Tema delicado si lo hay, el del trabajo esclavo, recomiendo leer las páginas sin saltear ningún párrafo, porque debemos saber realmente lo que está sucediendo con algunos niños, jóvenes y mayores de nuestro país. PD: otra interesante noticia es que nos enteramos hace un par de días nomás que los terrenos que ocupa canal 13 y TN son del estado y desde el año 95 que no pagan alquiler, hubo reiterados pedidos de parte del gobierno nacional al gobierno de la ciudad pero este tiene cajoneado el expediente, la contestación firmada por Mauricio Macri es que el gobierno de la ciudad se tomará sus tiempos para accionar, después TN y el 13 denuncian las tomas...
En el informe se habla de “trabajadores”, entre comillas, porque “en verdad son víctimas del delito de trata de personas”.
Una radiografía del trabajo infrahumano
La Oficina sobre trata del Ministerio de Justicia dictaminó que está probada la existencia de ese delito. Y elaboró un detallado informe sobre el que se basó la Justicia para imputar a doce directivos de empresas. Página/12 publica aquí el documento.
Por Emilio Ruchansky
Por primera vez desde que se difundió la situación infrahumana de miles de peones golondrina, un informe oficial revela las prácticas sistemáticas de las empresas multinacionales que los explotan. Fue elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia nacional y demuestra cómo son reclutados en su lugar de origen a partir de engaños y falta de información. Los que quieren irse al ver las pésimas condiciones son amenazados y presionados por capataces e ingenieros, desfloran maíz aunque estén enfermos y cocinan carne podrida por la que pagan el doble del precio de mercado. En el informe al que accedió Página/12 se habla de “trabajadores”, siempre entre comillas, porque para los especialistas “en verdad son víctimas del delito de trata de personas”. Los campos en los que fueron entrevistados cientos de peones son El Algarrobo y La Luisa, en la ciudad de San Pedro, explotados por Nidera y Southern Seed Production (SSP) respectivamente, y las estancias Santa Celestina I y II de la empresa Satus Ager en Ramallo.
Las tres gigantescas semilleras contratan a la multinacional Adecco, proveedora de “recursos humanos”, para hacer buena parte del trabajo de reclutamiento, según confirmó el personal de la Oficina de Rescate en Santiago del Estero. Allí empiezan las penurias de los peones, contactados por coterráneos suyos o “cabecillas”, como se menciona en el informe, en pueblos muy pobres como Río Hondo, Pozuelos, Ycaña, Añatuya, Herrera, Loreto y Colonia Dora. El cabecilla responde a un contratista, quien le pide formar una cuadrilla de entre 14 y 19 personas y luego “los ficha”, es decir, les toma los datos.
En este punto aparece el primer peaje. “El ‘contratista’ recibiría una comisión por cada ‘trabajador contratado’ que sería abonada por cada ‘trabajador’ y cuya suma oscilaría entre 25 y 40 cuarenta pesos”, dice el informe referido a la estancia La Celestina II, aunque este peaje se repite en los testimonios recogidos en otros campos. “Con respecto a la información recibida por parte del ‘contratista’, todos comentaron que sabían que iban a desflorar el maíz, pero indicaron que desconocían las condiciones de trabajo, de vivienda y el destino o lugar de trabajo, como tampoco fueron informados acerca de la cantidad de días de trabajo, la extensión de la jornada laboral, la remuneración final, la modalidad de cobro y otras condiciones”, agrega el informe. “Cuanto menos sepan, mejor.” Así lo advierte Mariana Schvartz, coordinadora del Equipo Técnico de la Oficina de Rescate.
“Muy pocos sabían que los contrataba Adecco y sabían porque ya habían viajado antes para el desflore”, comenta. En el “viaje”, que también merece sus comillas, no se les ofrece refrigerio y los micros, según los testimonios citados, no cuentan con ventilación adecuada y muchas veces no hay asientos para todos. El “viaje” dura 14 horas. Una vez en el lugar, los “trabajadores” se enteran de que no tendrán sábanas ni frazadas para dormir ni materiales de trabajo; ellos deberán comprarlos. Además, en todos los campos los “trabajadores” contaron que se les asignan 24 o 25 pesos “en crédito por día para alimentos y elementos de higiene, refirieron que el importe total sería descontado del pago final, sin recibir el dinero mencionado en mano”.
