sociedad hipócrita: los encarcelan por ser delincuentes y cometen delitos con ellos
Según un informe oficial
Así se tortura en las cárceles bonaerenses
El Comité contra la Tortura financiado por el gobierno de Felipe Solá está por terminar una investigación lapidaria: los extendidos malos tratos a los presos. El Servicio Penitenciario rechaza las denuncias y dice que hay internas.
Por Marcelo Francesconi
11.06.2007
En Sierra Chica fueron detectados varios incidentes que habrían sido generados por el servicio penitenciario.
“ Las cárceles son campos de concentración y de exterminio. No son más que un depósito de carne humana, donde los presos están obligados a domesticarse, cumpliendo todo tipo de directivas, incluso ilícitas, como salir del penal para robar. Son lugares donde la vida no vale nada .”
No es el relato de una persona que acaba de salir de la prisión, ni de uno de sus familiares, que podría estar influido por cuestiones emocionales. Es el testimonio que dio a PERFIL el fiscal ante la Cámara Federal de Garantías de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, que recorre a diario los penales bonaerenses y que tiene pruebas de graves delitos cometidos por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
En los últimos dos meses de 2006 y en los primeros dos meses de 2007 hubo más de 800 hechos de violencia en las 52 cárceles que tiene la provincia de Buenos Aires.
Para el SPB, oficialmente, no son más que autolesiones o agresiones entre internos. En ninguno de los informes que elevó el Gobierno este año existe siquiera la sospecha de participación de agentes penitenciarios. Siempre fueron ellos, los internos, los responsables.
Pero en las causas que completarán el informe anual del Comité contra la Tortura (un organismo público financiado por el Gobierno bonaerense y que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria), a las que tuvo acceso PERFIL en exclusiva, aparecen internos misteriosamente ahorcados, brutalmente golpeados, apuñalados, con balazos de goma en la mano o en la espalda, electrocutados o que han sufrido pasajes de corriente eléctrica.
“ Es directa, en muchos casos, la relación entre los que aparecen ‘suicidados’ y los que habían denunciado previamente abusos del SPB”, afirmó Cañón. El Comité, del que forma parte el fiscal, pudo comprobar en informes anteriores que esos “suicidados” habían sido asesinados.
Sin embargo, el jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Díaz, acusó de “ mercenarios de los derechos humanos” a los integrantes de la Comisión por la Memoria y al Comité contra la Tortura. Si bien admitió irregularidades, afirmó que cuando hay una sospecha de posible participación de agentes del Servicio, se los separa y pone a disposición de la Justicia. De 2004 a la fecha, fueron pasados a disponibilidad 134 agentes del Servicio por diversas “irregularidades”. Además, aseguró que de los más de 20 mil internos que hay en las 48 cárceles, más de 13 mil estudian, y otro tanto hace emprendimientos personales y trabaja dentro de los muros.
Ejemplos. Uno de esos casos denunciados por el Comité contra la Tortura fue el de Sergio Jaramillo. Apareció colgado en su celda en la UP15. El día anterior había presentado un hábeas corpus porque le habían anunciado que lo matarían esa noche. Un juez ordenó ponerlo en una celda de aislamiento bajo exclusiva custodia del SPB. Pero igual, ese fin de semana, apareció muerto.
Luis Angel Gorosito Monterrosa, de 23 años, estaba en la UP29 de Melchor Romero cuando, según el SPB, un agente pudo observar cómo se producía autolesiones en su cuerpo incendiando partes de un colchón. Monterrosa murió. Casualmente, dos días después, el lunes 26 de abril de 2005, el interno debía comparecer a prestar declaración testimonial por una denuncia que había hecho contra el Servicio en la UP24 de Florencio Varela.
A Gorosito Monterrosa no sólo no lo cuidaron: además “lo violaron, golpearon y prendieron fuego agentes del Servicio Penitenciario. Nadie más podía tener contacto con él”, surge del informe. La pericia médica de Virginia Creimer fue contundente en ese sentido. Hay tres agentes imputados y la causa ya se elevó a jucio.
Pero este año siguen sucediendo cosas oscuras “adentro de los muros”. Están en etapa de investigación tres casos de pasaje de corriente eléctrica en una unidad penal bonaerense (no se puede nombrar por secreto de sumario). El primer perito que vio a esos internos confirmó, según pudo saber PERFIL de fuentes judiciales, que las heridas son compatibles con el uso de picana eléctrica.
El Comité ya había comprobado el año pasado dos casos de pasaje de corriente eléctrica en su último informe. Uno, el de Cristian López Toledo, y otro, el de Julio Esteban Ortiz. Los dos alojados en La Plata.
Los casos recientes. David Jesús Quiroga Velásquez tenía 33 años cuando apareció ahorcado en la celda 49 del pabellón 12 de Sierra Chica, reconocido como uno de los penales más violentos de la provincia de Buenos Aires.
