El Liberal. 14 de octubre de 2007.
Puntos de vista - DERECHOS HUMANOS.
¿Nos acercamos a la verdad y a la justicia?
Osvaldo B. Corvalán.
Ex Preso Político.
Ingeniero Forestal.
Magíster en Gestión ambiental.
El autor de la nota muestra que Musa Azar podría ser sólo la punta del iceberg en la investigación por las violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero. Interesantes datos históricos.
Los días 1 y 2 de octubre, el diario El Liberal ha publicado varias notas acerca de los documentos encontrados por acción del Gobierno de la Provincia en dependencias del Servicio Penitenciario Provincial y entregados al Juez Federal, Dr. Guillermo Molinari, por el Ministro de Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la Provincia, Dr. Ricardo Daives. Los mismos se refieren al movimiento de detenidos políticos en años previos al golpe de Estado de 1976 y posteriores. En esos “movimientos irregulares de detenidos” -así los califica el diario- aparece involucrado el ex comisario Musa Azar.
Considero auspiciosa esta acción del Gobierno Provincial, producto “de la política de compromiso con los derechos humanos del Gobernador Gerardo Zamora” -como dice el diario- pero habiendo sido uno de esos ex detenidos políticos, siento la necesidad de hacer notar que Musa Azar no actuó solo. Él fue una pieza -importante, pero sólo una pieza- dentro de la maquina de represión que actuó antes y después del golpe de Estado en la provincia. Es imposible que este hombre haya podido hacer todo lo que las investigaciones oficiales y no oficiales van revelando que hizo, sin contar con la complicidad y aprobación de otros sectores y/o miembros del poder. Y esto es así no sólo en Santiago del Estero sino en todo el país, ya que los juicios por violaciones a los derechos humanos que están en curso en diferentes ciudades, así lo están demostrando.
El ejercicio de la memoria que algunas personas realizan hace posible ir reconstruyendo la historia. En efecto, tras la lectura de diferentes testimonios, es posible decir que en la década del ’70, con la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, comienza a construirse en Santiago del Estero el aparato represivo del Estado Nacional.[1] Ese aparato utiliza piezas locales; una de ellas, tal vez la principal, Musa Azar, quien ingresa en 1972 al Departamento de Informaciones Policiales (DIP). No es improbable que la Policía Especial -la “primera SIDE santiagueña”- creada entre 1953 y 1954 por Carlos A. Juárez, según este diario, haya sido la base de este aparato.[2] En 1973, aparece la Dirección de Informaciones Policiales -también DIP- con Musa Azar a la cabeza; en 1975 es designado Jefe de Superintendencia de Seguridad y luego Comisario. La DIP (también D-2 y SIDE) va ocupando el papel central en la represión. Las primeras detenciones políticas suceden en el año 1974. Musa Azar alcanza el grado de Comisario General durante la dictadura militar.[3]
Una nota de Clarín, del 30 de junio de 2007, sobre el juicio realizado por el asesinato del productor ganadero Oscar Saggiaro, reproduce algunos dichos de Musa Azar al declarar en él. Un párrafo en particular, dice: “Además dijo que en la dictadura, cuando era delegado de la SIDE en Santiago, ‘tenía más de 300 personas trabajando para mí’, haciendo tareas de espionaje y seguimiento. ‘Hasta choferes de colectivo había’, agregó.” Y conste que según registra la nota, dijo: “cuando era delegado de la SIDE en Santiago”, con lo cual se viene a confirmar por vía directa, la relación existente entre represión federal y represores provinciales. Y también, que la red de complicidades existía en varios niveles. 300 personas trabajando para él, no son poca cosa y creo que aquí ha quedado abierta una línea de investigación que la justicia federal debería seguir. Más aún cuando el diario Perfil informa, el lunes 8 de octubre, que Musa Azar ha responsabilizado a Carlos Juárez y su esposa de las desapariciones ocurridas antes de 1976. He aquí un párrafo de la nota: “‘Una vez detenidos e interrogados, Juárez ordenaba que sean entregados a distintas unidades del Ejército’, dijo Musa Azar en una reciente indagatoria ordenada por el juez federal Guillermo Molinari, quien investiga la desaparición de personas antes y durante la última dictadura militar”.
Según el testimonio de una ex detenida política, contenido en el trabajo de tesis “La pasión setentista”,[4] la persecución policial a toda expresión popular, durante 1974 y 1975, era notoria. Durante todo el ’75, dice, funciona “una especie de mesa tripartita que se armó entre el Ejército, el SIDE y la Policía Federal. Digamos que el control de la represión no lo tenía únicamente el gobierno, como pasó en algún momento, porque los militares ya estaban preparándose para tomar el poder”.
