De: Equipo Nizkor [mailto:nizkor.noreply@derechos.org]
Enviado el: miércoles, 6 de diciembre de 2017 4:24 p. m.
Para: museocheguevara@fibertel.com.ar
Asunto: {posible spam} Equipo Nizkor - El crimen de agresion es el mas grave en derecho penal internacional
CPI/ICC - Reino Unido y Francia intentan impedir la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión. |
Introducción: El crimen de agresión es uno de los cuatro tipos penales recogidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que éste se aprobara en la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Roma en 1998. A diferencia de los otros tres crímenes (crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra), la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión quedó sujeta a que se llegara a una definición del mismo en una Conferencia de Revisión del Estatuto que tendría que celebrarse 7 años después de su entrada en vigor. La definición de crimen de agresión se adoptó por consenso in extremis el 11 de junio de 2010 en la Conferencia de Revisión que tuvo lugar en Kampala, Uganda. Se plasmó en lo que se conoce como "enmiendas de Kampala": "Artículo 8 bis 1. A los efectos del presente Estatuto, una persona comete un "crimen de agresión" cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. 2. A los efectos del párrafo 1, por "acto de agresión" se entenderá el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1974, cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión: a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él; En las "enmiendas de Kampala" se establecieron también las condiciones bajo las que la CPI podrá declararse competente en casos de agresión. Según lo aprobado, la Corte no puede ejercer dicha competencia hasta que las enmiendas de Kampala hayan sido ratificadas por al menos 30 Estados Parte y sean de nuevo re-aprobadas por la Asamblea de Estados Parte (el órgano legislativo y de supervisión de la administración de la CPI) en una fecha no anterior, en todo caso, al 1 de enero de 2017, a lo que además se suman una serie de requerimientos que ponen de relieve la limitada naturaleza del régimen de competencia para el crimen de agresión cuando se comparan con el régimen de competencia por el que se rigen los otros tres crímenes fundamentales del Estatuto de Roma. El siguiente cuadro, preparado por la Delegación de Liechtenstein, que dirigió el Grupo de Trabajo Especial sobre el crimen de agresión que llevó al acuerdo de Kampala, resumen el régimen competencial aprobado (ver artículo Artículo 15 bis "Ejercicio de la competencia respecto del crimen de agresión (Remisión por un Estado, proprio motu)" del estatuto):
Actualmente son 34 los Estados que han ratificado las enmiendas de Kampala relativas al crimen de agresión y la activación de la competencia debiera producirse por una resolución que la Asamblea de Estados Parte de la CPI adopte en este décimosexto período de sesiones (4-14 de diciembre de 2017, Nueva York). Sin embargo, un grupo de países encabezados por el Reino Unido y Francia, que no han ratificado las enmiendas de Kampala, han hecho circular un documento de posición de 3 páginas, de fecha 16 de marzo de 2017, con la finalidad de bloquear la activación de la competencia de la CPI sobre este crimen. Junto al Reino Unido y Francia, suscriben dicho documento Japón, Noruega y Canadá, y se ha sumado también a esta estrategia Colombia. Ya en el quincuagésimo período de sesiones de las Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada en noviembre de 2016 en La Haya, Francia y Reino Unido habían avanzado estas posiciones. La no activación resulta también acorde con la oposición manifiesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos a la CPI y muy especialmente contra el crimen de agresión, oposición que ha sido constante a lo largo de todas las administraciones antes, durante y después de la aprobación del Estatuto de Roma en 1998. Estados Unidos, al igual que Rusia y China, no ha ratificado este Estatuto y desde que éste se aprobara ha desplegado una intensa labor diplomática para llegar a acuerdos bilaterales que dejen a su personal fuera del alcance de la jurisdicción de la CPI. El trabajo de Reino Unido y Francia respecto del crimen de agresión responde a esta misma finalidad y no es más que la constatación de que existe una predisposición de las "grandes potencias" a garantizarse la intervención militar directa en cualquier lugar del mundo al margen de la legalidad internacional. i) Las grandes potencias intentan impedir la activación de la competencia de la CPI sobre el crimen de agresión. Por Donald M. Ferencz |*| El 11 de diciembre de 1946 fue un día histórico para el derecho internacional. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida ese día en Nueva York, confirmó por unanimidad los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto y las sentencias de Nuremberg. Con ello se reconocía a la guerra de agresión como el "crimen internacional supremo" y se aparcó el argumento de que los gobernantes están por encima de la ley. Sin embargo, el cercano aniversario de esta histórica fecha puede verse ensombrecido por la situación totalmente diferente que se está pergeñando. Si la maquinaria puesta en marcha entre bambalinas por varios países no llegara a detenerse, en la segunda semana de diciembre de 2017 pudiéramos asistir a la muerte anunciada del crimen de agresión en cuanto tal. El mes que viene, tras 71 años de trabajos, por fin el crimen de agresión será sometido a activación como crimen enjuiciable por la Corte Penal Internacional ("CPI"). No obstante, existe un riesgo serio de que, en lugar de ser activado sea relegado a un tambaleante estado de limbo jurídico: un crimen aún sin tribunal. Ironías de la historia, son precisamente las naciones que se sentaron y sentenciaron en Nuremberg -que colocaron al crimen de agresión entre los crímenes de derecho internacional- las que podrían ser responsables de abortar su activación como crimen enjuiciable por la CPI. Las enmiendas sobre el crimen de agresión que serán sometidas a re-aprobación el mes próximo ya han sido aprobadas por unanimidad en la Conferencia de Revisión [del Estatuto de Roma] celebrada en Kampala, Uganda, en 2010. Ante la presión de importantes estados y como cuestión sujeta a un compromiso fruto de una intensa negociación, en Kampala se acordó que las enmiendas sobre agresión no se activarían antes de 2017. Aun así, los Estados que se congregaron en Kampala, resolvieron por unanimidad "activar la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión lo antes posible". Sabremos pronto si esta intención era real. Los Estados Parte de la Corte se reunirán en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York entre el 4 y el 14 de diciembre para llevar a cabo el compromiso adquirido en Kampala. Si bien 34 estados ya han ratificado su aceptación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión, entre ellos incluso más de la mitad de los miembros de la OTAN, Reino Unido y Francia no la han ratificado. En su lugar, han hecho bloque con un puñado de Estados, que incluyen Japón, Canadá, Noruega y Colombia, para amenazar tácitamente la activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión insistiendo en que la Corte ha de aclarar primero que las enmiendas sobre agresión no serán de aplicación a dirigentes de los Estados que no las ratifiquen por separado. Poco importa si los términos expresos de lo que se acordó en Kampala otorgan a cada Estado miembro la nada desdeñable flexibilidad de optar expresamente por quedar fuera de la competencia de la Corte sobre agresión. Si lograran arrancar de la Asamblea de Estados Parte las garantías que piden, los dirigentes de países que no hayan ratificado pueden sin duda aspirar a permanecer totalmente fuera del alcance del eventual enjuiciamiento del crimen de agresión, independientemente de si optan formalmente por quedarse fuera o no, tal cual se acordó como requisito en Kampala. Al insistir en que sus líderes queden exentos salvo en caso de ratificación de las enmiendas, los no ratificantes están diciendo que no necesitan optar por quedar fuera de la jurisdicción de la Corte públicamente, ahorrándose así el eventual bochorno. Es significativo que la previsión sea que la inminente decisión sobre el crimen de agresión se tome mediante una resolución de consenso. Esto quiere decir que la resolución de activación sólo puede ser adoptada por unanimidad o no adoptarse en absoluto. En tales circunstancias, cada Estado miembro de la Corte tiene el poder de boicotear la voluntad de la mayoría, por muy aplastante que ésta sea, simplemente no dando el consentimiento a la adopción de la resolución, obviando así los términos precisos de lo que se aprobó unánimemente en Kampala. De este modo, los países que no