Al proveedor lo elige la empresa y cobra el doble. Un par de alpargatas a 60 pesos, por ejemplo. La comida suele estar vencida. “La carne, el único alimento fresco que recibirían, según expresaron los trabajadores, llegaba en mal estado, en una camioneta no refrigerada y en bolsas de consorcio”, dice el informe. Ningún campamento tiene heladera. En verdad ni siquiera tienen luz. Se cocina con ramas y troncos porque tampoco se provee gas. No hay baños ni duchas ni un sistema de distribución de agua potable. Los “trabajadores” eligen un árbol y con bolsas y trapos arman la cortina de baño. ¿Y qué pasa si alguien quiere volverse? Según el informe, las víctimas son presionadas para no hacerlo. En la estancia El Algarrobo, el capataz les habría señalado: “El que pase los límites del predio o cruza a campo traviesa puede recibir un tiro”.
En otras estancias, les dicen que los vecinos de otros campos dispararán si traspasan la propiedad. Pero la amenaza más común es económica: “Ante la solicitud de retirarse, deberían abandonar el lugar todos los integrantes de la cuadrilla, con el consecuente perjuicio para el resto de los ‘trabajadores’; esta amenaza conlleva enfrentamientos entre quienes ‘trabajan’ confiando en que se les pagará lo prometido y quienes manifiestan sus deseos de retirarse por las malas condiciones. El enfrentamiento entre las víctimas es una modalidad frecuente en este tipo de organizaciones delictivas”. Según declararon varias víctimas, la empresa Adecco les cobraba la suma de 600 pesos si querían irse antes del desflore “en concepto de traslado a sus lugares de origen, desconociendo si les abonarían los días trabajados”.Además de dedicarse a las tareas del campo, el cabecilla de cada cuadrilla tiene comunicación diaria con los capataces, enseña a desflorar el maíz a los nuevos “trabajadores”, controla a sus compañeros y registra los pedidos para el proveedor.
Supuestamente se paga 1300 pesos por hectárea a desflorar. “Pero ninguno de los ‘trabajadores’ sabe cuándo se hallaría completa la hectárea, siendo el ‘ingeniero’ quien calcula la finalización de la misma”, dice el informe. La misma hectárea puede ser repasada tres veces sin cobrar adicional. Cada repaso dura dos o tres días y, en algunos casos, se les exige ocho repasos por hectárea. Los capataces viven separados de las cuadrillas y en condiciones “notablemente superiores”. Como tienen electricidad algunos les cobran dos pesos para cargar la batería del celular a los peones. Además de controlar las faenas, pueden suministrar medicación sin prescripción médica ante intoxicaciones por agroquímicos, picaduras de alacranes y víboras o por las diarreas que provoca la comida en mal estado y el agua no potable. Los “trabajadores” deben pagar esos remedios.
Entre los testimonios, se denuncia el caso de un hombre que se quebró varias costillas y debió “trabajar” una semana más porque le negaban la atención, al igual que otro con varicela. El que decide sobre estos temas es el ingeniero agrónomo, el mismo que manda a apretar a los que se quejan. Motivos sobran: el horario de tareas es de 5.30 a 13 y de 14 a 20 de lunes a lunes, sin descanso ni francos. Se desflora aunque llueva. “Se observó en muchos de los ‘trabajadores’ actitudes de sumisión y de resignación, como consecuencia del entorno abusivo al que se encuentran expuestos –dice el informe–. Se puede inferir una relación directa entre estos rasgos de personalidad y determinadas prácticas habituales propias de la explotación de jornaleros rurales: mala alimentación, hacinamiento, falta de descanso, de higiene, de privacidad, de esparcimiento, etcétera.”Nadie sabe cuándo volverá a casa.