Cristina Feijoo, en su novela “La casa operativa”, recuerda que en Rosario, apenas comenzada la década del 70, comenzó a funcionar el Servicio Antisubversivo de Rosario (SAR), integrado por militares, policía federal y policía provincial, lo que muestra que los esquemas represivos se repiten. Y tampoco parece casual que en diferentes provincias -Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza- al Departamento de Inteligencia local se le llame D-2.
Para 1974 ya se notaba en Santiago la presencia de miembros de bandas de ultraderecha, particularmente las Tres A y el Comando de Organización (CDO). En ese año ya circulaban por las calles de la ciudad autos Ford Falcon, con individuos desconocidos, que, por las noches, hacían exhibición de armas largas por las ventanillas. Además, en ese año, las Tres A hicieron conocer una lista de 12 amenazados de muerte, el primero de ellos, el Dr. Ricardo Cheble, a quien pusieron una bomba en su domicilio. Seguramente los archivos del diario El Liberal guardan información sobre los hechos ocurridos en esos años. Y también el nombre de Musa Azar se hacía conocido, junto a los de Ramiro López, Francisco (Paco) Laitán, Norberto (Noli) García, Tomás (Pirulo) Garbi, Juan (Sérpico) Bustamante, todos ellos implicados hoy en causas por violaciones a los derechos humanos.
Es imposible que todo esto sucediera sin conocimiento y aval de los miembros del poder ubicados en el aparato gubernamental y en el judicial. El Liberal señala que el Ministro Daives, dijo: “Lo paradójico es que en muy pocos casos participaban jueces provinciales o federales; la mayoría de los casos es una notificación en la cual Musa Azar pone el detenido a disposición de él, pero no consigna ningún juzgado, juez ni mucho menos las causas por las que lo hacía”.
Pero los ex presos políticos hemos denunciado que la patota del SIDE sacaba de la cárcel a quien se le ocurría y se lo llevaba a sus dependencias, donde era nuevamente torturado e interrogado. Esto fue así hasta que el 17 de julio de 1975, realizamos una protesta que fue calificada como “motín” y reprimida salvajemente, bajo la mirada del entonces Ministro de Gobierno Robin Zaiek y otros funcionarios policiales y judiciales. Después de este episodio, se presentaban con órdenes en blanco firmadas por el entonces juez federal Santiago Grand, las que nos eran mostradas antes de llevarse a alguien. Y el expediente iniciado por la justicia provincial acerca de ese episodio -registrado por el diario El Liberal al día siguiente- en el que constaban las denuncias por la brutal paliza recibida bajo la mirada de los funcionarios de entonces, desapareció.
A los fines de contextualizar lo expuesto, es importante recordar que desde noviembre de 1974 el país estaba bajo el Estado de Sitio. Y que el 5 de febrero de 1975, María Estela Martínez de Perón firmó el Decreto Secreto Nº 261, que ordenaba al Comando General del Ejército, ejecutar “todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia” de Tucumán.[5] Esa presencia militar también se hizo sentir en las provincias de Catamarca y Santiago del Estero.[6] En octubre de 1975, el Consejo de Defensa le otorga al Ejército la responsabilidad primaria en la “lucha contra la subversión” y en función de ese rol, el país resulta dividido en 5 Zonas Operativas o Zonas Militares; en Subzonas y en Áreas.
La Zona 3 dependía del Cuerpo de Ejército III, con asiento en Córdoba y su jurisdicción abarcaba Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, repartidas en las Subzonas 31, 32 y 33. Santiago del Estero era parte de la Subzona 31 (3/31) junto con Catamarca, Córdoba y La Rioja.[7]
Según la sentencia del juez Claudio Bonadío, en la causa Scagliusi, José Luis D’Andrea Mohr, en su testimonial, “sostiene que en cada una de ellas había una unidad militar que tenía a su cargo las acciones y responsabilidades de conducción en la lucha contra las organizaciones político-militares”.[8] Y Santiago tenía su unidad militar: El Batallón de Ingenieros de Combate 141. El documento de la Liga por los Derechos del Hombre ya citado señala que “La D-2, funcionaba en vinculación directa con el Jefe del Batallón Ingenieros de Combate 141, con sede en la ciudad capital de Santiago del Estero”.
