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Buenos Aires y sus días infelices

Una ciudad al borde del colapso

Por Víctor Ego Ducrot Desde Buenos Aires

Años de desgobiernos se coronan con una administración en manos del lumpen derechista Mauricio Macri. Fútbol, negocios e impunidad en la capital argentina.

Es difícil que alguien lo niegue. Buenos Aires es una de esas ciudades que no puede ser confundida con otra. Por su carácter, por su historia y por su presente. Multicultural, arrogante, pero también sufrida. Cualquier porteño –así se nos dice a los nacidos aquí-, digamos lo que digamos, no podemos vivir sin ella.
Será por eso entonces que la observación muchas veces se transforma en bronca. Tenemos una Buenos Aires rica, esplendorosa, que vive de espaldas – ni se entera- de la otra Buenos Aires de inquilinatos atestados, niños que trabajan como recolectores informales de basura (los cartoneros) y asentamientos (las villas) que son ciudades de pobres dentro de la urbe rica.
Tenemos una Buenos Aires tapizada de desperdicios de toda índole –sus calles parecen depósitos de detritus- y cubierta por carteles luminosos y cables variopintos. Es recorrida a diario por decenas de miles de vehículos – privados y de transporte público- que asfixian con humos y gases, convirtiéndola además en una de las capitales más ruidosas del planeta. Son las consecuencias de largos años de gobiernos ineficaces y en muchos casos corruptos, que convirtieron al Estado citadino en un engranaje de cotos privados y corporativos, muy difícil de desmontar.
Sobre llovido, mojado. En diciembre pasado, asumió la alcaidía un tal Mauricio Macri, para muchos el hijo vago y puesto a los negocios del fútbol de una familia empresaria que supo enriquecerse a costillas del Estado, con negocios algunos legales y otros no tanto. Se trata de un personaje que perfectamente puede definirse como dirigente de lumpen derecha.
En su entorno se juntaron figuras de dudoso pasado político, de probidad puesta en tela de de juicio por la propia Justicia y con capacidades profesionales por demás devaluadas. Por ejemplo, la emisora de radio pública de la ciudad quedó a cargo de una experta en comercialización de “shampoo”, Virginia Ungaro; y la secretaría de Seguridad en manos del ex juez Guillermo Montenegro, quien para el semanario “Veintitrés”, que se edita aquí, antes de abandonar la magistratura ordenó el archivo de una investigación sobre corruptelas en contrataciones con el Estado, que involucraba a una empresa de los Macri. A poco de asumir, el alcalde de lumpen derecha dispuso el despido de más de 2.000 trabajadores de la ciudad, acusados de “ñoquis” (gente que cobra salario sin trabajar). Contempló el cese de otros 16.000 y clausuró una parte significativa de las actividades culturales auspiciadas por el gobierno. Si hasta está tejiendo una maraña legislativa para privatizar de hecho al Teatro Colón, que supo ser uno de los más prestigiosos del mundo.
Cuando un juez ordenó la reincorporación inmediata de los cesanteados, Macri calificó la decisión judicial de “imposible aplicación” porque, admitió, el gobierno no conocía la identidad de los despedidos. Lo que jamás supo explicar es cómo, sin no sabía quienes eran, sí sabía que no trabajaban. A su gobierno llegaron funcionarios amigos de su gestión al frente del club de fútbol Boca Juniors, que como casi todas esas instituciones en este país tiene una fuerte vinculación con la evasión fiscal, el narcotráfico en manos de los llamados “barras bravas” y otras especies del crimen organizado, en connivencia con las fuerzas de seguridad y el poder político. Por ejemplo –ya fuera de la ciudad y en la provincia de Buenos Aires (el distrito de mayor peso económico y político del país)-, la esposa de un connotado “barra brava” de Boca Juniors, el ahora preso Rafael Di Zeo, forma parte de la nómina del gobernador Daniel Scioli.
Días pasados, la misma revista “Veintitrés” había denunciado que mientras Macri posibilitaba el “borrado” de infracciones de tránsito de figuras famosas, como el ídolo de Boca Juniors, Román Riquelme, entre otros, Scioli (alineado con el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner) mantiene como jefe de la poderosa y cuestionada policía bonaerense a Daniel Salcedo.
En un juicio penal calificado de “imperfecto” por la propia Justicia, Salcedo fue absuelto por el homicidio de un niño de 9 años, en 1987, al haberlo atropellado con un automóvil.
Siempre según el semanario “Veintitrés”, el policía que en aquel entonces tuvo a su cargo el sumario contra Salcedo - Juan Carlos Negrón- es hoy asesor del ministerio de Seguridad de la provincia, convocado por el titular de esa cartera, el ex fiscal Carlos Stornelli. Negrón admite ser amigo de otro policía bonaerense, Juan José Ribelli, sospecho en la “conexión local” del atentado contra la mutual judía AMIA, en la década pasada, y finalmente sobreseído al dictarse la nulidad de la investigación que en su momento llevara a cabo el cuestionado y renunciado juez Juan José Galeano. Stornelli había sido el fiscal que investigó las denuncias contra la empresa de la familia Macri, finalmente archivada por el actual secretario de Seguridad de la ciudad capital. Casi todos los involucrados en esos hechos comparten relaciones en torno al club de fútbol Boca Juniors.
