Nosotras, mujeres indígenas amazónicas de diversos pueblos indígenas de las diferentes organizaciones regionales organizadas y afiliadas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- AIDESEP y ciudadanas del Perú, nos hemos reunido del 16 al 19 de mayo 2007, en el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de la Amazonía Peruana para compartir nuestras preocupaciones, saberes y propuestas para enriquecer la agenda del movimiento indígena desde la perspectiva de nosotras las mujeres.
En este encuentro nacional, hemos reconocido que nuestra forma de vida y continuación como pueblos indígenas está en grave amenaza, así como nuestra vida, nuestros territorios y medioambiente por distintos actores sociales, atropellando y violando nuestros derechos colectivos e individuales como pueblos y mujeres indígenas enmarcados en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Erradicación de toda forma de Discriminación contra las Mujeres, la Declaración del Segundo Decenio de los Pueblos Indígenas, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, el Convenio de Diversidad Biológica, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la propuesta de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Como mujeres indígenas de la Amazonía peruana de diversas generaciones y experiencias, viviendo en comunidades y asentadas en pueblos y ciudades, estamos enfrentando grandes amenazas a nuestras vidas, por ello señalamos lo siguiente:
Territorio
Las mujeres indígenas rechazamos los múltiples atentados a nuestros territorios por parte de las empresas petroleras, madereras legales e ilegales, gasíferas, mineras, farmacéuticas, agroindustriales e instituciones estatales y ONGs (que promueven Áreas Naturales Protegidos y Parques Nacionales sin nuestro consentimiento), además que enfrentamos invasiones de nuestros territorios y el narcotráfico. Esta grave situación se da con el aval e inacción por parte del Estado.
La falta de voluntad política del Estado en la titulación, ampliación y delimitación de linderos de los territorios indígenas, provoca situaciones de extrema vulnerabilidad de nuestros pueblos frente a estas amenazas. Demandamos la agilidad en los procedimientos de titulación y ampliación y el respeto pleno por nuestros derechos como dueños originarios de nuestros territorios que incluye el suelo, subsuelo, aire y agua.
Manifestamos también nuestra preocupación por la situación de nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario frente a las amenazas de las empresas extractivas (petroleras, madereras, gasíferas, etc.). En su nombre, nosotras las mujeres indígenas defendemos su derecho de vivir libremente, respetando su decisión, y así asegurar sus vidas y territorios declarándolos intangibles.
Denunciamos y exigimos la erradicación del trabajo forzado y esclavitud de nuestras hermanas y hermanos indígenas por parte de empresas de extracción maderera.
Nuestro rotundo rechazo a las actividades de industrias extractivas en nuestros territorios por los impactos negativos que tienen sobre nuestras vidas, pueblos, territorios y medioambiente. Demandamos reparaciones, consultas reales y participativas de nuestras organizaciones indígenas legítimas y que nuestras decisiones sean respetadas. Asimismo exigimos la gestión de los supuestos beneficios económicos.
Rechazamos las detenciones y juzgamientos de nuestras hermanas y hermanos indígenas que protestan en la defensa de nuestros territorios y derechos indígenas.
Exigimos una adecuada aplicación de las normas nacionales e internacionales de los derechos de los pueblos indígenas en relación a los derechos territoriales, principalmente el Convenio 169 OIT que es reconocida como norma nacional por la Resolución Legislativa Nro. 26253.
Educación
Demandamos la aplicación y presupuesto necesario para implementar la educación intercultural bilingüe y currícula diversificada en los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior en todos los centros de educación del país. La educación intercultural es un derecho y una necesidad urgente para el Perú para poner fin al racismo y exclusión que siguen caracterizando el país.
Solicitamos la implementación y ampliación de programas de alfabetización, educación de adultos y programas no escolarizados para las mujeres indígenas iletradas que permita el pleno ejercicio de nuestros derechos ciudadanos.
Exhortamos un fin a la discriminación y violencia sexual, física y verbal en contra las niñas y mujeres indígenas en todos los ámbitos de nuestras vidas, y en especial en los centros de educación.
Preocupadas por los impedimentos que enfrentan las y los jóvenes indígenas para seguir estudios profesionales y aportar a sus pueblos, demandamos facilidades para su ingreso, continuación y conclusión de estudios superiores en universidades e institutos pedagógicos públicos y privados.
