PERU. LOS PENALES, 27 AÑOS… gobierno masacró presos inermes.
Por Gustavo Espinoza M.
(*)
Hace veintisiete años,
la noche del 18 al 19 de junio de 1986, se produjo en los Centros
Penitenciarios de Lurigancho y El Frontón, la matanza más horrenda de presos
que se conoce en la historia social del Perú. Un número nunca precisado de
personas privadas de su libertad, pero que se calcula en 350, fue asesinado
luego de un “Motín carcelario” debelado bárbaramente por disposición del
gobierno del Presidente García.
Fue uno de los dramas
más espeluznante ocurridos durante la primera gestión gubernativa del ex
mandatario, y dejó una huella imperecedera en la conciencia de millones de
peruanos.
Tuvo lugar cuando se
producía en el país una Conferencia de la Internacional Socialista,
circunstancia que fue usada por el régimen de entonces como un pretexto para
justificar la acción. Los voceros del oficialismo dijeron, en efecto, que la
insubordinación de los reclusos tenía el propósito de “dañar la imagen del
Perú” en el marco de ese evento. Curiosamente, ellos la dañaron aún más con la
sangre que regó nuestro suelo, y que aún hoy se levanta como dedo acusador
contra quienes así actuaron.
Aunque se esmeren en
negar sus culpas y traten soslayar responsabilidades; ni Alan García ni los
ministros de su tiempo, tendrán la posibilidad de eludir las consecuencias de
este hecho siniestro que jamás prescribirá porque tiene todas las condiciones
jurídicas y políticas para ser considerado un delito de lesa humanidad.
Recordemos brevemente lo
ocurrido en lo que aún hasta hoy se conoce con el nombre de “La matanza de los
Penales”:
Alrededor de 200 presos
recluidos en el Penal San Juan Bautista -ex Frontón- se insubordinaron el 18 de
junio y tomaron como rehén a un trabajador penitenciario al que, sin embargo,
pronto le devolvieron su libertad. Tenían en su poder dos fusiles y algunas
armas blancas, además de palabras dichas y escritas, que proclamaban su
voluntad de exigir mejores tratos para ellos y sus familiares en los días de
visita. En simultáneo, 124 presos que abarrotaban el Pabellón Industrial del
CRAS de San Pedro -Ex Lurigancho- hicieron lo propio, aunque sin armas. Más
precariamente un grupo de reclusas del Penal de Santa Bárbara en el puerto del
Callao, imitaron su ejemplo, aunque aquí, virtualmente, la sangre no llegó al
río.
Hay que subrayar, sin
embargo, que en los tres casos, las autoridades penitenciarias a cargo de la
conducción de los indicados centros, asumieron el tema con calma y
responsabilidad y desplegaron diversas iniciativas orientadas a resolver las
tensiones de un modo racional y sensato. Así lo acreditan los documentos que se
cursaron y que formaron parte -luego- de las investigaciones que se procesaran.
No fue esa la actitud
del gobierno. Este, primero, dispuso la inmediata Suspensión de las Garantías
Constitucionales y luego declaró oficialmente a los Penales como “zona
militar restringida”, es decir, territorios sometidos a la exclusiva
jurisdicción castrense, lo que implicó el automático cese de las autoridades
hasta entonces en funciones. De manera paralela, efectivos de las Fuerzas
Especiales de la Policía, el Ejército y La Marina de Guerra, actuaron haciendo
uso de sus armas de guerra.
En la isla del Frontón,
ante las costas del Callao, derribaron a bombazos el Pabellón Azul, donde se
habían parapetado los reclusos. Muchos de ellos murieron aplastados por el
derrumbe de las pesadas paredes del edificio, pero muchos otros cayeron
abatidos por las balas disparadas a distancia por la Infantería de Marina
actuante. La responsabilidad directa de estos hechos -y de eso no cabe ninguna
duda- fue del entonces Vice Ministro del Interior Agustín Mantilla y del
vicealmirante Luis Giampietri. Ambos operaron a su antojo en el lugar de los
acontecimientos, en cumplimiento de un dictado preciso del mismo Alan García,
quien estaba en permanente comunicación con ellos.
En el CRAS de Lurigancho
sucedieron los hechos de manera formalmente distinta. Los presos que tomaron a
su cargo las instalaciones del Pabellón Industrial, convinieron en rendirse
luego de lanzar diversas arengas. No tenían armas ni posibilidades de resistir
el embate de las fuerzas combinadas que les acosaban. Esa rendición, sin
embargo, nunca fue aceptada. Los reclusos salieron uno a uno del Pabellón en
dirección a la Pampa, donde fueron recibidos por los uniformados. Estos, los
pusieron -también uno a uno- de rodillas, y les descerrajaron un balazo en la
nuca. Así murieron 124 detenidos. Es de anotar que en el debate parlamentario,
algunos diputados apristas justificaron el hecho asegurando que “así mató
Stalin a sus adversarios en 1934”. Probablemente eso, tranquilizó sus
conciencias.