han ratificado las enmiendas de Kampala y que reclaman claridad en el sentido de que sus dirigentes quedarán fuera del alcance de la Corte en caso de crimen de agresión, contarían con la facultad de bloquear la aprobación final. ¿Pueden jugar esta carta bajo la mirada de todo el mundo? Lo que está en juego va mucho más allá de la mera activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión. Algunos pueden ver en esta decisión sobre la activación, y no les falta razón, un test al sistema internacional de justicia en sí. Las potencias que promueven el estado de derecho para otros, pero que se esconden bajo el manto de la impunidad respecto del más grave de todos los crímenes, aparecerían como hipócritas a ojos de todo el mundo, o incluso como algo peor. Sin lugar a dudas, quienes socavan la activación de la competencia de la Corte sobre el crimen de agresión tienen sus razones para ello. El lucrativo negocio de la venta de armas o la existencia de alianzas militares que responden a intereses políticos propios pueden bien influir en los procesos de toma de decisión de los países no ratificantes. Todavía es posible el compromiso negociado, pero los no ratificantes que piden garantías para proteger a sus dirigentes lo han hecho hasta ahora con bastante parsimonia, y ello por buenas razones. El tiempo se acaba y la táctica de la dilación les otorga una clara ventaja: basta con que no hagan nada hasta que se agote el tiempo en la próxima reunión de la Asamblea de Estados Parte. De manera autocomplaciente podrán después afirmar "Lo intentamos. Realmente lo hicimos, pero no había tiempo". Tan sólo han de asegurarse de que no hay acuerdo sobre el crimen de agresión para conseguir la finalidad que buscan: que no se llegue a una decisión sobre la activación es otra forma de garantizar la impunidad total sobre el crimen de agresión a sus respectivos dirigentes. Las enmiendas de Kampala representan un alegato jurídico para la humanidad: son un llamamiento a los pueblos y naciones de buena voluntad para que protejan a la humanidad frente a un mundo ajeno al derecho. La complacencia no está muy lejos de la complicidad, y aquéllos que creen en el estado de derecho deben ponerse en pie y ser tenidos en cuenta. Para poder contactar con los Gobiernos de varios países selectos entre los no ratificantes, consulten por favor las siguientes páginas:
* * * Por Donald M. Ferencz Nota documental: traducción al español de la versión original en inglés realizada por el Equipo Nizkor. ii) Great powers try to prevent the activation of the jurisdiction of the ICC over the crime of aggression. By Donald M. Ferencz |*| The 11th of December, 1946 was an historic day in the world of international law. The General Assembly of the United Nations met in New York that day and unanimously affirmed the principles of the Nuremberg Charter and judgment. They, thereby, confirmed aggressive war as "the supreme international crime" and laid to rest the argument that statesmen are somehow above the law. Yet the upcoming anniversary of this historic date may be marred by the making of an altogether different sort of history. If behind-the-scenes wheels which have been set in motion by a few major powers are not stopped in their tracks, the second week of December, 2017 might well see events which will toll the death-knell for the crime of aggression itself. Next month, after 71 years of effort, the crime of aggression will, at long last, be considered for activation as a crime made punishable by the International Criminal Court (the ICC). Yet there is a very real risk that, instead of finally being activated, aggression may be relegated to a zombie-like state of legal limbo - a crime still without a court. In a twist of supreme irony, it is the very nations which sat in judgment at Nuremberg - those which established aggression as a crime in international law - who may be responsible for aborting its activation as a crime now made punishable by the ICC. The aggression amendments which are up for re-approval next month have already been unanimously approved at a Review Conference held in 2010 in Kampala, Uganda. Under pressure from certain powerful states and as a matter of intensely-negotiated compromise, it was agreed in Kampala that the aggression amendments would not be activated before 2017. Nonetheless, the states assembled in Kampala unanimously resolved "to activate