En tanto, Scioli y Mauricio Macri –gobernador de la provincia y alcalde de la ciudad respectivamente- se amenazan con no permitirle el primero el depósito de la basura de la capital en predios provinciales, y el segundo con dificultarle el acceso a los hospitales públicos capitalinos a los residentes en jurisdicción bonaerense. La red hospitalaria de la capital –que sobrevive con destacados índices de eficacia gracias a la calidad de sus profesionales mal remunerados- sufre sin embargo una administración caracterizada por negociados y mal uso de recursos. Otra institución sobreviviente, las escuelas primarias capitalinas –que al igual que los hospitales resistieron hasta lo embates de las dictaduras- se encuentra con la siguiente situación: sus maestros, con bajos salarios, deben abocarse más a la alimentación y al control de niños y niñas que sufren como consecuencia de la pobreza y la desintegración social de sus familias, que a su tareas docentes específicas. La ciudad capital y el llamado Gran Buenos Aires –perteneciente a la jurisdicción de la provincia- componen un conglomerado metropolitano de unos 13 millones de habitantes. La urbe y sus alrededores interactúan en forma sistémica en términos económicos, sociales y culturales, de forma tal que ya integran una unidad geográfica.
Si alguien se interna en las áreas más populosas del Gran Buenos Aires comprobará que millones de personas viven en un mundo que los sectores más acomodados de la ciudad desconocen o niegan. Ese mundo, un verdadero mapa de la pobreza y la marginación, suele estar separado por una autopista o un descampado “neutral” de fabulosos barrios privados y clubes de campo. Buenos Aires misma es una ciudad que ofrece dos caras. Centro de consumo, actividades culturales y confort, para los grupos privilegiados y algunos de la llamadas clases medias, y ámbito de subsistencia para cientos de miles de pobres, sin viviendas, cartoneros y habitantes de la villas, donde el delito se desarrolla como consecuencia de más de dos décadas de descomposición social. Ante ese panorama, el gobierno porteño de lumpen derecha luce su más flagrante ineptitud e inercia, salvo a la hora de hacer negocios o fomentar las más rancias políticas neoliberales, que aspiran a una ciudad de recursos privatizados y de especulación inmobiliaria.
Como consecuencia del crecimiento económico del país –pese al cual alrededor del 50 por ciento de sus trabajadores presta servicios en el sector informal o “en negro”- Buenos Aires vive una explosión edilicia a precios siderales en dólares. Casi en cada manzana de la ciudad se levantan edificios en torre y el parque automotor se multiplica a velocidad de crucero. A ese ritmo, muchos especialistas estiman que en menos de una década colapsarán los servicios públicos básicos. Este mes, la edición local de la revista “Le Monde Diplomatique” dedicó su portada a una serie de artículos sobre las condiciones de hábitat a las que se ve sometida la mayoría de los porteños. La red de drenaje pluvial data de 1919, mientras que las cloacas tienen 135, 95 y 65 años de servicios, toda vez que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prescribe una antigüedad no superior a los 50 años.
“Le Monde Diplomatique” consignó que “la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha identificado 85 tipos de obstáculos que suelen emplazarse en la vía pública”, como carteleras publicitarias exhibidores, montañas de desperdicios, saliente de edificios, equipos y carteles de promoción en todo tipo de comercios y roturas de veredas y calzadas, entre otros. La ciudad tiene un atraso de décadas en obras públicas para desagües, lo que provoca constantes inundaciones en barrios enteros. Mientras en su zona Norte relucen las residencias y los centros comerciales, en otras áreas 200.000 personas viven en inmuebles tomados en forma ilegal, 70.000 en inquilinatos de mala muerte y 120.000 habitan hacinados en distintos tipos de vivienda. Los censos no dan cifras exactas de cuántos viven en las llamadas villas ni cuántos duermen en las calles. Los servicios de limpieza y barrido de espacios públicos –privatizados hace años- son ineficaces. Cada día se acumulan en las calles unas 690 toneladas de residuos, más 2.650 toneladas de basura domiciliaria y otras 1.421 toneladas provenientes de contenedores, bocas de tormenta, poda clandestina y piezas voluminosas. Además, los cartoneros recogen otras 600 toneladas por día. Esta última realidad, la de los cartoneros, es una de las ignominias más escandalosas con la cual los porteños se acostumbraron a convivir: familias enteras, sobre todo niños y niñas, recorren por las noches la ciudad en busca de residuos que luego venden a precio de miseria a empresas fantasmas que sólo pueden explicar su existencia gracias a la connivencia con el poder político, de éste y de gobiernos anteriores, a partir de la crisis de 2001.
Se trata de trabajadores súper explotados, sin protección sanitaria ni social alguna. Mientras las leyes del país y de la ciudad prohíben el trabajo infantil, miles de menores de edad se ganan la vida removiendo basura, ante la mirada distraída de jueces y gobernantes. Por otra parte, viajar en la ciudad y en el Gran Buenos Aires se ha convertido en una verdadera ordalía, con empresas de transporte urbano -autobuses o colectivos, trenes y red de metro (subterráneos)- en manos privadas, acreedoras de subsidios oficiales millonarias y prestadoras de servicios indignos. El parque automotor se multiplica sin ningún criterio de racionalidad. Esta es la Buenos Aires que una vez se consideró la Reina del Plata.