diciembre de 2007 pasa sus días en el penal de Marcos Paz, ha armado una mini campaña con su partido, Paufe, para ver si puede ser candidato a diputado. Difícilmente lo logre teniendo en cuenta la elevación a juicio de la mencionada causa, donde compartirá las sillas de acusados con dos ex generales: el ex dictador Reynaldo B. Bignone y Santiago Omar Riveros.
Los crímenes de que son acusados estos tres personajes datan de 1976: recién después de 33 años tendrán que rendir cuentas. La justicia atrasa décadas…
Según la estadística proporcionada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), sobre 800 causas por violaciones a los derechos humanos, solamente 210 estaban abiertas y activas. Y apenas 22 habían llegado a la etapa de juicio oral. Bueno, ahora son 23. Patti, Bignone y Riveros ya estaban entre los 298 detenidos con carácter preventivo, que es la cosecha de represores presos.
La pregunta de mucha gente, sobre todo de los familiares de los secuestrados y asesinados, es cuántos genocidas han sido condenados. Según un informe de la Procuración General de la Nación conocido el 17 de abril pasado, desde la reapertura en 2004 de los juicios por crímenes de lesa humanidad fueron condenados 41 de los procesados.
Ese número, 41, teniendo en cuenta que en el lapso 1976-1983 funcionaron cerca de 500 centros clandestinos de tortura y desaparición, luce como evidentemente pequeño. Da 0,08 de condenados por cada uno de esos antros del terrorismo de Estado.
Los jueces como el camarista Bisordi operaban desde la cúpula judicial para que los centenares de expedientes fueran a parar a ese embudo, Casación, y posteriormente al Tribunal Oral Federal Nº 5, y así en cada provincia. Por eso los tiempos judiciales corrían con la velocidad de la tortuga. O peor aún, retrocedían como el cangrejo.
Y en el interín, muchos de los procesados se iban muriendo; en su mayoría de viejos. Según el CELS, en esta dilatada espera fallecieron 150 represores. Ahora hay que actualizar esa estadística y decir que son 152, pues días atrás se suicidaron dos sospechados de responsabilidad en el crimen de monseñor Eduardo Angelelli. El capitán Alfredo Marcó se pegó un tiro en La Rioja y el policía Segundo W. Garro, lo hizo en San Luis.
Prófugos y censura
La actuación deficitaria de la justicia motivó varias denuncias en su contra, que por lo general no fueron atendidas. Por ejemplo, hablando de muertos, el colectivo de derechos humanos “Justicia Ya!”, querellante en varias causas, había denunciado al juez Sergio Torres y los integrantes del TOF Nº 5 por no haber dispuesto un urgente cambio de lugar de detención del prefecto Héctor Febres. Este procesado en una de las causas vinculadas con la ESMA murió envenenado con cianuro tres días antes de leerse la sentencia en su contra. Las autoridades de la fuerza quisieron presentarlo como un suicidio pero aquellos organismos entendieron que se trató de un crimen para evitar cualquier confesión final del prefecto.
Ese tribunal oral, en vez de pasar a atender con mayor esmero los planteos de “Justicia Ya!”, se tomó venganza: resolvió quitarle la posibilidad de ser cabeza de querella, o sea ser parte del juicio oral con abogados propios. La Corte Suprema de Justicia ratificó lo actuado por el TOF Nº 5, con lo que los abogados de Fidela, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres Línea Fundadora, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y otros organismos humanitarios verán muy limitada su participación en varios juicios que se avecinan.
Por eso este martes se manifestaron en Tribunales con mordazas de color negro para repudiar lo que consideran una censura y exclusión del colectivo. Sus integrantes entregaron en el Consejo de la Magistratura un escrito pidiendo por segunda vez la destitución del Tribunal integrado por los camaristas Gordo, Farías y Obligado.
Mientras una parte de la justicia se muestra tan activa y rápida para sacar del medio a letrados de organismos de derechos humanos, en cambio actúa en forma paquidérmica y torpe para buscar a los profugados.
La cifra de prófugos es de 45 y el CELS acota que es el número “más estable de todos los valores que manejamos en la base de datos. Esto comprueba que las investigaciones que se llevan a cabo no son suficientes, y que el Estado Argentino no puede encontrarlos”. Varios de los escurridizos contaron con el beneficio de la libertad provisional o de arrestos en lugares que no eran seguros.
Entre los que huyeron está Luis E. Baraldini, ex jefe de policía durante la dictadura en La Pampa, requerido por la justicia a la que gambeteó en 2003. Según publicó LA ARENA, Baraldini estaría radicado en Bolivia, más específicamente en Santa Cruz de la Sierra y al igual que otros ex militares cara-pintadas, como Jorge Mones Ruiz, estarían relacionados con los círculos más derechistas y golpistas de ese país. El gobierno de Evo Morales ha pedido investigar si no están vinculados con la célula terrorista desmantelada la semana pasada, que iba a atentar contra su vida.
Querría decir que genocida que huye, no solamente burla a la justicia sino que también sirve para otra guerra injusta.
