| Irlanda cierra su embajada en el Vaticano tras el escándalo de los abusos. El más católico de los estados se ha convertido en uno de los que peores relaciones tiene con el Vaticano. Millones de salas de estar de costa a costa del país siguen presididas por fotos de papas –desde Pablo VI hasta Benedicto XVI–, pero el Gobierno de Dublín ha cerrado su embajada ante la Santa Sede como un gesto de protesta por los escándalos de abusos de niños por sacerdotes. Y la decisión ha sido aceptada sin escándalo ni debate alguno. El taoiseach (primer ministro) Enda Kenny ha sido lo más diplomático posible y presentado la medida como parte del programa de recorte de gastos, junto con el cierre también de las embajadas en Irán y Timor Oriental. Pero tras la justificación oficial se esconde el drástico deterioro de las relaciones entre Irlanda y el Vaticano desde la publicación de los informes sobre las violaciones y abusos sistemáticos de menores en colegios e internados del país, y la "conspiración de silencio" decretada por Roma para intentar que el escándalo no saliera a la superficie. El informe Ryan, publicado en el 2009, mostró en toda su crudeza los horrores sufridos por niños y niñas irlandeses a manos de monjas, sacerdotes y personal seglar a lo largo de más de seis decenios, y describió con todo lujo de detalles (con frecuencia mediante testimonios de las propias víctimas) un catálogo de agresiones físicas y verbales, y todo tipo de tropelías realizadas sobre la base del miedo y el abuso de la autoridad. Seis meses después, los resultados de una segunda investigación oficial revelaron la connivencia entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades del Estado –incluidas la policía y la fiscalía– para erigir un muro de silencio que protegiera a los curas pederastas. Centrado en las alegaciones de abusos sexuales presentadas contra 46 sacerdotes de la archidiócesis de Dublín entre 1975 y 2004 (una pequeña muestra del país), el informe concluyó que "la Iglesia católica antepuso la defensa de su propia reputación a la protección de niños vulnerables que estaban a su cuidado, y al castigo de los responsables de las agresiones aun conociendo sus identidades", encubriendo de manera sistemática las denuncias con la connivencia del establishment político irlandés, caracterizado a lo largo de los años por un servilismo atávico al poder religioso. Enda Kenny acusó en julio al Vaticano de "narcisismo" por su responsabilidad en el encubrimiento de los abusos. Desde entonces las relaciones se han deteriorado inevitablemente, con la retirada primero del embajador de Dublín ante la Santa Sede, seguida de la llamada a Roma con carácter indefinido del nuncio de su Santidad en Dublín. La posición de la Iglesia es que si bien es evidente que hubo sacerdotes que a nivel individual cometieron actos injustificables, las denuncias de una conspiración para ocultarlos están infundadas. La embajada que Irlanda acaba de cerrar es una preciosa mansión del siglo XVII (Villa Spada), situada en uno de los barrios más elegantes de Roma, que en 1849 fue el cuartel general de Garibaldi y durante la Segunda Guerra Mundial el hogar de la familia Agnelli, que controla Fiat. El Gobierno irlandés la compró en 1946 por 150.000 dólares, y espera ganar varios millones de euros con su venta. Desde la retirada hace unos meses del embajador, se trataba prácticamente de una casa fantasma ocupada únicamente por la encargada de negocios Helena Keleher, que va a ser la gran perjudicada con la decisión, ya que su oficina será clausurada o trasladada y tendrá que cambiar una de las direcciones más selectas del mundo por un piso normal y corriente en Roma o Dublín. Pero así es la vida de un diplomático... Tan sólo el mantenimiento de Villa Spada costaba a los contribuyentes irlandeses un millón de euros al año, que según el primer ministro "no se pueden justificar en el actual clima de crisis económica, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una misión que no genera beneficio alguno a la hora de fomentar inversiones". La Iglesia católica vive horas muy bajas en Irlanda. Aunque un 87% de la población se declara católica, la asistencia a misa ha caído en picado, los jóvenes no quieren ser curas o monjas y los ingresos de las parroquias han disminuido alrededor de un 15%. El gobierno irlandés exige a las órdenes religiosas (o en su defecto al Vaticano) el pago de la mitad de los 1.360 millones de euros establecidos como indemnizaciones a las víctimas de los abusos, y propone que se traspase al Estado la propiedad de conventos, colegios, asilos y tierras.+ (PE) (+) Distribuido por Movimiento También Somos Iglesia – Chile Agencia de Noticias Prensa Ecuménica
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