Iglesia y dictadura: otra indagatoria a un sacerdote
En la megacausa Campo de Mayo, el capellán del Ejército durante la última dictadura Emilio Teodoro Grasselli está sospechado de participar de violaciones a los DD HH. Es la segunda imputación en diez días.
La tranquilidad con la cual el cura Emilio Teodoro Grasselli, de espaldas a su pasado, ejercía su actividad espiritual llegó a su fin. El viernes, en el marco de la megacausa Campo de Mayo, los fiscales federales de San Martín, Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti, requirieron que se cite a indagatoria al ex secretario del vicariato castrense y capellán del Ejército durante la última dictadura cívico-militar, por considerar que participó en delitos de lesa humanidad. Los procuradores lo vincularon a 140 hechos, e indicaron que en lugar de ayudar a los familiares que buscaban a sus seres queridos, obtenía información de ellos y los "desorientaba" sobre el destino de los desparecidos "dolosamente". En su acusación, los fiscales también señalaron que el cura brindó "apoyo moral y psicológico" a los genocidas. Así, en diez días, el sacerdote –que aún ejerce en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (castrense)– fue imputado en dos causas que investigan violaciones a los Derechos Humanos.
Blanco García Ordas y Bogetti le solicitaron a la jueza federal de San Martín, Alicia Vence, que interrogue a Grasselli por "su participación" en 140 casos investigados en la megacausa Campo de Mayo. Al igual que en el requerimiento de indagatoria que realizó el fiscal Federico Delgado en otra causa que investiga al cura por delitos de lesa humanidad, un elemento central sobre el que se basó la solicitud de los procuradores de San Martín son las aproximadamente 2500 fichas que elaboró el sacerdote cuando se desempeñaba como secretario del vicariato castrense. En esa base documental, secuestrada en 1999 por la Cámara Federal de La Plata, Grasselli registraba datos sobre las entrevistas que mantenía en plena dictadura con familiares de víctimas de la represión que iban a verlo a la iglesia Stella Maris –ubicada junto al Comando en Jefe de la Armada, en Retiro– con la ilusión de encontrar alguna respuesta sobre el paradero de su pariente. La fiscalía realizó un análisis minucioso de aquellas tarjetas y como prueba presentó (en copia digital) 140 referidas a víctimas vinculadas a Campo de Mayo.
Los representantes de la Procuración explicaron en su dictamen que el entonces capellán del Ejército "recibía a los familiares de las víctimas simulando una total ajenidad a los casos narrados, obteniendo así información de ellos", y a la hora de brindarles una respuesta, a pesar de conocer lo que verdaderamente había acontecido, decía no tener "noticias oficiales sobre su destino, anoticiándolos además que ellos (por sus parientes) no se encontraban detenidos en ninguna dependencia oficial". Por tal motivo, en su imputación, Blanco García Ordas y Bogetti consideraron respecto a Grasselli: "No sólo lograba captar información de los familiares, sino que luego los desorientaba sobre el destino de ellos (por los desaparecidos), dolosamente". Esto "refleja una participación en los hechos", aseguraron los fiscales.
En su acusación, también señalaron a Tiempo Argentino que el cura brindó "apoyo moral y psicológico" a los genocidas. Los procuradores sostuvieron aquella afirmación en el legajo castrense de Grasselli donde consta que "ejerció como capellán mayor castrense del Ejército entre 1967 y 1980", tal como publicó Tiempo Argentino el 18 de septiembre.
De acuerdo al documento que describe el historial de Grasselli en las Fuerzas Armadas –al que accedió Tiempo y fue presentado como prueba–, el sacerdote renunció el 31 de marzo de 1980 al cargo de capellán castrense de la Capellanía Mayor del Ejército para lograr su nombramiento como capellán castrense "en la jurisdicción del Ministerio de Defensa" en "el mismo cargo de asistente de S.E,, función que cumplía en comisión desde el 1 de diciembre de 1967". El entonces vicario castrense Adolfo Tórtolo aceptó su dimisión y le dio "las gracias por los servicios prestados".