Depende de “las expectativas de producción de los responsables de la finca”, dicen el informe tras citar una serie de situaciones comunes a los campos de Satus, SSP y Nidera. “La totalidad de los ‘trabajadores’ expresó que habían sido trasladados desde un campamento a otro en un camión de la empresa, en condiciones muy precarias, ya que habían tenido que viajar parados, en horario nocturno”, comenta el informe.
Y agrega: “La mayoría no pudo precisar la ubicación de la estancia, ni la localidad en la que se encontraban. En algunos casos ni siquiera conocían que estaban en la provincia de Buenos Aires”.Cuando el ingeniero agrónomo decide que se terminó el “trabajo”, suele aparecer el dinero. Sólo los que ya “trabajaron” para Adecco aseguran que hay tres formas de pago. Una es recibir la plata en mano el día antes de irse, otra incluye un traslado a una entidad bancaria “llevando consigo un ‘recibo’ que les fue entregado antes por algún responsable de la empresa”. La tercera forma de pago es recibir el dinero al regresar a Santiago del Estero.
“Hay una ausencia total de autonomía de las personas que se hallaban en las estancias”, concluye el informe. A los pocos que “viajaron” con dinero encima y pudieron guardar cierta cantidad no les alcanza para volverse. “De este modo, se torna evidente que la promesa de pago al final de la temporada resulta de vital importancia para retener a los trabajadores en el lugar”, explica el informe. Es por la captación en el lugar de origen, el engaño en la contratación, el traslado y explotación posterior que la Oficina de Rescate considera probado el delito de trata de personas.
No compre trabajo esclavo
Cuáles son las marcas textiles y agrícolas que abusan de su poder para explotar inhumanamente
Probablemente, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, haya tenido en mente Piratas del Caribe cuando puso en duda que hubiera trabajo esclavo en Argentina. En el capitalismo actual, la esclavitud no requiere de grilletes, cadenas ni látigos para amansar a los efebos. Como dijera la Relatora Especial de la ONU para Formas Contemporáneas de Esclavitud, Gulnara Shahinian, “la servidumbre doméstica o la esclavitud es una situación en la que un individuo vulnerable es forzado, por coerción física y/o moral, a trabajar sin una remuneración financiera real, cuando es privado de su libertad, y se encuentra en una situación que es contraria a la dignidad humana”.
Claramente las condiciones casi avícolas (dormían en una especie de tumba de chapa sin aislante, para pájaros) a las que se vieron forzados a trabajar los 140 jornaleros en Paraje Monte del Rosario, en Córdoba, para Pioneer Argentina SRL, son una forma de esclavitud contemporánea.
El trabajo forzoso (tal la nomenclatura tibia de la OIT) se explaya en sectores económicos con mano de obra intensiva, elevada rotación del personal y con cambios estacionales. La agricultura, la construcción, la minería, los rubros textiles y gastronómicos son el ámbito subterráneo e ilegal donde al menos 12,3 millones de personas en el mundo (1 millón en América latina) están sometidas a una forma de coerción laboral. En el documento The cost of coercion (El costo de la coerción), de la OIT, se estima que el mundo pierde en costo de oportunidad 20 billones de dólares.
Dinero que debería ir al bolsillo de los trabajadores y por transición a la rueda de la economía. Hace una década, en Argentina se vienen denunciando casos de reducción a la servidumbre y trata de personas. La avanzada de la Afip contra la ilegalidad inhumana en el sector agrícola de este 2011 se suma a la pelea de vanguardia que viene dando la ONG La Alameda contra los talleres clandestinos de confección textil en Buenos Aires, contrataciones abusivas en el sector de la fruticultura y horticultura (sobre todo, de Mendoza) y la trata de blancas con fines de explotación sexual.