the Court's jurisdiction over the crime of aggression as early as possible." We will soon know whether they really meant it. The member states of the Court will meet at UN headquarters in New York from December 4th to 14th to address making good on the pledge which they made in Kampala. Although 34 nations have already ratified their acceptance of the Court's aggression jurisdiction - including over half of the members of NATO - Britain and France have not. Instead, they have joined with a handful of states, including Japan, Canada, Norway, and Colombia, in tacitly threatening to defeat activation of the Court's aggression jurisdiction by their insistence that the Court must first clarify that the aggression amendments will not apply to leaders of any state that does not independently ratify them. No matter that the express terms of what they all agreed to in Kampala allows every member state the remarkable flexibility of being able to affirmatively opt out of the Court's independent jurisdiction over aggression. If the assurances which are being demanded are exacted from the Assembly of States Parties, the leaders of non-ratifying countries may reasonably look forward to remaining completely beyond the scope of potential prosecution for the crime of aggression - regardless of whether they formally opt out or not, as required by what was agreed in Kampala. By insisting that their leaders are exempt unless they ratify the amendments, the non-ratifiers argue that they do not need to publicly opt out of the Court's jurisdiction - a move which could well be perceived by them as fraught with potential embarrassment. It is significant that the upcoming decision on aggression is expected to be undertaken pursuant to a consensus resolution. This means that the activation resolution must either be adopted by unanimous approval or not adopted at all. In such circumstances, each member state of the Court has the power to thwart the will of even an overwhelming majority simply by not consenting to the adoption resolution, regardless of the express terms of what was unanimously agreed to in Kampala. The non-ratifying countries which are demanding clarity that their leaders will remain beyond the Court's reach on the crime of aggression, therefore, each have a potentially game-ending card to play in opposition of the final approval. The question is, with the whole world watching, do they dare play it? There is more at stake here than simply activation of the Court's jurisdiction over the crime of aggression. Some may rightly view the activation decision as a test of the international justice system itself. Powerful countries which espouse the rule of law for others, yet who prefer to cloak themselves in a mantle of impunity for the gravest crime of all, may well be viewed as hypocrites or worse. Those who undermine activation of the Court's aggression jurisdiction no doubt have their reasons for doing so. Some may suspect lucrative arms sales or politically self-interested military alliances as influencing the decision-making process of non-ratifying states. A negotiated compromise is still possible, but the non-ratifiers who seek assurances shielding their national leaders have thus far been dragging their heels - and for good reason. With time running out, the tactic of delay gives them a distinct advantage: they need only do nothing until time runs out at the upcoming meeting of the Assembly of States Parties. They may then self-contentedly declare "We tried. We really did, but there just wasn't enough time." They need do nothing more than assure that there is no agreement on aggression in order to achieve the result they seek: a non-decision on activation is another way of assuring their national leaders of total impunity for the crime of aggression. The Kampala amendments represent a plea of law to humanity: they call out for the support of people and nations of goodwill to help protect humanity from a world of continuing lawlessness. Complacency is not far removed from complicity, and those who believe in the rule of law should stand up and be counted. For information on how to contact the governments of select non-ratifying states, please see:
