Cesterín asesinado por el franquismo Villanueva de Valdueza España trágica sin justicia hasta hoy Slepoy Messuti Smukler Huñiz Baigún Castex
Querid@s amigos: Les
envío dos notas que salieron hoy publicadas en el Diario Tiempo
Argentino. Muchas gracias a Daniel Enzetti por recordar a mi padre!!.
Sigamos trabajando para
que la justicia llegue pronto. Nuestros familiares y todas las personas
asesinadas por el régimen lo merecen...
Abrazo!!!
Adriana
Edición: 26 de Abril de 2013 | Ediciones Anteriores
26 de Abril de 2013
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25.04.2013 | Familiares de las víctimas comienzan a
testimoniar desde España ante la justicia argentina, por medio de
teleconferencias
Se agiliza la única causa abierta en el mundo sobre crímenes del franquismo
Tramitada por la jueza Servini de Cubría, la investigación arrancó en abril de 2010. Hoy comienzan a tomarse los primeros testimonios, en una querella que denuncia 115 mil desapariciones y 30 mil niños robados por fuerzas franquistas.
Por:
Daniel Enzetti
Daniel Enzetti
El próximo 25 de abril, la única causa abierta en el mundo que
analiza miles de crímenes ocurridos durante el franquismo en España volverá a
tomar impulso. Ese día y el siguiente, y el 2 y 3 de mayo, familiares de
asesinados por aquella dictadura declararán por primera vez desde Europa
vía teleconferencia a la jueza federal María Servini de Cubría. Sobre sus casos
particulares. Pero en el marco de una querella que busca investigar casi 115
mil desapariciones y 30 mil niños robados que sufrieron su cambio de identidad
en plena Guerra Civil. Como contrapartida, el Estado español acaba de quitar
todo apoyo económico a la Asociación por la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH), la pata científica del esfuerzo hecho por esos familiares,
que además de caminar juzgados y buscar pruebas para los expedientes, contaron
con la colaboración del grupo para exhumar cientos de cuerpos enterrados en
fosas clandestinas. En declaraciones exclusivas a Tiempo Argentino, Emilio
Silva Barrera (ver aparte), presidente de la Asociación integrada por
arqueólogos, antropólogos y técnicos en conservación, sostuvo que "el
gobierno de España ni siquiera nos comunicó que quitaba el apoyo. Directamente
nos dimos cuenta hace pocos días que no giraban más recursos, sin ninguna
explicación".
La causa comenzó en abril del 2010 con una denuncia de Darío Rivas, residente en Argentina, y al que este diario entrevistó hace algunos meses. El padre de Darío, Severino Rivas, fue fusilado por miembros de la Falange y enterrado en medio de la montaña, hasta que su hijo pudo identificar sus huesos y dio el primer paso para una búsqueda general de justicia que ahora abre nuevas instancias.
Gracias a distintas tareas de exhumación de cuerpos, la Asociación dispuso un equipo de profesionales que consiguió encontrar ya muchísimos ciudadanos españoles asesinados en campos inhóspitos durante la Guerra Civil. E incluso desempolvar certificados de defunción que todavía se conservaban ocultos desde aquella época en dependencias policiales, donde como "motivo del fallecimiento" figuraba la frase "lucha contra el marxismo".
Una memoria que vuela el océano. En un primer paso programado para esos cuatro días, Servini escuchará desde su despacho 12 declaraciones testimoniales de familiares cuyos padres o abuelos fueron asesinados o desaparecidos por el régimen franquista. Hablarán desde el consulado argentino en Madrid, como parte de una planificación que incorporará otras declaraciones a medida que avance la causa.
Para Castex, la importancia de esas intervenciones va aun más allá del aporte de nuevas pruebas. "La teleconferencia constituye un valor simbólico clave para los testigos –explica–, ya que para ellos es la primera vez que serán escuchados por un juez. Nunca antes pudieron rememorar detalles sobre el crimen, la tortura o la desaparición que sufrieron sus familiares. Sin duda ahora se podrá empezar a resquebrajar el gran muro de impunidad, silencio y olvido que impuso el franquismo durante las últimas décadas."
Además de solicitar las intervenciones, los letrados elevaron al juzgado federal un pedido de indagatoria y detención para nueve imputados: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El requerimiento incluye que sean detenidos por Interpol y luego extraditados a la Argentina. Se trata de ministros, ex jueces y policías del régimen de Francisco Franco, acusados de diferentes crímenes. Utrera Molina, por ejemplo, es el suegro del actual ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz-Gallardón, imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado mediante garrote vil. González Pacheco era un torturador notorio del franquismo, condecorado en democracia.