La esclavitud no es contraria al capitalismo, sino la pelusa ominosa del sistema que justifica los ciclos de crecimiento. En 2009, según Afip, la evasión fiscal del sector agropecuario fue de alrededor de 650 millones de pesos. La industria textil argentina facturó en el mismo año 6 mil millones. El problema de la erradicación de la esclavitud contemporánea no reside sólo en una voluntad política, sino jurídica. Ningún juez federal osó aplicar la responsabilidad penal que les cabe a las marcas según la Ley 12.713, que establece en su artículo 4º que la marca “es solidariamente responsable de las condiciones laborales”. “Esta ley es mal conocida como ‘de trabajo a domicilio’, porque en realidad regula todos los procesos de tercerización laboral”, dice Ariel Lieutier, ex subsecretario de Trabajo del gobierno porteño durante el mandato de Jorge Telerman. “Es una ley preperonista, de la Década Infame. Quiere decir que ni siquiera es una norma que reconoce el avance de los derechos sindicales, sino que se fundamenta en el horror cristiano de algunos legisladores conservadores a los que las condiciones de explotación de entonces se les hacía demasiado aberrantes”.
Los artículos 35 y 36 establecen penas de cárcel de entre seis meses a dos años para el empresario, intermediario o tallerista “que por violencia, intimidación, dádiva o promesa” pague sueldos menores a los establecidos por ley. “Hay resistencia de los jueces federales a aplicar la figura jurídica de la trata de personas”, explica Gustavo Vera, presidente de la ONG La Alameda, que es querellante en el caso de la muerte del niño de seis años Ezequiel Ferreira contra la empresa Nuestra Huella. “El juez Oyarbide, en el fallo del caso de la empresa de ropa Soho advirtió que se trataba de pautas ancestrales de los pueblos originarios, en ese caso de los ayllú.
Hasta ahora hay 17 dueños de talleres procesados a la espera del juicio oral. Ni un sólo ejecutivo de las marcas, lo que demuestra que la Justicia en Argentina es claramente clasista. El capital librado a su propia suerte es sinónimo de esclavitud, ya sea en Yemen, Bangladesh o Buenos Aires.”
Fojas cero. El primer gran escándalo de trabajo esclavo fue en 2000: el Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Nató, denunció 80 talleres clandestinos en un radio de diez cuadras. Con el gobierno de la Alianza a nivel nacional, las facultades de inspección (el poder de policía) pasaron por un convenio (ley 1.033) de Nación a Ciudad –gobernada por Aníbal Ibarra–, salvo el de trabajo a domicilio. Pero el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos que tenía al frente a Patricia Bullrich decidió desmantelar el cuerpo de inspectores de trabajo a domicilio. De 2001 a diciembre de 2007, la Ciudad, en materia de inspección laboral, fue tierra de nadie. Así pasó Cromañón el fatídico 29 de diciembre de 2004 y poco de un año después, el 30 de marzo de 2006, la muerte de seis trabajadores bolivianos calcinados en un taller clandestino de la calle Luis Viale. Cuando la Ciudad pudo recobrar el poder de policía en la materia, al mes siguiente asumió la ANG (administración no gubernamental) PRO de Mauricio Macri.
En ese contexto, crecieron las denuncias por talleres clandestinos contra las marcas de ropa hoy concentradas en la megacausa (no por mega va rápida) que dispone el juzgado federal de Norberto Oyarbide. Están Puma, Adidas, Le Coq Sportif, Cheeky, Akiabara, Awada, Claudia Larreta, Yagmour, Mimo & Co., Hill, Ona Sáenz, 47 Street, Bensimon y un larguísimo etcétera de alrededor de 130 marcas. La vasca Zara no está incluida porque produce afuera, pero fue denunciada varias veces por contratar a talleres que apelan a trabajo infantil, como el denunciado por el semanario portugués Expresso. Levi’s no está denunciada formalmente en Argentina, pero fuentes del sector aseguraron a Miradas al Sur que la central que opera en Brasil hizo quemar la producción de 30 talleres argentinos que confeccionaban artículos alternativos a los famosos jeans (remeras, camisas).