* * * By Donald M. Ferencz iii) Des grandes puissances tentent d'empêcher l'activation de la compétence de la CPI sur le crime d'agression. Par Donald M. Ferencz |*| Le 11 décembre 1946 fut un jour historique dans le monde du droit international. Ce jour-là, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit à New York et proclama à l'unanimité les principes reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par l'arrêt rendu par celle-ci. Elle confirma ainsi que la guerre d'agression était le "crime international suprême" et enterra l'argument selon lequel les chefs d'État sont de quelque manière au-dessus des lois. Pourtant, l'anniversaire à venir de cette date historique pourrait être marqué par l'écriture d'une histoire tout à fait différente. Si les mécanismes qui ont été activés en coulisses par certaines grandes puissances ne sont pas enrayés, la deuxième semaine de décembre 2017 pourrait être le témoin d'évènements qui sonneront le glas du crime d'agression lui-même. Le mois prochain, après soixante et onze années d'efforts, l'activation du crime d'agression en tant que crime punissable par la Cour pénale internationale (CPI) sera, enfin, envisagée. Toutefois, il plane un risque tout à fait réel de le voir relégué à un état zombie de vide juridique (un crime sans tribunal) plutôt que d'être finalement activé. Ironie du sort, ce sont les mêmes nations qui prirent part au jugement à Nuremberg, celles qui définirent l'agression comme crime en droit international, qui pourraient faire avorter son activation en tant que crime désormais punissable par la CPI. Les amendements concernant le crime d'agression qui seront à nouveau soumis à l'adoption le mois prochain furent déjà adoptés à l'unanimité lors d'une conférence de révision en 2010 qui eut lieu à Kampala, en Ouganda. Sous la pression de certaines puissances et après d'intenses négociations pour parvenir à un compromis, il fut convenu à Kampala que les amendements concernant le crime d'agression ne seraient pas activés avant 2017. Néanmoins, les États rassemblés à Kampala résolurent à l'unanimité d'"activer la compétence de la Cour à l'égard du crime d'agression aussitôt que possible". Nous saurons bientôt s'ils en avaient réellement l'intention. Les États membres de la Cour se réuniront au siège de l'ONU à New York du 4 au 14 décembre afin d'examiner s'ils respectent l'engagement pris à Kampala. Même si trente quatre nations, parmi lesquelles plus de la moitié des membres de l'OTAN, ont déjà ratifié leur approbation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression, la Grande-Bretagne et la France ne l'ont pas fait. À l'inverse, ces deux dernières et une poignée d'États, dont le Japon, le Canada, la Norvège et la Colombie, se sont unis pour menacer tacitement l'activation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression en insistant sur le fait que la Cour doit d'abord préciser que les amendements sur l'agression ne s'appliqueront pas aux dirigeants qui ne les ont pas ratifié de manière indépendante. Peu importe les termes exprès que tous adoptèrent à Kampala, qui accordent à chaque État membre la flexibilité remarquable de pouvoir décider s'ils se soumettent à la compétence indépendante de la Cour sur le crime d'agression. Si les garanties qui sont exigées sont accordées par l'Assemblée des États parties, les dirigeants des pays qui n'ont pas ratifié les amendements peuvent raisonnablement s'attendre à rester entièrement hors d'atteinte de poursuites potentielles pour crime d'agression, qu'ils aient choisi ou pas d'y être soumis, condition contenue dans l'accord de Kampala. En insistant sur le fait que leurs chefs d'État soient exempts sauf s'ils ratifient les amendements, les États non ratifiants font savoir qu'ils n'ont pas besoin de choisir publiquement de rester en dehors de la compétence de la Cour, faute de quoi cette manoeuvre pourraient bien leur attirer bon nombre d'embarras. Il faut souligner qu'il est prévu que la décision à venir sur le crime d'agression soit adoptée au moyen d'une résolution consensuelle. Cela veut dire que la résolution d'activation doit soit être adoptée à l'unanimité, soit ne pas être adoptée du tout. Dans de telles conditions, chaque État membre de la Cour possède le pouvoir de contrecarrer la volonté d'une majorité, même écrasante, en ne donnant tout simplement pas son assentiment à la résolution d'adoption, peu importe les termes exprès adoptés à l'unanimité à Kampala. Les pays non ratifiants qui demandent des précisions sur le fait que leurs dirigeants resteront hors d'atteinte de la compétence de la Cour