La causa 17843/06 fue caratulada como “ suicidio”. De sus fojas se desprende que el interno se cosió la boca (una modalidad de protesta habitual) junto a su hermano Gustavo para que lo trasladaran de pabellón y que, como castigo, fue llevado por los guardias a un “buzón”.
Los buzones son pequeñas celdas de aislamiento sin ventanas, con un inodoro y, a veces, sólo a veces, con colchón. Pueden, legalmente, pasar allí hasta 15 días. Pero David pasó sólo una hora, de las 17.30 a las 18.30, cuando los agentes del SPB le comunicaron a Gustavo que su hermano se había ahorcado con un pedazo de tela.
La versión de Gustavo y su primo, Darío Javier Iglesias, que estaban junto a él en los momentos previos, es coincidente: David no quería quitarse la vida, sólo quería cambiarse de pabellón porque en el que estaba, el 8, había tenido problemas con otros internos.
El primo contó al Comité contra la Tortura que cuando el jefe de turno, de apellido Suárez, vio que David se había cosido la boca éste lo golpeó. “ David sacó la aguja, se pinchó y lo pinchó a Suárez”, dijo Iglesias. David tenía HIV.
Sabiendo que portaba esa enfermedad, Suárez empezó “a caminar como loco por el pasillo y a decir: ‘A éste lo voy a matar, me arruinó la vida, ahora lo voy a matar”, agregó Iglesias. El final de la historia es conocido: después de que lo metieron en el buzón, apareció ahorcado.
Tras este caso, el juez de ejecución penal Juan Bergoglio Oyhamburu ordenó clausurar los buzones de castigo “dado el estado en que se encuentran”.
“ A mi hermano lo mataron”, le dijo a PERFIL Viviana Gómez Gauto. Rodolfo Oscar Gómez Gauto murió a los 18 años, el 2 de diciembre del año pasado. Había ingresado en la Unidad Penal 9 de La Plata ocho meses antes por haber apuñalado a J. Chávez, un hombre mayor que él, que no murió. El día anterior a la muerte de Rodolfo, la Justicia le había concedido la excarcelación. La versión oficial indica que Rodolfo murió electrocutado. “Asfixia por su propia saliva y corriente eléctrica”, indica la causa 18410 que tramita en la UFI 1. Estaba sentado en su celda, en el inodoro, cuando un cable pelado le cayó encima.
El cadáver de Gómez Gauto tenía los dedos quemados y el cuello con una herida cortante, según las fotos que recibió el Comité contra la Tortura. Su esposa, Valeria Muñoz, aportó imágenes a la causa que, a su criterio, prueban heridas “incompatibles” con la causa de deceso que determinó la autopsia. “ Le faltaba un pedazo de carne en la pera”, confirmó.
La familia desconfía del interno que compartía celda con él. Angel B. atestiguó que estaba durmiendo en la cama de arriba de la celda cuando escuchó un grito y vio a Gómez Gauto sentado con un cable en la mano. “ Le arrojé una zapatilla y comencé a pedir auxilio. Luego se lo llevaron a sanidad y de ahí al hospital”, precisó. El hospital era el San Martín de La Plata.
El abogado de la familia, Osvaldo Moredo, le dijo a PERFIL que cree que cuando Gómez Gauto llegó al hospital ya estaba muerto. Hay una pericia oficial que confirma que, al menos, las condiciones edilicias permitieron esa muerte.
Rodolfo era cartonero. “Trabajaba con el carrito, tenía a su mujer embarazada”, explicó a PERFIL Viviana, su hermana. Se había comprado un celular, y Chávez, según su relato, intentó robárselo a los golpes. “Mi hermano era flaquito y estaba cansado de que lo cagaran a palos. Vino hasta mi casa, agarró un cuchillo y le dio una puñalada en el abdomen”, precisó.
Chávez no murió. “ Pocos días antes de que mi hermano muriera, este hombre amenazó a mi cuñada (la mujer de Rodolfo) con que tenía amigos dentro del Penal y que lo podía hacer matar”, relató.
Más allá de las sospechas de la familia, ¿ por qué había un cable pelado con corriente eléctrica adentro de la celda? ¿ No es responsabilidad del Servicio Penitenciario? ¿ Las amenazas se cumplieron?
Declaró y fue apuñalado. Francisco Aguirre de la Torre llamó al Comité contra la Tortura el 14/08/06 desde la UP9 de La Plata, afirmando que estaba golpeado. “Para verificarlo, solicitamos un examen psicofísico”, explicó a PERFIL el presidente de la entidad, Roberto Cipriano García. Pero, lejos de obtener una respuesta satisfactoria, le comunicaron que el interno había sido trasladado a la UP13 de Junín. “Lo rastreamos en el registro de internos y lo encontramos efectivamente en la UP13. Volvimos a pedir el examen psicofísico. Tuvimos que presentar un hábeas corpus, por falta de información”, añadió.
