TENDRÍA QUE HABERSE PRESENTADO ANTE EL JUEZ Y DECLARAR
De Narváez ni se puso colorado para recusar al juez que lo había citado como imputado
Francisco de Narváez, de Unión-PRO, debía presentarse ayer ante el juzgado federal de Zárate-Campana, pero en los días previos se victimizó y optó por no declarar, recusando al magistrado.
EMILIO MARÍN
El millonario de origen colombiano está en la mira de la justicia. El se defiende atacando a ésta y al gobierno que supuestamente actúan en yunta en esta época electoral. Y los medios amigos, caso de “La Nación”, colaboran en esa estrategia pues publicaron que el candidato de la derecha peronista y el macrismo –ahora vienen a ser más o menos lo mismo- marcharía primero en intención de voto en Buenos Aires.
La obvia conclusión de la “tribuna de doctrina” es que al pobre diputado lo persiguen el kirchnerismo fanático y los jueces adictos para sacarlo de competencia cuando falta muy poco para que suba al podio. Ni qué decir de los medios que De Narváez tiene en la bolsa, como América TV: funciona con la lógica de un búnker de campaña y órgano partidario, sin ningún disimulo.
El millonario tuvo los primeros problemas judiciales de este tipo en julio de 2007. Los otros pleitos, los de la sucesión de Casa Tía y la venta al Exxel Group, o los de la trabajosa adjudicación del predio de Palermo a sus socios de la Sociedad Rural, son harina de otro costal.
La Aduana pidió a un juez en lo penal económico que lo investigara luego de detectarse llamadas desde un Nextel a su nombre a un contrabandista de CD y DVD. Dos años atrás nadie del gobierno veía a De Narváez como un cuco ni tenía un interés especial en perjudicarlo por posibles hechos de 2006.
Esa causa ganó más interés cuando resultó que el contrabandista era el mentado como “rey de la efedrina”, Mario Segovia, quien usaba el documento de otro preso, Benítez. El juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionato Márquez, que ya tenía la causa por la efedrina, entró a considerar la citación al diputado que en 2003 había sido designado por Carlos Menem como futuro ministro de Desarrollo Social.
Esa primera citación fue como testigo, en abril pasado. El Colorado ya descolorido se amparó en sus fueros y en vez de presentarse como cualquier hijo de vecino se limitó a entregar un escrito por medio de un abogado.
El magistrado no quedó satisfecho con esas explicaciones. Y según versiones periodísticas, habría ampliado sus dudas sobre el verdadero vínculo entre De Narváez y el narcotraficante preso en base a declaraciones de dos testigos de identidad reservada. En el medio hubo investigaciones periodísticas, básicamente las de Horacio Verbitsky en Página/12, que mostraron un crecimiento exponencial del patrimonio del sospechoso, del 900 por ciento en cinco años. Estas cuentas “no cierran” para la AFIP, que estaría por denunciar los hechos ante la UIF (Unidad de Investigación Financiera) que se ocupa de seguir los movimientos de fondos sospechosos de provenir de la comercialización de sustancias tóxicas ilegales.
No dio la cara
Desde que su persona fue alcanzada por esos perdigones tribunalicios y periodísticos, De Narváez se puso en víctima y dijo que se trataba de una campaña política del gobierno para desprestigiarlo. Juró que esa maniobra se ejecutaba a veinte días de los comicios cuando iba punteando en las encuestas. La única encuesta que aseguró tal liderazgo fue de Poliarquía puesta en la tapa de “La Nación” a tres días de la cita con Faggionato.
La versión del interesado convertía a ese magistrado en un títere de Néstor Kirchner, quien sería el gran manipulador de esa causa.
Suponiendo que De Narváez tenga razón y sea inocente, algo sobre lo cual este cronista tiene dudas, ¿qué mejor que presentarse ante el juzgado, responder las preguntas, aclarar las dudas del magistrado y salir a la vereda y decir lo mismo al país por medio de una legión de periodistas y cámaras?
Incluso si en el interrogatorio la conducta del juez hubiera sido impropia, De Narváez podría haberlo hecho saber a la ciudadanía, respaldado por varios y costosos abogados que le cuidan las espaldas y los bolsillos, entre ellos el mediático Mariano Cúneo Libarona. Este es al mismo tiempo letrado de América TV y …del rey de la efedrina (no se alude por supuesto al diputado sino al detenido Segovia).
