LA MALDAD, SU DESCANSO Y CALMA
Durante el juicio a las Juntas Militares se presentaron entre el ’76 y el ’82, sin incluir la justicia penal ordinaria porteña y algunos tribunales del interior, 14.756 recursos de hábeas corpus, que fueron rechazados y las autoridades militares negaron la detención de los beneficiarios o produjeron informes manifiestamente reticentes. A veces, las presentaciones se rechazaban dos semanas después, o se le cobraban las costas al denunciante para desalentar la judicialización de las desapariciones.Sin embargo, el ocultamiento de los mandos y el miedo aterrorizante no alcanzarían para explicar la dimensión del drama.
El 15 de agosto de 1978, el Francés, identificado como el agente de inteligencia Gustavo Adolfo Cacivio, quien por fortuna hoy está siendo juzgado, capturó a Roberto Cristina, secretario general del Partido Vanguardia Comunista, y se llevaron a su amigo Jorge Montero.
Cuando la compañera de Cristina pretendió insertar un hábeas corpus, le indicaron que no servía de nada porque las fuerzas armadas manejaban la Justicia.
Quien opinó esto estaba al corriente de lo que decía pero no precisó que había jueces que estaban gozosos y satisfechos de ser usados. Hoy, muchos de ellos defienden a eminentes represores para librarlos de la condena por las violaciones y crímenes que encubrieron desde sus despachos.
Norberto Giletta, que ocupó el juzgado federal 4, es uno de ellos. Su secretario fue el ex camarista Alfredo Bisordi. Rechazó por defecto cada presentación de los deudos de los secuestrados. Y renunció en 1985 para asumir la defensa de represores, entre ellos Jorge Olivera Róvere.
Fui alumna en Derecho de José María Orgeira en la cátedra Penal Dos del Dr. Ure. Orgeira, entonces ayudante de cátedra, fue luego defensor de Viola. Cuando un alumno es considerado surgen desde la facultad ciertos acuerdos reverenciales, mayormente si se lo hace entrar en la justicia o se lo ayuda a ascender, entonces el joven abogado se inscribe gustosamente en una cadena de devoluciones que no termina nunca y se entrelaza tanto que llega a ser mafia.
Durante el Juicio a las Juntas fueron fiscales los Dres. Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. Con respecto a ellos permítanme referir una anécdota.
El mismo día que se dieron las sentencias, disconformes con ellas, me fui a la Plaza a marchar con las Madres pero decidí pasar antes por Tribunales porque en un periódico un testigo que había declarado el día anterior mencionó a mi yerno Carlos Lorenzo. Directamente entré a Fiscalía e hice la pregunta en Secretaría. Conversando con la secretara a quien no olvido porque también se llamaba Adriana, manifesté que pasara lo que pasara a mi yerno ya no me lo devolvía nadie. Ante esta expresión, una voz gruesa que venía desde otra oficina dijo:-Dejen pasar a la señora.
Y allí estaba Strassera, con los pies sin mocasines sobre el escritorio, dándome la mano y preguntando qué necesitaba. Se lo veía triste, abatido, sufriendo por una pérdida importante. Hablamos corto porque llegó la TV Mexicana, y durante su reportaje me invitó a expresar en cámara que yo no estaba de acuerdo con las sentencias, pero que por lo menos se había juzgado. En sus propios dichos, el fiscal se mostró muy en desacuerdo con la Cámara y contó al periodista que sus miembros habían actuado en contra de la fiscalía todo el tiempo. Cuando se fueron los mejicanos entró Moreno Ocampo, ambos me firmaron un autógrafo para mi hija y Strassera le pidió a Adriana que me acompañara a ver lo consignado en la declaración de esa fecha que hablaba de mi desaparecido. Entramos a las oficinas de la Cámara. Inmensos biblioratos exhibían millares de fojas y cada uno llevaba el nombre de su represor. Aunque de mi tema no figuraba nada, salí muy agradecida porque me habían permitido la consulta. Ante mis apreciaciones afectuosas Adriana dijo-No les agradezca tanto, señora. Han sido tan enemigos de la fiscalía como los abogados defensores. Nunca me olvidé de esta apreciación.
Me despedí y fui a Plaza de Mayo. Caminando por Diagonal Norte la policía nos corrió y tiró gases lacrimógenos. Cuento esto en descargo de Strassera, a quien se le atribuye no haber llevado bien la acusación. Tuve la evidencia de que fueron los jueces los que se le opusieron y por eso marcharon tan exiguas las sentencias que beneficiaban a los genocidas. Creo que a este fiscal, aún habiendo colaborado con la justicia de la dictadura, los testimonios del juicio lo conmovieron. De allí su alegato de NUNCA MAS con que cerró la arenga acusadora. Pienso que la misma atrocidad de los hechos lo cuestionó colocándolo de nuestro lado.
Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional fueron los Dres. Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J:D: Alessio . El considerando relativo a los casos fue analizado uno por uno y su prueba-manifestaron- fue siguiendo un sistema no de las libres convicciones sino de la sana crítica, según lo establece la propia sentencia en el considerando tercero. letra d.
La Cámara contó, para el trabajo, con la colaboración permanente de treinta empleados, afectados a sus tareas mañana y tarde y los días sábados. Eventualmente también trabajaron los domingos. La coordinación de esa labor estuvo a cargo del secretario de actuación, Doctor Juan Carlos López y el Prosecretario de la Cámara, Señor Julio César Estévez.
Fueron defensores de los acusados los doctores Carlos Alberto Tavares (defensor oficial de Videla), Jaime Prats Cardona (Massera), Bernardo Rodríguez Palma, José Ignacio Garona y Héctor Alvarado (Agosti), José María Orgeira, Carlos Froment y Andrés Sergio Manutian (Viola), Fernando Goldaracena y Enrique Ramón Mejía (Lambruschini), Eduardo Gerome, Roberto Calandra, Roberto O. Marconi y Eduardo Hernández Agramonte (Graffigna), Eduardo Munilla y Alfredo Battaglia (Galtieri), Miguel Angel Boero y Eduardo Aguirre Obarrio (Anaya),y Mario Marcópulos (Lami Dozo).
Muchos se resguardan hoy en una asociación jurídica y jurásica: la Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires. Entre ellos, los ex jueces federales Martín Anzoátegui y Guillermo Rivarola. Otros miembros célebres son el ministro de Justicia de la dictadura Alberto Rodríguez Varela y su vice, Roberto Durrieu. También Jaime Smart, preso por crímenes de lesa humanidad.
Asimismo en La Plata hubo jueces que impartieron más sombras que justicia. Tal es así que la Cámara Federal platense, cuando confirmó los procesamientos a los imputados por los crímenes de la Unidad 9, ordenó desglosar la pesquisa e iniciar una investigación penal contra los jueces federales Eduardo Marquardt (ya fallecido) y Ángel Martínez. por serias irregularidades en la muerte de Alberto Pinto. También a los jueces ordinarios Carlos Mayón, Alfredo Sanucci, Eduardo Hortel, Pedro Luis Soria (h), Héctor Hugo Decastelli y Antonio Andrés Raimundi. La investigación aún no tiene resultados.
Otro magistrado que resguardó las cárceles de la época fue Rafael Sarmiento. Con este magistrado hay mucha tela para cortar. El director de Miradas al Sur, Eduardo Anguita, se acordó que junto a otros detenidos le explicaron a Sarmiento acerca de los pabellones de la muerte y la desaparición de familiares. El contestó que hablaran con sus abogados. Y aunque Anguita insistió en que sus vidas corrían peligro, Sarmiento señaló:
–Ustedes están bien acá, los que estamos jodidos somos nosotros, que nos pueden matar o poner una bomba los subversivos.
Sarmiento era un verdadero autómata en el rechazo de hábeas corpus. Entre muchísimos otros, refutó los recursos por Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo de 15 años apareció flotando en la costa montevideana, y el preventivo del ex juez Ramón Miralles, que luego de ponerse a su disposición fue secuestrado y torturado. Si hay algo que no puede reprochársele a Sarmiento es la falta de coherencia: hoy es vicepresidente de la Comisión de Afirmación de la Revolución Libertadora.
También sanjuanino y también docente como esta cronista, hizo del culto a la muerte la fuente de su pedagogía. Preside por tercera vez el Instituto Sarmiento de Sociología e Historia, pero no han sido sus forzosas pretensiones intelectuales las que lo han puesto en el escenario público. Rafael Sarmiento fue juez federal de Capital Federal hasta 1979 y, como tal, rechazó sistemáticamente el torrente de recursos de hábeas corpus presentados por las familias de los desaparecidos.
En un anuncio publicado en los periódicos, Sábato firmaba junto con otros intelectuales un texto en el que se incluía este párrafo: "... Westerkamp, (se refiere a uno de los fundadores del Cels)no hizo más que afirmar lo que es de público conocimiento: que el ex juez Rafael Sarmiento, fiel a las directivas del Proceso por el cual fue nominado en reemplazo del juez Zaffaroni, contribuyó a agravar la situación de indefensión en que se encontraban los ciudadanos víctimas de la represión.
Como otros jueces, sirvió devotamente a los principios determinados por la dictadura militar salvando infamemente los principios instituidos por la Constitución Nacional”
Cito a este juez en especial porque fue con él con quien nos tocó lidiar. Doy la razón a muchas de estas opiniones que andan alumbrando caminos. No fueron sólo los militares. Hubo muchos, demasiados civiles que estuvieron de acuerdo con la Dictadura de los años setenta.
Dedico este artículo al Fiscal Ricardo Molina, ser amigo y excepcional.
ADRIANA VEGA
Bs:.As. Septiembre del 2010