El 24 de agosto el secretario de Garantías 1 de Junín llamó al Comité para manifestar que le habían tomado declaración al interno. En la declaración, pidió que lo cambiaran de pabellón, porque temía que lo mataran. Volvió al Penal, al mismo pabellón. A las tres horas apareció muerto. La historia oficial indica que dos presos lo mataron para robarle las zapatillas. “Para ellos sólo fue un robo de zapatillas y sólo se pidió la detención de dos internos”, precisó Cipriano García. Ya fueron imputados los homicidas y la causa fue elevada a juicio.
Desidia. Patricio Gabriel Flores acababa de cumplir 21 años. Falleció el 11 de enero de este año. Causa oficial de muerte: “ Paro cardiorrespiratorio no traumático-celulitis de cuello”. Fue lo que dictaminó el Hospital Regional Pena de Bahía Blanca. Pero detrás del certificado de defunción se esconde una historia de abandono imperdonable. Después de cargar con una infección en la muela y requerir atención en varias oportunidades, el 6 de enero el personal del Servicio Penitenciario de la UP4 de Bahía le inyectó un calmante. El 7 de enero, como seguía con dolores, fue llevado a Sanidad. Y el 8 fue trasladado al hospital. Demasiado tarde. Después de pasar por terapia intensiva, murió. La “celulitis de cuello” indica que la infección se propagó por debajo del tejido en la garganta. Fue lo que causó, finalmente, el paro cardiorrespiratorio.
El médico del penal, de apellido Winiswoski, solicitó autorización para que le realizaran la autopsia. Pero el jefe de la unidad, si bien dio el OK, hizo que primero trasladaran el cadáver al Tribunal Oral Criminal 3. Según fuentes judiciales, el tribunal también dio luz verde para que se investigaran las causas de la muerte. Pero envió el cuerpo al Departamento Judicial de Azul, donde fue enterrado. Las fuentes le explicaron a PERFIL que hay versiones extraoficiales que indican “que el cuerpo tuvo que ser desenterrado para que le hicieran la autopsia”.
Bala de goma y puñal. “ Lo vimos con nuestros propios ojos”, confirmaron a este diario abogados de la fiscalía de Bahía Blanca. Un interno denunció el 15 de mayo de este año que recibió un balazo de goma al ingresar al Penal. Venía de la UP2 de Sierra Chica, donde había sido testigo de una golpiza a otro interno. Cuando le llega la notificación para declarar en la causa lo trasladan a la UP4 de Bahía. El interno denuncia que lo golpean brutalmente, que le meten un balazo de goma y que lo alojan en una celda. “A los pocos minutos me meten otro interno que me da un puntazo”, declaró ante la fiscalía. Los letrados pudieron observar la herida de bala y la propia bala, que fue entregada por el preso. “ Ahora, la causa está en etapa de investigación para comprobar si los hechos sucedieron como los relató”, indicaron.
Según el relato del interno, al compañero que le metieron en la celda le prometieron trasladarlo a una unidad donde estuviera cerca de su familia a cambio de apuñalarlo.
El 17 de abril de este año se comunica a la misma fiscalía un interno y dice que vio alojados en buzones a dos hermanos que fueron golpeados y ahorcados, que no murieron. El 30 de mayo, uno de los “ahorcados” llama y dice que el 24 de mayo, mientras estaba en la UP21 de Campana, personal del SPB lo apuñaló por la espalda. Ahora los dos hermanos están en Florencio Varela. El otro hermano, mientras estaba en la UP5 de Mercedes, denunció que fue fuertemente golpeado y que el 23 de mayo le dispararon un tiro en la mano. “ Cuando lo ingresan a Varela es golpeado por el jefe del Penal, que le quiebra la mano”, relató el interno. Esto lo investiga la UFI 3 de Florencio Varela, a cargo del doctor Hernán Bustos Rivas.
Convivir con sus desechos. Dijo Cañón: “En un pabellón que visité en Bahía Blanca estaban 22 horas por día encerrados y no tenían inodoros. Entonces, tenían que defecar en bolsas de nailon y arrojarlas hacia el patio exterior, orinar en recipientes de plástico, acumular la orina y tirarla en un baño colectivo. Lo descubrimos en una visita programada, donde habitualmente dejan todo limpito para que no se detecte nada de todo esto. Pero tuve la suerte de encontrar una de estas bolsas de nailon y le hice al guardia abrirla; la filmamos y fotografiamos”.
Condiciones inhumanas de alojamiento, muertes misteriosas, apuñalados, torturados. Las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense parecen, a la luz de estos relatos, un infierno para los internos. Hay 28 mil presos en penales y comisarías. Es una minoría en relación con la cantidad de habitantes que tiene el territorio. Y, en la mayoría de los casos, sin recursos económicos.
Así explica este sistema el fiscal Cañón: “ Es como nos dijo una vez el gobernador Solá: es posible que nos estemos pasando un poquito en el límite constitucional, pero también la Constitución dice que las cárceles tienen que ser limpias y sabemos que no lo son”.