Como complemento de los testimonios, la querella pidió a Servini que instruya a los cónsules argentinos en el exterior para que reciban denuncias relativas a los crímenes que se investigan en la causa, redacten un protocolo y remitan esas presentaciones al juzgado. "Esta medida tiene el objetivo de facilitar que las víctimas y testigos de los crímenes que se investigan puedan canalizar sus denuncias ante la jueza –detalló Castex–, cualquiera sea el lugar donde residan o se encuentren." El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ya tiene el oficio de la instrucción.
Investigar, pero lo que nos hicieron los otros. Mientras el gobierno español boicotea cada uno de los intentos por investigar los crímenes de lesa humanidad registrados a partir de la década del '30 fronteras adentro, pretende mostrar espíritu de patriotismo para afuera. A fines de enero, la Audiencia Provincial de Barcelona impulsó la reapertura de una causa sobre los ataques aéreos que la falange italiana realizó sobre esa ciudad entre 1937 y 1939. Conjuntamente, redactó un escrito que requiere "determinar los nombres del ejército italiano que ordenaron estos bombardeos, por qué motivo y quién los ejecutó". En el documento, los tres magistrados que integran el cuerpo califican a los delitos como de "lesa humanidad", que "componen una de las páginas más negras de nuestra historia, no sólo por el número de víctimas, sino por el ensayo que supuso de mecanismos de aniquilación de población civil".
Sin embargo, los tribunales dijeron algo totalmente diferente hace dos años, cuando el juez Baltasar Garzón intentó identificar a genocidas propios durante el mismo período histórico, y establecer la metodología impuesta por el franquismo para matar y desaparecer a casi 115 mil españoles dentro de su territorio. El argumento de los magistrados para archivar el pedido de Garzón fue el paso del tiempo, la alta posibilidad de que los responsables hubieran fallecido, y la prescripción de los delitos. Excusas que, una a una, fueron derribadas por un profundo análisis llevado a cabo el año pasado por Amnistía Internacional, titulado "Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España".
La querella actual, mientras tanto, suma cada vez más apoyos de distintos ayuntamientos españoles, como Pajares de Adaja (Ávila), Real Sitio de San Fernando de Henares (Madrid), Vitoria-Gasteiz (Álava), Donostia-San Sebastián, Barrundia (Álava), Eibar, Errenteria, Legutio, Lezo, Oiartzun y Otxandio. Sumados a una carpeta con más de 5000 adhesiones de personalidades de la cultura, organismos de Derechos Humanos y referentes sociales y políticos que Servini recibió hace dos meses de manos de los abogados argentinos. «
La causa comenzó en abril del 2010 con una denuncia de Darío Rivas, residente en Argentina, y al que este diario entrevistó hace algunos meses. El padre de Darío, Severino Rivas, fue fusilado por miembros de la Falange y enterrado en medio de la montaña, hasta que su hijo pudo identificar sus huesos y dio el primer paso para una búsqueda general de justicia que ahora abre nuevas instancias.
Gracias a distintas tareas de exhumación de cuerpos, la Asociación dispuso un equipo de profesionales que consiguió encontrar ya muchísimos ciudadanos españoles asesinados en campos inhóspitos durante la Guerra Civil. E incluso desempolvar certificados de defunción que todavía se conservaban ocultos desde aquella época en dependencias policiales, donde como "motivo del fallecimiento" figuraba la frase "lucha contra el marxismo".
Una memoria que vuela el océano. En un primer paso programado para esos cuatro días, Servini escuchará desde su despacho 12 declaraciones testimoniales de familiares cuyos padres o abuelos fueron asesinados o desaparecidos por el régimen franquista. Hablarán desde el consulado argentino en Madrid, como parte de una planificación que incorporará otras declaraciones a medida que avance la causa.
Para Castex, la importancia de esas intervenciones va aun más allá del aporte de nuevas pruebas. "La teleconferencia constituye un valor simbólico clave para los testigos –explica–, ya que para ellos es la primera vez que serán escuchados por un juez. Nunca antes pudieron rememorar detalles sobre el crimen, la tortura o la desaparición que sufrieron sus familiares. Sin duda ahora se podrá empezar a resquebrajar el gran muro de impunidad, silencio y olvido que impuso el franquismo durante las últimas décadas."
