LA SEMANA POLÍTICA
¿Quiénes tienen la culpa de tantos casos de trabajo semiesclavo?
Hubo resonantes denuncias sobre trabajo semiesclavo en campos bonaerenses. Los propietarios son responsables directos pero también tienen que ver una parte de la justicia, el sindicalismo-empresario y los gobernantes.
EMILIO MARÍN
A fin de año se conoció que la fiscalía de Rubén Gianorio y el ministerio de Trabajo de Buenos Aires habían allanado un campo propiedad de la multinacional Nidera y encontrado 130 personas reducidas a una situación de cuasi esclavitud. Además había adolescentes que se desempeñaban a la par de los adultos, en jornadas que se extendían de sol a sol.
El campo en cuestión está ubicado en cercanías de San Pedro y según se constató en el allanamiento los trabajadores no tenían condiciones mínimas para vivir, pues lo hacían hacinados, sin luz y en algunos casos sin agua potable. Para hacer sus necesidades contaban con pozos cavados por ellos mismos, pues carecían de baños.
La comida le era provista por un almacén de la empresa, donde los víveres cotizaban más caro que en cualquier negocio. El dato recordó las peores injusticias cometidas contra los peones rurales desde tiempos del gaucho y en la primera mitad del siglo XX. Así procedían empresas inglesas y también los patricios argentinos, en los obrajes, los surcos, los ingenios, las estancias, etc.
Nidera es una multinacional que está en el lote de las principales cerealeras que operan en Argentina. Junto con Cargill, Bunge, Louis Dreyfuss y otras firmas monopolizan rubros claves del comercio exterior. Y así se quedan con la parte del león de ese comercio que en 2010 tendrá un superávit superior a los 13.000 millones de dólares. La cosecha 2009-2010 fue récord pues llegó a 102 millones de toneladas, con buenos precios.
Esa circunstancia hace aún más abominable la actitud de Nidera, que siendo parte de ese círculo tan privilegiado y multimillonario, trata de ese modo a sus empleados traídos desde Santiago del Estero para desflorar el maíz.
Por supuesto, la multinacional se defendió como trucha fuera del agua. En un comunicado donde hizo su descargo, afirmó que “hemos puesto a disposición de las autoridades los antecedentes y documentación que acreditan el cumplimiento de las condiciones legales de contratación y de trabajo para actividades de desflore en la producción de semillas híbridas de maíz”.
Pero la Fiscalía de San Nicolás y el Ministerio de Justicia rechazaron esos argumentos. Y la AFIP, por su parte, sostuvo que tanto Nidera como otras dos firmas cerealeras allanadas en la provincia de Buenos Aires, Status Ager y Southern Seeds Production, no habían registrado a sus trabajadores. Son otras dos firmas que presumen de ser “líderes” en la producción y exportación de semillas, con buena prensa, ingresos millonarios y abogados prestigiosos. En algunos casos estos letrados se habían desempeñado como jueces o fiscales, como Pablo Lanusse, al servicio de Status Ager.
Los trabajadores percibían en el mejor de los casos 600 pesos por quincena, luego de deslomarse en las condiciones inhumanas ya descriptas.
La ley y la trampa
Hay grados y grados de precarización laboral, pero ya era archisabido, desde el conflicto con los sojeros en 2008, que el sector agrícola ganadero es uno de los peores en cuanto a los bajos salarios, las malas condiciones de empleo y el trabajo no registrado que orilla el 70 por ciento.
De todas maneras el escándalo descubierto el 30 de diciembre pasado supera la cota máxima de esa “habitualidad” usufructuada por las mismas entidades de la Mesa de Enlace que cortaron las rutas del país travistiéndose con los colores de la “Patria”. Dicho sea de paso, este miércoles los popes sojeros tendrán una reunión con el ministro Julián Domínguez al que piensan extorsionar con el precio y condiciones de venta del trigo. Y amenazan con adoptar medidas de fuerza si sus reclamos no son atendidos…
Lo que sucede con los santiagueños más humildes súper explotados en campos de Buenos Aries es parecido a lo que sufren los hermanos bolivianos y algunos argentinos del norte del país en los talleres clandestinos de ropa de marca. La Cooperativa La Alameda de Gustavo Vera ha hecho numerosas denuncias en contra de esas firmas textiles, incluso contra la de Juliana Awada, flamante esposa de Mauricio Macri.
Los medios monopólicos apenas citaron el caso Nidera. En cambio a mitad de semana en el programa 678 de la Televisión Pública se lo debatió y una joven investigadora universitaria planteó que no se trataba de un fenómeno de esclavitud sino de algo propio del capitalismo. Su intención era buena porque efectivamente los pobres laburantes habían firmado un contrato y percibían un magro salario, siendo formalmente libres (aunque para abandonar el establecimiento debían saldar antes sus deudas y contar con dinero para el pasaje de regreso a su provincia, que no tenían).