Demandamos que nuestras organizaciones indígenas, autoridades comunales y profesionales indígenas tengan participación equitativa en el sistema educativo (Ministerio de Educación- DIGEBI, DREs, UGELs) tanto en la selección de educadores en nuestras comunidades, definición de contenidos educativos, solicitud de plazas de profesores/as bilingües intercultural de los tres niveles educativos en nuestras comunidades que aseguran una educación de calidad.
Salud
Nos preocupamos por la poca voluntad política del Estado para implementar un programa nacional de salud intercultural, fomentando la discriminación en la atención por profesionales no indígenas que ignoran nuestra cosmovisión, rechazan nuestra sabiduría indígena y no dominan el idioma local.
Solicitamos al Estado de ampliar a toda la Amazonía la experiencia del proyecto de salud intercultural de AIDESEP en la zona de Atalaya que incluye la capacitación y contratación de técnicos/as indígenas en salud en una experiencia tripartita (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y la organización indígena).
Demandamos programas integrales de salud que incluye la salud sexual y reproductiva, la seguridad alimentaria y la atención pre y post-natal de calidad.
Exigimos al Estado y al gobierno de turno cumplir con su responsabilidad a prestar servicios de salud en forma gratuita a todos sus ciudadanos, incluyendo exámenes y atención por los impactos de contaminación por industrias extractivas y las epidemias prevalentes en nuestra región y así evitar que empresas privadas intenten manipular nuestras comunidades ofreciendo estos servicios.
Participación Política y Ciudadanía
Señalamos que no se haya creado mecanismos para lograr el propósito real de la ley de cuotas para candidatas mujeres e indígenas (30% para mujeres y 15 % para indígenas) en la lista de partidos políticos sino que se ha dado una situación contraria donde las mujeres indígenas servimos para llenar las listas, ocupando los últimos puestos.
Solicitamos al Estado dar facilidades para la inscripción de partidos políticos del movimiento indígena e incorporar nuestra participación y representatividad de nuestros pueblos de acuerdo a sus usos y costumbres en los diferentes espacios de decisión del Estado.
Exhortamos al Estado de expandir sus esfuerzos para documentar a todas y todos que vivimos en el Perú, empezando con partidas de nacimientos para niñas y niños nacidos fuera del sistema estatal de salud, el establecimiento de registros civiles en las comunidades y otorgamiento de DNI sin costo.
Demandamos que se descentralice los centros de votación y para los pueblos indígenas una amnistía de las multas por no votar hasta que contemos con centros de votación en nuestras localidades.
Rechazamos la fusión de INDEPA, y la derogatoria de la ley que lo fusiona con el Ministerio de la Mujer, y exigimos su rango ministerial para que cumpla sus funciones en coordinación con nuestras organizaciones indígenas legítimas y que haya mayor participación de nosotras las mujeres indígenas amazónicas en su gerencia.
Solicitamos mecanismos específicos para fomentar la participación de mujeres indígenas en los Presupuestos Participativos y en espacios de gestión comunitaria de inversión del canon minero, petrolero y/o forestal.
Demandamos la incorporación de nuestras organizaciones indígenas en la planificación y gestión del Plan Nacional de Reparaciones y medidas especiales para asegurar la atención de todos nuestros pueblos indígenas que fuimos afectados por el conflicto armado interno.
Exhortamos a las instituciones estatales a aceptar legalmente a la administración de justicia indígena comunal y el derecho consuetudinario, sin obviar que las violaciones de los derechos humanos, específicamente de nosotras las mujeres indígenas, siguen siendo materia para los sistemas de justicia indígena y nacional.
Exigimos al Estado Peruano y el gobierno de turno y todas sus instituciones y funcionarios de respetar nuestros derechos y contribuir a nuestra continuidad como mujeres indígenas y pueblos indígenas amazónicos en el Perú.
Ofrecemos nuestra solidaridad con el movimiento indígena-campesino andino en el Perú y las justas demandas del movimiento indígena continental del cual somos parte.
Finalmente respaldamos las demandas legales de nuestras organizaciones indígenas amazónicas, en particular de nuestras hermanas y hermanos Achuar que han denunciado internacionalmente a la empresa petrolera OXY.
Huampaní, Lima, 19 de mayo de 2007.
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC)
Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL)
Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD)
Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
Organización Regional AIDESEP Iquitos (ORAI)
Organización Regional de Pueblos Indígenas del Norte del Perú (ORPIAN)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