También en octubre de 1975, el Senador Ítalo Luder, en ejercicio del PE, había dictado tres decretos: 2.770, 2.771 y 2.772. Entre los tres conforman una amplia red represiva que se extiende por todo el país y que abarca muchos organismos y niveles. Se forma un Consejo de Seguridad Interna que coordina a todas las fuerzas armadas y de seguridad y pone a todo el personal y a los medios policiales y penitenciarios bajo su control operacional, con el objetivo “de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país”.[9]
Creo que a esta altura de las revelaciones que nos va haciendo la historia, aquella vieja frase: “Algo habrán hecho”, con que muchos argentinos justificaban las detenciones, ya no tiene cabida, pero, por las dudas alguien pudiera pensar aún así, tal vez convenga ver aquí a qué se llamó “lucha contra la subversión” y a quiénes se consideraba “subversivos”.
Según el diccionario, “subversivo” es “aquel capaz de subvertir el orden establecido” y subvertir se entiende como destruir, trastornar. Así que la “lucha contra la subversión” se hizo contra quienes eran considerados peligrosos para el inestable orden social que los sectores que entonces ejercían el poder, intentaban conservar. Conviene también recordar que, hasta entonces, tal como lo dice Pilar Calveiro en “Poder y desaparición”, el alma del poder político se asentaba en el poder militar.[10]
Este término -subversivo- “fue utilizado por los militares de una forma muy amplia, de modo tal que cualquiera podía ser considerado subversivo, ya sea por su manera de vestir, por su profesión, por las amistades que tenía, por los libros que leía, por los lugares que frecuentaba, por su compromiso social, por su solidaridad, por su creencia, por su militancia y por otras miles de circunstancias”.[11]
En definitiva, la historia nos muestra hoy que la “lucha contra la subversión” fue, más que nada, una forma de imponer un nuevo proyecto de país. En estos 31 años transcurridos desde el golpe de Estado, se han concretado muchos trabajos de investigación, académicos y no académicos, que demuestran que el verdadero objetivo del golpe de Estado de 1976 fue subvertir el orden político, económico y social imperante entonces en Argentina. Basta leer trabajos del actual Diputado Nacional Claudio Lozano, de los economistas Eduardo Basualdo, Daniel Aspiazu, Miguel Khavisse, Ernesto Schorr, por ejemplo, para comprobarlo. Y el trabajo en 14 tomos “Historia General de las Relaciones Exteriores de la República Argentina (1806-1989)”, dirigido por el entonces Vicecanciller del gobierno de Carlos Menem, Daniel Cisneros y el funcionario de la Cancillería, Carlos Escudé, insospechables de “izquierdismo”, que se encontraba en el sitio web de la Cancillería, área del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Allí se expresa esto del siguiente modo: “Más allá de la retórica oficial (…) era evidente que el propósito de combatir la guerrilla y terminar con la violencia y el desorden social, iba acompañado de un objetivo de largo alcance: Revertir de una vez por todas la matriz de relaciones sociales y económicas que el modelo populista / redistribucionista había impulsado a través de un Estado altamente intervencionista y sobre-expandido”.[12]
Y también: “El nuevo liberalismo económico se propuso como objetivo explícito, entonces, la liberalización de la economía. Esto implicaba a grandes rasgos, la apertura de la economía, la libre operación de los mercados de capitales y la eliminación de los privilegios fiscales, subsidios y de controles. No obstante, las reformas no acababan en el plano económico. [...] el plan económico era parte indisoluble de un proyecto político mucho más amplio de la élite gobernante. Sin atarse a ningún tipo de límite temporario, las Fuerzas Armadas se propusieron ‘disciplinar’ las fuerzas sociales y modificar sus relaciones, de modo de erradicar las causas de la crisis y el desorden. Uno de los puntos clave de dicho disciplinamiento era la reubicación de la clase obrera en su rol subordinado, tanto en términos políticos como económicos e institucionales”. (Las negritas son mías)
Y más adelante, “Esto se llevó a cabo efectivamente mediante la combinación de represión armada, reformas económicas que debilitaron el poder económico de esas organizaciones y de los trabajadores individualmente considerados y normas que limitaran el accionar y la influencia de los sindicatos” (…) “Aunque con una modalidad y grado diferentes, también debía llevarse a cabo un disciplinamiento del sector empresario. En este caso, la eliminación de la protección y el sometimiento a la competencia externa, planteada por el libre mercado -vía apertura de la economía- fueron los instrumentos escogidos para alcanzar tal fin”.[13]
Esto es, la dictadura estaba sentando las bases del modelo neoliberal que asoló a nuestro país y a América Latina.
¿Quiénes fueron entonces los subversivos? En aquellos años 70 éramos jóvenes -idealistas nos decían- que amábamos a nuestro país, tanto como lo amamos ahora; que queríamos un mundo mejor, más fraterno, más igualitario, igual que ahora. Podemos discutir si equivocamos la forma de actuar, pero jamás los objetivos. La historia nos muestra quienes fueron y quienes son los verdaderos “apátridas”. No fuimos nosotros los que entregamos al país a los intereses extranjeros y sumieron en la miseria a su población. No fuimos nosotros quienes se “comían a los niños”. Al contrario, somos quienes seguimos buscando a los niños que fueron “comidos” por la crueldad de la dictadura.
