PODER SALTEÑO CONTRA LA LEY DE TODOS
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El juez federal de Salta Miguel Antonio Medina suspendió la aplicación de la ley de medios promovida por el Gobierno nacional, al hacer lugar a un pedido de la diputada nacional por esa provincia Zulema Daher, que denunció vicios graves e insanables en la sanción de la norma, se informó hoy.
El magistrado le ordenó al Gobierno Nacional, a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y al Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) que se abstenga de aplicar la ley 26.522 y -demás normas reglamentarias, en su integridad, como de dictar actos administrativos o realizar hechos que impliquen poner en ejercicio la citada normativa.
Fuentes salteñas nos informan que sería un juez relacionado con la familia Romero que tienen medios de radio TV y cable en la Provincia de Salta y que sería alfombra de ellos, lo que nos parece muy dudoso y tendencioso.
Seguramente esto viene a colación de que la jueza Pura Arrabal, que a través de un mamarracho jurídico, (según el constitucionalista Alberto Gonzalez Arzac), suspendió, antes, dicha Ley, estaba –según otras fuentes de igual jerarquía- ligada a la familia Vila que, a su vez, tiene radios, canales y cables, pero en Mendoza.
Este Juez Federal, Miguel Antonio Medina, fue convocado el 22 de diciembre del 2009, por la Comisión de Disciplina y Acusación del Concejo de la Magistraturas.
Sucede que el magistrado intervino en las etapas de investigación de los casos por el secuestro y desaparición del gobernador salteño Miguel Ragone y en la Masacre de Palomitas, donde fueron fusilados 12 presos políticos.
En el caso Ragone, Medina fue acosado formalmente por Fernando Pequeño, nieto de la victima, por haber demorado la causa y por no haberse exudado en la misma por las amistades que mantuvo y mantiene con imputados.
Uno de ellos Soraire fue defendido por el Juez en la causa de los arbolitos que también esta relacionada a Ragone.
En Palomitas el desempeño del magistrado fue deplorable.
Fue él quien permitió que los imputados eligieran el código viejo para ser juzgados, dejando a este juicio sin la posibilidad de la instancia publica y oral.
Estos hechos demuestran a las claras la parcialidad del Juez Medina donde aparece como si favoreciera a los imputados de la dictadura del Proceso cada vez que tiene la oportunidad, aunque esto puede ser una falsa imagen y lo estemos juzgando mal debido a su rostro que pareciera de hijo de puta, aunque para otras culturas podría favorecerlo.
Medina, titular del juzgado federal 2 de Salta, se sumó al criterio de otros magistrados, como la jueza e hizo lugar a la medida cautelar presentada por la diputada Daher y suspendió la aplicación de la norma hasta tanto se resuelve el fondo del reclamo, que es el pedido de nulidad e inconstitucionalidad de la ley.
La diputada del menemismo denunció que la ley -adolece de vicios graves e insanables en su trámite legislativo en la Cámara de Diputados de la Nación.
La legisladora, persona de cuya moral también se comenta, sostuvo que en la sanción de la norma se habrían violado disposiciones del trámite parlamentario del Reglamento de la Cámara, cuyo texto es posible que no haya leído nunca, aunque esto nace de un comentario de personas que no la tienen en su sana amistad, y los plazos para el tratamiento de los proyecto, lo que habría imposibilitado su trabajo como legisladora, supuestamente dedicada a fondo a resolver los problemas del pueblo y de la patria, de manera afanosa.
-Como lo afirma la presentante, que encontrándose en plena aplicabilidad la ley cuya constitucionalidad se encuentra en duda, tal circunstancia impone la necesidad de suspender su ejecución.
-Este extremo se encuentra de por sí justificado, por lo que corresponderá ordenar la suspensión de los efectos y actividades previstas en la ley, reservándose la apreciación de su constitucionalidad a la debida participación de la contraparte, y para la oportunidad del dictado de la sentencia de merito, sostuvo el juez en el fallo.
El magistrado, de cuya moral se sospecha, injustificadamente, con seguridad, recordó que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que no se deben aceptar medidas cautelares contra decisiones legislativas pero agregó que esa postura cede cuando los elementos presentados en la causa son verosímiles.-Para este juzgado, tal es lo que sucede en este caso, consideró el impoluto juez.
La ley de medios impulsada por el Gobierno ya cosechó varios fallos desfavorables ante pedidos de medidas cautelares para evitar su aplicación.
Algunos sectores de poca fortuna indicarían que estos fallos estarían ligados a los sectores sociales cuyos intereses pecuniarios y de poder frente a la opinión pública de sus distritos, estaría afectando la nueva Ley, que, seguramente, triunfará ante lo que algunos sectores consideran una avanzada del mal, concepto que nos parece un poco exagerado.
Fuente: DyN