sur le crime d'agression disposent tous potentiellement de la carte gagnante pour s'opposer à l'adoption finale. La question est de savoir s'ils vont oser la sortir sous les yeux du monde entier ? L'enjeu ici est plus grand que la simple activation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression. Certains peuvent à juste titre voir la décision d'activation comme un test pour le système judiciaire international lui-même. Des puissances qui embrassent l'état de droit pour les autres, mais qui préfèrent s'enfouir sous une cape d'impunité pour le crime le plus grave d'entre tous, pourraient bien êtres vus comme des hypocrites, ou pire. Celles qui sapent l'activation de la compétence de la Cour sur le crime d'agression ont sans aucun doute leurs raisons. D'aucuns pourraient suspecter que de lucratives ventes d'armes ou des alliances militaires politiquement intéressées influencent le processus de prise de décision des États non ratifiants. Un compromis négocié est encore possible, mais les États non ratifiants cherchant des garanties pour protéger leurs dirigeants ont jusqu'à aujourd'hui traîné les pieds, non sans raison. Le temps passant, la tactique de l'attentisme leur octroie un avantage certain : ils ont juste à ne rien faire jusqu'à ce que le temps soit écoulé lors de la prochaine réunion de l'Assemblée des États parties. Ils pourront alors déclarer, autosatisfaits : "Nous avons essayé, vraiment, mais le temps nous a manqué." Ils n'ont rien d'autre à faire que de s'assurer qu'aucun accord sur le crime d'agression ne soit trouvé afin de parvenir au résultat qu'ils recherchent : une non-décision sur l'activation est une autre manière de garantir l'impunité de leurs chefs d'État pour le crime d'agression. Les amendements de Kampala sont un appel du droit à l'humanité : ils font appel au soutien des personnes et des nations de bonne volonté pour aider à protéger l'humanité d'un monde plongé constamment dans le non-respect de la loi. La complaisance n'est guère différente de la complicité, et ceux qui croient en la règle de droit devraient faire entendre leur voix. Pour savoir comment contacter les gouvernements de certains États non ratifiants, voyez :
* * * Par Donald M. Ferencz Note documentaire : Traduction vers le français à partir du texte original en anglais effectuée par Equipo Nizkor. Más Información / Further Information: Report on the facilitation on the activation of the jurisdiction Informe sobre la facilitación de la activación de la competencia Rapport sur la facilitation du déclenchement de la compétence de Ratification Status: Amendments on the crime of aggression to the Aggression and illegal armed force from post WWI until today. [ENG] Agresión y uso ilegal de la fuerza armada desde el final de la Le crime d'agression et le recours illégal à la force depuis The Nuremberg Legacy and the Crime of Aggression: El legado de Nuremberg y el crimen de agresión: Héritage de Nuremberg et crime d'agression : What future for the crime of aggression?. [ENG] Text of the Resolution on Crime of Aggression as Adopted Illegal Armed Force as a Crime Against Humanity. [ENG] El uso ilegal de la fuerza armada como crimen contra la humanidad. [SPA] L'utilisation illégale de la force armée en tant que crime contre l'humanité. [FRA] Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and Issues. [ENG] Defining International Aggression - The Search for World Peace. Texto de la resolución sobre crimen de agresión Texte de la résolution sur le crime d'agression adoptée Rome Statute of the International Criminal Court. [ENG] Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. [SPA] Statut de Rome de la Cour pénale internationale. [FRA] Documents recently posted:
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| Argentina: El Che lives on! Get lost in Buenos Aires ... Izquierdista entusiasta, y compañero revolucionario Eladio Gonzalez muestra el contenido de su afamado museo Che Guevara en Caballito, Buenos Aires..
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informó el Museo “ ERNESTO CHE GUEVARA ” de Caballito, CABA
calle Rojas 129, esq. Yerbal, Buenos Aires (AAC 1405) Argentina
Visitar lunes a viernes de 10 a 19 hs. (corrido) – entrada libre y gratuita
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Tel. 4 903 3285 Irene Rosa Perpiñal - Eladio González (Toto)
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