Recientemente y recién después de 30 años, he podido leer el expediente de la causa judicial en la que yo y otros estudiantes de Santiago del Estero, fuimos involucrados, gracias a que ha sido digitalizado por el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Aunque no todo lo ocurrido durante el proceso está ahí, quién sabe por qué, lo que se encuentra es suficiente como para permitirme afirmar lo que digo al principio de esta nota. Musa Azar sólo fue una pieza; no es el todo. Que no sea un “chivo expiatorio”. Hubo otros responsables en Santiago del Estero, además de él y de sus secuaces y también deben ser juzgados.
“El terrorismo de Estado ha hecho cosas tan terribles que ni siquiera sus autores pueden admitirlo”, dice el editor general adjunto de Clarín, Ricardo Roa, al referirse a la condena reciente al cura Von Wernich.[14] Lo que sigue saliendo a la luz demuestra que efectivamente hubo una red de complicidades; que hasta en los juzgados federales existía complicidad con la barbarie.
Recomiendo a los santiagueños leer el diario de Catamarca, “El Ancasti”, desde el 13 de abril de este año 2007. En el transcurso de ese mes hubo al menos unas 14 notas referidas a denuncias realizadas por los ex presos políticos en el Juzgado Federal de Santiago del Estero y a personas que ocuparon cargos de peso en él durante la dictadura militar y que intervinieron en nuestros juzgamientos. Esas notas han provocado una pequeña crisis en el ámbito judicial de esa provincia, según lo muestran. Pareciera que se acerca la hora en que saldrá a la luz cómo esas personas actuaron. Pareciera que se acerca también la hora de la justicia; de esa justicia que no existió para nosotros en la década del 70.
[1].- “Santiago del Estero es un Estado policial”. 1995. Luis Guillermo Garay. Historiador. Ex preso político. Presidente de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y de Familiares de Ex Presos Políticos y Desaparecidos de Santiago del Estero. Ex Director del Museo Histórico “Orestes Di Lullo” durante la última Intervención Federal (Pablo Lanusse). Ex Convencional Constituyente de la Provincia en 2005.
[2].- Ver nota del diario El Liberal, del 19 de junio de 2007, “Demuelen donde estuvo ‘la primera SIDE santiagueña’.” Refiere que el edificio de la calle Avellaneda, en demolición, fue el lugar de funcionamiento de la “conocida Policía Especial”, creada en el primer gobierno de Carlos A. Juárez, entre 1953 y 1954 y conocida como “la primera SIDE santiagueña”.
[3].- “Antecedentes del genocida Musa Azar”. 2005. Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Santiago del Estero. En www.estoestucuman.com.ar
[4].- “La pasión setentista”. 2000. Pablo Soria. Profesor Superior en Historia. Miembro de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia y de Familiares de Ex Presos Políticos y Desaparecidos de Santiago del Estero.
[5].- “La Voluntad”. Tomo II. Eduardo Anguita - Martín Caparrós. Página 484. Primera Edición. Marzo de 1998. “Memoria y reflexión a 32 años del Operativo Independencia”. 05/02/07. Agencia CTA. Corresponsalía Tucumán. http://www.agenciacta.org.ar/article3843.html
[6].- Sitio de la aviación militar argentina: www.aeromilitaria.com.ar
[7].- http://www.pparg.org/pparg/carceles/globalidad/destruccion/ Memoria y Resistencia de los Presos Políticos durante el Terrorismo de Estado en Argentina. Sentencia del juez Bonadío.
[8] Sentencia del juez Claudio Bonadío, del 12 de Septiembre de 2002, en la Causa 6.859/98. "Scagliusi, Claudio Gustavo y otros s/privación ilegal de la libertad"
[9].- Ídem Nota 7.
[10].- “Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina”. Pilar Calveiro. Colihue. 2004.
[11].- www.nuncamas.org/investig/varela/varela_11.htm “Los que no están. Desaparecidos y dictadura cívico-militar en Florencio Varela (1976 – 1983)”. Autores: Hernán Pacheco - Pablo Carrera. 2005.
[12].- Cisneros, Andrés y Escudé, Carlos. “La política económica del Proceso de Reorganización Nacional - Historia general de las relaciones exteriores de la República Argentina”.
[13].- Cisneros, Andrés y Escudé, Carlos. Trabajo citado.
[14].- “Los demonios de Von Wernich”. Ricardo Roa. Clarín 10/10/07.