Cuando se debatió el
tema en la Cámara de Diputados, en una sesión que se inició el martes 16 de
septiembre y que se prolongó de manera ininterrumpida durante 25 horas, tuve la
ocasión de referirme a lo que constaté personalmente. Dije:
“Se
consumó este delito contra presos que estaban sin armas, y que se habían
rendido. Presos que no estaban condenados, sino que eran inculpados. Presos
que, en su inmensa mayoría, eran primarios. Presos que en su inmensa mayoría
eran también obreros, campesinos, jóvenes estudiantes, hombres de nuestro
pueblo, gentes comunes y corrientes. Estaban sin armas. Tenían en El Frontón
dos fusiles. Tenían cien balas. En Lurigancho no tenían nada. Yo visité allí el
Pabellón Industrial. Allí recogí lo que podrían llamar “las armas” de los
presos. Este dibujo alegórico referido a los sucesos del 4 de octubre del año
anterior en el Pabellón Británico, probablemente era un arma de los presos.
Estos banderines endurecidos por la sangre, probablemente eran las armas de los
presos. Estos apuntes apurados, hechos por alguien que sufría los rigores de la
prisión. Esta rosa dibujada, por quien hoy es un difunto. Estas fueron las
armas de los presos. Contra ellos se descargó la más brutal represión”
Si fue brutal la forma
cómo se actuó en aquellos aciagos días, no fue mejor la conducta de las
autoridades en las siguientes jornadas. No hubo nunca levantamiento legal de
los cuerpos. Tampoco, partidas de defunción. Ni protocolos de Autopsia. Ni
siquiera los cadáveres fueron entregados a los familiares para un velatorio, y
una sepultura elementalmente digna. No. Las autoridades inventaron apuradamente
documentos falsos para precipitar entierros clandestinos y tomaron por asalto
cementerios ilegales en distintos lugares de la capital para sepultar cuerpos
en medio de la penumbra. Actuaron de la misma manera como habían operado las
fuerzas de Pinochet en el Chile del 73, o de Videla en la Argentina martirizada
por la dictadura.
Hubo quienes
pretendieron justificar estos crímenes recusando el supuesto intento nuestro de
“enlodar” a la Fuerza Armada. En los “grandes medios” se publicaron
editoriales y artículos ponderando “la rapidez” del accionar castrense, el
“modo enérgico” con el que actuaron las autoridades, el “patriotismo” de los
uniformados. A ellos, incluso, se les pretendió atribuir un comportamiento
“decidido” y “heroico” y exaltar “el valor institucional de la Fuerza Armada”.
Me correspondió también
a mi señalar: “No es la Fuerza Armada la que se va a enlodar, como se ha
dicho. Los que combatieron en Angamos, son héroes; pero los que combatieron en
El Frontón, no son héroes. Los que combatieron en el Morro de Arica, son
héroes; pero los que combatieron en el CRAS de Lurigancho, no son héroes. Son
asesinos”.
Han pasado 27 años de
estos trágicos hechos. Algunos de sus actores protagónicos han fallecido; pero
Alan García, Agustín Mantilla, Luis Giampietri y otros; siguen en la actividad
política y aun detentan privilegios por “altas” funciones públicas. Por
lo pronto, García mantiene la aspiración no negada a una nueva postulación
presidencial el 2016.
En el Poder Judicial, en
distintas ocasiones se ha buscado reabrir el caso de los Penales; pero siempre
se ha chocado por la resistencia de la clase dominante que ha hecho del tema
una suerte de tabú, un asunto “vedado”. Olvidó el dicho inglés que en su
momento me permitiera recordarles: la sangre, es más densa que el agua. No
se pierde fácilmente.
Se usó siempre una
excusa falsa: los muertos, eran “senderistas”. El que lo hubiese sido,
no justifica nada. Pero tampoco es cierto. Centenares, y aún miles de
personas encarceladas bajo la falsa acusación de “terroristas”, eran inocentes;
y finalmente fueron liberadas ¿Cuántas podrían haber vivido aún hasta hoy de no
haber parecido tan trágica y absurdamente el 19 de junio de 1986 en este
episodio sangriento? (fin)
