EN VÍSPERAS DEL 34º ANIVERSARIO DEL GOLPE DE ESTADO
Queda mucho por hacer, pero es más lo que se está haciendo por los derechos humanos
La oposición rabiosa, interesada en destruir el gobierno de Cristina Fernández, niega incluso las cosas positivas en derechos humanos. No alcanza a ver que muchas de éstas son fruto de luchas de tres décadas.
EMILIO MARÍN
En vísperas del 34º aniversario del golpe de Estado es conveniente echar un vistazo a la situación de derechos humanos.
La jueza María José Sarmiento, hija del coronel Luis Sarmiento, alias “el mago de la picana”, que pasó por el trance de un allanamiento ordenado por un juez de Misiones, dirá que el panorama es tétrico. El militar está procesado por violaciones a los derechos humanos en esa provincia en 1976 y 1977, cuando ejerció como ministro de Gobierno.
En cambio, las Abuelas de Plaza de Mayo, que en febrero pasado recuperaron al nieto nº 101, Francisco Madariaga Quintela, están felices. Ven el vaso medio lleno, aunque les falte hallar a 400 de los niños nacidos en cautiverio durante ese infame período.
Así son los balances contrapuestos en derechos humanos, parte indisoluble de la política nacional. Todo es según el cristal con que se mire.
Lo que no se puede discutir –ni siquiera Cecilia Pando y los defensores del ex dictador Jorge R. Videla- es que la mayoría repudia el golpe militar y cívico de marzo de 1976. El “Nunca Más” es un deseo mayoritario de los argentinos, que no quieren volver a un tiempo de ruptura de la democracia, aún con todas sus lagunas y miserias de clase. No quieren más que las tres armas y los monopolistas como José A. Martínez de Hoz se arroguen la suma del poder público y arrasen con las leyes y sobre todo las vidas de quienes no comulgan con un régimen impuesto con el terror de noche y niebla.
Un sector más informado, así como otro no tan letrado pero que lo sufrió en carne propia, saben también que toda esa parafernalia de violencia tuvo por misión modelar un país para pocos, profundamente injusto y de visos neocoloniales, sin industria ni trabajo nacional. Los generales, almirantes y brigadieres, con sus banqueros, multiplicaron por siete la deuda externa, una bola de nieve que aplastó todo a su paso y aún pesa sobre el presupuesto nacional con la fuerza de catástrofe.
En materia cultural se aprecia el progreso de los derechos humanos. Es impresionante el número y calidad de obras de teatro, festivales, películas, videos, canciones, murgas, recitales y demás actividades que en el país tendrán lugar con motivo de tan aciago acontecimiento. Algunas de las representaciones se harán en lugares emblemáticos de la represión ilegal, ahora recuperados. ¿Habrá mayor castigo para el almirante Emilio E. Massera que saber que la ESMA servirá para exposiciones artísticas contra el golpe? ¿Cuánto le dolerá al ex general Luciano B. Menéndez que “La Perla” se llene de gente para ver obras contra el genocidio y se inaugure el Sitio de la Memoria en el “Campo de la Ribera”? ¿Qué dirá el coronel Sarmiento de que se abra el Museo de la Memoria en Rosario en la ex sede del II Cuerpo de Ejército?
En el banquillo
Todos los represores estuvieron tranquilos luego de la capitulación política y legal de la democracia en 1986, 1987 y 1990, fechas respectivas de la ley de Punto Final, la de Obediencia Debida y los indultos.
Pero aún con esos instrumentos del perdón hubo causas que sobrevivieron, como las de robos de bebés y otras que se abrieron como de “la Verdad”.
El cambio drástico operó a partir de agosto de 2003, con la aprobación en el Congreso de una norma legal que anulaba las que habían blindado la impunidad.
Esa novedad tuvo un actor de siempre y otro de circunstancias, sin negar su importancia. El protagonista fue el movimiento de derechos humanos y todo un arco de izquierda, progresista y nac&pop que había demandado la anulación de los dos adefesios. Eso no le quita méritos al entonces presidente Néstor Kirchner, que ordenó a sus legisladores votar por esa anulación.