En vez de dar la cara y despejar los interrogantes, el cabeza de lista de Unión-PRO anunció hace tiempo que recusaría al juez. Se publicó que el 9 de mayo le expresó esa decisión por e-mail al columnista Carlos Pagni, uno de los más feroces críticos del gobierno. Unos días después, Cúneo Libarona, como letrado de Segovia, pidió esa recusación en nombre de su cliente, alegando que Faggionato le habría propuesto aliviarle la causa a cambio de involucrar al millonario. El letrado servía así a sus dos clientes, sobre todo al que hoy aspira a liderar la oposición en Buenos Aires, mañana llegar a la gobernación de ese distrito y luego no se sabe a qué. Pero la Cámara ratificó al juez y de allí la citación, esta vez como imputado, para el miércoles 10.
Cuando a una persona le hacen cargos que ponen en dudas su honorabilidad, la reacción lógica es acudir de inmediato a la justicia y rebatir esos cargos. En este caso el descolorido tendría que haber explicado quién usó su Nextel y para qué; escuchar las acusaciones que se desprenderían de los testigos mencionados y refutar todo vínculo con Segovia. Con eso hubiera despegado al menos del expediente en Zárate-Campana; lo que viniera de la AFIP sería otra historia. No lo hizo, por mal asesoramiento o porque él mismo está equivocado o, en última hipótesis, porque hay algo que no puede o no le conviene explicar.
Los investigados y los perseguidos
Mirando con desapasionamiento la discusión política generada en torno a la situación de De Narváez, surge el doble rasero de la prensa conservadora. El ex presidente Kirchner lo puso de relieve al decir que cuando un funcionario del gobierno es citado a Tribunales, es considerado en los medios como “investigado”, y cuando alguien de la oposición pasa por el mismo trance, es visto como “perseguido”.
Los dos columnistas de “Gaceta Ganadera” alimentaron ayer esa opinión del titular del PJ, pues defendieron a ultranza al citado en Zárate-Campana. Mariano Grondona deploró “la actuación de jueces electorales que al perseguir a candidatos opositores bordean el prevaricato como los doctores Blanco y Faggionato Márquez”. Joaquín Morales Solá, por su parte, escribió que “la política ha ingresado, así, en su propia judicialización o, lo que es aún peor, la Justicia se está politizando peligrosamente”.
Esas posiciones coincidieron exactamente con la argumentación del sospechoso, de que el gobierno está moviendo los hilos de la denuncia y el magistrado hace lo que ordenan desde Balcarce 50.
Una cosa es que el kirchnerismo alimente el fuego de las críticas al candidato de Unión-PRO y que el juez tenga en su contra decenas de acusaciones en el Consejo de la Magistratura. Y otra cosa es que las acusaciones ameritaban la citación judicial y que la investigación puede contar con elementos concretos para dudar de De Narváez. Podría ocurrir que ambas circunstancias sean ciertas, lo que dejaría a este último como el perdidoso.
En esta polémica la posición del gobierno es más cómoda. Los ministros se limitan a recomendarle al opositor “que vaya a la justicia y explique”. A lo sumo se cuelan algunas voces, luego desautorizadas, como la de José Scioli, hermano del gobernador bonaerense, lamentando la citación porque “embarra el comicio”.
Que el magistrado tenga 38 acusaciones en el Consejo de la Magistratura no implica que el millonario sea inocente. A veces jueces muy cuestionados y con pésimo puntaje ante ese Consejo, en casos puntuales proceden acorde a derecho. Por ejemplo, el juez escrachado en el prostíbulo Spartacus y relaciones con mafias policiales, posteriormente actuó bien en la reapertura de la causa Triple A, reclamando la extradición de Isabel y el fallecido policía Almirón. También ordenó la detención de Alberto Harguindeguy en la causa por el secuestro de los empresarios Gutheim.
Isabel, esos sicarios lopezrreguistas y el ex ministro de Interior de la dictadura también decían que eran víctimas de un montaje político y cargaban las tintas contra Norberto Oyarbide.