FUERZAS ARMADAS. Grasselli como integrante de la estructura de vicarios castrenses "no sólo no desconocía todo el aparato ilegal montado por las Fuerzas Armadas, sino que formaba parte de él", sentenció el trabajo realizado por la fiscalía federal de lesa humanidad de Campo de Mayo compuesta por los procuradores Blanco García Ordas y Bogetti, y los secretarios Guerrini, Valenti y Di Giorno.
"Destacamos que (el difunto monseñor) Adolfo Tórtolo –en esa época (plena dictadura militar)– era el titular del Vicariato Castrense y (junto a) su secretario capellán Emilio Teodoro Grasselli tenían bajo su órbita a todos los capellanes asignados en todas las reparticiones de las Fuerzas Armadas del país", indicaron en el pedido de indagatoria. Para la fiscalía ese dato implica que "obviamente" ambos tenían "conocimiento de todos los métodos utilizados (...) por las Fuerzas Armadas en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio del país".
En el escrito, los procuradores afirmaron que los capellanes castrenses de todo el país "abastecían de información" a Tórtolo y Grasselli sobre las víctimas de la represión "y sus destinos finales", así como de "los lugares de cautiverio" que utilizaban las Fuerzas Armadas. A pesar de que conocían lo que sucedía en el país informaban "a los familiares mendazmente".
Los vínculos militares de Grasselli continúan intactos hasta hoy: en la actualidad, el sacerdote confiesa a feligreses en la Parroquia Nuestra Señora de Luján (castrense) ubicada sobre la Avenida Cabildo al 400, en el barrio porteño de Belgrano.
IGLESIA Y DICTADURA. Un apartado especial de la presentación que elaboró la fiscalía hace referencia al estrecho vínculo que entabló la jerarquía católica con la última dictadura cívico-militar. “La propia doctrina del exterminio fue inculcada a los militares por la Iglesia. Los sucesivos presidentes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Antonio Caggiano y Adolfo Tórtolo, fueron al mismo tiempo titulares del Vicariato Castrense, que se convirtió en Obispado”, señalaron. Y añadieron: “La Iglesia justificó y apoyó cualquier accionar del terrorismo de Estado”.
“Ya existen pronunciamientos judiciales que reflejan lo que venimos sosteniendo", recordaron los procuradores. Para sustentar su acusación rememoraron la condena por crímenes de lesa humanidad contra el capellán de la Policía Bonaerense, Christian Federico Von Wernich, del 2 de noviembre de 2007.
VOLVER A ESCENA. Grasselli reapareció en un juicio de lesa humanidad el 28 de agosto pasado, cuando se presentó por sexta vez desde 1984 como testigo. Lo hizo en el marco del undécimo proceso judicial de la megacausa de Campo de Mayo, donde se investigan los crímenes cometidos contra una treintena de obreros ceramistas navales de la zona norte del Conurbano bonaerense.
Entonces fue denunciado por falso testimonio por los abogados querellantes Pablo Llonto y Ernesto Lombardi. Desde aquel momento, su situación judicial se complejizó.
El 16 de septiembre pasado el procurador Federico Delgado solicitó por primera vez en tres décadas que se cite a indagatoria al cura en el marco de la causa Nº12073/13, que se abrió en diciembre de 2013 a partir de los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas de la represión que comprometieron al sacerdote en el juicio Plan Sistemático de Robo de Bebés y en el Juicio por la Verdad.
Para Delgado, el ex capellán del Ejército y ex secretario del Vicariato Castrense, estuvo en un "lugar clave" en el que accedía a "'información cualificada' en relación a la represión clandestina" y, siendo funcionario público, en lugar de denunciarla la habría "administrado". El juez federal Julián Ercolini aún no se pronunció sobre este pedido.
A 31 años del final del terrorismo de Estado, el rol que desempeñó Grasselli en el engranaje represivo comenzó a ser delineado por la justicia federal.
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