En la órbita de la Procuración General de la Nación, del doctor Esteban Righi –tan denostado por los genocidas- funciona una Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado. Esta dependencia produjo su último informe en diciembre de 2009, asegurando que “existen 634 personas procesadas por la comisión de crímenes contra la humanidad”.
La mencionada Unidad, dirigida por el doctor Jorge E. Auat, precisó que “luego de la anulación de las normas que impedían el juzgamiento y la sanción penal de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado se ha juzgado a 73 personas, de las cuales 66 fueron condenadas y 7 absueltas”.
El desarrollo de los juicios ha permitido conocer la brutalidad de los métodos de los aprendices de los nazis en los 500 centros de exterminio que funcionaron en esos años. Y se ha visto que aún con esos crímenes y habiendo pasado tanto tiempo, los represores están muy lejos del arrepentimiento, de informar qué hicieron con sus víctimas y de devolver las criaturas robadas.
Videla, Menéndez y Alfredo Astiz se han escudado en que deben ser juzgados por la justicia militar; otros han pretextado la “cosa juzgada”, la “prescripción” y la “irretroactividad de la ley penal”, para no declarar en las audiencias; otros han derivado la culpa de los delitos en otros uniformados, o se han escudado en cuestiones de salud para no sentarse en el banquillo, casos de Massera, el coronel Sarmiento y el general Antonio D. Bussi.
Si el trámite judicial llega con tanta tardanza, la explicación se puede buscar en los años de impunidad otorgada por la política, los resabios de la dictadura en las FF.AA., los magistrados afines encumbrados en la justicia, la presión conservadora de la Iglesia y las complicidades de los monopolios de la información, entre otros factores.
Piedra libre al buchón
A la cartera de Defensa pueden imputársele cosas negativas, como mantener en Haití una fuerza militar de casi 600 efectivos, que forma parte de la Minustah enviada por la ONU y que de hecho ocupa ese sufrido país.
Sin embargo, también Nilda Garré se ha anotado algunos porotos en derechos humanos. Por ejemplo pidió a la presidenta de la Nación y obtuvo de ella la firma del decreto 4/2010 de levantamiento de secretos. Y de ese modo el general César Milani, titular de Inteligencia del Ejército, debió entregar un listado con 4.300 nombres del Personal que integró el Batallón de Inteligencia 601 y sus respectivos Destacamentos de Inteligencia en las provincias, entre los años 1976 y 1983.
De ese modo se ha podido conocer de “buchones” o espías de ese batallón, que recogían información en el movimiento sindical, político y universitario, para nutrir a los grupos de tareas en sus operativos. Esa publicidad ha sido un buen aporte al clima de debate previo a este 34º aniversario del golpe.
Así se pudo saber que el ex espía Sergio Ezquerra es un afiliado de la UCR y ex asesor del ex concejal radical de Bariloche y ex legislador provincial Ricardo Spoturno (Página/12, 25/2).
También se conoció que dos periodistas de Tucumán desempeñaron esas funciones tan funestas. Osvaldo García, es actualmente jefe del informativo del Canal 10 de Tucumán, y Félix Álvarez, un cronista acreditado en el Congreso Nacional.
El listado tiene algunos nombres que eran una “fija”, como el del agente Raúl Guglielminetti, que operó con la Triple A, siguió en el Batallón 601 y luego fue personal de custodia de Raúl Alfonsín.
Otros, en cambio, fueron una gran sorpresa, como el del actual Asesor Letrado penal en la justicia cordobesa, José Luis Santi, que está en el listado publicado por la revista Veintitrés, del 18/2, como “agente reunión”.
Santi se había reciclado en democracia ganando un concurso como Asesor Penal con el máximo puntaje, seguramente ocultando su pasado como espía y sin que los responsables del concurso lo investigaran, lo que deja al Tribunal Superior de Justicia en situación embarazosa.
El gremio de los Judiciales de Córdoba, con su secretaria general Irina Santesteban y sus asesores letrados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, más el acompañamiento de entidades de derechos humanos, presentó un escrito ante la Fiscalía Federal de la Provincia para que investigue si el asesor es el mismo que fue espía mientras trabajaba como empleado de la justicia. Y si es así, que lo dé de baja, basándose en el artículo 36 de la Constitución Nacional, que castiga con la inhabilitación “a perpetuidad para ocupar cargos públicos” a quienes participaran de “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”.