El debate, como era lógico, puso en tela de juicio el rol de los gremios del sector, como la UATRE de Gerónimo “Momo” Venegas. Hubo coincidencia en condenar la desatención total de este gremio para con los trabajadores y en marcar el compromiso político de Venegas con la Sociedad Rural y el duhaldismo.
A Julio Piumato, miembro de la CGT e invitado al programa, no le gustó la mención de Nora Veiras a que Venegas había sido hasta el año pasado parte del Consejo Directivo de la CGT.
Sin embargo parece un valor entendido que si las cerealeras han lucrado de ese modo casi esclavista es porque varios gremialistas han abandonado completamente la tarea sindical que les correspondía.
Piumato planteó, en defensa del primer peronismo, que con el “Estatuto del Peón” no existían estas desgraciadas situaciones de hoy. Por cierto que esa legislación fue un gran avance y debe ser reconocida. Pero es de una gran ingenuidad, o algo peor, creer que con una ley las injusticias de la oligarquía terrateniente y ganadera desaparecieron como por arte de magia. Salvando las distancias, es como darle la razón a Nidera y su comunicado donde aseguró que su personal estaba registrado, que tenía ART y cobertura de obra social. En nuestro país demasiadas veces se hizo la ley y continuaron las trampas.
Dejar de mirar para otro lado
Las responsabilidades de las empresas involucradas en estos escandalosos casos de súper explotación son indelegables, están comprobadas fehacientemente y hay investigaciones judiciales en curso. Es de esperar que estas vulneraciones de la ley laboral y evasión fiscal no queden en aguas de borraja. Por de pronto hubo una jueza que consideró innecesario allanar el campo de Nidera. La aparición en Ramallo del ex fiscal federal Lanusse como abogado de Status Ager abre interrogantes sobre si esa causa se va a profundizar.
Los primeros 130 santiagueños han sido repatriados a su provincia, pero si allí no consiguen un trabajo digno es posible que vuelvan a caer en tentáculos tan o más siniestros que los de Nidera. ¿El gobernador radical K, Gerardo Zamora, tan elogiado por el gobierno nacional, se va poner algún día las pilas para que a sus comprovincianos más humildes no los tomen como mano de obra barata y casi esclava?
La mención a Zamora da pie para una reflexión sobre la responsabilidad del gobierno provincial y nacional en el caso de marras.
Daniel Scioli podrá alegar que su ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, fue parte de la denuncia y allanamiento del campo en San Pedro. Y es cierto. ¿Pero por qué no actuó antes? ¿Acaso no sabía de esas irregularidades e infracciones laborales por parte de esas multinacionales? El gobernador bonaerense inauguró en 2008 y 2010 la exposición agropecuaria Expo-Agro, de Clarín y La Nación, donde Nidera fue uno de las principales auspiciantes. ¿No hay ninguna autocrítica para hacer en La Plata? Sería interesante un racconto de los préstamos del Bapro porque casi seguramente esas firmas han sido beneficiarias de los mismos.
Por otro lado, ¿cuántos inspectores rurales tienen Cuartango en Buenos Aires y Carlos Tomada en el orden nacional? ¿Cuál ha sido su trabajo en los dos últimos años en el combate contra esas situaciones de flagrante injusticia?
La AFIP de Ricardo Echegaray hizo un aporte indirecto cuando denunció la evasión de Bunge vía la subsidiaria de Uruguay. Esa debió ser la señal para una ofensiva de diversas áreas del gobierno provincial y nacional husmeando no sólo en los impuestos eludidos sino también a la negritud imperante en las relaciones laborales de esos feudos. Que se sepa el ministro Domínguez no ha estado muy activo en esa temática.
Están rigiendo aún normas heredadas de la dictadura militar como la ley N° 22.248 de trabajo agrario, en la que quiere apoyarse Nidera para justificar lo injustificable. ¿Y el Congreso nacional, tanto el kirchnerismo como las variadas bancadas de la oposición, no se dieron cuenta que había que anular esa ley videlista y legislar a favor de la peonada?
Algo similar ocurre con la precarización imperante en los ferrocarriles, que desembocó en el asesinato de Mariano Ferreyra. La efectivización de los tercerizados sigue estirando los plazos, ahora hasta el 20 de enero.
Sean olvidos imperdonables o complicidades de vieja data, habría que ocuparse de estos temas sociales en 2011. De lo contrario las expresiones de asombro y piedad, cuando haya otra muerte u otro campo con semiesclavos, serían puro cinismo.
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