Un caso emblemático de la serie de denuncias oficiales de 2011 fue el de DuPont, que a través del paquete accionario de Pionneer Hi Bred International es dueña de Pioneer Argentina SRL, de la que se comprobaron ya varios cónclaves esclavistas, entre ellos, el de Salto, provincia de Buenos Aires. La denuncia pública sobre los artículos de DuPont son engorrosas, porque sus marcas sirven de insumos para otras marcas que llegan a las góndolas de los supermercados. Por ejemplo, Kevlar o el poliparafenileno tereftalamida, es un producto que se utiliza en los chalecos antibalas. En enero del año pasado fue clausurada una fábrica de chalecos antibalas con Kevlar en Mar del Plata, la Targea Security Services, de cuyo dueño jamás se supo el nombre. Otro de los productos de DuPont es Teflón, un polímero parecido al polietileno que suele usarse en sartenes. DuPont es una de las empresas químicas más importantes del mundo y fue una de las 24 empresas norteamericanas que ayudó en los ’80 a desarrollar armas nucleares al Irak de Saddam Hussein, según informó el país árabe a la ONU antes de la Guerra del Golfo. Aún con la acusación de las marcas, en Argentina, sin embargo, estamos en fojas cero.
La hora de los consumidores. Para combatir el trabajo esclavo, el documento Forced Labor de la OIT identifica cuatro factores ineludibles: la combinación de instituciones más sólidas de inspección laboral y del mercado de trabajo; marcos jurídicos menos ambiguos para penalizar y procesar judicialmente la trata de personas; instrumentos estadísticos más desarrollados que permitan registrar los casos de trabajo forzoso, y un uso intensivo de instrumentos, como la microfinanciación que potencien a las comunidades más vulnerables al trabajo forzoso. “La OIT no es la panacea, sino un organismo internacional de consenso”, dice Alberto José Robles, del Instituto del Mundo del Trabajo. “Hay un rol esencial de los sindicatos: la ley no se aplica cuando hay ausencia de sindicatos.”
Volviendo al pseudodebate sobre si lo que sucede en los talleres textiles clandestinos y en algunos campos de la Argentina es trabajo esclavo, Robles tiene una definición sencilla: “La esclavitud es contraria al contrato de trabajo, se da cuando el empleado no tiene ni voz ni forma parte de un acuerdo. ‘Si no te gusta te vas’, le dice el empleador. Esclavitud es cuando el empleado no opina.” Y alerta que “todavía no ha entrado en debate, pero donde hay esclavitud, hay acoso sexual.
Mucama en angolés quiere decir ‘esclava que tiene relaciones sexuales con su amo’”. Lo que resta a la sociedad es tan sencillo de hacer pero tan difícil de refrenar. Acostumbrados a ceder ante los impulsos consumistas del ‘salir de compras’, no nos fijamos cómo estuvo hecho, si por esa prenda de vestir, esa yerba o esa cacerola tan fancy, algún chiquito murió o una mujer tuvo que ser vejada sexualmente o un migrante pasó hambre a cambio de nada. Es hora de superar eso de “me chupa un huevo”. Que por un huevo Ezequiel Ferreyra se murió a los seis años de cáncer. Que hay 12,3 millones de personas esclavizadas en el mundo, Don Biolcati. Por eso esta nota: No compre trabajo esclavo.
• TOPPER En 2007 Topper fue denunciada penalmente junto a Puma, Le Coq Sportif y Bensimon. Los empleados cumplen jornadas de 14 y 15 horas de trabajo en talleres clandestinos.
• SOHO En el marco de una causa judicial se acreditó que la firma Gilmar S.A., que comercializa la marca Soho, utiliza trabajo esclavo. Los talleres estaban en Flores y Parque Avellaneda.
• TARAGÜÍ La marca de té y yerba terceriza la recolección de la hoja verde que usa para sus productos. Los cosechadores están en negro y trabajan en condiciones inhumanas.
• CRUZ DE MALTA Cruz de Malta también terceriza trabajo esclavo. La marca tiene vastas extensiones de yerbatales en Misiones y uno de sus principales accionistas es Ramón Puerta.
• ADIDAS
Según varios allanamientos hechos en 2010, muchas de las prendas de la marca de las tres tiras se confeccionan en talleres ubicados en Villa Celina, La Matanza.
• MOCORETÁ En Corrientes y Misiones la firma de jugos Mocoretá utiliza trabajadores en condiciones inhumanas para recolectar limones, naranjas, pomelos y mandarinas.