Además de solicitar las intervenciones, los letrados elevaron al juzgado federal un pedido de indagatoria y detención para nueve imputados: Rodolfo Martín Villa, José Utrera Molina, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano, Juan Antonio González Pacheco, José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. El requerimiento incluye que sean detenidos por Interpol y luego extraditados a la Argentina. Se trata de ministros, ex jueces y policías del régimen de Francisco Franco, acusados de diferentes crímenes. Utrera Molina, por ejemplo, es el suegro del actual ministro de Justicia de España, Alberto Ruiz-Gallardón, imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, asesinado mediante garrote vil. González Pacheco era un torturador notorio del franquismo, condecorado en democracia.
Como complemento de los testimonios, la querella pidió a Servini que instruya a los cónsules argentinos en el exterior para que reciban denuncias relativas a los crímenes que se investigan en la causa, redacten un protocolo y remitan esas presentaciones al juzgado. "Esta medida tiene el objetivo de facilitar que las víctimas y testigos de los crímenes que se investigan puedan canalizar sus denuncias ante la jueza –detalló Castex–, cualquiera sea el lugar donde residan o se encuentren." El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ya tiene el oficio de la instrucción.
Investigar, pero lo que nos hicieron los otros. Mientras el gobierno español boicotea cada uno de los intentos por investigar los crímenes de lesa humanidad registrados a partir de la década del '30 fronteras adentro, pretende mostrar espíritu de patriotismo para afuera. A fines de enero, la Audiencia Provincial de Barcelona impulsó la reapertura de una causa sobre los ataques aéreos que la falange italiana realizó sobre esa ciudad entre 1937 y 1939. Conjuntamente, redactó un escrito que requiere "determinar los nombres del ejército italiano que ordenaron estos bombardeos, por qué motivo y quién los ejecutó". En el documento, los tres magistrados que integran el cuerpo califican a los delitos como de "lesa humanidad", que "componen una de las páginas más negras de nuestra historia, no sólo por el número de víctimas, sino por el ensayo que supuso de mecanismos de aniquilación de población civil".
Sin embargo, los tribunales dijeron algo totalmente diferente hace dos años, cuando el juez Baltasar Garzón intentó identificar a genocidas propios durante el mismo período histórico, y establecer la metodología impuesta por el franquismo para matar y desaparecer a casi 115 mil españoles dentro de su territorio. El argumento de los magistrados para archivar el pedido de Garzón fue el paso del tiempo, la alta posibilidad de que los responsables hubieran fallecido, y la prescripción de los delitos. Excusas que, una a una, fueron derribadas por un profundo análisis llevado a cabo el año pasado por Amnistía Internacional, titulado "Casos cerrados, heridas abiertas. El desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España".
La querella actual, mientras tanto, suma cada vez más apoyos de distintos ayuntamientos españoles, como Pajares de Adaja (Ávila), Real Sitio de San Fernando de Henares (Madrid), Vitoria-Gasteiz (Álava), Donostia-San Sebastián, Barrundia (Álava), Eibar, Errenteria, Legutio, Lezo, Oiartzun y Otxandio. Sumados a una carpeta con más de 5000 adhesiones de personalidades de la cultura, organismos de Derechos Humanos y referentes sociales y políticos que Servini recibió hace dos meses de manos de los abogados argentinos. «
LA BUSQUEDA DE CONSTANTINO.
Uno de los casos más emblemáticos de la querella es el de Antonio
Fernández, "Cesterín", rematado de un disparo en 1936 en Villanueva
de Valdueza. El cuerpo de Antonio permaneció enterrado en un paraje de ese
lugar hasta octubre de 2011, cuando después de una investigación iniciada por
su nieta Adriana, la ARMH finalmente pudo dar con sus restos. "El
franquismo no sólo tapó miles de asesinatos -explica Fernández- sino que además
contribuyó a que en la actualidad, en España, los poderes públicos impidan
cualquier intento por saber la verdad." Antonio murió "a consecuencia
de la lucha contra el marxismo, según resulta de la prueba testifical ofrecida
al efecto", dice la denuncia, que a su vez reproduce el acta de defunción
del jornalero leonés de 24 años.
La mujer no batalló sola en la búsqueda hasta identificar los
huesos de su abuelo. La ayudó mucho su padre Constantino, el hijo de
Antonio que falleció hace pocas semanas con el gusto, por lo menos, de haber
recuperado parte de la verdad. El de Adriana es uno de los 200 expedientes
abiertos que componen la investigación llevada adelante desde Europa por los
abogados Ana Messuti y Carlos Slepoy, y desde Argentina por los doctores Máximo
Castex, David Baigún, Beinusz Smukler y Ricardo Huñiz.
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